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Avispa Midia

Panamá: Continúa criminalización de activistas por protestas masivas de 2023 contra minería

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

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En Honduras, comunidades lencas exigen que se cumpla la titulación comunal de sus territorios

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

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Avispa Midia

Perú: Indígenas se declaran en emergencia permanente, suman 25 líderes asesinados

Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

Te puede interesar – Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria

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Avispa Midia

Oleada de desalojos en Guatemala exacerba crisis humanitaria

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

Cuando las amenazas se vuelven realidad y la respuesta del Estado sigue siendo el silencio. Asesinan a dos de nuestros hermanos del CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

18 de julio de 2024

Hermanos y hermanas de México y del mundo: alrededor de las 8:49 a. m., del día de hoy, 18 de julio de 2024, el grupo narco-paramilitar los ardillos, asesinó a dos de nuestros hermanos cuando éstos llegaban al municipio de Chilapa. María de Jesús Pasado Margarito de 43 años y Alberto Verales Tepetitla de 32, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista respectivamente, ambas pertenecientes al CIPOG-EZ.

Luego de que, apenas el pasado martes 15 de julio se lanzaran amenazas en contra de integrantes de nuestra organización, las amenazas se vuelven en realidad, en dolor y muerte para nuestras comunidades. Avisamos a las autoridades del estado de Guerrero de las amenazas, señalamos a los agresores y también la vinculación de éstos con las autoridades del estado. Nuevamente recibimos su indiferencia, su silencio y aquí están los resultados: los ardillos vuelven a asesinar a dos de nuestros hermanos ¿a caso nuestras vidas no les interesan? ¿no es responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero velar, al menos por la seguridad de quienes habitamos el territorio? ¿O es que para las autoridades Federales y del estado, Guerrero sólo es Acapulco y los sitios turísticos? ¿Por qué tanto desprecio a nuestros territorios, a nuestras vidas?

Queremos destacar que donde fueron asesinados nuestra hermana María de Jesús y Alberto Verales, es un lugar en el que hay presencia de la Guardia Nacional así como del la Secretaría de la Defensa Nacional; evidentemente también hay policías municipales, estatales y ministeriales, pero eso es igual a nada, pues muchos de éstos elementos trabaja para la delincuencia, por eso decimos que las autoridades municipales y estatales, están vinculadas a quienes asesinan y siembran el terror en el estado de Guerrero. Existe entonces la presencia de autoridades Federales: En Colotepec-Tula hay un filtro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la entrada del Jaguey-Quechultenango hay otro filtro de la SEDENA, en el Ajo, entrada a Chilapa, para entrar al municipio, hay Guardia Nacional (GN) y miembros del ejército (SEDENA); luego entonces, decimos con mucha claridad que si hay ejecuciones en el estado de Guerrero, éstas ocurren con el beneplácito y el silencio cómplice de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca, Estado de México y en prácticamente todo el país. Es por eso que llamamos a los distintos organismos de Derechos Humanos y organizaciones, colectivos, de México y del mundo, a denunciar lo que ocurre en nuestro estado, en nuestro país; porque el gobierno actual, el de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dice que no pasa nada, que exageramos, que queremos manchar su gobierno, que las cosas están cambiando, así de fácil quiere borrar la sangre de nuestros muertos, de nuestras muertas; no sabemos si mantendría esa postura si los asesinatos fueran de algún gobernador o gobernadora, de sus hijos, de sus nietas, de su esposa o de él mismo; si la bala que nos mata fuera para alguno de sus seres queridos, estamos seguros y seguras que quien disparara esa bala, hubiera sido detenido inmediatamente ¿y por qué para nosotros y nosotras no hay justicia? ¿a caso nuestras vidas valen menos que las suyas?

Seguimos haciendo responsables de estas muertes y de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas y días al presidente municipal de Chilapa, a Evelyn Salgado gobernadora del estado de Guerrero y al gobierno federal encabezado por Morena. Nos mantenemos en alerta máxima frente a estos ataques; aquí seguimos con nuestra historia de resistencia y nos mantendremos firmes, por la vida de nuestras comunidades.

Atentamente:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Convocatoria a la 5a. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida ¡No habrá paz, vida y futuro sin agua!

¡NO HABRÁ PAZ, VIDA Y FUTURO SIN AGUA!

Al CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar…

LA TORMENTA…

…la que está

Nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene… así será…

LA PROFECÍA…

…la que está

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992., y  publicado en Enlace Zapatista el 27 de enero de 1994.

Recordando: 

Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua y la vida tuvo su primera sesión en agosto del año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde su nacimiento se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

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Avispa Midia

Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

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CLACSO - GT Cuerpos, territorios, resistencias

Pronunciamiento para la acción inmediata en la comunidad nahua de Santa María Ostula

¡Exigimos acción inmediata de los gobiernos estatal y federal para desarticular los grupos criminales que atentan contra la comunidad nahua de Santa María Ostula (Michoacán, México)!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

En los primeros días del mes de julio de 2024 la comunidad originaria de Santa María Ostula localizada en el estado mexicano de Michoacán (México), una vez más, sufrió la brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron y han puesto en grave riesgo a la población civil. Como siempre, la comunidad respondió con ejemplar resistencia y ha exigido que las autoridades estatal y federal detengan esos ataques, pero no ha sido atendida.

Estas acciones de violencia se dan en el contexto de la disputa por los bienes naturales en la sierra costa michoacana: minerales, maderas preciosas y las playas para fines turísticos. Sobre el territorio nahua existen concesiones mineras de oro, plata y hierro. La comunidad de Ostula ha logrado resguardar y defender su territorio de la incursión de una de las compañías mineras más grandes del mundo; la Ternium, que en la comunidad vecina de Aquila ha generado un clima de violencia, por su voraz explotación de sus recursos minerales.

Las violencias narco-capitalistas y las omisiones estatales a estos hechos aparecen hoy como la normal normalidad. Como lo hemos vivido en diferentes paises azotados por las guerras-narco, especialmente, Colombia, Ecuador y México, las redes de violencias contra los pueblos de la tierra son una de las estrategias para el despojo; siembran terror, fragmentan a las comunidades, las destierran y, finalmente, gracias a ellas entran negocios ilícitos de todo tipo a territorios indígenas.

Como miembros del Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, Territorios, Resistencias (GT Cuter) nos sumamos a las múltiples voces que exigen la acción inmediata para desarticular los grupos criminales y para que se respete la libre determinación y autonomía de esa comunidad bajo brutal asedio.

¡Respeto a sus formas comunales de seguridad! ¡Ostula no está sola!

Para mayor información ver https://www.facebook.com/share/p/zG2vbr4NgxotUSuB/?mibextid=oFDknk

8 de julio de 2024
Planeta Tierra
Grupo de Trabajo CLACSO
Cuerpos, territorios, resistencias

Foto de portada: Cuartoscuro

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Avispa Midia

A pesar de la violencia del crimen, Xayakalan lleva 15 años haciendo comunidad

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F y Regina López

En portada: Para la comunidad es importante tener su propia Guardia Comunal ya que son personas conocidas, los propios familiares y vecinos que la conforman, conocen los estatutos, el territorio y las dinámicas comunitarias internas. Foto: Santiago Navarro F.

La conocen como la mexicana. Es una mujer indígena Nahua de un poco más de 50 años de edad. En su mirada firme guarda como un secreto los momentos más decisivos de los últimos 15 años de su vida “haciendo resistencia”, como dice ella. Ha aprendido a sortear el hostigamiento del crimen organizado en sus tierras. Primero fue el cártel de la Familia Michoacana, cuenta ella, después Los Caballeros Templarios y, ahora, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Ella, la indígena Teresa Regis Nicolás, hace quince años volvió de los Estados Unidos. Tras la muerte de su padre regresó a su tierra natal, con un legado que le había dejado, luchar por las tierras comunales que pertenecen al pueblo indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, localizado en el estado de Michoacán de Ocampo, que llega hasta la costa del Océano Pacífico, en el oeste de México.

En ese entonces, en el año 2009, tenía solo tres meses que este pueblo había ejecutado una estrategia armada para recuperar una fracción de sus tierras, en las que hoy habita Teresa, su hijo y más de 70 familias indígenas. Un poblado que fue bautizado como Xayakalan, tierras que estaban en manos de personas que habían conseguido escrituras como pequeños propietarios, vinculados al crimen organizado. Aunque los indígenas cuentan con la titulación de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1964 y los títulos primordiales de los años 1700 que respaldan que estás tierras son suyas.

Xayakalan pasó a ser el poblado número 24 que forma parte de Ostula, que los originarios reconocen como encargaturas, similar a las agencias municipales. “No me tocó la acción de la recuperación. Pero tres meses después fui una de las primeras ocho familias que se establecieron con una casita en este lugar y, desde entonces, hemos resistido”, recuerda la mexicana.

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Regeneración Radio

Retos para Claudia Sheinbaum y Clara Brugada con la Comunidad Otomí

Fotofrafía: FB/Otomíes en Resistencia

La Comunidad Otomí anunció este 5 de julio el fin del plantón que mantenía en la avenida México-Coyoacán debido al nulo avance del diálogo con Martí Batres, actual jefe de gobierno y su equipo de trabajo. Así la comunidad lanzó un mensaje a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum y a la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

¿Claudia Sheinbaum y Clara Brugada tendrán la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí? Su exigencia principal es una vivienda digna y el avance en los proyectos que garanticen el acceso digno y decoroso, para así desocupar el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que mantienen tomado desde hace casi 4 años y se ubica a un costado de la Cineteca Nacional.

Resolver estas peticiones significa un gran reto, pues supone garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad que tienen los pueblos originarios. Resolver las peticiones significa garantizar que una comunidad originaria goce de un plan integral con condiciones para desarrollar una vida libre de violencia racial y discriminación, lo que marcaría un gran precedente. El reto es tener voluntad política para resolver una situación que diferentes funcionarios intentaron gestionar.

Desde el 12 de octubre de 2020 la Comunidad Indígena Otomí mantiene tomadas las instalaciones del INPI. En ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, que fue citada en distintas ocasiones para resolver las peticiones e instalar mesas de trabajo. Sin embargo, nunca se presentó y los acuerdos a los que se llegó con sus representantes no tuvieron validez. A partir de octubre de 2024 asumirá un nuevo cargo, con lo que tendrá nuevos grandes retos y oportunidades.

Con la actual administración se tuvieron mesas de para alcanzar negociaciones, además se les entregó un oficio que contenía una propuesta de 9 puntos para llegar a una resolución. Tuvieron conocimiento Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México (SEDUVI) y Tania Libertad Argumedo Chávez, coordinadora ejecutiva del Instituto de Vivienda (INVI), pero no ha habido un avance. Sin embargo, la Comunidad Otomí no descarta que en los 95 días que les queda de administración logren establecer una ruta justa. De lo contrario emprenderán acciones dirigidas a la nueva administración.