^{En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.}

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.

Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente

Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.

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“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.

Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.

Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.

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A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.

Vínculos con crimen organizado

Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.

Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.

De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.

Violencia continúa

Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

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Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.

Científicos de todo el mundo han denunciado que la crisis climática llegó a su punto crítico y que alcanzará un punto de no retorno en las próximas décadas si las emisiones de gases de efecto invernadero no fueren reducidas drásticamente.

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También ha sido denunciado por científicos, organizaciones y pueblos que las soluciones a la crisis que están siendo negociadas en las conferencias del clima de las Naciones Unidas, las llamadas COPs (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado), son falsas soluciones y que acaban beneficiando especialmente a las corporaciones responsables por el cambio climático.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y hasta la fecha “no han generado ni solo un impacto en la [reducción] de las emisiones, por lo tanto, continúa el incremento de la temperatura”, explica Martin Vilela, de la organización Corporate Accountability.

La mayoría de las soluciones propuestas para combatir la crisis se basan en lo que llaman ‘neutralidad de carbono’. Es un concepto que “permite continuar extrayendo combustibles fósiles, degradando ecosistemas, expandiendo la frontera agrícola, destruyendo bosques, bajo la promesa que en el futuro se aplicarán medidas que van a absorber y compensar estas emisiones”, explica Vilela.

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Esta lógica predominó en las propuestas de solución a la crisis climática, a las cuales adhirió la mayoría de los países en el mundo, porque hubo una “captura corporativa de las estructuras de gobernanza climática” por parte de las empresas contaminantes, especialmente la industria de petróleo. “Las corporaciones han desarrollado cantidades de mecanismos para poder controlar las negociones internacionales del cambio climático”, agrega Vilela.

Entre las falsas soluciones que han sido denunciadas por pueblos y organizaciones en todo el mundo están el avance de las energías renovables a escala de megaproyectos, el gas como energía de transición y los mercados de carbono.

Sin embargo, hay una cuarta falsa solución que, según la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC), se tiene poca información sobre cómo se está desarrollando en América Latina, la llamada geoingeniería climática.

La cantidad de bosques y tierra necesaria para compensar las emisiones que se están generando y serán generadas en todo el mundo no es suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono, entonces surgió la propuesta de un tipo de tecnología que busca separar el carbono emitido de la atmosfera. “Como la naturaleza no alcanza para cubrir todas las propuestas de ‘cero emisiones netas’ y Soluciones Basadas en la Naturaleza, van por arreglos tecnológicos de alto riesgo, como geoingeniería”, explica Ribeiro.

La investigadora aclara que la industria de la geoingeniería todavía se está desarrollando, pero son proyectos experimentales que ya están en toda América Latina, siendo los principales inversionistas las petroleras, automotoras, empresas tecnológicas y otros grandes contaminadores.

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Ribeiro alerta que la presencia y los impactos de estos proyectos en los territorios no son tan evidentes como, por ejemplo, los casos de explotación minera, por eso es necesario aprender a identificarlos.

Además de ser una falsa solución a la crisis climática, ya están causando impactos en pueblos y comunidades. “Lo que va a pasar y lo que ya está pasando con estas tecnologías es que van a impactar las mismas comunidades que ya están siendo impactadas” por proyectos de gran envergadura.

Manipulación de la naturaleza

La geoingeniería, como define Ribeiro, es la manipulación intencional y tecnológica a gran escala de los ecosistemas, sea en la tierra, en el mar y el aire, para tratar de contrarrestar algunos de los síntomas del cambio climático. Todas ellas son todavía “tecnologías desconocidas, de alto riesgo, porque plantean intervenir en los ecosistemas”.

Como ejemplo de estas tecnologías se puede citar proyectos de alcalinización del océano, en marcha en la República Dominicana; el cultivo industrial de algas para capturar carbono, en Chile; la ingeniería solar, en países como Argentina y Jamaica, que consiste en “rebotar los rayos del sol”. Para eso se crea artificialmente nubes con sulfuros, conocidas como volcánicas, que pretenden tapar la luz del sol, ya que son muy densas por haber sulfuros, como cuando hay las explosiones volcánicas. “Esto podría tener impactos sumamente desiguales, ya que puede bajar la temperatura donde se aplica esta técnica, pero crear impactos en otras regiones”, explica la investigadora.

Otra de las propuestas es la captura y uso del carbono, en marcha en Chile y Colombia. “La idea de estos proyectos es utilizar el carbono capturado en algún producto, como por ejemplo en la coca-cola – esto no es un chiste –, [es decir], sacar de la atmosfera el dióxido de carbono y meterlo en botella de coca-cola”. Pero el uso más común sería para la producción de combustibles sintéticos como el ‘hidrógeno verde’.

Hay en Chile un proyecto de captura de aire, que son grandes ventiladores que filtran el aire, utilizando sustancias químicas, y separan el carbono para utilizarlo.

Un último ejemplo, que se desarrolla principalmente en Brasil, es la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. La teoría, explica la investigadora, es que se planta muchos árboles, los árboles absorben carbono y son quemados para generar bioenergía. Lo que sale de este proceso – los gases – se vuelve a enterrar.

Sin embargo, “cuando se retira las plantaciones, se emite más carbono, además del transporte, fertilizante y los agrotóxicos utilizados, todo eso genera nuevas emisiones”.

Más petróleo

La tecnología más difundida en América Latina es la captura y almacenamiento de carbono, tecnología que tuvo su origen en la industria del petróleo. Está presente en Argentina, Colombia, Trinidad Tobado y, principalmente, México y Brasil (región del PréSal, área de reservas de hidrocarburos que se ubican a más 7 mil metros abajo de la capa salina en la costa de Brasil), países con importante explotación petrolera.

Con la tecnología, explica Ribeiro, el carbono es captado de diferentes formas y es inyectado por gasoducto en pozos paralelos y conectados a los pozos de petróleo, que ya han sido explotados por mucho tiempo, de tal manera que, con la presión, se empuja hacia arriba las reservas profundas de petróleo que no podían ser extraídas. Con eso se extrae más petróleo y el carbono se queda atrapado en el subsuelo.

La investigadora apunta que más de 85% de las plantas de captura y almacenamiento de carbono en el mundo están hechas para recuperar más petróleo, para acceder a reservas que hasta ahora no han podido ser accedidas. “En realidad es una excusa para seguir emitiendo carbono”.

Ribeiro explica que esta es la tecnología más antigua, pero no era utilizada por no ser rentable. ¿Y por qué están utilizando ahora? “Solo porque hay subsidios gubernamentales (…). Además, venden los créditos de carbono que dicen que se almacena dentro de estas instalaciones”.

En todas las formas de geoingeniería se plantea manejar los síntomas, nunca las causas de la crisis climática y, por lo tanto, el cambio climático va a continuar, analiza Ribeiro. “Esto crea un mercado cautivo para los que promueven la geoingeniería y desvía la atención y recursos de las soluciones reales”.

Nuevos mercados

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías sus inversionistas buscan nuevos mercados. “Solo les interesa si hay dinero. Y el dinero se prevé a través de los nuevos mercados de carbono que están siendo discutidos en Naciones Unidas, específicamente con el Acuerdo de Paris”, puntualiza la investigadora.

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Para todo eso el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Comisión Andina de Fomento están construyendo nuevos marcos de préstamos, y los están intermediando las grandes ONGs conservacionistas, como WWF y Conservación Internacional. Además, ha surgido una serie de nuevas empresas que son las certificadoras y las verificadoras, que “van a ganar mucho con esto”, remarca la investigadora.

Información para la defensa

El tema de la geoingeniería climática es relativamente nuevo, sin embargo, los expertos que han acompañado y estudiado el tema coinciden en que es necesario que los pueblos, las organizaciones, la gente en general, reconozcan estos proyectos en el territorio, de manera que se pueda construir resistencia a ellos.

“Parece algo muy abstracto y muy técnico, pero está manifestándose en las distintas regiones, lo que queremos es informar de la forma mas adecuada posible para que las organizaciones, los activistas puedan defender sus territorios”, dijo Verónica Villa, del Grupo ETC.

De acuerdo con Ribeiro, existe solamente un lugar en el mundo donde están prohibidas las tecnologías de captura de carbono, es el condado de Nueva Orleans, Estados Unidos. “Esto porque las comunidades de descendencia africana no lo permitieron”.

“Es muy importante aprender a identificar estos proyectos y lo que conllevan para que nos vayamos organizando y podamos hacer presión a los gobiernos, pero sobre todo promover alternativas reales desde las comunidades”, conluye Ribeiro.

El tema fue debatido en el encuentro Geoingeniería Climática en América Latina, organizado por el Grupo ETC y Corporate Accountability.

En México, el Senado de la República pospuso, el miércoles (21), la votación que amplia el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.

En 2019, el Congreso de la Unión había decidido otorgar a las Fuerzas Armadas la legitimidad para actuar en los pueblos, carreteras, municipios y Estados hasta marzo de 2024.

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Los senadores regresaron a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el dictamen de reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional, ya aprobado por la Cámara de Diputados el pasado martes (13).

La maniobra fue realizada bajo el aval del Movimiento de Regeneración Nacional

(Morena) que buscará reunir los votos que aún le faltan para completar la mayoría calificada necesaria, por tratarse de una reforma constitucional.

Las comisiones tienen un plazo de diez días hábiles para aprobar el nuevo dictamen y enviarlo a la mesa directiva.

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Este plazo debería “servir para discutir cómo mejorar la seguridad sin profundizar la militarización carente de controles y no para presionar a lxs senadorxs que votarían en contra”, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), en sus redes sociales.

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.

El martes (20) ocurrió en Oaxaca el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, encabezado por el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, junto a representantes del sector económico, como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y Oxxo.

El objetivo de estos encuentros ha sido, según el embajador de Estados Unidos, abordar las oportunidades de “desarrollo” para la región.

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“Nuestros gobiernos federales, en asociación con líderes regionales del sector privado, han organizado cinco reuniones conjuntas (sexta con la actual) con los gobernadores de los estados del sur de México para promover la cooperación público-privada para promover las oportunidades de inversión, el desarrollo económico y los objetivos ambientales y climáticos”, sostuvo el embajador Salazar.

De todos los proyectos que están en curso en esta región, el más importante, según el anfitrión del evento, el gobernador de Oaxaca Alejando Murat, es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Estamos aquí para seguir construyendo, con el apoyo de nuestros hermanos de los Estados Unidos, el andamiaje para consolidar proyectos de impacto global que van a catapultar el comercio y las energías”, afirmó Murat, quien agradeció a los EEUU el respaldo para “detonar el desarrollo del sur-sureste por medio” de dicho proyecto.

El gobernador destacó que la relación histórica con los Estados Unidos es cercana y “debe serlo aún más ahora en que los nuevos tiempos requieren un trabajo en equipo para sacar adelante temas de la agenda común como el comercio, la inversión y la migración (…) Estamos listos para seguir haciendo equipo con los Estados Unidos”.

Murat envió un mensaje a los inversionistas, algunos de los cuales ya presentaron un programa de inversión, como la empresa Amazon, para darles seguridad a sus negocios. “Nosotros les vamos dar la seguridad a través del TMEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá] de cualquier inversión de sus empresas en cuestiones de seguridad ante situaciones irregulares por el tema bélico, comercial (…). Aquí van a tener la posibilidad de producir cualquier producto, moverlo a Asia, a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos y Canadá”.

Tema recurrente en la reunión, la seguridad también fue mencionada por Salazar. Hay la necesidad de “unir esfuerzos para enfrentar el reto compartido de la seguridad, porque con seguridad, hay prosperidad”.

“Resultados históricos”

En un comunicado, Salazar sostuvo que en cada encuentro “hemos tenido resultados históricos”. En esta última reunión, Amazon anunció la generación de 900 empleos en el sureste, que permiten conectar a la región con Estados Unidos y Canadá, a través de las tecnologías y la digitalización.

Por su parte, META anunció un programa de “capacitación a miles de personas para aprovechar las oportunidades que surgen de nuestra integración a través de una fuerza laboral bien preparada que pueda construir un mejor futuro”.

Nuevo gobernador

Salomón Jara Cruz, el gobernador electo de Oaxaca, también estuvo presente en la reunión y aseguró que continuará con la política y trabajo que viene realizando Murat. “Vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”, dijo Cruz quien reafirmó su proyecto de industrializar Oaxaca.

“En Oaxaca no tenemos como economía la industria, somos mas comerciales, mas de servicios. Este proyecto [Corredor Interoceánico] es un proyecto estratégico para el sur-sureste, hasta para Centroamérica”, compartió.

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Además de la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico por un tren, el Corredor prevé la construcción de 10 zonas económicas especiales de por lo menos 300 hectáreas y que tendrán beneficios fiscales y regulatorios.

Otros temas

Entre los temas en discusión estuvo la “crisis migratoria y cómo afecta a la región y a Oaxaca”, con el objetivo de discutir, según un comunicado de gobierno, “las estrategias de fortalecimiento del estado de derecho, así como de desarrollo social y económico que permiten disminuir los impactos negativos de este fenómeno”.

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Uno de los paineles del encuentro fue nombrado “Muéstrame el Dinero: Opciones de Financiamiento Internacional y de Estados Unidos”, en el cual organizaciones financieras como la U.S International Development Finance Corporation (FDC), la United States Trade and Development Agency (USTDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la IFC del Banco Mundial explicaron cuáles son sus sectores prioritarios y criterios para brindar financiamiento.

Participaron del encuentro los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, además del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y el director de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Siliceo Valdespino.

México está bajo presión para firmar un convenio internacional que debe restringir el derecho del campesino y de los indígenas a guardar, intercambiar o vender semillas nativas o criollas. Incluso sus casas y campos pueden ser revisados, sus cultivos y cosechas pueden ser destruidos, sin orden judicial, con el acompañamiento de fuerzas militares. El objetivo es garantizar el derecho de propiedad de las semillas, patentadas y privatizadas generalmente por grandes empresas, como Bayer-Monsanto.

La presión viene del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), firmado en 2018, y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), firmado en 2019, que obligan a México a adherirse, en máximo 4 años, al acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). En las comisiones del Congreso de la Nación un proyecto de reforma a la Ley Federal de Variedades Genéticas se tramita de manera a incorporar el contenido de la normativa internacional a las leyes nacionales.

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“Eso seria anteponer los intereses mercantiles sobre los derechos humanos. Así como el interés privado por encima del público. Todo ello bajo el argumento de que los derechos de Obtentor impulsan la innovación, la inversión, la generación y transferencia tecnológica”, sostuvo Alejandro Espinosa Calderón, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El impacto que podría causar dicha aprobación abarca la mayoría de las unidades de producción en México. La Encuesta Nacional Agropecuaria, de 2017, revela que las unidades de producción en México, que se estima utilizan semillas criollas, es del 77.5%.

Reglas más rígidas

La UPOV es una organización creada en 1961 y constituye un medio legal mundial para establecer figuras de apropiación de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales a través de patentes. A lo largo de estas décadas la organización ha creado normas para regir la propiedad intelectual sobre la biodiversidad y las semillas que se constituyen en un documento que le llaman acta.

El acta de la UPOV ha sido revisada y actualizada en los años 1972, 1978, 1991 con una tendencia marcadamente privatizadora de la biodiversidad y de las semillas. Hoy están vigentes dos versiones, el acta de 1978 y el acta de 1991. La mayoría de los países de América Latina han suscrito el UPOV 1978, pero en los últimos años los países que han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos han sido obligados a suscribir el acta de 1991.

De acuerdo con German Alonso Vélez Ortiz, del Grupo Semilla, una organización de Colombia que lucha contra la incorporación del acta UPOV 1991 en la legislación de su país, dicha acta es mucho más restrictiva que el documento de 1978.

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“Posibilita apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas que hoy existen, pues todas ellas pueden ser ‘descubiertas’ por un Obtentor no campesino o su empleador, luego de tomarlas de los campos de agricultores, las reproduzcan, realicen algún nivel de selección, las homogenice (“poner a punto”) y luego las privaticen”, explica Ortiz.

La UPOV 1978 reconoce el derecho de los agricultores a reproducir, vender o guardar semillas protegidas, con la autorización y mediante un pago al ‘Obtentor’ de la propiedad intelectual; mientras la UPOV 1991 no reconoce y restringe totalmente el derecho del agricultor a guardar intercambiar y vender las semillas privatizadas, incluso la cosecha y sus productos pueden ser propiedad del ‘Obtentor’ de la variedad.

Además, la versión más reciente del acta permite extender la propiedad privada sobre otra variedad que es “similarmente confundible” a aquella que se privatizó.

Transgénicos en México

En 1996, México promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales. Un año después se adhirió al acta UPOV 1978 como parte de los compromisos adquiridos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Mientras en otros países de América Latina la siembra de transgénicos se inició en 1990, en México la autorización de la siembra experimental de maíz transgénico ocurrió en 2009.

En 2012, empieza la siembra comercial de la soya transgénica que, si bien se detuvo por la defensa de los apicultores mexicanos y productores de Yucatán, “lo daños y secuelas de aquella autorización aún continúan”, sostiene Calderón.

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Diversos estudios han reportado la contaminación transgénica de poblaciones nativas de maíz y algodón, “un gran riesgo para las variedades de esta especie ya que México es centro de origen y domesticación y diversificación”, evalúa Calderón.

En 2005, se publicó la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Con ella, de 2005 a 2018, se otorgaron, de acuerdo con el representante de Conacyt, permisos para la liberación al ambiente del algodón y maíz transgénico a unas pocas empresas. “Estas empresas también patentan estos transgénicos en otros países precisamente derivado de la pertenencia al acta UPOV 1991”.

Presión de los Estados Unidos

Los pactos, los convenios y los tratados de libre comercio han sido, según Ortiz, cruciales para la privatización de las semillas. “Han sido el instrumento para despojar los bienes comunes y han limitado la posibilidad de que las comunidades puedan guardar, sembrar, compartir y reproducir su propia semilla”.

Además del Convenio UPOV, están el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. “En su conjunto son un sistema de leyes y normas vinculadas con la propiedad intelectual sobre biodiversidad y semillas, con patentes o derechos de ‘Obtentor’, y también con un sistema de restricciones y vigilancia que va del registro a la certificación de semillas y que construye una serie de cercos, a los que hoy se suma la digitalización, para ir impidiendo que la gente pueda relacionarse libremente con sus semillas”, explica el miembro del Grupo Semilla.

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Los Estados Unidos han incluido en todos los acuerdos de libre comercio la obligación de que los países suscriban el Convenio UPOV 91. La Unión Europea y Japón hacen lo mismo, explica Ortíz.

“Para Estados Unidos los tratados de libre comercio deben aplicar patentes a todos los ámbitos del comercio (sin excepciones, ni exclusiones), especialmente sobre materia viva y conocimiento asociado. Los países que suscriben tratados comerciales adquieren la obligación de realizar ‘esfuerzos razonables para otorgar patentes a plantas’”.

Colombia: un espejo

Una vez que Colombia firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se adhirió al Convenio UPOV 1991, y se crea una ley para reglamentar su contenido en las leyes nacionales.

Después de manifestaciones en todo país, la Corte Constitucional declaró que la ley era inexequible, es decir imposible de llevar a efecto, por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Sin embargo, ha habido presiones directas del gobierno de los Estados Unidos para que la ley sea aprobada. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en un reporte especial, afirma: “Colombia aún necesita hacer avances adicionales en compromisos relacionados con la propiedad intelectual, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, en particular las disposiciones con respecto a la responsabilidad de los derechos de autor y adhesión al Acta de 1991 de la UPOV 91”.

Por otro lado, Colombia posee la Ley de Certificación de Semillas, la cual protege los derechos ‘detentores’ y se complementa con las legislaciones que controlan la comercialización de las semillas. “Solo se puede comercializar semillas certificadas y registradas. Los agricultores no pueden vender sus semillas criollas en los mercados locales por no ser semillas certificadas”, explica Ortiz.

Con leyes de este tipo, “los gobiernos establecen estándares de calidad y sanidad definidos por las empresas de semillas y les permite controlar el mercado de semillas; determina quiénes y bajo que requisitos pueden mejorar y conservar, producir, usar, intercambiar y comercializar semillas; se prohíbe y convierte en delito la reproducción, intercambio y comercialización de semillas; se imponen multas por la comercialización de semillas ‘no legales’”.

Guardianes de la diversidad

Las semillas nativas y criollas son bienes comunes de los pueblos y comunidades. “Desde épocas ancestrales han sido compartidas en las comunidades, han circulado libremente, sin restricciones, sin controles externos, para producción, uso y difusión. Han sido recibidas por nuestros antepasados para ser entregadas a nuestros hijos como garantía para su soberanía alimentaria”, apunta Ortiz.

El modelo de desarrollo que existe en el mundo ha hecho que gran parte de la agrobiodiversidad, más de 75%, haya desaparecido en el ciclo pasado, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

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Los campesinos conservan más de 7 mil cultivos, mientras la agroindustria se enfoca en 150 especies. Solo cinco cultivos de la revolución verde y biotecnológica sustentan su producción y la alimentación global.

“La diversidad genética y el conocimiento milenario de los pueblos originarios y comunidades indígenas se utiliza como lucro por entidades privadas alrededor del mundo para desarrollar otras variedades en un proceso que se distingue por la uniformidad. Eso conduce a mecanismos de apropiación de variedades que deben ser de dominio público y favorecen la propiedad intelectual, el provecho económico de unos pocos. El avance de grandes capitales y corporaciones llevan al surgimiento de organizaciones como la UPOV”, resume Calderón.