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(Español) Pronunciamiento de la Asamblea de comunidades, organizaciones y colectividades integrantes del Congreso Nacional Indígena, Oaxaca
Convocados y reunidos pueblos Chontales, Chatinos, Zapotecos de Valles centrales y del Istmo, Ñu saavi, Mazatecos, Chinantecos, Zoques y Otomíes residentes en la ciudad de México. Reunidos en Santa María Zapotitlán, comunidad Chontal al sur de Oaxaca declarada como territorio prohibido para la minería. Nos pronunciamos contra la guerra de exterminio capitalista y de sus diferentes rostros de muerte.
Tales como la imposición de 425 concesiones mineras existentes en el estado de Oaxaca que abarcan en su conjunto 6 millones 350 mil hectáreas, ya que ninguna de estas concesiones ha sido autorizada por los pueblos.
Los pueblos chontales exigimos a la Secretaría de Economía que, retire de su cartografía minera la concesión denominada Zapotitlán 1, y que se respete la libre determinación de las comunidades contra la imposición de la industria minera.
Responsabilizamos a la empresa minera Continuum Resources y al gobierno estatal y federal por los ataques paramilitares hacia la comunidad de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, ya que, no bastando con la destrucción e incineración de sus viviendas y cultivos, se sostiene una agresión constante con armas de alto poder hacia la población que actualmente se encuentra bajo asedio para dar paso a la extracción minera.
Exigimos la cancelación inmediata de las 425 concesiones mineras emitidas en el estado de Oaxaca.
Además, alertamos que como parte de los pueblos originarios chatinos y chontales de la Sierra Sur y del Istmo en Oaxaca estamos siendo impactados por los efectos de la crisis climática, como la proliferación de plagas que están devastando los bosques.
También exigimos al Estado el respeto a la libre determinación de los pueblos y denunciamos la simulación de asambleas, y falsas consultas que buscan legitimar la imposición de proyectos neocoloniales que generan despojo, represión, explotación y desprecio, bajo una pretendida lógica de desarrollo y progreso, tales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.
Exigimos un alto a las agresiones y hostigamientos contra David Hernández Salazar y la comunidad de Puente Madera San Blas Atempa, quienes se organizan contra la imposición del Corredor Interoceánico.
Nos declaramos en alerta máxima por la aceleración de los megaproyectos de desarrollo
establecidos para el sur-sureste mexicano y llamamos a fortalecer los procesos de resistencia desde los pueblos originarios, para posicionarse contra la violencia, el despojo y la devastación de los cuerpos y territorios. Nuestra lucha antipatriarcal se pronuncia contra el asesinato de las defensoras de los territorios y exigimos un alto a todas las formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales.
De la misma manera nos pronunciamos contra la biopiratería disfrazada de espeleología que durante más de 50 años ha realizado actividades sin la autorización de las comunidades mazatecas, a quienes tampoco les han informado sobre los objetivos de su trabajo.
Exigimos verdad y justicia para nuestro compañero zapoteco xiche Álvaro Sebastián Ramírez, asesinado cobardemente el pasado 19 de julio del 2022.
Denunciamos la privatización del agua que el gran capital lleva a cabo en el estado de Querétaro, lo cual ha sido señalado por la comunidad Otomí. Alto a las agresiones y hostigamiento para quienes defendemos el agua.
Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, así como del compañero Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, y del resto de presos políticos del país.
¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas quienes han sido blanco de ataques paramilitares con la anuencia del Estado!
Atentamente
Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDNT), Tequio Jurídico, Comuneras y comuneros de la comunidad El Rebollero, Colectivo Somos Pueblo, Pueblo y Migrantes Ñuu Savi, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio (APIIDTT), Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC – Sierra Mazateca), Pueblo Chinanteco, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Red de
Apoyo de la comunidad El Rebollero, Cuatro Venados, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pueblo Zoque residente en la ciudad de Guadalajara y Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México.
(Español) Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.
Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.
En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.
Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.
El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.
“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.
En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.
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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.
En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.
Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.
El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.
Desigualdad
Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.
Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.
Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.
En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.
Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.
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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.
Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.
En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.
“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.
El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.
IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.
