A escasos dos años de que concluya la llamada “Cuarta Transformación”, como le ha llamado a su gobierno el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), los contextos de violencia hacia los pueblos originarios se han agudizado casi simultáneamente. Es “la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T”, sostuvieron los pueblos en un comunicado lanzado este miércoles (16).

Los pueblos organizados en el llamado Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado que lanzaron conjuntamente,  señalan el aumento de ataques y hostigamiento por parte grupos paramilitares, de la Guardia Nacional y el Ejército en diversas geografías del país.

Condenaron puntualmente el asesinato de Francisco Vázquez, “quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.

Él era parte los ejidatarios que han opuesto resistencia a la ya conocida termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El campesino, durante una reunión de ejidatarios, ya había alertado que había recibido “amenazas de muerte”, además señaló que si le sucedía algo a él o su familia, “responsabilizaba a Rogelio Plascencia, presidente de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)”, revelaron integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).

“Vemos con tristeza y con inseguridad lo que esta sucediendo, porque estamos expuestos y estamos en alerta. En Morelos ya asesinaron a dos personas por estar en contra del PIM”, puntualizaron los integrantes de la APPM que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.

Desde que inició la “Cuarta Transformación”, los pueblos de Morelos se vistieron de luto por PIM, pues aquí fue dónde también asesinaron al indígena Samir Flores Soberanes, quién expuso su inconformidad sobre el PIM y, esto, le costó la vida.

El CNI y el EZLN han remarcado que el hostigamiento también lo están sufriendo las indígenas Otomí y activistas que han ocupado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un espacio que resignificaron como “la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes”, ya que este, “ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos”, reza el comunicado.

Amlo, desde su llegada a la silla presidencial con aires de cambio y transformación para México, ha implementado un paquete de políticas expansivas de capitales en diversos rubros, principalmente en proyectos estratégicos. Un caso emblemático ha sido las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que Amlo sostuvo que dejaban de existir, pero solo cambiaron de nombre.

La ZEE de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, marchan viento en popa. Aquí habitan al menos 12 pueblos originarios a los cuales no se le ha dado una información de lo que ya está implicando todo el reordenamiento territorial. Incluso, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, ha sostenido que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Por ello, también, denuncian “la militarización del Istmo de Tehuantepec”, a través de la cual se busca “imponer el megaproyecto del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binnizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca”, agrega el comunicado.

En la escalada de violencia que denuncia el CNI y el EZLN está el desalojo de los activistas que sostenían la llamada “Casa de los Pueblos Altepelmecalli” en el estado de Puebla. Estas  instalaciones, antes de ser casa de los pueblos, estaban en las manos de la empresa Bonafont, subsidiaria de la francesa Danone. Estos pueblos se vieron empujados a realizar la acción de ocupar tras la explotación de los mantos acuíferos de sus pueblos, demostrando que la empresa extraía más de 1 millón de litros de agua diariamente.

Este lugar fue resignificado como “un espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, agrega la declaración de estos pueblos.

También denuncian la represión ejercida por la Guardia Nacional contra estudiantes que exigen la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos y, en contraste, la omisión de este órgano de seguridad  ante la violencia que se vive en Guerrero. “Mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata que se oponen a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narco-paramilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos”.

El CNI y el EZLN responsabilizan al gobierno federal de México por esta escalada de violencia y exigen que “cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado Mexicano”.

De la misma forma, hacen un llamado a los pueblos del mundo, organizaciones y colectivos, a estar alertas ante esta oleada represiva que, se prevé, será más agresiva, ya que el gobierno mexicano ha elevado, por decreto, los emprendimientos de “desarrollo” como, “de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano”.

El comunicado concluye llamando a la solidaridad. “Las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de SLUMIL K´AJXEMK´OP (también conocida como “Europa”) a que se movilicen y se pronuncien en contra de la trasnacional Bonafont-Danone –con sede en Francia-, y las representaciones del actual gobierno federal mexicano en Europa”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

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La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”. 

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.