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Avispa Midia

(Español) Existe un patrón de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas: organizaciones internacionales

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Fuente: Avispa Midia

En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

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Avispa Midia

(Español) Tres décadas de opacidad en gestión ambiental de minería en México

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

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El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

Tipo Número de operaciones identificadas Superficie (ha)
Carbón 62 18,073.2
Metálica 249 79,606.1
No metálica 182 8,256.8
Salina 38 56,022.0
Metálica (exploración) 343 26,362.4
Total 874 188,320

Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

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Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú

(Español) Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón

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PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

  1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
  2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  3. IDLADS Perú
  4. OXFAM
  5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  7. Red Muqui
  8. Paz y Esperanza
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. GRUFIDES
  11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
  13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
  14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
  15. PROÉTICA
  16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  17. Instituto del Bien Común (IBC)
  18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

 

 

 

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Latino Rebels

The Fight of the Maya Against the Mayan Train in Mexico

By Diego Estebanez García

MADRID — It has often been referred to as a “Pharaonic project” and, indeed, the Mayan Train being laid through Mexico’s Yucatán Peninsula can be compared to the works of the pharaohs of ancient Egypt.

The Mayan Train is an infrastructure plan that spans 965 miles, crosses five Mexican States and 41 municipalities, and has seven sections. When all is said and done it is estimated to cost around 230 billion Mexican pesos, or $12.7 billion.

The Mayan Train is President Andrés Manuel López Obrador’s (known as “AMLO”) greatest infrastructure bet. His government claims that the project has brought already more than 100,000 jobs and that will spark development in a historically forgotten region of Mexico through tourism attraction.

AMLO has made it his priority that the train be finished by the end of 2023, so much so that he increased its budget by almost 116 percent this year. It will now cost 146 billion pesos ($8 billion) to finish the works that, at this moment, are almost 44 percent completed according to the Secretariat of Tourism.

Nonetheless, the project that started in 2018 has sparked controversy and anger from diverse groups, including environmentalists, biologists and academics, and even from civil society. But one of the most ignored groups in this fight against the megaproject, which is only one part of AMLO’s grander National Development Plan, is the Maya people who called the Yucatán their home for more than a thousand years.

“It is not a train, nor is it Mayan,” says Ángel Sulub, a Maya activist and member of the Congreso Nacional Indígena, a national movement of Indigenous peoples from all over Mexico. The group was founded in 1996 after the Zapatista uprising in the southern state of Chiapas two years earlier.

Sulub is in Madrid on a mid-March afternoon giving a conference about the risk and dangers posed by the train project not only to the environment or local archeological sites, but to the Maya people themselves and their way of life.

“It is a megaproject that articulates many other extractive projects that are already on the peninsula,” he explains.

Ángel Sulub, a Maya activist and member of the Congreso Nacional Indígena, during a recent conference on the many concerns, both environmental and human, surrounding Mexico’s Mayan Train project, Madrid, Spain, Thursday, March 16, 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)

While showing a presentation that details the history of the Mayan people’s fight throughout the decades, Sulub also recites how the development initiatives have been put in place since the 1970s, when Cancún and Playa del Carmen went from small fishing towns to the big tourist draws they are today.

“In this context of 53 years of policies that aim towards hypertourism, traditional practices of towns such as the Milpa Maya have been dismantled,” he says.

And not only have traditional practices been affected. Massive tourism has brought large-scale destruction to the Maya world for decades.

“There’s agro-industry, which has devastated a large part of the jungle and has terribly contaminated the water and soil, with the use of agrochemicals that are present in the water, even in mother’s breast milk and in the urine of children, according to the latest studies that have been carried out. Especially with Monsanto’s glyphosate,” Sulub explains.

The Maya people’s movement fears that this will only aggravate the situation. Damages to the environment in the Riviera Maya area have been extensively documented, especially due to the recent construction of the Mayan Train. Officially, the government says that 3.4 million trees have been cut down to build the train’s railways, although conservationist groups say the real estimate could be around 10 million—all this despite the president’s promises that no tree would be affected.

“There is an incredible output of wood, especially what is being sawed from the construction. We see remains of giant mahogany trees, and we don’t know what is being done with it. We see mahogany trees, sapodilla trees, ceiba trees, and granadillo trees, which are very valuable and expensive in the market and, indeed, no one knows what is happening,” says Sulub.

Government officials have explained in the past that not all the trees have actually been taken down. Some have been moved to other locations, and they say as well that for every tree felled, one would be planted. They also claim that the wood is being used as organic fertilizer.

A Referendum in Doubt

In December 2019 a referendum was held by the Mexican government to consult with Indigenous peoples about the construction and development of the project. Around 10,000 people were said to have participated, from around a thousand Indigenous communities.

The result was overwhelming approval by more than 90 percent, although the voting was criticized by opposition groups and even called out by the U.N. high commissioner for human rights. Sulub says there wasn’t a true information campaign about the negative impacts the project would have, and there were claims about a lack of participation among Indigenous groups.

Sulub says that, in reality, even though the Mayan Train enjoys strong support among Mexicans living inside the five states involved, a large section of the Maya people are against it or express concerns about the long-term negative consequences the train will have.

“We cannot certainly say how many people are against this project. The majority of the population inside the Yucatán Peninsula is in favor of it, but that approval has to be analyzed with its complexity. Those people who are mostly in favor, the only thing they know is that they need work. The argument of jobs has been very powerful because there is so much impoverishment in the area,” explains Sulub.

One of the main arguments made by the Indigenous movement against the “neoliberal” development model, which has been implemented throughout the region, is that the only jobs offered to the Maya people are those of servitude.

For the Maya people themselves it means becoming, once again, the drudges of a powerful tourism industry that takes advantage of and exploits labor through undignified pay, a lack of social security, and depressing housing conditions marked many times by subhuman overcrowding. They migrate from their communities to the cities and face a reality for which we are not prepared: insecurity, crime, human trafficking,” Sulub says.

He adds that the immediate negative impacts of the works, as well as the drug and violence-related issues surrounding Quintana Roo’s big cities, are a major concern for the Maya living in the south of the peninsula, who fear that such miseries will spread to their areas.

“There is a fear of an out-front debate surrounding these issues, such as the environmental impacts or violence. Because when we go to the communities, we talk with the elderly about the devastation of the jungle, they say to us: ‘We don’t want that.’ And we talk to the mothers of families and they say: ‘I don’t want my daughters to experience what is experienced in Cancún,’ referring to the wave of drug violence and femicides. But there are no protests or direct critics,” Sulub complains.

Militarization and Intimidation

This widespread fear among the Maya people may stem from a change in the security strategy that AMLO has implemented across the country. The Secretariat of National Defense (SEDENA, in Spanish) has been empowered in recent years, spanning from the administration and construction of Mexico City’s newest airport, Felipe Ángeles International, to the newly formed National Guard and the country’s overall strategy to combat drug cartels.

While at the beginning the Mexican army was only providing security for the project, over time the military has gained greater and greater control over it—even becoming the builders for the upcoming sixth and seventh sections of the railway and part of the fifth, after the company Grupo México left the project last year due to the government’s tight schedule. Now the army is set to become the Mayan Train’s overall administrator and operator once it starts running. The secretary of tourism announced that revenues from the train will go directly to the soldiers’ pension fund.

“It is a continuation of the militarization that suppresses the dissent from the Indigenous communities, that started with the Zapatista Movement in 1994 and that arrives today in the form of this train,” says Sulub, who also argues that intimidation against fellow activists has intensified during the current administration.

He and other Maya also feel let down by the judicial system in their fight against this project. Though more than 30 judicial appeals have been filed against the continuation and development of the works from environmental groups such as Selvame del Tren, because of a lack of environmental studies or permits for land use changes, among other things, the government has found ways to continue with the project.

The last judicial decision was a total suspension of the construction of the fifth sector of the railway due to a missing permit. Nevertheless, for the Maya activists, the damage was done.

One of the government’s strategies is to promote the community work being done alongside the Mayan Train project.

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Campaña internacional "Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri"

(Español) A Bety Cariño, quien cumpliría 50 años este 8 de abril de 2023

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El 8 de abril de 2023, Alberta “Bety” Cariño Trujillo cumpliría 50 años. Fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca, México. En el ataque murió también Jyri Jaakkola, un activista finlandés, y varias personas resultaron heridas.
Recordamos a Bety con esta video-entrevista y seguimos exigiendo justicia:
Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño

Campaña internacional “Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri”

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo – 8 abril 2023

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Internacionales

  • PALESTINA: El Estado fascista de Israel promueve la guerra para mantener el territorio ocupado de Palestina. Israel atacó la final de futbol palestina el fin de semana pasado y luego invadió y  atacó el Centro Ceremonial en Jerusalén, y desato fuerte bombardeo  ante respuesta de grupos palestinos a la represión en territorio ocupado. Fuente: Palestinalibre.
  • PELMAPU ARGENTINA: Mapuches desconocidos en su propio territorio. Resolución antimapuche en Mendoza: crónica de un racismo anunciado. Fuente: Agencia TerraViva y AnRed.
  • CANADA: Wet’suwet’en vuelve a ser atacada por la policía montada, cinco defensores del territorio son arrestados, se suma a la lista de hostigamiento por su resistencia contra CoastalGasLink, el gasoducto que intentan atravesar por sus aguas sagradas.

Locales:

  • MICHOACÁN: Eustacio Alcalá defensor comunitario y opositor de la minería en Huizontla  es asesinado. Organizaciones se suman para exigir justicia.
  • YUCATÁN: Muerte masiva de abejas pone en alerta a apicultores, llaman a la prohibicion de agroquímicos tóxicos.
  • CHIAPAS: Continúa la campaña por la Libertad del Manuel Vásquez, preso político indígena, base de apoyo de las comunidades zapatistas. Fuente: CDH Frayba
  • MÉXICO MICHOACÁN: Por cumplirse 3 meses de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díazy nulo avance en las investigaciones.
  • MÉXICO SUR: Invitación a la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste. El Sur Resiste.
  • CDMX: Jornada por la Libertad de Yorchs, preso anarquista criminalizado por la UNAM. Fuente: Noticias de abajo.
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El sur resiste

Progress for Whom?

The South Resists! Caravan and international encounter 2023
A call for life and against dispossession in our territories

From April 25 to May 5, various peoples will travel through the regions and communities affected and threatened by the megaprojects in Mexico, seeking to weave resistance alternatives.

All the info on the Caravan: https://www.elsurresiste.org

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El sur resiste

(Español) Caravana y encuentro internacional “El Sur Resiste” 2023

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¡El Sur Resiste Va! Caravana y encuentro internacional 2023 | Un llamado global por la vida y contra el despojo en nuestros territorios

Del 25 de abril 2023 al 5 de mayo, diversos pueblos recorrerán las regiones y comunidades afectadas y amenazadas por los megaproyectos en México, buscando tejer alternativas de resistencia

Recorrido de la Caravana:

ABRIL
25 Pijijiapan – Tonala, Chiapas
26 Puente Madera, Oaxaca
27 Guichicovi, Oaxaca
28 Oteapan, Veracruz
29 Villahermosa – El Bosque,Tabasco
30 Candelaria, Campeche

MAYO
1 Valladolid, Yucatán
2 Carrillo Puerto, Quintana Roo
3 Xpujil, Campeche
4 Palenque, Chiapas

5 Llegada a San Cristóbal de las Casas

6 y 7 ENCUENTRO INTERNACIONAL, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Estamos en la recta final, para información, donaciones y más, puedes escribir a elsurresiste@riseup.net o por Telegram a @asambleaistmo

Comunicados y pronunciamientos rumbo a la Caravana:

3ra LLAMADA ENCUENTRO INTERNACIONAL ¡EL SUR RESISTE 2023!.

2da LLAMADA.

1ra LLAMADA.

NO HABRÁ PAISAJE DESPUÉS DE LA TRANSFORMACIÓN…

LAYÚ BEE.

La carrera por el Istmo de Tehuantepec.
Guidxi Rucaalú.

#ELSURRESISTE

Haz que la caravana suceda: dona aquí

Toda la info de la Caravana: https://www.elsurresiste.org

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REMA

(Español) Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería ante asesinato de Eustacio Alcalá Díaz

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EUSTACIO ALCALÁ DÍAZ, OTRO ASESINADO MÁS VÍCTIMA DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO

06 de abril de 2023

Secuestrado el 01 de abril del presente cuando transportaba a 3 monjas provenientes de Aquila hacia su comunidad, Eustacio Alcalá Díaz, representante legal y férreo defensor de su territorio, de Huizontla, Municipio de Chinicuila, en el Estado de Michoacán, fue encontrado sin vida este 4 de abril. La Comunidad indígena nahua decidió en Asamblea emprender acciones legales en defensa de su territorio en contra de la explotación minera desde 2018.

El 21 de enero de 2022 la Comunidad nahua ganó un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que reconoce la violación a los derechos colectivos de San Juan Huizontla y declara la suspensión de los títulos de concesión minera a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Precisamente el 15 de enero de 2023 el líder comunal Antonio Díaz y el abogado Rafael Lagunes, quienes habían denunciado una posible “explosión de violencia por enfrentamiento entre comuneros y derramamiento de sangre” responsabilizando a la empresa Ternium de “meter las manos para dividir a la comunidad y sacar tajada”; desaparecieron en Aquila Michoacán después de estar en una Asamblea Comunal y hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

No es ninguna casualidad que estas empresas mineras, como la mayoría, a lo largo y ancho del país estén siguiendo la misma estrategia de violencia contra las y los defensores del territorio que se oponen a sus proyectos de muerte, pues este es el modus operandi del modelo extractivo minero a nivel mundial que nos han impuesto para sembrar proyectos que a todas luces violentan los derechos de los pueblos, mientras los gobiernos en turno deliberadamente cierran los ojos dando un claro mensaje a las empresas de que tienen el permiso de delinquir, devastar y saquear con total impunidad.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos totalmente el asesinato del compañero Eustacio Alcalá, nos solidarizamos con la familia y la Comunidad de Huizontla, y exigimos a los tres órdenes de gobierno se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables, así como un alto total a la violencia en contra de las y los defensores del territorio.

¡ALTO TOTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRO PAÍS!

¡YA BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS Y LA INACCIÓN DEL GOBIERNO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
inforema.mexico@gmail.com, www.remamx.org
Twitter: @MXREMA, Facebook: REMAMX

 

Fuente foto de portada: Saboteamos

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Pie de Página

(Español) Asesinan a Eustacio Alcalá, defensor del territorio en la sierra costa michoacana

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Texto y fotos: Heriberto Paredes | Pie de Página

Después de ser reportado como desaparecido, este martes se encontró el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor del territorio de la sierra costa michoacana. Sin pruebas, funcionarios del gobierno de Michoacán adelantan que el defensor era integrante de una organización criminal, una afirmación desmentida por la comunidad.

 

MICHOACÁN. – El cuerpo sin vida de don Eustacio Alcalá, de 66 años, defensor del territorio, fue encontrado hoy en las cercanías del camino que conduce a la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila. Desde el pasado 1 de abril se reportó su desaparición tras ser comisionado para trasladar a 3 misioneras que se dirigían a la comunidad nahua a desarrollar tareas de evangelización.

Según los propios testimonios de las misioneras, sujetos armados interceptaron el vehículo en donde viajaban y se llevaron a don Eustacio. Poco después, elementos de la Guardia Nacional localizaron a las mujeres y la camioneta en donde viajaban inicialmente, sin embargo se negaron a buscar al defensor a menos de que tuviesen una denuncia ante un Ministerio Público.

Algunos habitantes de esta comunidad afirmaron que la Guardia Nacional estaba presente cuando se escucharon disparos en las cercanías de este camino, más o menos a 500 metros de donde ocurrieron los hechos y –a partir de lo dicho por testigos– “en lugar de ir a perseguir a los malandros se fueron a la comunidad”.

Sin un comunicado oficial, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, declaró que uno de los posibles móviles del asesinato es “el parentesco con un miembro de la delincuencia organizada”. No hay indicio de que esto sea cierto, tanto en la comunidad como en la región, don Tacho, como se le conocía cariñosamente, era una persona muy participativa en Huizontla. Su familia y allegados no son miembros de ninguna organización criminal.

Las declaraciones del funcionario sólo afectan la imagen de don Tacho y no abonan a la seguridad en la comunidad. Se trataba de una persona querida y respetada en Huizontla y en toda la región por sus esfuerzos para lograr el bienestar de las personas.

El defensor ganó un amparo contra minera

Don Tacho fue miembro del Consejo Ciudadano de Chinicuila, una experiencia organizativa que veló por el cumplimiento de las tareas y compromisos de los gobiernos municipales y de las autoridades estatales. En el contexto de la lucha en contra de la organización criminal de los Caballeros Templarios, participó junto con muchas personas de la comunidad y de la región en los grupos de policía comunitaria que defendieron a la población y los recursos naturales que peligraban en ser explotados por la violencia organizada.

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