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A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A los medios de comunicación.
Hoy 12 de octubre se cumplen 531 años del inicio de la invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo; pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal; y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México,
Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza y en Cisjordania. De guerra en guerra y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente.
México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y los cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el CNI.
México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución, nunca antes vista, de migrantes mediante el uso de la guardia nacional y las fuerzas castrenses.
Particularmente la frontera de México con Guatemala en Chiapas, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio, o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, viven un clima de aguda violencia bajo el control casi total de los cárteles criminales, mismo que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares y grupos de la delincuencia organizada. Adicionalmente, en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace tres décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando los más de 100 ataques, entre 2019 y 2023, que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha llevado a cabo en contra de poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde.
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Desde el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, hemos lanzado una convocatoria exigiendo el alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios de México, esto porque en conjunto con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y el Espacio de Coordinación nacional contra la Guerra hemos visto que la militarización del país avanza para garantizar los megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que en esta administración se han dado: 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 69 periodistas y 94 personas defensoras de la tierra y el territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas.
En nuestros territorios esto lo vivimos todos los días, en Morelos, en Amilcingo el crimen ha aumentado, seguimos exigiendo que el caso del compañero Samir Flores Soberanes sea atendido, porque es un asesinato vinculado a la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos. En Tetlama seguimos resistiendo contra la minería, y cada vez es más común ver gente armada.
En la Ciudad de México, es más difícil vivir, la policía nos persigue, no nos deja trabajar, nos vigilan, nos toman fotos. En Milpa Alta vemos que, con su plan de reordenamiento territorial en Xochimilco, aumenta la tala de árboles, como en el Estado de México en Huixquilucan y Lerma que por la construcción de la Reserva Santa Fe están destruyendo nuestros lugares sagrados.
En Puebla, en la Sierra Negra, enfrentamos un proyecto hidroeléctrico, hemos visto cómo el ejército y el cártel comen juntos, el crimen ha crecido, las desapariciones continúan y van en aumento, los residuos de las fábricas están contaminando los mantos freáticos.
En Querétaro la violencia aumenta, hay concesiones de agua y cateos a nuestras viviendas por lo que sea, las represiones son cada vez más violentas, en estos últimos 2 años han puesto policías antimotines en vez de militares y asesinaron a 2 personas que solo iban a detener. En Michoacán, la embestida por parte de funcionarios del Estado mexicano y de cárteles criminales, en contra de Ostula, en contra de sus territorios y en contra de su Guardia Comunal, de sus instituciones y de su autonomía ha crecido descomunalmente en los últimos días. A la violenta ejecución de nuestro hermano y compañero LORENZO FROYLAN DE LA CRUZ RÍOS, se suman las violentas palabras del Gobernador de Michoacán, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, en contra de nuestra Guardia Comunal, así como la sorpresiva orden dada por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la Ciudad de Colima, JESÚS ANTONIO FRÍAS CARDONA, para deslindar nuestras tierras en favor de supuestos pequeños propietarios.
En Guerrero, nuestras compañeras y compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, siguen bajo amenazas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
En Nayarit, el crimen organizado y los cárteles están en pelea por el territorio y están reclutando en nuestros pueblos. El rio Lerma-Santiago está siendo contaminado, en la travesía del rio ha afectado a niños, mujeres y jóvenes con los metales pesados de las industrias. En la parte sur tenemos la Riviera Nayarit con la privatización de las playas.
En Sonora y Sinaloa insisten con sus planes de justicia que omiten el acceso a la justicia, se enfocan en construir cosas y no van hacia la restitución de nuestras tierras, el crimen organizado sigue creciendo y se encuentran fosas clandestinas todos los días, también crece la militarización con la presencia de la guardia nacional.
En Baja California, los invasores llegaron a apoderarse de 11 hectáreas de territorio kumiai.
En el Norte de Veracruz hay una devastación socioambiental, no solo son los derrames o explosiones sino también un clima de terror por parte del crimen organizado que se están apropiando del territorio. En el sur, estamos en la zona del corredor interoceánico, estamos cerca además del Tren maya y el gasoducto, que hace que aumente la presencia tanto del crimen organizado como de los militares y la guardia nacional.
En Oaxaca, 18 de nuestros compañeros de Puente Madera tienen órdenes de aprehensión por defender su territorio, la violencia contra nuestras comunidades está creciendo por la imposición del tren interoceánico y se habla de la construcción de 10 parques eólicos más. En San Agustín, en la mazateca, hay exploraciones para convertirlo en un centro turístico, nuestro compañero Miguel Peralta es perseguido y varios de nuestros compañeros son presos políticos. En el territorio Chontal luchamos contra una concesión minera. En la región Loxicha se sigue agudizando la represión en contra de los compañeros que defienden nuestro territorio, como el caso del compañero Álvaro Sebastián que después de haber estado preso por 20 años, fue asesinado recientemente.
En Campeche, con la puesta en marcha del “tren maya”, que nosotros lo llamamos el tren militar, ha aumentado mucho la especulación inmobiliaria, los polos de desarrollo aun no tienen ubicación por lo que las empresas están buscando desesperadamente en donde construirlos, la violencia ha aumentado y con los polos de desarrollo aumentará más. Se sobrexplota el agua, día y noche para inundar una zona que no es apta para ello, agregando agrotóxicos que después se van a los pozos artesanales que son de consumo humano en las comunidades, las fumigaciones aéreas y todo tipo de pesticidas e insecticidas que dañan a millones de polinizadores sobre todo a las abejas, en últimos meses hemos visto la muerte de las abejas en la península. Hay comunidades que quedaron partidas, se están viendo cambios en las comunidades, compañeros fueron desalojados, las comunidades perdieron su tranquilidad “ya no salimos de noche porque el ejército nos detiene”.
En Quintana Roo, están construyendo granjas de cerdos porque saben que tienen el agua asegurada, pero es agua que nos despojan y contaminan. Con el mal llamado “Tren maya” se ven proyectos enfocados al aumento del turismo, que en nada benefician a nuestros pueblos, implica que nuestros territorios están en peligro, porque llegan con sus armas, con sus militares, para asegurar que nada se interponga.
En Chiapas existe un cerco hacia los pueblos zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos originarios, están cerrando el paso, nos acorralan, hay grupos paramilitares que operan en total impunidad, están aumentando las acciones violentas en contra de las comunidades zapatistas, la organización regional de cafeticultores de Ocosingo, opera desde el 2000 bajo la venia de los distintos gobiernos y partidos políticos, realizando al menos 100 ataques en contra de los pueblos zapatistas del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.
Esto es tan solo un reflejo de la guerra que nosotros como pueblos originarios vivimos cotidianamente en nuestras comunidades, barrios, calles, centros de trabajo y espacios comunitarios. La militarización es un hecho, el régimen encabezado por la cuarta transformación está mostrando su rostro más autoritario contra quienes defendemos la vida. Por ello, CONVOCAMOS a sumar y construir esfuerzos organizativos que denuncien esta barbarie y principalmente a realizar acciones conjuntas con los modos y formas de cada quien, para el 12 de octubre, día de la Resistencia y la Dignidad Indígena.
LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MÉXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.
A 531 AÑOS DE GUERRA SEGUIMOS RESISTIENDO. 27 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.
ATENTAMENTE
¡Nunca mas un México sin Nosotros!
¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
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Foto de archivo. Migrantes esperan autobús en la terminal camionera. Por Santiago Navarro F
Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional denunciaron que la Ciudad de México vive una emergencia humanitaria, “producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, que son insostenibles”, manifestaron en un comunicado.
Desde hace dos años las organizaciones y albergues han venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. “México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país”, dicen.
La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. “Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección”.
Señalan que cada vez más las personas que llegan a la Ciudad de México permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital en un lugar de destino y “amerita políticas públicas integrales de atención e integración”.
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El pasado viernes (6) el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó en Quintana Roo, durante la conferencia matutina que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional ya tiene 2 mil 454 elementos en esta entidad y “tendrá tres mil 200 guardias nacionales adicionales”, para cubrir la seguridad del Tren Maya y para que las “obras se ejecuten en paz”.
En total son 6 mil 694 elementos federales en Quintana Roo que actualmente cuidan las obras del Tren Maya. Además de la Guardia Nacional, también hay presencia de 1 mil 598 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, 1 mil 896.
A ello se suman 658 elementos de la policía estatal, 4 mil 339 de las policías municipales. “Tenemos un total de 10 mil 110 elementos operativos realizando trabajos de manera coordinada”, con el gobierno de Mara Lezama, desde el primer día de su administración, dijo Cresencio Sandoval.
De los elementos de la Guardia Nacional se desprende el llamado batallón turístico conformado por 550 integrantes quienes ejecutan un plan que desarrolló el gobierno de esta entidad en conjunto con Sedena para protección a turistas.
Hasta el momento Quintana Roo tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional y cuatro coordinaciones regionales que están ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad. Además, se tiene proyectada la construcción de una base de operaciones más en Benito Juárez.
Así mismo, el secretario de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) agregó que a la estrategia de seguridad en la región se suman 3 nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana y 5 aeronaves destinadas exclusivamente para la seguridad del tren, así como el uso de drones. “Esas aeronaves estarán haciendo recorridos en todo lo que es la trayectoria y estarán desplegados también en lo que es las bases aéreas que se consideraron dentro de este proyecto”, señaló el secretario.
Para endurecer la seguridad de este megaproyecto, el cual está provocando una reconfiguración del territorio y las relaciones sociales cotidianas, también se agrega una inversión de 2 mil millones de pesos para la adquisición de 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y un helicóptero para el fortalecimiento de la seguridad de la población, declaró Cresencio Sandoval.
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PRONUNCIAMIENTO
Exigimos al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Urgimos al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas, 10 organizaciones de seis estados de México celebramos en la capital oaxaqueña, del 4 al 6 de octubre, el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, en el marco del Programa Servicio Civil para la Paz. El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
A partir del análisis compartido, las organizaciones manifestamos las siguientes preocupaciones:
La política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordamos que la paz no se construye solo con voluntad; requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica.
La falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos. Ejemplo de ello son los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
La situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
La disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno.
Dado el momento histórico que vive el país, refrendamos nuestra solidaridad y respaldo a víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno; con las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas, así como con todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es urgente que la definición de las acciones del Estado sea desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación.
Exigimos al Estado Mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
Exigimos al Estado Mexicano a que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la situación de violencia feminicida.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Frente a las violaciones a los derechos humanos, llamamos a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando Paz y Justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general.
Urgimos al Gobierno del Estado y al Poder Judicial de Oaxaca a que libere de manera inmediata al defensor del bosque Pablo López Alavez en cumplimiento a la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 06 de octubre de 2023.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH) – Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca – Oaxaca
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) – Oaxaca
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – Chiapas
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) – Chiapas
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)– Chihuahua
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) – Jalisco
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios – Coahuila
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En portada: Pueblos indígenas de los Altos de Chiapas reunidos para celebrar la integración de sus representantes al Concejo Indígena de Gobierno en julio del 2017. Foto: Medios Libres Chiapas
El Congreso Nacional Indígena (CNI) conmemorará el 12 de Octubre, día de su 27 aniversario, con una acción global para exigir el alto a la guerra contra los zapatistas y los pueblos originarios de México y del mundo. “Nosotros los pueblos no tenemos que festejar, sino decir que seguimos en lucha, resistiendo y diciéndole al gobierno que no vamos a vendernos ni a claudicar”, dijo para Avispa Mídia Isabel Valencia de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, e integrante del CNI.
Son varios los pueblos de México y el mundo que se unirán a la convocatoria del CNI para participar, desde sus trincheras, en esta acción dislocada. El llamado sigue y se dará a conocer con mayor detalle en el Foro “Militarización y despojo contra los pueblos originarios” que se realizará a las 16hrs del sábado, 7 de octubre, en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’, en la Ciudad de México y en las redes sociales de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Se adelantó que el 12 de octubre las actividades iniciarán a las 9hrs en la Casa de los Pueblos, para que las comunidades reunidas en la Ciudad de México hablen sobre lo que ocurre en todo el territorio mexicano. Habrá también una rueda de prensa y, después, a las 16hrs iniciará la marcha que partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo.
Además de las acciones simultáneas en otros puntos del mundo, “queremos vernos, ser visibles y llamar a todos los pueblos que luchan y resisten para decirles que aquí estamos resistiendo y luchando junto con el Congreso Nacional Indígena porque el gobierno no nos quiere ver, pero somos muchos”, agregó Isabel.
Para el CNI alzar la voz siempre ha sido una necesidad, ahora más con el contexto actual de los territorios de los pueblos originarios que tienen presencia del Ejército y el crimen organizado, “el narco Estado, pues entre todos ellos se comete el despojo”.
En este tenor, Isabel recordó los asesinatos y amenazas en Ostula, Michoacán, o el grave panorama de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Querétaro, Morelos o Puebla, donde el Ejército es parte de las intimidaciones contra quienes denuncien despojos y otras violaciones a los derechos humanos.
“Es muy preocupante todo lo que ahorita el gobierno está haciendo. Si vas a hacer una denuncia no procede, no te hacen caso, y es ahí donde decimos no hay justicia para los pueblos, no hay justicia porque no nos escuchan”, destacó.
Por ahora, la denuncia pública es la mayor arma de quienes están en la defensa de la vida, pues a través de ésta se ha conocido la devastación ocasionada por el Tren Maya en las comunidades, así mismo, la violencia criminal que rompe la tranquilidad de las comunidades.
El tema de las desapariciones de jóvenes en diferentes puntos de México se habla en los conversatorios, refirió Isabel, “y en muchos casos son niños… es impresionante, porque hasta ahorita tampoco sabemos nada de los 43 normalistas desaparecidos precisamente por el Ejército, aunque digan que no, no pueden actuar los de abajo si los de arriba no ordenan”.
Ahora, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, el paisaje no es alentador, pues el gobierno continúa con “el dedazo” y las viejas prácticas de los partidos políticos, “lo mismo” pero con un falso discurso de izquierda y a favor de los pueblos. “Definitivamente estamos viendo que la lucha es por el reordenamiento territorial y pues lamentablemente para nosotros como pueblos originarios, ahí entran las transnacionales con los megaproyectos”.
En voz del CNI, Isabel hizo hincapié que seguirán derrumbando el hermetismo sobre la verdad y los repetitivos discursos que señalan a los pueblos como responsables de las violencias y los conflictos, “como sucede en Chiapas, donde el discurso de arriba justifica la guerra como una disputa territorial entre pueblos indígenas”.
Las y los participantes en las actividades de la acción dislocada del próximo 12 de octubre podrán registrarse en cnicomunicacion@gmail.com
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En portada: Durante los últimos días de septiembre, centenas de militares incursionaron en las calles de Frontera Comalapa después de dos semanas de bloqueos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Testimonios enfatizan que pese a su presencia, continúa la violencia criminal.
Esta es la segunda entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia. En la primera entrega presentamos una contextualización del conflicto que ha explotado en los últimos meses en Chiapas.
En los textos que siguen, mostraremos el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de desaparecidos principalmente en la frontera de México con Guatemala. Ahora traemos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.
Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, se localiza en los límites de Chiapas, México, con Guatemala, por lo que es clave para el tráfico de personas, drogas, gasolina, armas, entre otros ilícitos, y es parte del territorio en disputa de dos cárteles del crimen organizado.
Desde el 2021 los habitantes no tienen derecho a una vida digna, “hace dos años comenzó nuestro infierno”, relata Ángeles Espinosa con voz molesta porque a la par recuerda los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas.
Hace dos semanas no hay clases en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, las tiendas de abarrotes incrementaron los costos de los productos debido al desabasto, incluso de gasolina y gas LP, “y así ha sido durante dos años, pero ahora se pone peor”.
Los bloqueos promovidos por los cárteles continúan en puntos que conectan con vías de comunicación de la Costa, Sierra y la Meseta Comiteca Tojolabal, que se han convertido en las más peligrosas de transitar a pesar de la presencia militar.
“Al igual que Guatemala, el presidente envió a los militares y no hacen nada, frente a ellos pasan las camionetas con gente armada; aquí no hay seguridad, aquí a diario desaparecen personas”, reitera Ángeles.
Bloqueos recientes están provocando desabasto de alimentos y combustible en la región
En Ciudad Cuauhtémoc también se han quedado sin energía eléctrica por varios días y de forma recurrente la luz falla por las noches; y ya es común escuchar balaceras y ver desfilar camionetas con personas armadas, incluso de día.
Uno de los grupos señalados de operar en la zona es el “Maíz”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obligar a los habitantes a realizar actividades que les favorecen en la estrategia, incluso mediática, de sacar al Cártel de Sinaloa de la región.
“Al parecer es gente que ha sido coaccionada a sumarse, provienen de las mismas localidades y algunas de otros municipios”, agrega Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
Pero es tan solo uno de los grupos señalados por posibles desapariciones de personas, principalmente de hombres jóvenes y fuertes.
Armando Agustín, el taxista
Hace dos años, el 1 de septiembre de 2021, Armando Agustín Martínez Díaz, de oficio taxista, fue contratado para un viaje de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán de Domínguez, del que no tuvo retorno.
Armando Agustín fue de los primeros desaparecidos que coinciden con el incremento de casos de violencia generalizada, relacionada con la disputa del territorio entre el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Chiapas.
Es originario de Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, y tenía 36 años cuando desapareció. Ese 1 de septiembre fue contratado por una pareja para realizar un viaje a las 9hrs rumbo a Comitán.
Después de recorrer un aproximado de 80 kilómetros, a las 10hrs, Armando se comunicó con su familia, dijo haber llegado bien a Comitán y que ya iba de regreso. Pero fue su última comunicación.
Armando Agustín Martínez Díaz desapareció el 1 de septiembre del 2021. Sus familiares continúan su búsqueda.
Al notar que el tiempo transcurrió y Armando no regresó a casa, la familia y amigos enviaron mensajes y marcaron su número de móvil infinidad de veces. Pero siempre estuvo fuera de servicio.
La familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que publicó la ficha de búsqueda, pero nunca investigó. Por ello, durante las primeras semanas la familia buscó a Armando en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, en separos y hospitales, pero sin éxito.
La vía de comunicación, desde hace varios años, se ha convertido en una de las más peligrosas de la geografía chiapaneca. Desde hace dos años, habitantes de Chicomuselo y Frontera Comalapa denunciaron en redes sociales el riesgo de transitar por esa carretera, incluso a plena luz del sol.
Como sucedió el 22 de marzo de 2023 con la desaparición de siete autoridades ejidales de Nueva Libertad, Frontera Comalapa, que previamente fueron vistos a bordo de una camioneta Ram color rojo y se dirigían a Palenque. Días después fueron liberadas en diferentes momentos.
A las 17hrs del 18 de mayo del mismo año, Tomás López Gómez perdió comunicación con su familia. Tomás conducía un vehículo tipo Urvan del transporte público Estrella de la Frontera Sur que recorría la carretera de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán, pero hasta ahora no hay noticias de su paradero.
Las calles en silencio
Para 2020, Ciudad Cuauhtémoc registra cerca de 2,788 habitantes de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, a decir de Humberto Salas, familiar de tres personas desaparecidas, en la localidad hay más de 50 casos, pero la mayoría de las personas prefiere no denunciar.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha dado cuenta que, por la falta de confianza en las autoridades, la incertidumbre y las constantes amenazas que reciben por diferentes vías, muchas familias prefieren no denunciar.
La violencia logró lo que la pandemia no, encerrarlos por completo. Las niñeces viven con miedo, incluso para ir a la escuela, pues en más de una ocasión las balaceras han sucedido mientras están en clases.
Las ferias de fin de año en honor al Niñito Fundador y a la Virgen de Guadalupe no se hacen desde hace tres años. Las calles lucen vacías, el transporte es intermitente y los negocios cierran al ocaso.
Muchos comercios quebraron, por los cobros de derecho de piso, incluso dejó de ser ruta recurrente de las personas en movilidad humana que llegan a México, porque también las desaparecen.
En todo momento, los habitantes contactados destacaron la ausencia de fuerzas de seguridad. “Casi no hay presencia militar”. A diario observan más vehículos del crimen organizado que militares y los violentos bloqueos son constantes.
Todo lo anterior, a pesar de que a 14 minutos existe un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la localidad El Jocote; uno más de la Guardia Nacional en el tramo carretero Paso Hondo-Frontera Comalapa.
Los habitantes dijeron que observan más ‘desfiles’ de carros monstruos, motocicletas y camionetas con personas a bordo portando armas de fuego que de militares salvaguardando la integridad de los mexicanos.
“A todos nos cambió la vida, nos sentimos inseguros, escuchamos ruidos de carros o motocicletas y pensamos rápido que son ellos y que nos van a volver a atacar”, lamentó Raquel Molina. “Somos personas humildes y trabajadoras, pero estamos pagando por cosas que no hicimos”.
*Los nombres de las personas que accedieron a dar testimonios fueron modificados por razones de seguridad.
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Noticias de abajo 4 octubre 2023
.::Rompiendo Fronteras::.
—–HONDURAS. Hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH
—-OAXACA: El pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón anunció que han sido declarados en libertad Jaime Betanzos y Herminio Monfil, aún están en prisión Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán. Audio de MIGUEL PERALTA desde el exilio.
—–MÉXICO: Los viejos nuevos represores de la 4t. De Harfuch a Eviel Perez.
Eviel Pérez Magaña, el rostro del gobierno asesino de Ulises Ruiz en el Equipo de Campaña de Claudia Sheinbaum en Oaxaca.
—–ACCIÓN GLOBAL MOVILIZACIÓN 12 DE OCTUBRE. CONVOCATORIA, ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO
—-PUEBLA: Protestas para exigir la cancelación definitiva de complejo policiaco sobre tierras comunitarias. Exigen la DESTITUCIÓN inmediata de José Cinto Bernal. La Flor Periódico
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Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la comisión sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A Ma. De Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los pueblos del mundo que resisten contra el sistema capitalista y patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, comunidades y barrios originarios que nunca fueron conquistados
A los pueblos que luchan y resisten en la cuenca de la Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la declaración por la vida
A toda persona del mundo que lucha contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.
En este contexto de estrategias de guerra en contra de los pueblos originarios que luchan y resisten en defensa del territorio, de los derechos colectivos, una guerra que impone fuerzas armadas (policiacas) para reprimir, detener y desaparecer defensores del territorio.
Ese odio, racismo, clasismo se recalca una y otra vez con amenazas de represión en contra de nuestros hermanxs del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla
Hoy 2 de octubre en el aniversario de la matanza del 68, alrededor de las 16:20, en las inmediaciones del terreno destinado a Panteón comunitario, ubicado en la junta auxiliar de San Lucas Nextetelco, se reportó la presencia de maquinaria y centenares de policías, para dar comienzo a los trabajos del complejo policiaco, que el presidente municipal de Juan C. Bonilla JOSÉ CINTO BERNAL, pretende imponer en este territorio, pese a que los pueblos de Juan C. Bonilla en reiteradas ocasiones y con base a sus usos y costumbres determinaron que dicho terreno sería destinado para panteón comunitario , negándose rotundamente a la construcción de un complejo de fuerzas armadas que solo le sirve al estado para reprimir e imponer la destrucción a través de megaproyectos de muerte desde empresas saqueadoras del agua, gentrificación y más … que sirve para contaminar nuestras tierras, cerros y aguas.
En este contexto de guerra contra los pueblos denunciamos, el uso represor de granaderos y policías armados en contra de los pueblos que ejercen su derecho a la libre determinación.
1. Exigimos al estado mexicano desde puebla, el alto a la represión y a la estigmatización, señalamientos y amenazas en contra de los pueblos organizados.
2. Exigimos el respeto a la decisión colectiva de los pueblos de Juan C. Bonilla a construir un panteón comunitario.
3. Exigimos la cancelación inmediata del complejo policiaco.
Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones y colectivos a mantenerse en alerta ante cualquier situación de represión en contra de nuestros compañeros.
Alto a la guerra patriarcal capitalista del estado en contra de los pueblos
