Megaproyectos
Mientras los pueblos construimos vida, los malos gobiernos nos ofrecen muerte y destrucción: Nuevamente asesinan a cuatro compañeros del CIPOG-EZ
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humanos
A la Misión Civil de Observación Sexta
Al Pueblo de México
Al movimiento social de Guerrero
A los medios de comunicación
6 de abril de 2026
Hermanos, hermanas, de México y del mundo, la mañana de hoy 6 de abril de 2026, pasadas las 7 de la mañana, en la comunidad de Xicotlán, perteneciente al municipio de Chilapa, fueron asesinados nuestros hermanos Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula.
La comunidad de Xicotlán donde fueron asesinados, así como la de Tula de donde eran originarios, son parte del Concejo Indígena y Popular de Guerrerro Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Ambas comunidades han sido asediadas por el grupo narco-paramilitar de los ardillos a quienes hemos denunciado por muchos años, pero que sabemos que han sido protegidos por los gobiernos estatales, municipales y federales. Nuestros 4 compañeros, habían llegado por la mañana a realizar su trabajo de albañilería, cuando de pronto hombres armados en una camioneta de color blanco, blindada, abrieron fuego en contra de ellos, arrebatándoles la vida.
Ellos se dedicaban a la construcción, al mismo tiempo que formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero, eran Policías Comunitarios de los Pueblos Fundadores y del CIPOG-EZ, pues la tortura, descuartizamientos, desapariciones, asesinatos y demás atentados en contra de la vida a nuestras comunidades cometidos por los ardillos, los llevaron a ser defensores de la vida, de la tierra y del territorio, o sea que además de construir casas, construían un mundo mejor para nuestras comunidades; eran parte también del Congreso Nacional Indígena.
Su asesinato no es casual. Ya en 2022 habían asesinado a Guillermo Hilario Morales quien fuera promotor del CIPOG-EZ y tío de los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario, a quienes hoy les tocó ser asesinados, padecer la incompetencia del gobierno, pero también su complicidad. En el crucero del Jagüey hay un cuartel del Ejército Mexicano, por ahí cruzó la camioneta blanca, blindada, con hombres armados, rumbo a Xicotlán, por el mismo lugar salió la camioneta después de haber perpetrado los asesinatos. Ese crucero está a menos de 15 minutos de distancia de Xicotlán, aproximadamente a 1 kilómetro entre el cuartel y la comunidad de Xicotlán. El ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades, que se suman de 2018 a la fecha. Pero no solo eso, en cada asesinato y agresión que hemos vivido, llegan los ministeriales, la fiscalía, se enteran los presidentes municipales, llega a oídos de la gobernadora del estado, se entera el gobierno federal y no existe hasta ahora ningún responsable, ninguna investigación en proceso ¿eso ocurrirá con nuestros 4 compañeros asesinados el día de hoy? ¿eso nos espera a las comunidades que formamos parte del CIPOG-EZ? ¿la muerte y el sufrimiento es nuestro inevitable destino?
El compañero Isaías Morales Lucas, fue uno de nuestros hermanos promotor del CIPOG-EZ, defensor de la vida, tierra y del territorio. Hoy también fue asesinado. Llevábamos 2 años solicitando para él, el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero le fue negado. Hoy ya no está con nosotros. “NOS ESTÁN ASESINANDO FRENTE A LA INDIFERENCIA DEL GOBIERNO”, se leía a espaldas de nuestro hermano Isaías Morales, en una lona allá en noviembre de 2022, cuando realizamos un acto de protesta y de memoria porque el 5 de noviembre los ardillos habían asesinado a Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales a 100 metros de un puesto de control del Ejército Mexicano. Hoy fue asesinado frente a la indiferencia del gobierno. quizás en 2022 quienes gobernaban eran unos, hoy son otros u otras, da lo mismo, el gobierno ha dejado claro que no le interesan los muertos de los pueblos, la violencia a la que son sometidos, ni hablar de la pobreza y miseria.
Los gobiernos nos han dejado claro que están con los delincuentes: el diputado del PRD Bernardo Ortega, es hermano de Ivan Ortega y Celso Ortega, líderes del grupo narco-paramilitar los ardillos, desde donde se construye una red criminal entre la clase política de Guerrero y los ardillos; derivado de esta red, presidentes municipales, policías municipales, estatales, ministeriales, están al servicio de los ardillos. Celso Ortega es el mismo que se aprecia en un video con Norma Otilia Montaño, ex-presidenta municipal de Chilpancingo y parte de Morena, quien le pregunta a Celso Ortega, cómo lo puede ayudar. Morena le retiró sus derechos políticos por unos meses y pero ya esta de vuelta, como si no hubiera pasado nada. A la fecha de hoy, la presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino es familiar de los ardillos. A nivel territorial, los ardillos extorsionan, cobran piso, secuestran, asesinan, torturan, desaparecen, queman negocios, transporte público, obligan a las personas a hacer bloqueos carreteros, siembran, procesan y venden drogas; todo lo anterior lo hacen con total impunidad y protección de los 3 niveles de gobierno.
Es por lo anterior que responsabilizamos a los gobiernos municipales, al estatal de Evelyn Salgado, y al subsecretario del gobierno de Guerrero Francisco Rodriguez Cisneros, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato de nuestros 4 compañeros. No seremos parte de su mentira de que en el país todo va bien, porque ¡NOS SIGUEN ASESINANDO Y USTEDES NOS SIGUEN IGNORANDO! Denunciamos frente al pueblo de México y al mundo que nuestro estado está controlado por el crimen organizado en alianza con los gobiernos y que éstos últimos sólo simulan orden, pero que la realidad los rebasa y la sangre de nuestros muertos es una muestra más del desprecio por la vida que los malos gobiernos actuales practican y encubren. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a nuestras compañeras y compañeros solidarios, a exigir al gobierno mexicano el ¡ALTO A LA GUERRA! en contra de nuestros pueblos y de los pueblos de México. Nosotras y nosotros, como CIPOG-EZ nos mantendremos en esta digna lucha por la vida, recordando a quienes han dado su vida por la construcción de un mundo en el que la violencia sólo sea un mal recuerdo de un tiempo que no tuvo que existir y por nuestros caídos, juramos vencer.
¡HASTA SIEMPRE HERMANOS ISAÍAS MORALES LUCAS, BERNARDINO HILARIO OCOTLÁN, ERNESTO HILARIO OCOTLÁN E ISACAR VILLALBA ROSARIO!
¡NO HAN MUERTO COMPAÑEROS, VIVIRÁN EN NUESTRA MEMORIA Y REIVINDICAREMOS SU NOMBRE EN EL LARGO CAMINO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR MUNDO PARA TODOS Y TODAS!
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.



Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,
a 19 de marzo de 2026.
Boletín de prensa No. 3
Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal
- Denuncia internacional ante la CIDH y la ONU: exigimos protección y justicia para Oscar Trinidad Carbajal y familia.
Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que el 4 de noviembre de 2025, fue detenido y torturado el Joven Oscar Trinidad Carbajal, originario de Tapachula, comerciante, mientras transitaba por las calles de su ciudad, fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Lo llevaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa conocida como Akishino, donde le exigieron dinero: dos millones de pesos. Al negarse, comenzó el tormento. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo asfixiaron con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, lo golpearon en el cuerpo y lo humillaron con palabras que buscaban quebrar su voluntad. Un agente lo pateó en el estómago hasta hacerlo convulsionar. Le obligaron a beber líquidos amargos, lo dejaron inconsciente y tuvieron que reanimarlo con RCP porque había dejado de respirar.
Trasladado al Hospital General del IMSS en Tapachula, ingresó con diagnósticos graves: síndrome post-parada cardíaca, lesión renal aguda, rabdomiólisis. Allí, los mismos agentes que lo habían torturado lo custodiaban y decían a los médicos que estaba drogado, intentando encubrir la violencia ejercida. Oscar exigió una prueba de sangre, buscando defender su verdad en medio de la manipulación institucional.
Mientras tanto, su familia lo buscaba desesperada. El 5 de noviembre recorrieron hospitales y la Fiscalía, donde les negaban información. Solo al reconocer el coche de Oscar en el estacionamiento supieron que había estado allí y que lo habían llevado de emergencia al hospital. La incomunicación, las amenazas y el ocultamiento fueron parte del mismo patrón.
El 6 de noviembre de 2025, Oscar Trinidad permanecía incomunicado y bajo amenazas constantes. Los agentes de la FRIP le mostraban fotos de su casa y le decían: “¡ahora sí vas a cooperar, sabemos qué haces y a qué te dedicas!”. En el hospital solo recibía suero y medicamentos que lo adormecían. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, fue trasladado nuevamente de manera violenta de la clínica a la Fiscalía. Durante el trayecto, los agentes lo agredieron físicamente y condujeron a gran velocidad, provocando un accidente en el que murió un policía. Aunque una ambulancia llegó para auxiliar, la tortura continuó dentro de ella: golpes en el estómago, costillas y cabeza, amenazas de muerte y hasta intentos de estrangulamiento, interrumpidos solo cuando la presencia de personas alrededor obligó a detener la agresión.
Por la noche, la FRIP ordenó su salida del hospital hacia la Fiscalía, donde las torturas persistieron hasta que una actuaria federal notificó el amparo promovido por su familia. La Fiscalía intentó justificar la detención alegando flagrancia ese mismo día, iniciando la Carpeta de Investigación C.I.1229 por delitos de resistencia y posesión de drogas. Sin embargo, la versión resulta inverosímil: Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta detención.
El 7 de noviembre, el Ministerio Público decretó su libertad bajo reservas de ley, pero inmediatamente se ejecutó otro mandamiento judicial imputándole narcomenudeo (C.I.1227). Fue trasladado al Juzgado de Control adjunto al CERSS No. 03, donde nuevamente sufrió tortura. La investigación se sostiene en un testimonio dudoso: una persona que habría entregado drogas a la Fiscalía y señalado a Oscar como responsable de amenazas días antes.
El caso de Oscar Trinidad revela cómo el sistema penal acusatorio puede ser manipulado para fabricar culpables y legitimar la violencia estatal. El 7 de noviembre de 2025, pese a su grave estado de salud, el Juez de Control de Tapachula le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Durante los traslados entre juzgado y hospital, Oscar fue nuevamente torturado. El 9 de noviembre recibió la notificación de un segundo amparo para garantizar atención médica urgente, pero las negligencias persistieron. El 11 de noviembre fue llevado a otra clínica bajo custodia de la FRIP, sufriendo nuevas agresiones.
Los registros médicos muestran inconsistencias graves: múltiples expedientes abiertos para la misma persona, omisión de protocolos adecuados, falta de seguimiento clínico y diagnósticos contradictorios. Se documentan lesiones como trauma ocular, fracturas faciales y complicaciones derivadas de la tortura (rabdomiólisis, falla renal, síndrome post-parada cardíaca). Además, se utilizó lenguaje discriminatorio al atribuir patologías al supuesto consumo de drogas sin pruebas de laboratorio.
Los antecedentes muestran que, semanas antes de su detención, Oscar había sido hostigado y extorsionado por la FRIP, quienes le exigían dinero a cambio de dejarlo trabajar. El 1 de noviembre fue detenido y presionado para pagar dos millones de pesos como “cobro de piso”.
Este patrón evidencia cómo la corrupción se inserta en el sistema penal acusatorio: primero la extorsión, luego la detención arbitraria, la tortura y finalmente la fabricación de pruebas. La Fiscalía construyó una versión inverosímil, articulando autoridades para inculparlo mediante montajes. Desde nuestra documentación hemos corroborado un comportamiento sistemático de funcionarios vinculados a operativos de la Fiscalía General del Estado, con al menos 20 casos similares registrados entre 2010 y 2025; cuatro de ellos directamente relacionados con la FRIP en distintos municipios de Chiapas.[1]
A pesar de los recursos legales interpuestos, la impunidad prevalece. Oscar Trinidad permanece privado arbitrariamente de su libertad, mientras él y su familia enfrentan un riesgo directo a su vida e integridad por el hostigamiento sistemático de las FRIP.
Hacemos un llamamiento especial, al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice el acceso a los servicios de salud y cuando se encuentren frente a situaciones como la de Oscar Trinidad, velar por el interés superior que es la vida y no ceder a presiones externas.
La historia de Oscar Trinidad Carbajal es el reflejo de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y pactos de impunidad que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la familia y el Frayba hemos presentado una Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remitido información urgente parar el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, así como la petición de caso ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.
Exigimos que se garantice de manera inmediata a Oscar Trinidad atención médica y psicológica adecuada, que se evalúe la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa que no agrave su estado de salud, y que se adopten medidas de protección para él y su familia frente a posibles represalias por haber denunciado. Finalmente, pedimos una investigación pronta, independiente y expedita contra los elementos de la FRIP, que rompa con los pactos de silencio y de impunidad que han permitido la repetición de estas violencias.
Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida de Oscar Trinidad y la seguridad de su familia dependen de que las instituciones actúen con firmeza y asuman su responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación. Es indispensable que el eslogan, ampliamente difundido en los medios, de “Cero Impunidad” deje de ser una consigna vacía y se convierta en una realidad efectiva, capaz de proteger a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y poner fin a la violencia y a los pactos de silencio que sostienen la tortura y la corrupción.
Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para que, desde todos los espacios posibles, se exija al Estado mexicano detener este acto de injusticia social de gran envergadura, que se equipara a prácticas de terror de Estado. La situación de Oscar Trinidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y persecución contra quienes se atreven a resistir. Por ello, convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades y personas solidarias a alzar la voz y exigir medidas inmediatas de protección, atención médica y justicia, así como el fin de los pactos de impunidad que sostienen la violencia institucional. La defensa de Oscar Trinidad es también la defensa de la dignidad humana frente a la maquinaria del terror y la corrupción.
[1] Frayba. Boletín de Prensa No. 1. 1 de febrero de 2026. Disponible en: https://frayba.org.mx/260201_tortura_chiapas
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