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(Español) Tren Maya Made in Germany

  • Date:27 Jun 2022

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Investigación sobre la participación de empresas alemanas en el proyecto Tren Maya

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Tren Maya – Made in Germany – Die gesamte Recherche (DE) 2022
Research: Tren “Maya” Made in Germany (EN) 2021

Según los discursos oficiales, los proyectos de infraestructura significan progreso y desarrollo. De este modo, el proyecto de ferrocarril y autopista „Tren Maya“ parece sólo a primera vista un proyecto inofensivo del gobierno mexicano: En una distancia de más de 1.500 kilómetros, la nueva ruta va a conectar cinco estados federales. Lxs políticxs y las empresas prometen puestos de trabajo, un aumento del turismo e incluso, el camino hacia la modernidad. La realidad es diferente. Este megaproyecto significa la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de la población indígena, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una militarización adicional en una de las regiones más conflictivas del país. A cambio unxs pocxs esperan obtener grandes ganancias y por eso siguen llevando a cabo, sin interrupción, el proyecto del „Tren Maya“. Capital alemán y empresas alemanas también participan en la planificación, construcción y la puesta en marcha del „Tren Maya“. La siguiente investigación se da a partir del viaje de lxs zapatistas por Europa y después de una descripción de las consecuencias del proyecto, se muestra la participación de DB Consulting & Engineering, el interés de SIEMENS y TÜV Rheinland y la conexión con las empresas de la industria de las armas alemanas. Al final hay una presentación de la resistencia contra el proyecto y una entrevista con el Dr. Sergio Prieto Díaz, que lleva años observando el proyecto sobre el terreno y examinando en particular su dimensión geopolítica. Él enfatiza: „El mayor error es ver el „Tren Maya“ sólo como un tren“.

Resumen de la investigación

Generalidades

El llamado „Tren Maya“ es un proyecto de infraestructura propuesto por el gobierno de México, autodenominado „de izquierda“ y ahora „liberal“, que cubrirá un tramo de 1.500 kilómetros desde Palenque hasta Cancún, conectando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se supone que impulsará la economía (local) y el turismo y costará unos 150.000 millones de pesos (más de 6.000 millones de euros). Y el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña. El mismo hecho de que la empresa estatal que maneja este y otros megaproyectos esté bajo la dirección del ejército mexicano sugiere otros motivos inquientantes detrás del Tren Maya. Se ocultan los efectos catastróficos para el ser humano y la naturaleza.

Destrucción del medio ambiente

La magnitud de la destrucción del medio ambiente apenas puede ilustrarse debido a su enorme extensión. „[…] Estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las Patrimonios de la Humanidad […]“, dice Greenpeace México. Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados. Se realizó una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias y sin la participación de los pueblos indígenas:

Menosprecio del los derechos de lxs indígenas y amenazas a lxs acticistas*

„El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia “, dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). „Además, con frecuencia, (las consultas) son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre“, añade Comité contra de la Discriminación de la ONU. Al mismo tiempo, lxs activistas* que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders. Sólo el año pasado fueron asesinados veintitrés defensores de los derechos humanos y de la tierra* en México. Por ello, México es uno de los países más peligrosos para lxs activistas*.

Militarización y migración

El ejército mexicano administrará gran parte del Tren Maya y también recibirá los beneficios del proyecto. Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de „baja intensidad“ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas.1 El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: „Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‚barrera de migrantes‘ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos“, dice Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor del Colegio de la Frontera Sur de la universidad de Campeche.

Urbanización y apertura al capital mundial

El valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente. El resultado es el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes*. La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera:
El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común.

DB Consulting & Engineering – El operador en la sombra

Como „operador en la sombra“, la filial de DB opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil y Colombia, entre otros lugares. En México, la DB, como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas, ha conseguido el contrato para acompañar y asesorar el proyecto. El Secretarío del Estado Alemán, Enak Ferlemann, confirma la participación segura: „De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto „Tren Maya“. […] El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros […].“
El silencio de la DB sobre la implicación puede tener que ver con el hecho de que las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del proyecto no encajan en absoluto con la imagen verde, respetuosa con el medio ambiente y con las personas que DB enfatiza en Alemania. Mientras que a la franja roja de los conocidos trenes ICE se le ha añadido una franja verde desde 2019 (ver imagen abajo), el respeto al clima y al medio ambiente resulta ser una mentira y una externalización colonial: Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el “carbón de sangre”. Cuando DB utiliza “oficialmente” electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB.

SIEMENS Mobility – „Sería un privilegio formar parte del Tren Maya“

SIEMENS ofreció ya en 2018 una participación en el proyecto del Tren Maya, desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes. Ahora está claro: el interés continúa en 2021 – y a pesar de las primeras adjudicaciones para la empresa francesa Alstom: En marzo de 2021, varias revistas de negocios mexicanas, entre ellas El Economista, publicaron artículos en línea en los que se informaba de cambios en el proceso de licitación por parte de la autoridad turística responsable FONATUR. Varias empresas internacionales, aparentemente ávidas de conseguir más contratos para secciones del proyecto pidieron entonces a la autoridad que ampliara el plazo para presentar los documentos requeridos en el proceso de licitación ya que el plazo de tres meses sería imposible de cumplir.
Este fue también el caso de SIEMENS:

TÜV Rheinland – Certificados de miseria

Al igual que SIEMENS, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto del Tren Maya en 2018 y se ofreció a participar incluso antes de disponer de planes o estudios más concretos, por ejemplo, sobre los problemas medioambientales. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el proyecto del Tren Maya parecen tener una extensión similar a las de DB o SIEMENS: La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo „[dijo] [en 2018] que ellos [TÜV] pueden participar desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales y todo lo que sea necesario, hasta las pruebas y la ejecución de la obra.“ El “Servicio de Vigilancia Técnica” ha asumido tareas similares en México para la línea 12 del metro de Ciudad de México, que se colapsó en mayo de 2021. Más de 20 personas murieron. El TÜV también realiza inspecciones cuestionables fuera de México. En el derrumbe de una presa en Brasil, murieron más de 250 personas después de que TÜV Süd declarara que la presa era segura.

La industria de armamento alemana y el Tren Maya

Al describir la participación de las empresas alemanas en el proyecto del Tren Maya, no hay que olvidar a actores que a primera vista no tienen nada que ver con la infraestructura. Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas. A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas.

El Convenio 169 de la OIT

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU es el único sistema jurídico internacional de protección de los derechos de lxs indígenas. En el centro del Convenio 169 de la OIT están los procedimientos de consulta y participación para garantizar la participación y la voz de los pueblos indígenas en los proyectos que les afectan. Alemania ratificó el convenio el 15 de abril de 2021, después de décadas. Dado que Deutsche Bahn es una empresa estatal, exigimos la aplicación consecuente del acuerdo de la OIT y, por tanto, la retirada de DB y sus
filiales del proyecto del Tren Maya.

Actuemos juntos. Manténgase informado.
#TrenMayaStoppen

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Avispa Midia

(Español) Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

  • Date:27 Jun 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

 

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Asamblea Comunitaria de Puente Madera y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIAS DE PUENTE MADERA Y APIIDTT

  • Date:27 Jun 2022

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Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca. A 27 de junio de 2022

A las agencias y habitantes de San Blas Atempa
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

El día de hoy, hombres y mujeres de la agencia de Puente Madera nos movilizamos nuevamente. Un año ha transcurrido desde que, las y los comuneros de nuestra agencia, nos enteramos de que se estaba contemplando la instalación de un Parque Industrial en nuestro monte de El Pitayal.

Un año ha pasado desde la realización de la primera falsa asamblea de comuneros convocada por Antonino Morales Toledo, que en ese entonces ostentaba el cargo de presidente municipal de San Blas Atempa y hoy es mano derecha de aquel que obtuvo la gubernatura del estado en Oaxaca, en un proceso marcado por el abstencionismo.

Un año ha pasado desde que el gobierno que trató de vendernos la promesa de no repetir los patrones del pasado, avaló el despojo de nuestras tierras de Uso Común mediante el supuesto uso del mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada. Proceso que se caracterizó por la violación de los principios de Buena Fe, Libre, Previa, Informada y Culturalmente Adecuada del mecanismo jurídico utilizado, pues se destacó por el acarreo, la falsificación de firmas de más del 80% comuneros y la firma de dos comuneros ya fallecidos; además se realizó acorde a los tiempos del mercado y no de la comunidad, pues en tan sólo cuatro horas durante dos días desahogaron toda la información y avalaron la industrialización de nuestras tierras colectivas.

Hoy, un año después, de haber comenzado el despojo y la violación a nuestros derechos como pueblo indígena, la comunidad binnizá de Puente Madera nos hemos mantenido y seguiremos firmes y en resistencia, a pesar de que el municipio, San Blas Atempa, haya negado el reconocimiento a nuestras autoridades que como agencia hemos designado. No damos un paso atrás, aunque el municipio nos niegue los recursos económicos que por ley nos corresponden y se niegue el pago de servicios a la clínica de salud de nuestra agencia. Todas estas medidas de presión a escala municipal, responden a una forma de intimidación y criminalización hacia nuestra agencia, a causa de nuestro rotundo rechazo debido a la industrialización de nuestras tierras, consecuencias traídas por el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La industrialización que el actual gobierno nos oferta como bienestar y desarrollo, solo traerá para nosotros y nosotras la escasez y contaminación de agua, el acaparamiento de nuestras tierras, la contaminación de nuestro suelo y aire; a cambio, nos ofrecen condiciones laborales precarias y explotación laboral, que además se espera sirva como barrera de contención para la población migrante centroamericana. El Corredor Interoceánico nos ofrece Agroindustria para que olvidemos el zapalote chico, nuestro maíz nativo, base para nuestros totopos. Nos ofrecen Metalurgia e Industria Textil para abandonar el campo y la tierra, para que en pocos años esta industrialización nos lleve a niveles críticos de escasez de agua como la que hoy se está viviendo en Monterrey.

En nuestro monte de El Pitayal se pretende la instalación de uno de los 10 parques industriales que forman parte del Corredor Interoceánico. Megaproyecto que ha ofertado nuestras tierras, manantiales, viento, bosques, selvas, mares, cerros y todo aquello que puedan comercializar al capital privado estadounidense y asiático. También han anunciado que nuestra región será la nueva frontera con la región centroamericana y será vigilada y resguardada por el ejército estadounidense, mismo ejército que brindará seguridad a las empresas y empresarios que lleguen a industrializar nuestro territorio.

Desde la comunidad de Puente Madera, anunciamos que seguiremos en resistencia en contra de la instalación de este parque industrial. Continuaremos en resistencia hasta las últimas consecuencias por la defensa de nuestras tierras comunes y nuestras formas de vida que nos hacen existir, a nosotros y nosotras como binnizá que somos. Y sabemos que la criminalización, represión y hostigamiento a quienes defendemos nuestra vida y nos oponemos a su megaproyecto comenzarán a agudizarse en los meses que vienen.

Es por esto que llamamos a hombres y mujeres de esta región del Istmo de Tehuantepec a que levanten la voz en contra de la Industrialización y entrega de nuestros territorios, que este megaproyecto implica. Es momento de decidir, o defendemos nuestros recursos y tierras de las cuales dependemos o permitimos la entrega de estas a manos privadas.

Al mismo tiempo, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera hace un llamado a individuos, colectivos, organizaciones indígenas, sociales, estudiantiles, magisteriales, de mujeres y disidencias, de Oaxaca, México y el Mundo a solidarizarse con nuestra lucha en defensa del territorio, contra la industrialización y el megaproyecto Corredor Interoceánico, realizando acciones dislocadas, a sus modos y formas, en sus lugares y tiempos, y así demostrar que la solidaridad no es sólo palabra escrita.

NO VAMOS A PERMITIR QUE ENTREN MÁQUINA AL MONTE EL PITAYAL

NI QUE SE HAGA NINGÚN TRABAJO QUE ATENTE CONTRA TIERRAS DE USO COMÚN.

NO AL PARQUE INDUSTRIAL DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO.

EXIGIMOS LA REVISIÓN Y CANCELACIÓN DE ACTAS DE POSESIÓN SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN.

SI NOS TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS, SI HAY REPRESIÓN HABRÁ MOVILIZACIÓN.

 

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

(Español) Comunicado de la comunidad de Tula Guerrero, municipio Chilapa de Álvarez, Estado de Guerrero

  • Date:25 Jun 2022

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AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACION LIBRES.

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA SOLIDARIAS

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

AL PUEBLO DE MEXICO.

PRESENTE.

 

Antes que nada queremos AGRADECERLES a tod@s por el apoyo brindado, el acompañamiento y la difusión, en estos momentos inciertos que sufrimos los pobladores las comunidades pertenecientes al  de Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y policías comunitarios de las CRAF-PC-PF, derivado del apoyo solidario recibido el día de ayer veintitrés de junio, ceso la incursión que tenían planeada realizar los sicarios de los Ardillos, liderados por los Hermanos Celso Ortega, a Torres intelectuales de todos nuestros más de cincuenta muertos, desapariciones forzadas ,  desplazamientos , ataques y demas delitos contra nuestras comunidades  .

 

Hacemos de su conocimiento que los ataque por el grupo delincuencial con tácticas paramilitares “LOS ARDILLOS”, siguen atacando las comunidades, con armas de fuego, así como con drones y artefactos explosivos los cuales cada vez tiene mayor rango de alcalde , generando un radio de destrucción mayor, creando paico colectivo, a todas horas y en especial por la noche, por tal motivo acudimos al destacamento del ejército mexicano que se encuentra en la Base de Operaciones Mixtas BOM, para que constatara los que hemos estado denunciando, mas sin embargo no hacen nada, son simples espectadores, recogiendo el material remanente de dichos artefactos.

 

El día de hoy estos elemento del ejército mexicano, tenían la consigna de recorrer la  ZONA que resguardamos, organizados en policías comunitarios, que hemos sabido defender, a lo cual les respondimos que el conflicto viene del cerro donde están atrincherados LOS ARDILLOS, que es ese lugar el que deben recorrer ya que ellos son los generadores de esta ofensiva.

 

Nuevamente las autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y  pobladores de las comunidades perteneciente al CIPOG-EZ les  SOLICITAMOS SE ENCUENTREN ALERTA, no sabemos en qué momento  LOS ARDILLOS  realizaran ataque ofensivo en nuestra contra, siguen los ataques cada vez con mayor intensidad y al gobierno de la cuatro “t” no le interesa la inseguridad en que vivimos los pueblos originarios, siendo esto lo responsables de todos nuestros muertos, de la región de la montaña baja, el corredor de valle de la Salud, Tixtla, Chilpancingo y demás zonas que intentan controlar.

 

Mientras tanto seguimos resistiendo, ya que EL GOBIERNO DE GUERRERO ES INCOMPETENTE, enviando a personas que solo vienen hacer acto de presencia porque su cargo así lo requiere, pero en realidad no les importa lo que nos ocurra, mientras ellos sigan cobrando por tomarse la foto y hacer como que trabajan, es por eso que le decimos a la MAL LLAMADA GOBERNADORA DE GUERRERO EVELYN SALGADO PINEDA, que no vuelva a enviar A SU COMPINCHE FRANCISCO CISNEROS RODRIGUEZ, quien manipulo la información, si quiere diálogo preséntese en la comunidad e invite a gobierno Federal y Municipal  si tienen miedo nosotros la cuidamos como lo hacemos día a día por nuestras familias. 

 

Lo anterior  a  casi una semana de los ataques con armas de grueso calibre, drones, artefactos explosivos, donde no recibimos respuesta contundente, solo nos envían espectadores, solicitamos de manera urgente al Estado Mexicano para que adopte todas las medidas que sean necesarias con el fin de prevenir  un daño irreparable.

 

Así mismo externamos nuestra preocupación ante la falta de medidas que garanticen la vida e integridad personal, por parte del Estado Fallido y todas sus instituciones, la asamblea de nuestras comunidades  ha tomado la decisión  de bloquear de manera indefinida la carretera a la cabecera municipal de Chilapa y José Joaquín de Herrera, no se permitirá la circulación a ningún tipo de vehículo, hasta que se presenten el representante del poder ejecutivo en el estado, de la fiscalía de justicia y de la secretaria de gobernación .

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ luego de 3 días de ataques narcoparamilitares

  • Date:22 Jun 2022

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A 4 AÑOS DE GOBIERNO DE LA 4T., AMLO NUEVAMENTE VISITA GUERRERO DONDE LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA SE MANTIENE Y CRECE MIENTRAS LA GOBERNADORA EVELYN SALGADO SIMULA LOGROS EN SU GOBIERNO.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A todos los medios de comunicación.

A los pueblos y al movimiento social de Guerrero.

junio de 2022.

“No nos confunda señor, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de “Bienestar”, motivo por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco-paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Sí, así es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque  hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos”. Son las palabras que el pasado 16 de julio de 2021 le hicimos llegar a usted Andrés Manuel López Obrador, cuando vino al  municipio de Chilapa en el estado de Guerrero. Tras esas palabras -donde también le dijimos que no estábamos de acuerdo con las migajas que venía a dar-, la violencia sigue en nuestro estado, la violencia sigue acechando a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero: asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y más delitos de lesa humanidad. Aunado a ello, la pobreza continúa, la educación, salud, trabajo, son sólo palabras que utilizan ustedes para ganar votantes, porque la realidad de las comunidades es que no existen las condiciones para que se desarrollen esos aspectos en nuestras comunidades y en muchas otras del estado de Guerrero, donde los grupos delincuenciales controlan y operan con total impunidad. Hace más de 6 años en Chilapa y Tlapa, sin ser presidente aún, usted dijo que para acabar con la violencia se tenía que acabar con la pobreza, para que los jóvenes no se fueran a las filas de las bandas criminales. Nosotras y nosotros notamos que hay una mentira y un error en sus palabras. La mentira es que ni se ha buscado acabar con la pobreza en el Estado, por lo que no terminará la violencia (según su lógica), pues los programas asistencialistas no erradican la pobreza, sólo crean una ilusión para el pueblo pero en la realidad ayudan a mantener en el poder al “cártel en el poder”. El error, es creer que teniendo trabajo la gente no se meterá a las filas de los grupos delincuenciales, ya que es la gente con poder, dinero, influencia, la que controla a los grupos delincuenciales, para ejemplo está el señor Bernardo Ortega Jiménez, líder del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” y diputado por el PRD en el estado de Guerrero. Entonces el trabajo no quita lo mañoso o mejor dicho en el caso de Bernardo Ortega, lo asesino. Y no se espante con eso del cártel en el poder; esas palabras las utilizó usted Andrés Manuel aquí en el municipio de Chilapa y Tlapa en 2015, donde dijo que“para resolver el problema de las bandas delincuenciales establecidas en México, primero se tiene que terminar con la banda más peligrosa, la que más roba, la que más daña al país que es “El Cártel de Los Pinos”, que encabeza Enrique Peña Nieto y después todos los demás, limpiar de arriba hacia abajo, porque si no, es juego de niños, atole con el dedo.” Hoy en día vemos que sí es atole con el dedo. Ya sacó al “Cártel de los Pinos”, pero se construye uno nuevo, ahora encabezado por la 4T, con nombres distintos, o iguales, pero operan exactamente de la misma manera: discursos donde el pueblo es el centro de atención, pero en la realidad le entregan el país al capital nacional y extranjero, así como a los grupos de la delincuencia organizada. Como dijera el maestro Galeano “toman el violín con la mano izquierda, pero lo tocan con la derecha”. Queremos ser insistentes: “No nos trate de engañar, que nuestros dolores y demandas no están para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y más, Jóvenes escribiendo el futuro, Crédito ganadero a la palabra, Jóvenes construyendo el futuro y otros tantos más. Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla”. Son las mismas palabras del año pasado, cuando usted vino a nuestro estado y pasa que nosotros y nosotras no olvidamos, porque no se puede estar pasando de una agenda a otra, así como ustedes los políticos profesionales acostumbran, valiéndose de las coyunturas se acomodan para seguir acumulando poder. Nosotras y nosotros, mantenemos nuestras demandas bien claras, nuestra lucha por la vida no se presta a negociación, no se cambia por una foto o un cargo público, por dinero ni por despensa ni mucho menos se inscribe en los calendarios del poder, de los tiempos electorales. Vamos siendo más claros para que no se presten a interpretaciones y cambie nuestras palabras por otras que no corresponden. 

  • El gobierno del estado de Guerrero, hoy encabezado por Evelyn Salgado, del nuevo cártel de la 4T, se ha dedicado a simular diálogo con nosotras y nosotros. Enviando gente sin capacidad resolutiva, convocando a reuniones y reuniones en las que no nos escuchan, pero sacan minutas como si realmente hubiera diálogo y claro, no puede faltar, la foto y el twitazo de que ya se reunieron con nosotros y nosotras. Puras mentiras. 
  • El grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, sigue operando con total impunidad. El señor Bernardo Ortega sigue como diputado del PRD y como líder de “Los Ardillos”, aprovechando su influencia para controlar a la fiscalía y a presidentes municipales de distintos municipios, así como a las policías municipales del Municipio de  Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de José Joaquín de Herrera; se sabe de sobra que están coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar “Los Ardillos”. Por ejemplo, el 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hernández Sánchez de la comunidad de Zacapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueron detenidos por la policía municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, hasta la fecha no sabemos nada de ellos, pero sí que la policía de Atlixtac fue la que los detuvo y desapareció. 
  • La Guardia Nacional, la Sedena, la policía estatal y demás corporaciones, no han intervenido cuando “Los Ardillos” dispara contra nuestras comunidades, lo más reciente fueron los 3 días de disparos y drones con explosivos lanzados contra nuestras comunidades. En los 3 días, no se pararon en Tula y Xicotlán, comunidades atacadas por más de 300 personas pertenecientes a “Los Ardillos”. Agregamos que el cuarto día después de iniciadas las agresiones en nuestra contra, personal de los 3 niveles de gobierno se presentaron en la comunidad de Colotepec, controlada por “Los Ardillos”, para ver qué estaba pasando. Es decir, fueron a visitar y dialogar con los agresores, con los victimarios mientras que para nosotros y nosotras sólo hay desprecio. 
  • La pobreza es una constante histórica en nuestras comunidades, mientras que los presidentes municipales se apropian de los recursos destinados a las comunidades. 
  • El gobierno del estado ha cerrado todo diálogo con nuestras comunidades mientras que nuestras vidas peligran. 

Por lo tanto:

  • Responsabilizamos a su gobierno, señor Andrés Manuel López Obrador, así como al de Evelyn Salgado y los municipios, por la sangre que ha corrido y correrá si mantienen su indiferencia hacia nuestras comunidades.
  • Les exigimos que la palabra sea prioritaria y que se sienten a escuchar nuestras necesidades, con la presencia de autoridades que no simulen escuchar. 
  • Exigimos la detención de Bernardo Ortega, así como la desarticulación del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”.
  • Exigimos que las corporaciones que se supone deberían brindar seguridad a la población, hagan su trabajo, para evitar más muertes, para evitar más sangre. 

Reiteramos: “Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla”. Nuestra lucha es por la vida. No nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos. 

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ATENTAMENTE

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ

radio
Avispa Midia

(Español) Continúan ataques armados contra zapotecas mientras minería avanza

  • Date:22 Jun 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.

Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.

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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.

Casa de salud de la comunidad de El Rebollero
Construcción de la casa de salud de El Rebollero
Los restos de la casa de salud
Los restos de la casa de salud

El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.

Habitantes de El Rebollero rescatan lo que pueden de la milpa destruida por los paramilitares

Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.

“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.

Minería, detrás de los ataques

Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.

“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.

Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.

Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.

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Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.

Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.

Reconstrucción interrumpida

“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.

Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.

Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.

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Avispa Midia

(Español) Arrecia represión contra autoridades Q’eqchi’ que resisten a minería en El Estor

  • Date:22 Jun 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Cristóbal Pop y Roque Sut Cucul detenidos por la PNC de Guatemala. Foto: Juan Rosales / Prensa Comunitaria

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

Detención de Cristobal Pop. Foto: Simón Antonio / Prensa Comunitaria

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

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Avispa Midia

Dictan sentencia de prisión a coautor del asesinato de Berta Cáceres

  • Date:22 Jun 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.

El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.

Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.

Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.

A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.

Faltan los autores intelectuales

El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.

Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.

Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

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En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.

La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.

También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.

Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

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Avispa Midia

(Español) Defensoría respalda privatización de Ley de Agua en Querétaro

  • Date:21 Jun 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco

Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.

El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.

Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.

Violenta represión contra personas que se manifestaban contra la privatización del agua en Querétaro. 10 de junio 2022.

Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.

“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.

“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.

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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.

La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.

Agua como mercancía

El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.

Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).

Las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.

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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.

De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.

Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.

Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.

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(Español) CIPOG-EZ: El Narco Estado en todo su esplendor

  • Date:20 Jun 2022

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Al EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDÍGENA

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES.

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MEXICO.

Precisamente el día de ayer que fue retirado el retén de seguridad por la Guardia Nacional, que fuera instalado después de las innumerables denuncias por los ataques perpetrados por parte del grupo local de narcotráfico “los Ardillos”, el cual utilizan practicas paramilitares, realizando ataques contra la población civil de las comunidades de Xicotlan y Tula Guerrero desde el cerro de Colotepec, con características de ser sistemáticos y generalizados, catalogados por la comunidad internacional como crímenes de Lesa Humanidad.

Siendo las once con cuarenta minutos comienzan de nuevo los ataques hacia las comunidades integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ataques que se extendieron al día de hoy hasta las tres de la mañana, siendo repelida dicha agresión por la policía comunitaria de las comunidades, haciendo retroceder de sus trincheras y fortificaciones que mantienen dicho grupo criminal, de las cuales son conscientes de su existencia, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y las policías Estatales y municipales, así como el gobierno Estatal.

La policía comunitaria de las comunidades que integran y se organizan en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), tiene en estos momentos en posesión las trincheras y fortificaciones instaladas en el cerro de Colotepec, desde donde se realizaban ataques a las comunidades, y en estos momentos el grupo narco paramilitar trata de retomar, siendo alrededor de trescientos integrantes de dicho grupo criminal, destacados en dichos campamentos del crimen organizado, para intentar tomar el control del territorio de las comunidades que se niegan a ceder sus tierras.

En estos momentos la policía comunitaria de las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), se encuentran resistiendo la ofensiva por retomar el control de dichos campamentos, esto con el conocimiento de la posible intervención del Ejército y Guardia Nacional, para protección de dicho grupo criminal.

Hacemos la denuncia de que el Estado y todos los cuerpos de seguridad nunca han intervenido ante las denuncias múltiples de las comunidades y del apoyo mediático denunciando dichos ataques y el día de hoy que se han replegado de estos campamentos a los integrantes de “los Ardillos”, el Gobierno pretende actuar a favor de estos, argumentando una supuesta riña entre pobladores.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ