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Autoridades y empresa minera FSM criminalizan la defensa de derechos humanos en Oaxaca

ANTECEDENTES

La organización Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. ha trabajado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, principalmente ante la preocupación de comunidades y pueblos por la autorización de concesiones mineras por parte de autoridades federales. Además hemos acompañado de manera cercana a la comunidad de San José del Progreso, quien ha sufrido una violación sistemática a sus derechos humanos a partir de los trabajos de exploración y explotación minera por parte de la empresa Fortuna Silver Mines (FSM). Esta violación ha sido constatada a partir de diferentes informes, misiones civiles de observación e investigaciones académicas realizadas en la comunidad. Como parte de nuestro trabajo también fuimos invitados a participar en el “Foro del Cuidado y Defensa del Agua”, realizado el 23 de noviembre de 2016 en la explanada del Municipio de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán con la conferencia “La consulta a los pueblos indígenas y otros riesgos en la región de Valles Centrales”, donde se compartió información relacionada al tema de la minería en la región.

CRIMINALIZACION DE NUESTRA LABOR

En los últimos seis meses hemos sido objeto de una serie de difamaciones, agresiones y criminalización de nuestro trabajo, principalmente por autoridades federales, municipales y la empresa minera Fortuna Silver Mines.

Derivado de nuestras investigaciones, hemos compartido con las comunidades información en reuniones y foros públicos motivo por el cual hemos recibido comentarios dolosos, tratando de descalificarnos. Entre las agresiones destacan difamaciones por parte de personal de la CONAGUA y el representante de la empresa minera Fortuna Silver Mines, el Ing. Javier Castañeda Pedraza, quienes argumentaron que EDUCA “realiza reuniones en lo oscuro” (29 de noviembre de 2016, Magdalena Ocotlán). En una reunión anterior, representantes de la CONAGUA y de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) argumentaron que EDUCA “mal informa a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca” (23 de noviembre de 2016).

El hecho más preocupante, sucedió desde inicios de mayo del año en curso, cuando las autoridades municipales de San José del Progreso iniciaron una campaña de difamación, además de amenazar públicamente a nuestra organización, exigiendo a las autoridades del estado de Oaxaca que:

“…manden seguridad para poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que esté próximo siete de mayo impidan el ingreso de integrantes de la organización del Frente Popular Revolucionario (FPR), Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), porque a ocho años estos grupos antiminas vienen a la población a instalar un Foro que lo convierten en una campaña campal.” (sic). (CIO Información, 1 de mayo de 2017).

En estas fechas se publicaron varios artículos en el mismo tono y se difundió el siguiente mensaje en redes sociales: “Seguidores de los grupos opositores a TODO…insisten en imponer a la Población de San José del Progreso y a su Presidente Municipal la cede para sus festejos contra la minería, la declaratoria de territorios libres de minería y liberar el manejo del agua en el valle… convocando a que asistan a su reunión y ofreciendo el transporte, los alimentos y el pago de $500.00 pesos por persona asistente”. También se publicó un video con pobladores y trabajadores de la mina de San José del Progreso, exigiendo que se impidiera una reunión de comunidades aledañas con la COPUVO en su comunidad.

Es importante destacar que ante estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos que asistirían a dicha reunión, garantizando su integridad y capacidad de ejercer su derecho a la reunión, manifestación, libre expresión y libre tránsito (4 de mayo de 2017). Por su parte, la COPUVO condenó la actuación de las autoridades locales y la empresa minera, ya que esta campaña generó un clima de hostilidad y división en toda la región (Denuncia COPUVO 9 de mayo de 2017).
 
MANIFESTACIONES

1. La información que ha sido difundida y compartida en la región, en relación a las concesiones mineras, las características e impactos del proyecto “San José”, ha sido construida a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública. En este sentido hemos expresado los argumentos e información que fue entregada por las propias autoridades federales, estatales y municipales. Dicha información puede ser consultada en nuestra página electrónica, EDUCA no difunde información que no haya sido constatada previamente.

2. Nuestra presencia en la región también responde a solicitudes o invitaciones de las y los ciudadanos, autoridades agrarias, municipales y comunitarias de la región, estas reuniones han tenido en todo momento un carácter pacífico, respetuoso de los derechos de las y los ciudadanos de la región, además de realizarse en espacios públicos: corredores y palacios municipales, oficinas de Comisariados Ejidales o Comunales, entre otros. De igual forma las decisiones tomadas en dichos espacios han sido avaladas por las asambleas de las comunidades de la región, expresadas a través de sus autoridades municipales o agrarias.

3. EDUCA condena toda acción de agresión hacia la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, en consecuencia exige a las autoridades garanticen las condiciones de seguridad en las labores de promoción y defensa de Derechos Humanos.

4. EDUCA ratifica su compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más democráticas. Reiteramos nuestro acompañamiento a pueblos de la región en su lucha por la defensa de la vida y el territorio.

Finalmente hacemos un llamado a la opinión pública, a comunidades y pueblos, organizaciones, redes, movimientos y organismos de derechos humanos a mantenerse alertas ante cualquier amenaza o agresión que pueda suceder en el territorio estatal, ya que las agresiones hacia personas defensoras se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años en Oaxaca.
 
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 12 de mayo de 2017.
http://www.educaoaxaca.org/2266

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“EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS, A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES.”

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS)

Acacoyagua, Chiapas, México – A 8 de mayo 2017

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía “No a la minería”.

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El gobierno se aferra en defender la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, que no servirá para que los automóviles vayan más rápido, sino para acelerar la integración de Tepoztlán y el oriente de Morelos al proyecto capitalista de desarrollo metropolitano y ampliación de la Ciudad de México. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentan que los comuneros que interpusimos el amparo no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio. Nos están negando nuestro legítimo derecho de libre autodeterminación, seamos doce o seamos mil. Avalando la ampliación La Pera-Cuautla están legitimando la desaparición forzada de Tepoztlán.

Tepoztlán somos pueblos indígenas. Tenemos memoria, tenemos dignidad. Tenemos todo el derecho y el legítimo interés de rechazar cualquier proyecto o programa que nos destruye como pueblo, aunque los magistrados de la ciudad determinen infundado nuestro amparo, argumentando que no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio y defendernos de la desaparición forzada de Tepoztlán como pueblo indígena. El dinero, el medio de destrucción más voraz de este sistema capitalista, está desapareciendo forzadamente a Tepoztlán cada día, cada vez más y de manera más burda, más cínica, más grosera.

El programa de Pueblos Mágicos impone un “aura” de atracción mercantil para el turismo nacional e internacional que facilita el despojo y la venta de la memoria y de la identidad cultural de los pueblos indígenas. El programa de Pueblos Mágicos es una estrategia de despojo y destrucción de los derechos y cultura de los pueblos indígenas a través del turismo y la industria de servicios, que destruye la integralidad del territorio. El programa de Pueblos Mágicos destruye brutalmente nuestro mundo, nuestro pueblo y nuestra cultura indígenas, y va deshabilitando nuestra capacidad de preocuparnos por las consecuencias de nuestras propias acciones.

Hace unos días, uno de los españoles que para las autoridades sí tiene interés legítimo sobre nuestro territorio, amparado por la cobertura de que Tepoztlán sea Pueblo Mágico, fue encontrado realizando actividades sin permisos de “ecoturismo” como le dicen, en este caso volando con parapente, aunque también hacen escalada, cañonismo, senderismo y otras actividades. Cuando se le fue a buscar, se le encontró haciendo sus necesidades en el bosque, en área natural protegida. Al ser cuestionado, respondió arrogantemente a un tepozteco: “Yo me puedo cagar en tu pueblo cuando yo quiera porque tengo el dinero para hacerlo, el dinero que tú no tienes ni siquiera para ir a España”.

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Por María González

Hoy, 26 de abril de 2017, el ministro José Fernando Franco González Salas y los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrían que resolver el Recurso de Reclamación 1880/2016 contra el acuerdo dictado por el presidente de la SCJN en el cual desechó un primer Recurso de Revisión en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que considera que comuneros habitantes de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no tienen interés legítimo para interponer amparos en contra de la construcción ilegal de infraestructura en su territorio. Por esta razón comuneros, población tepozteca, avecindada y solidaria acudirá a la SCJN a realizar un mitin a las 11:00 am para conminar a los magistrados para que se haga justicia y se respete la legalidad en el marco de la problemática por la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla en Tepoztlán, es decir que, para empezar, se reconozca la legitimidad de los quejosos para interponer un amparo.

«Si la 2ª Sala de la SCJN rechaza nuestro Recurso de Reclamación en contra de la ampliación La Pera-Cuautla en el ANP de Tepoztlán, el Poder Judicial estaría avalando un evidente despojo en contra de la población indígena de Tepoztlán» declararon pobladores, quienes subrayaron que ello abriría la puerta para que el  gobierno y las empresas continúen adueñándose de Áreas Naturales Protegidas para hacer negocios y contribuir a la destrucción ambiental.

Asimismo, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) dieron a conocer su alarma e indignación ya que desde hace más de un mes se reiniciaron los trabajos de ampliación de la autopista La Pera – Cuautla a cargo de la empresa Tradeco. «Es absurdo pensar que doce comuneros reconocidos en el Registro Nacional Agrario no tienen interés legítimo en interponer un amparo para proteger su territorio» comentó Roberto Robles, vocero de los Frentes, durante una rueda de prensa realizada el 18 de abril de 2017, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde anunciaron sus acciones siguientes.

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Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1],  es catalogada como  zona estratégica:

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Comunidades de Oaxaca solicitan amparo ante la llegada de megaproyectos eólicos

Por Ricardo Ortíz

CDMX 21/03/2017. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), anunció la intromisión de una nueva serie de megaproyectos que afectarán a diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec.

Así mismo, denunciaron que las transnacionales de empresas eólicas y mineras, han ocasionado una serie de despojos impulsados desde el Gobierno Federal, lo cual ha detonado conflictos comunitarios y territoriales en la zona, por lo que señalaron, se ha decidido crear “organización” bajo el principio por la defensa de la vida, la tierra y el territorio.

El pasado 16 de marzo, se presentó un amparo colectivo, donde estuvieron presentes pobladores de los pueblos indígenas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec; donde ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, se interpuso un amparo regional.

Dicho amparo constata, que tiene como objetivo el proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta previa y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado ante la nueva etapa de instalación de parques eólicos en las distintas regiones.

Pobladores han señalado que dicho megaproyecto desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura, “en consecuencia, el Estado pretende evitar la garantía de todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”.

“Desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario, ahora el Gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW, lo cual implicaría triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.

Afirmaron que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta con promesas de desarrollo y crecimiento, sin embargo, denunciaron que “los resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son el acaparamiento de tierras de miles de hectáreas, los altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

“La migración de familias enteras de la población campesina de comunidades de Oaxaca ha ido en aumento, además, se han observado impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores”, puntualizaron.

Finalmente, denunciaron que la segunda fase de desarrollo eólico es “la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades, donde solo benefician las empresas privadas y la validación de una política económica de despojo”.

Photo: Agencia Infomanía

Traduzione italiano
Tradução em portugês

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Communique from the National Indigenous Congress

March 9, 2017

To the national and international Sixth
To the free media
To civil society in general

Compañeros, compañeras, as our peoples continue to organize ourselves, each in our own ways and forms, analyzing and making agreements in order to form a Concejo Indígena de Gobierno [Indigenous Council of Government], the war against our peoples doesn’t stop. The three levels of bad government continue to act against our mother earth, our peoples, and our autonomous organizations through plunder and repression.

In the state of Oaxaca

We denounce and condemn with outrage the events in the community of San Francisco del Mar in the Isthmus of Tehuantepec region, Oaxaca, where violent actions were carried out, including the use of firearms, in order to try to impose approval of wind power projects that would dispossess the community of a good part of their common use lands and seriously affect the rich and delicate ecosystem there.

These events unfolded during the assembly of the comisariado de bienes comunales [communal resources or the commons] of San Francisco del Mar which was convoked to discuss authorization of the use of over 15,000 hectares for shrimping projects in Pueblo Viejo in the zone known as bocabarra. Various speakers expressed their opposition to the authorization, giving evidence that its true purpose was for wind power projects. They explained that bocabarra is a vital area for thousands of fishermen, that approval of the project would remove their source of livelihood, and that such an important decision required the participation and decision of the whole population.

Bocabarra is part of the Isthmus lagoon system and a vitally important area for its role as a key fishing zone and for its sacred and spiritual sites. In this part of the region, fishing provides the most important source of economic livelihood and food for the population. It is also a highly coveted zone for wind power companies because of its powerful winds, and there has already been an attempt by Mareña Renovables to construct a wind power plant in the Barra of Santa Teresa which provoked large mobilizations in opposition from the surrounding communities.

It is necessary to add that what happened in San Francisco del Mar is not an isolated event but rather a comprehensive plan of plunder and dispossession to be applied to the territories of the communities of the Isthmus in order to allow the imposition of megaprojects in the region via the Special Economic Zone of the Tehuantepec Isthmus [ZEE by its Spanish acronym] which undergirds this second phase of wind power development.

In the state of Michoacán

On February 24, in the community of Calzonzin, the bad government of the state of Michoacán in complicity with the federal government savagely repressed the P’urhépecha people of Caltzontzin who were protesting in defense of their right to restitution of communal territory.

That day the repressive forces of the Mexican State laid siege to the community of Caltzontzin, not allowing anyone to enter or exit, and then proceeded to launch tear gas bombs from a helicopter over the community and invaded community territory to arbitrarily arrest 17 community members, of which 13 are still being held and one of which is mentally disabled. At the same time, they entered various homes in the community without search warrants, destroying what they found and violating human rights in their mission to defend the privileges of the transnational railroad company Kansas City Southern.

We demand the immediate release of the political prisoners of the originary peoples of Michoacán, in particular the 13 community members detained in Caltzontzin whose only crime is the defense of communal property, of dignity, and of life for their communities and for future generations.

On the coast, the Nahua community of Santa María Ostula is under attack by criminal organizations which have penetrated the territory to the southeast of the municipality of Aquila and, through death and looting, attempt to dismantle the community’s autonomous organization and community security in order to bring back to the area terror and the extraction and exploitation of natural resources and communal lands.

On February 5 of this year, five community police from San Pedro Naranjestil, to the south of the municipality of Aquila affiliated with the municipal police, were kidnapped by members of the Marines who later turned them over to the organized crime groups led by Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) and Mario Álvarez López (alias El Chacal). This act has been followed by actions impeding operations by the self defense groups of the Aquila, Chinicuila, and Coahuayana municipalities to detain members of organized crime.

To the former we must add the frequent instances in which the armed forces of the bad government have acted in coordination with criminal gangs against the indigenous community of Santa María Ostula, which has contributed to the collective grief and the demand for justice for the 34 community members who were murdered and the 5 who are disappeared.

In the state of Querétaro

The bad government is unjustly holding prisoner the indigenous Ñhañhú compañero Raymundo Pascual García, of San Ildefonso, Amealco, Querétaro, who was detained along with other compañeros for participating with his community in the protests against the gas hikes. We also denounce the continued plunder of the lands of the Fundo Legal of the Galeras and La Peñuela communities in the municipality of Colón though the corrupt actions of the bad governments and political parties.

As a consequence, the peoples, nations, and tribes who make up the National Indigenous Congress declare that:

1. We hold the municipal president and the commissioner of the bienes comunales of San Francisco del Mar responsible for the violent acts in Ikoot territory and the attempt at land dispossession. We denounce the complicity between well known state and federal authorities and politicians and we demand clarification of the events and punishment of those responsible for the shots fired during the assembly. We demand respect for the legitimate right of the people of San Francisco del Mar to determine the destiny of their lands and natural resources.
2. We demand that the autonomy and communitarian organization of Santa María Ostula be respected. We demand the arrest of Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico), and Mario Álvarez López (alias El Chacal), the dismantling of the political and economic structure that sustains them, the punishment of the soldiers and politicians responsible for the murder of the child Hidelberto Reyes Garcia and all of the murdered community members, the cancellation of arrest warrants for the [community police] commanders in Ostula and the Sierra Costa region, the return of the disappeared, and absolute respect for the communal territory of Ostula.
3. We demand immediate and absolute freedom for the compañero Raymundo Pascual García from San Ildefonso, Amealco, Querétaro, who was detained for protesting with his community against the gas hikes imposed by the bad government, a halt to land dispossession in the communities of Galeras and La Peñuela in the municipality of Colón, Querétaro, and punishment of those responsible for the unjust imprisonment of over 3 years of the Ñhañhu indigenous compañeras of Amealco, Querétaro, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan and Teresa González.

We say to our brothers and sisters of the Ikoot, P´urhépecha, Nahua and Ñhañu peoples in these regions and the rest of the country who everyday sustain our hope, rebellion, and dignity with their struggle: you are not alone. In the colors, tongues, and geographies that make up the CNI, we are you; your yearning for justice is ours, your pain is ours, and your demand, which brings into bloom the birth of another world, is our heart and our unwavering certainty.

Until dignity becomes tradition

Freedom for all of the political prisoners
Return of the disappeared
Justice for San Francisco del Mar
Justice for Calzonzin
Justice for Santa María Ostula
Justice for the Ñhañu people of Querétaro

Attentively,

For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
March 2017

National Indigenous Congress

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La extracción y explotación de hidrocarburos en la región zoque abarca aproximadamente 12 municipios, 11 para Chiapas, y Teapa, del estado de Tabasco, ubicados dentro de la cuenca del sureste. Desde septiembre los ejidatarios y habitantes de esa zona han dedicado a defender su territorio frente a esa imposición por parte de la Secretaría de Energía de exploración y explotación de hidrocarburos, pues los pobladores alegan que nunca se llevó a cabo una consulta para los trabajos en su territorio. Te invitamos a conocer esta historia que pretende concretar un nuevo despojo para los pueblos indígenas de México.

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Denuncia de Silvia Juárez, presa política por defender el territorio zoque en Tecpatán Chiapas

28 de Febrero del 201. AMATE No. 14

A la opinión publica.
A los medios de comunicación Nacional e Internacional.
A los centros de Derechos Humanos Independientes.
A los relatores de la ONU.

Soy Silvia Juárez, Originaria de Tecpatán Chiapas, Indigena Zoque; soy integrante de la asamblea, estatal del comité de padres de familia de la sección 7 y la sección 40 de Chiapas.

Me encuentro presa injustamente por delitos que no cometí, delitos que me fabrica el presidente Municipal Armando Pastrana Jimenez. Presidente Municipal de Tecpatán Chiapas, el sindico y el Srio. Municipal de Tecpatán Chiapas.

Fui acusada por los hechos del 13 de Febrero del 2017, por los delitos de Motin, Daños y Secuestro delitos que nunca cometi, mas bien por la lucha que mantengo en Tecpatán por el magisterio, la resistencia civil y el rechazo a la exploración de hidrocarburos, me libraron orden de aprehensión al igual que otras 31 personas mas, que son representante de barrios y comunidades.

Desde el día de mi detención a la fecha no he tenido una buena defensa por lo que solicito que me asignen un abogado que realmente me defienda.

A mis compañeros y compañeras del municipio de Tecpatán quiero decirles que no por el hecho de que mi persona este presa han dejado preso mis ideales. No tengamos miedo no nos desanimemos, al contrario duro con la lucha que es para el futuro de Nuestros hijos.

No pasa nada, tendrán mi cuerpo pero mi mente, corazón y espíritu esta con cada uno de ustedes que quieren seguir luchando ya no estoy asustada estoy enojada por el actuar de las autoridades. No se detengan no queden inmóviles.

Por todo esto me considero una Presa política por eso exijo mi libertad inmediata y la cancelación de 31 ordenes de aprehensión en contra de mis compañeros (NO A LOS HIDROCARBUROS).

Nombre: Silvia Juárez Juárez.