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obladoras y pobladores de la localidad de Laraquete, denuncian el nuevo proyecto Planta de Innovación Circular Arauco, de la empresa Verdecorp Spa, que tiene como objetivo su construcción y operación destinada al tratamiento de residuos provenientes de la industria agrícola, forestal e industrial, urbanos, y residuos orgánicos domiciliarios, la cual pretende instalarse en las cercanías del Humedal Estero el Molino de Laraquete, afectando toda la biodiversidad del espacio.

Por Javiera Coñuenao

El pasado 23 de enero, los mismos pobladores visitaron el humedal y pese a que la Planta, no cuenta con los permisos de estudios de Impacto Ambiental, se pudo apreciar una gran cantidad de materia orgánica que ya está siendo acumulada en dicho lugar, provenientes de los desechos de las cosechas forestales.

En la denuncia señalan “se podían distinguir en la superficie de estas montañas de desechos, humaredas por la combustión de estos mismos elementos. Así también, pudimos observar que este vertedero se emplaza  justamente frente al humedal estero El Molino y que con los vientos se levanta de los desechos una enorme masa de polvo que ya está comenzando a cubrir de gris nuestro último pulmón verde nativo de la zona de entre Laraquete y Horcones”.

La importancia del pulmón verde

El humedal el Molino, ubicado a 2 kilómetros al Sur de Laraquete, es un habitad natural que conserva un cordón no menor de árboles nativos como arrayanes, temus, boldos, pitra, maitenes, entre otras especies, un sitio relevante para la nidificación de aves de la zona. Sirve como zona de amortiguación de las crecidas del estero El Molino ante posibles inundaciones debido a las precipitaciones y forma parte de la red de humedales costeros de Chile.

Este ecosistema natural ha sido popularizado como “la selva” debido al característico crecimiento de sus árboles y especies trepadoras, pero hoy los habitantes aledaños a este espacio, ven con preocupación el daño que ha provocado el continuo avance de la Celulosa Arauco, sobre este sitio, uno de los pocos donde aún prevalecen especies nativas en la provincia de Arauco.

El daño sobre el Estero

Recordemos entonces, que en el año 2017 nos enteramos que Celulosa Arauco adquirió gran parte del terreno de este sector, que va desde la población El Pinar, hasta el fundo María Las Cruces, el terreno consta de 700 hectáreas. Lo que ahora se ha dividido entre el Fundo Elvira Las Cruces, Sara Las Cruces y María Las Cruces. En la siguiente tabla se detallan la superficie utilizada y las especies plantadas entre el año 2015, 2016 y 2018.

En aquel periodo el movimiento socio ambiental Arauko tiene mil penas, y distintas organizaciones de las localidades afectadas, emplazaron a la empresa Arauco, que pretendía destinar las 700 hectáreas para el monocultivo forestal. Fue así, como a través de instancias de reuniones abiertas entre la empresa y la comunidad, denominadas por Arauco “Casas Abiertas”, las organizaciones se opusieron a tal idea y se logró frenar en parte el plan.

“Finalmente la empresa solo disminuyó la cantidad de plantación a 29 hectáreas de monocultivo entre pinos y eucaliptus y además intercaló las plantaciones con algunos árboles nativos, lo que según ellos sería un proyecto de reforestación”, señalan en la declaración, de esta manera la empresa continuó con la plantación de monocultivo en uno de los pocos espacios que  sobrevivía al avance forestal.

Ante esto, la comunidad denuncia que hoy se ven las graves consecuencias de esa desastrosa acción sobre el estero El Molino, “el estero ya está seco, no hay casi nada de agua en él y más parece un canal de agua estancada que un estero”.

La amenaza ambiental de los residuos industriales

Actualmente el riesgo está sobre el bosque nativo, ya que el nuevo proyecto de la Planta de Innovación Circular, se ubica a escasos 35 metros del cordón verde situado en el humedal y a 180 metros del estero El Molino. A continuación compartimos una imagen del lugar.

Recordemos que la esta empresa trabaja en conjunto con Arauco, quien es propietaria de 700 hectáreas de terreno. Así, la forestal dispone del espacio para dar acción a la planta procesadora de residuos de la industria celulosa, compuestos principalmente por cenizas, arenas, residuos sólidos, carbonato de cal, lodos de plantas de tratamiento de efluentes, cortezas sucias y entre otros.

Nuevos hechos

Recientemente hubo un hallazgo importante de piezas de cerámicas mapuche lafkenche que datarían del año 1400, en las cercanías del humedal, mientras se realizaban obras de excavación en un sitio perteneciente a un privado, Para los vecinos este hecho será un argumento fundamental para exigir un estudio de impacto ambiental participativo, Nicole una de las defensoras del humedal sostiene lo siguiente, “que se vea realmente el impacto hacia la salud de la gente, al medio ambiente, hacia la cultura mapuche lafkenche y se respete”.

Nicole, nos cuenta que ayer martes 02 de febrero, durante un puerta a puerta realizado por el Gerente de la empresa Verdecorp, junto a una persona encargada del Servicio de Evaluación Ambiental y un representante de la municipalidad, se enteran que la Planta de innovación circular Arauco, lleva 2 años de funcionamiento en el lugar, todo esto sin previa consulta ni aviso a la ciudadanía. Ante lo cual, la comunidad tuvo una reacción negativa al sentirse vulnerados por la  empresa, ya que en ningún momento hubo un acercamiento de parte de la compañía hacía la comunidad.

Frente al complejo escenario que se agrava aún más con el funcionamiento de la planta, durante el puerta a puerta  se exigió la realización de una consulta e instancia de participación ciudadana y a pesar de estos hechos negativos recién conocidos, desde las pobladoras y pobladores de Laraquete evalúan en generar un nuevo movimiento socio ambiental para la coordinación con las distintas organizaciones y continuar en la lucha por la protección del humedal y estero El Molino. Y finalizan su declaración con las siguientes palabras.

“Ante el nefasto panorama que amenaza con destruir un lugar de vital importancia, perder los grandes beneficios que nos entrega y  lo poco que nos queda de flora nativa dentro del territorio que habitamos,  hacemos un llamado a la toma de conciencia y acción que nos permitan evitar circunstancias que no nos hagan lamentarnos en un futuro próximo”.[:]

[:es]Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.[:]

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ROMPIENDO FRONTERAS:
PALESTINA: Especial Palestina en este 2021 Israel da muestras claras de querer exterminar al pueblo palestino.El compañero Armando Soto de la Sexta con Palestina nos narra los más severos acontecimientos.
MIGRACION CENTRO AMERICA: La caravana migrante viene desde Hondurasrompio el cerco militar el 16 de enero por el número de migrantes, el día 17 a toletazos y con gases lacrimogenos contuvo a les migrantes sin importarle la presencia de niñes y bebes. Redes y RedTzikin.
CHILE: 5 compañeras criminalizadas por pedir justicia para Nicole Saavedra. Radio Humedales
AUTONOMIA DIGITAL: Ante los cambios a las politicas de privacidas en redes sociales.Ni Whatsapp, Ni Telegram Ni Facebook, solo eres libre en el software libre.
MUNDO: Julian Assange es propuesto a recibir el premio nobel de la paz.
WALLMAPU MUNDO: Convocatoria a cadenazo para y por la niñez mapuche. Audio convocatoria de La Zarzamora

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
LUCHA POR LA VIDA MORELOS: Rodada y caravana contra la Termo en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. La herencia rebelde de Samir. Por Juan Pérez
MEXICO IMPUNIDAD: Salvador Cienfuegos exonerado, el gobierno de México ha traicionado cientos de miles de victimas y devuelto el trono a narco Salvador Cienfuegos. ZonaDocs
GUERRERO MEXICO: Familias de los 43 normalistas de ayotzinapa se quejan de la información a cuenta gotas que reciben por parte de las instituciones militares. Se deslindan de Felipe Cruz ex vocero de los 43 que ahora se descara como candidato a diputado prurinominal. Somos el medio y Prensa Ayotzi
CHIHUAHUA Cd JUAREZ: Jornada de protesta y de memoria a un año de a el impune asesinato de Isabel Cabanillas la mujer, madre, hija, compañera, amiga, artista, muralista, diseñadora, activista por los derechos de las mujeres y los migrantes. Hijas de su Maquilera Madre.
YUCATAN, CDMX, Y 20 CIUDADES MAS: Rodada por Justicia para Jacinto #NiUnaBiciBlancaMas
Rodada por el asesinato del ciclista Jacinto Leon Guzman más de 20 ciudades dicen, #NiUnaBiciBlancaMás. Instalan placa en CDmx frente a casa de gobierno de Yucatán.
MICHOACÁN: Organización de Mujeres Autodefensas, han sido víctimas de asesinato, secuestro y ya no están dispuestas a tolerar más violencia, tomaron las armas contra carteles del crimen organizado. Sin Embargo
CHIAPAS: Normalistas de la escuela rural Mactumacza aportan comida a les compañeres de la coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.COordinadora de Desplazados.

MÚSICA
Cumbia Palestina – Orkesta Popular San Bomba
Madre Espérame que Vuelvo – Frekuente #PrensaOpal
Viva Zapata – Acosta

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[:es]Por Renata Bessi

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[:es]Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

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 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

 

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Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

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[:es]Por Marlon García

En la actual Esquina de “las fotocopiadoras” de la 4ª avenida y 9ª. calle de la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1971, culminaba el plan de eliminación del último miembro de la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, USAC.

Como hoy, muy seguramente hace 50 años la muerte de esta persona pareciera carente de importancia directa a las familias campesinas a 268 km. en Panzós, Alta Verapaz. Pero la comprensión de un intrincado plan geopolítico, verdades ocultas por empresarios y gobernantes, un jugoso negocio transnacional en medio de dictaduras militares, la dignidad y resistencia del pueblo Q´eqchi´ y el sacrificio de cuatro profesionales de la Economía y el Derecho lo explica.

Para que sepas o confirmes su importancia te comparto este PDF. Quise haber terminado una versión actualizada de mi investigación pero la búsqueda de la sobrevivencia al 2020 no me lo permitió. Estoy trabajando en ella desde hace un tiempo. Y te la compartiré cuando este terminada ojalá en 2021.

Por de pronto desde mi taller dedico mis palabras y colores a Oscar Adolfo Mijangos López y la línea continuada de victimas provocadas por la minería en la Cuenca del Río Polochic.

Descargue el libro en pdf:

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Por: Daniel Arellano Chávez y Javier Abimael Ruiz García

El día jueves 7 de Enero de 2021, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional (que implica que dicho estudio abarca más de dos municipios de una misma región), para la construcción del Libramiento Sur, carretera que conectará el valle de Tlacolula con la súper-carretera que conecta al Distrito Federal. Esta publicación se da casi una década después de que distintas comunidades de los valles centrales del estado de Oaxaca, organizadas en la “Coordinadora de pueblos en defensa del territorio”, se opusieran a dicho megaproyecto pensando que lo habían enterrado por completo.

La autopista tendrá una extensión de 67.5 km y se construirá con una inversión de aproximadamente 4,74 mil millones de pesos, es decir, “un costo de $70,215,016.53 por kilometro”, de acuerdo con la MIA.  Alrededor de 46% de dicha inversión será de capital privado. Además, la MIA sostiene que “solamente 434.8041 hectáreas serán afectadas de manera directa, entre el desmonte de vegetación y la fauna desplazada” de aproximadamente 21 municipios pertenecientes a la región de los valles centrales de Oaxaca.

Minería y parques eólicos

Dentro de las zonas de incidencia e influencia del proyecto están la producción minera y de energía eólica en el Estado. La intención del gobierno federal es agilizar el transporte de mercancías dentro del proceso de circulación de capital privado y potencializar los proyectos existentes, no solo como concesiones (en el caso de la minería), sino los que son considerados como altamente potenciales (zonas consideradas altamente potenciales para generar energía eólica y fotovoltaica, como lo señalan los documentos del Inventario Nacional de Energías Renovables y el Atlas de Energías Renovables).

Dentro de esta amalgama, la interconexión con el Istmo de Tehuantepec y, por lo tanto, con el Corredor multimodal seco – uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno que intentará conectar el golfo de México con el Océano Pacífico -, así como las salidas a los grandes puertos y carreteras internacionales son de las cuestiones que más interesan en la construcción de este libramiento.

Ver también ⇒ Tras bloqueo, zapotecas logran apertura de diálogo con Semanart sobre mina de Cuzcatlán

De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a través de informaciones proporcionadas por la Coordinación General de Minería y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, entre el 1 de Enero del 2000 y el 30 de Septiembre del 2010, en Oaxaca fueron concedidos 366 títulos mineros de exploración y explotación, que comprenden más del 15% del territorio oaxaqueño. Este dato se ha ido modificando hasta las actuales 427 concesiones reportadas por la actual administración federal en Diciembre de 2018.

De las 366 licencias mineras reportadas hasta 2010, 132, es decir más de un tercio de todo el estado, se encuentran en los Valles Centrales, divididas como sigue, según los distritos: 13 en Etla, 9 en Zaachila, 38 en Ocotlán, 47 en Tlacolula y 25 en Ejutla. Los municipios más “afortunados” en tierras explotadas por licencias mineras son: San Jerónimo Taviche, con 26; San Pedro Totolapa, con 20; Ejutla de Crespo, con 15; San Lorenzo Albarradas, con 9; San Baltazar Chichicapám, con 7; Magdalena Teitepec, con 7; Zimatlán, con 6; San Juán Lachigalla, con 5; San Dioniso Ocotepec, con 5; San Francisco Telixtlahuaca, con 5; San José del Progreso, con 4; lugares por donde debe pasar el Libramiento Sur, convirtiéndose en una ruta de transporte para la explotación de los recursos mineros de la región.

Es importante señalar que las dos minas impuestas en territorio del estado de Oaxaca – Fortuna Silver Mines-Minera Cuzcatlán en San José del Progreso y Gold Resource- Don David Gold en San José de Gracia – se encuentran en procesos de expansión del proyecto, tras 10 años de haber entrado por la fuerza a los territorios.

A más de 11 años de resistencia contra esta ruta de despojo, y de sucesivos intentos de los diferentes gobiernos estatales, que incluyeron el sangriento sexenio de Ulises Ruiz (2004-2010) a la “Alianza por la Paz y el Progreso” encabezada por Gabino Cué en la primera transición política pactada en el Estado de Oaxaca (2010-2016),  nuevamente con el PRI en el gobierno de mano de los Murat, y con el respaldo del Gobierno Federal, se activa dicha obra.

El Libramiento Sur nada tiene que ver con la bondadosa intención de conectar una comunidad con otra, ni el interconectar pueblos de diferentes regiones. Más bien, es un factor indispensable para la expansión minera en el estado de Oaxaca. Las condiciones para su expansión se crean a partir de la construcción de infraestructura adecuada para dicho propósito, construidas no solo con dinero privado sino también con dinero público.

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[:es]Por Santiago Navarro F.

Este lunes 7 de diciembre de 2020 quedará marcado en la memoria de la humanidad. El agua, el vital líquido para la vida en el planeta tierra, ha sido enmarcado en los flujos de la oferta y la demanda del mercado financiero. Tal cual como cotizan en el mercado de futuros el trigo, el maíz, la soja, el petróleo y el oro, su escases comenzará a fluctuar como una mercancía más (commodity) en la bolsa de valores de New York, con el índice Nasdaq Veles California Water Index, con la clave de pizarra NQH2O, así lo ha informado CME Group.

La arquitectura de este nuevo instrumento financiero ha sido creada por CME Group Inc., la bolsa de futuros más grande del mundo. Esta empresa estadounidense ha decidido comenzar a cotizar con el agua de California, un mercado de 1.100 millones de dólares, son los primeros de su tipo en los EE. UU. Pero se espera que sea un referente para el mercado mundial del agua.

De acuerdo con los especialistas de CME, la determinación de incluir el agua en la ley de la oferta y la demanda del mercado de futuros se debe, en principio, a que los grandes consumidores de agua de California, y el resto de los Estados Unidos, se puedan proteger contra el aumento de los precios y apostar por su disponibilidad en un futuro, en el cual se avizora una mayor escasez. Actualmente, según datos de la ONU, más de 2 mil millones de personas, sobre todo aquellos en situación de pobreza y marginalidad, no tienen acceso al agua.

Esta determinación permite, también, especular con lo que se ve venir en un futuro no muy lejano para el planeta entero, ya que la propia empresa estadounidense prevé que casi dos tercios de la población mundial enfrentará una monstruosa escasez de agua para 2025. Estamos hablando de que, a mayor escasez, una mayor demanda eleva los precios de este commodity.

“La escasez de agua es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las comunidades y las personas en la actualidad en todo el mundo”, dijo Tim McCourt, director global de índice de acciones y productos de inversión alternativa en CME.

Apostar por la vida o el mercado

A menudo se han emitido conjeturas argumentado que las próximas guerras serán por el agua. Esto parecía algo muy lejano o algo que sonaba más próximo a una teoría de la conspiración. Pero el nuevo escenario ha comenzado. Quien gobierne los mercados del agua tendrán, incluso, un mayor poder que los llamados Carbon Major, las 20 compañías de combustibles fósiles que han tenido en sus manos las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón y, con ello, toda la matriz energética que ha sostenido el mercado basado en los combustibles fósiles.

El nuevo mercado del agua es en sí mismo el mercado por el derecho a la vida, porque los automóviles y las fábricas podrían quedarse sin energéticos, pero la humanidad perecerá sin el acceso a este vital líquido.

De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con sus vecinos ricos.

Este informe también asevera que, si continúa la degradación del medio ambiente y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales, se afectará principalmente la producción de alimentos y esto golpeará principalmente a los más pobres. “Para 2050 estará en peligro el 45% del PIB mundial y el 40% de la producción mundial de cereales”, puntualiza el informe.

El acceso al agua y la militarización

La ONU advierte que una de las regiones que serán fuertemente golpeadas por la escasez de agua será América Latina y el Caribe. “Se prevé que en América Central y América del Sur continuarán produciéndose los cambios observados en el flujo fluvial y la disponibilidad de agua, los que afectarán a las áreas más vulnerables”, señalaron expertos de la ONU.

Desde el Río Bravo hasta la Patagonia empresas como Coca-Cola, Nestlé, Du Pont, Monsanto, Cargill, ADM, entre otras, han privatizado ríos, manantiales y aguas subterráneas para la agricultura y la ganadería industrial, las mismas que han contaminado los espejos de agua existentes a su alrededor.

Pero también hay presencia militar. Un ejemplo es la llamada Triple Frontera donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coinciden con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná. En esta área se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea en el mundo. Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante. Esta es una zona estratégica dónde ha habido presencia militar de los EEUU.

Está área tiene una importancia de ámbito geopolítico, incluso, el Banco Mundial (BM), junto con la ONU y organizamos como la Organización Estados Americanos (OEA), viene implementando, desde los años 1990, procesos de administración y privatización de los principales mantos freáticos. Los planes de protección y conservación son mecanismos de administración de estas zonas estratégicas.

“En el año 2000, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron el Proyecto Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, para estudiar y planificar la gestión a largo plazo del SAG. El proyecto tardó dos años en desarrollarse y fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como principal financiador internacional, y por el Banco Mundial en julio de 2002”, señala el documento An Independent Evaluation of the World Bank’s Support of Regional Programs.

Por otra parte, están los conflictos por este vital líquido que ya han comenzado años atrás – la guerra del agua en Bolivia hace 20 años es un caso emblemático – y, para ello, se requerirán nuevos sistemas de seguridad, como los que esta implementando el Comando Sur como parte de su adiestramiento en los países aliados.

Mientras que el mercado del agua ha dado su siguiente paso con el sector financiero, ahora solo queda esperar que disponibilidad tendrán los pueblos y comunidades donde se encuentran los principales reservorios de agua dulce.[:]

[:es]Por Sare Frabes

El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.

Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.

Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.

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A continuación, el mensaje de las comunidades indígenas ante la sordera del estado y su interés para imponer megaproyectos de despojo.

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