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Créditos: Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 7minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.
La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.
Por Nelton Rivera
Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.
Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.
En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.
“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.
La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.
La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas, Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.
“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud, sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.
La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I
Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.
Vista aérea de la región de Chaab´il Ch´och’ en Livingston Izabal. Fuente Google Earth
Antecedentes históricos de la tierra en disputa
La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.
La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.
Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.
A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.
En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.
Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.
La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.
Abogada Wendy Geraldina López del Bufete para Pueblos Indígenas. Foto Nelton Rivera.
¿Qué sucedió con la finca 4274?
En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.
El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.
La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.
Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.
“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.
“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.
Autoridades Maya Q’eqchi de la comunidad Chaab´il Ch´och’ después de participar en la vista pública. Foto Nelton Rivera
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Por Ñaní Pinto
Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.
Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.
El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.
La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque. (Continuar leyendo…)
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Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.
La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.
El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.
La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.
La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.
Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.
Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.
No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.
Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.
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Foto: Darwin Franco
En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.
Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos
Samantha Anaya / Zona Docs
«Para Mezcala la tierra es todo»
La historia de Mezcala «se explica con la lucha de su territorio», pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.
Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) «fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población». Por esta misma razón, ahora sólo «se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes».
La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:
“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad».
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De acuerdo con el Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB), este jueves 25 de marzo se registraron varias denuncias por medio de videos sobre la ruptura de la principal presa de relaves mineros de oro en Maranhão, Brasil. Esta presa pertenece a la minera Aurizona del grupo privado canadiense Equinox Gold, que explota la mayor reserva de de oro de Brasil y una de las principales del mundo.
Los residentes registraron el momento en que una de las presas de Aurizona se rompió, se desbordó e invadió el depósito de agua de donde se recolectaba el sistema de suministro de agua de la ciudad.
De acuerdo con datos oficiales de 2019, esta zona tiene reservas de 750.000 toneladas de oro almacenadas en minas.
La minera se posicionó en una nota minimizando el problema y afirmando que no hubo una ruptura de la presa, sino que el sistema de drenaje de MASA S / A (Mineração Aurizona), estaba averiada.
Las familias dicen que, debido a la contaminación de minerales en el río, ya se encuentran sin acceso a agua potable.
“La contaminación de minerales de este tipo en los cuerpos de agua puede ocasionar una serie de impactos sociales y ambientales en la vida de la población afectada, como la ocurrencia de varias enfermedades, además del aumento de la pobreza y la desigualdad social, como ocurrió en Brumadinho , Minas Gerais”, denuncia en un boletín el MAB.
El MAB también denunció que, “en 2018 hubo un deslave de desechos estériles, provocado por la explosión de dinamita y unas cuatro mil personas resultaron afectadas, quedando aisladas”.
El MAB ha catalogado este evento como “un delito socioambiental más” que han provocado las transnacionales mineras en Brasil.
Además han alertado que esta situación no puede continuar así para la población. “Las represas mineras, hidroeléctricas y de agua en Brasil no pueden seguir representando inseguridad, miedo y violencia para la población que vive cerca”
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Para nadie es una novedad la cantidad de campamentos que han surgido posterior al denominado estallido social en Temuco. Cuestión que se ha querido impedir, ocultar, pero no solucionar. LLegando incluso a tener que movilizarse muchos de ellos por acceso al agua, bajo riesgo sanitario a causa del nuevo Coronavirus Covid-19. Siendo de especial preocupación la negativa de la institucionalidad de entregar el suministro del vital elemento y la represión hacia el movimiento de tomas de terreno.
Para la región de la Araucanía el estudio arrojó un aumento del 315,38% en la cantidad de familias y un 128,57% en el número de campamentos.
Estas cifras son preocupantes debido a que la situación sanitaria no da indicios de retroceder en la capital de la región de La Araucanía y aún se encuentran demasiados campamentos sin acceso a agua.
Tatiana Alarcón, dirigenta de campamento en sector Amanecer declara que es inaudito que aún existan personas en pandemia sin acceso al agua:
Lorena Reyes dirigenta del campamento El Esfuerzo del sector Porvenir indica que se vieron en la necesidad de irse a vivir a un campamento, que «…existe una grave crisis habitacional, perdieron sus trabajos, los arriendos son excesivamente caros y las autoridades no toman cartas en el asunto», entre otra palabras enfatizó, quien también como Tatiana Alarcón viven en campamentos que cumplen más de un año.
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Por : Santiago Navarro F. y Renata Bessi
Aquino Pedro Máximo recuerda muy bien la madrugada del 8 de octubre de 2018, cuando se soltó un aguacero torrencial. Él es un campesino zapoteca de la comunidad Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en el sur de México. Aquella noche, sobre los techos de lámina de las casas se entonaba un ruido ensordecedor. A muy tempranas horas de la mañana, como es su costumbre, agarró su machete y se dispuso a comenzar la jornada en sus cultivos, junto a otros campesinos. Los tomó por sorpresa que el arroyo El Coyote estaba teñido de un material grisáceo. “Parecía cemento”, recuerda Aquino.
Más de cuatro kilómetros del arroyo se habían cubierto de este lodo gris. El agua, que los campesinos utilizan para uso agrícola y pecuario, era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también. La masa lodosa se había esparcido en el paraje conocido como “La Ciénega”, en el municipio de Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales y un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos.
Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.
El lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente, desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente, a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.
Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.
Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación.
A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.
Los primeros informes oficiales registraron que la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.
Vecina de Magdalena Ocotlán pide (en 2020) a los funcionarios de Semanart que retomen el caso.
Instalaciones superficiales de Compañía Minera Cuzcatlán.
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El agua sí estaba contaminada
Luz María Méndez Rodríguez es madre de familia y vecina de Magdalena Ocotlán, la comunidad más afectada por el derrame. Narra los días que siguieron al desastre ocurrido en 2018. “Comenzaron a morir algunos de nuestros animales. Los niños y personas mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea, alergias en la piel. Nos dijeron que había un brote de hepatitis. Nunca habíamos vivido una situación así”, cuenta María, quien también es regidora de hacienda de la comunidad.
Justamente porque el lodo gris llegó hasta las proximidades del pozo de agua potable de la comunidad, la regidora de ecología de Magdalena Ocotlán, Oliva Odelia Aquino Sánchez, relata que, por iniciativa propia, la gente dejó de utilizar el agua del pozo, pero eso duró poco tiempo. “Todo mundo se preocupó y entonces empezamos a comprar agua (embotellada); muchos solo aguantaron unas semanas, después volvieron a tomar de esa agua contaminada, porque está cabrón, apenas hay dinero para comer”.
La incapacidad para poder comprar más de un botellón de agua de 20 litros a la semana, que ronda el valor de un dólar (20 pesos mexicanos) se debe principalmente a que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no recibe un sueldo fijo. El 73% de la población de Magdalena Ocotlán vive en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2015, y casi una cuarta parte de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Bienestar en 2021.
El abogado que asesora a las comunidades, José Pablo Antonio, explica que los marcos internacionales plantean que, hasta que se resuelva la situación, las autoridades deben decretar medidas preventivas, además de brindar información a las comunidades. “Debieron haber suspendido el uso de agua de la población y garantizado su abastecimiento con otras fuentes hasta que se solucionara por completo la situación. Pero aquí eso no ha pasado”, sostiene.
Dos días después del derrame, mientras las comunidades vivían en la incertidumbre por lo que estaba pasando, las autoridades ambientales realizaron una inspección en las áreas afectadas. La Conagua fue responsable de analizar el agua; la Profepa, el suelo. Se abrió un expediente en cada instancia.
De parte de Conagua llegaron funcionarios y personal del Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. Constataron que el derrame venía de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila. La conducción de estas escorrentías hacia la pila se realiza mediante un canal”, detallaron los funcionarios en su acta .
En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y pudieron presenciar un nuevo derrame. Según los funcionarios, con la lluvia, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con jales y el bordo del canal se rompió. “Estas aguas, con el deslave del suelo y sedimentos de los jales secos, se observa de un color grisáceo, fluye hacia un camino que se dirige hacia el arroyo el Coyote donde estas escorrentías llegan y se mezclan con la corriente de aguas nacionales”, detallaron en su informe.
Al final, cuando la tormenta había dado una pequeña tregua, el personal del laboratorio de Conagua tomó las muestras “justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, describen en sus registros. En la misma visita de inspección, tomaron muestras del arroyo El Coyote.
Los resultados de estos muestreos fueron analizados por dos laboratorios: el mismo Regional Pacífico Sur que los colectó y el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.
Se identificaron metales pesados por arriba de lo que permite la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) de 1989, para uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo El Coyote, se encontró que el hierro rebasó hasta 1845.8% los límites permisibles; el aluminio, hasta 955.12%, y el plomo en 167%.
“Las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos, no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-1996 y también rebasaron los niveles máximos establecidos en los CECA publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1989, que califican los cuerpos de agua para Riego Agrícola y para Uso Pecuario, en los parámetros de pH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno (DQO), (…) por lo que hace a los metales pesados rebasan los límites máximos permisibles de Aluminio, Fierro y el Plomo, contaminando el arroyo El Coyote”, consta el oficio No. BOO.810.02.2455/2018 de la autoridad del agua.
Conagua también afirmaba que hubo “daño ambiental” y hacía la advertencia de que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario. “Al existir estos contaminantes en el Arroyo, las escorrentías de aguas nacionales que fluyen por el cauce de dicho arroyo no pueden ser utilizadas para estos usos”, se lee en el documento.
Contaminación encontrada en los jales de Minera Cuzcatlán.
Sin embargo, esos primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación fueron cambiando con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.
Un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” sobre el caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de Conagua. En este documento la autoridad informaba que, de acuerdo con sus estudios, el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame y, por lo tanto, se determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar. Dos de ellas, para mejorar sus instalaciones, fueron cumplidas.
Sobre este par de medidas, en entrevista por escrito para el equipo de esta investigación, Cristina Rodríguez, subdirectora de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuzcatlán informó que se duplicó “el espacio de la pileta de recolección de agua de nuestro depósito de jales secos, pasando de 7,000 m3 a 14,000 m3 y quintuplicando su capacidad de bombeo para prevenir escurrimientos en época de lluvias. Asimismo, construimos una pileta de colección de emergencia, con una capacidad total de 23,000 m3”.
La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación, donde Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus jales en el ambiente y en la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de remediación. Es decir, Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada, lo que abrió la posibilidad para que Minera Cuzcatlán pudiera presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la contaminación.
La empresa presentó el documento Programa de actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote. La primera acción de este programa preveía la realización de nuevos muestreos de agua, con el objetivo de “determinar la afectación (…) y, en su caso, formular el programa de remediación correspondiente”. El programa de actividades fue aceptado por Conagua.
El nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame por el Laboratorio Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A., de C.V. y fue analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por la empresa.
La bióloga Martha Patricia Mora explica la necesidad de hacer el muestreo lo antes posible.
Las muestras se tomaron en un escenario totalmente distinto al del derrame del 8 de octubre. Por ejemplo, no hubo muestreo en la pileta colectora de aguas de lluvia con jales secos, la misma de donde derivó el derrame, porque la temporada de lluvias ya había pasado y no contenía agua. Los muestreos fueron realizados en el arroyo El Coyote y el estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles. Por ello, se determinó que no hubo afectación al arroyo. “No se acreditó contaminación de un cuerpo receptor de aguas nacionales”, sostuvo la empresa.
Debido a lo anterior, “la Compañía (Cuzcatlán) recibió una multa de aproximadamente 42,000 (dólares) relacionada con el incidente”, según el reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines, de 2018. “Es irrisoria. Estas empresas ganan millones de dólares en un día, esto lo pueden recuperar en horas”, critica la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en temas indígenas y extractivismo.
Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admite que en el primer análisis encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”. A partir de ello, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron todas las garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde. A lo que a ellos les haga bien”. De esta manera, Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de réplica, de defenderse” y “nos hicieron llegar una serie de documentos”, subraya el funcionario.
Posteriormente, continúa Martínez Cordero, “entramos a una fase que es la remediación”, es decir, “teníamos que saber si hay algo que remediar”; por eso, Minera Cuzcatlán “tuvo que hacer otro muestreo”. De acuerdo con su versión, los muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. La contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió”; admite que la contaminación no desapareció, sino que los contaminantes migraron “a otro lado”.
Explicación del director general del Organismo de Cuenca Pacifico-Sur de Conagua.
Para Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ecotoxicología y miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras. Los muestreos deben ser hechos lo más pronto posible. Eso porque, como las aguas se mueven en los ríos, los metales también se mueven y la tendencia es que se acumulen en el suelo por donde pasan las aguas. Es decir, en un primer momento, el contaminante estará en el agua, pero con el tiempo se quedará atrapado en el suelo. Por eso la necesidad de hacer diversos muestreos no solo del agua, sino también del suelo a lo largo del tiempo.
Los primeros estudios de Conagua presentaban elementos suficientes para determinar que sí hubo afectación y, por tanto, se debió implementar un plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las comunidades afectadas, así como un monitoreo de la evolución de esta contaminación, según la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. “Sin duda, los estudios más confiables eran los de Conagua. Lo que hicieron fue descalificar los análisis de un órgano fundamental que debe proteger nuestra agua. Si hubieran seguido con los elementos iniciales identificados por Conagua, la empresa no la hubiera librado tan fácilmente, porque tendría que justificar muchas cosas que no necesitaron hacer con el nuevo estudio”, reflexiona.
Bloqueo de la carretera federal 175, realizado por diversas comunidades en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart en relación a la 2ª Manifestación de Impacto Ambiental que esta tramitando Minera Cuzcatlán. Foto por Santiago Navarro F.
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¿Un error de transcripción?
Dos días después del derrame, los técnicos de Profepa, realizaron una “visita de inspección ordinaria a la empresa”, para “verificar física y documentalmente (…) que la empresa se encuentre dando complimiento con sus obligaciones ambientales”. En su acta de inspección registraron que la pileta tiene una compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre “la superficie de la compuerta tierra húmeda impregnada de jales mineros con color grisáceo, misma que se observa sobre el suelo natural y malezas aledañas al cauce del referido arroyo”.
Durante la inspección no tomaron muestras del suelo. Para Profepa, Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Por ello, la empresa recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic. Diez días después del derrame, el 18 y 19 de octubre, realizó 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote.
Los resultados identificaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo El Coyote. Uno de ellos, en las cercanías del pozo de agua potable.
A partir de los resultados de estos estudios realizados por Intertek, la Subdelegación Auditoría Ambiental e Inspección Industrial, de Profepa, que se encargó de revisarlos, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía contaminación por talio.
En una de las parcelas por donde pasa el arroyo, se identificó que las cantidades de este metal rebasaban en 350% los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSAT-2004. Mientras que en el sitio de muestreo de suelo llamado “pozo de agua potable” superó en 300% los límites. “Se concluye que sí existe contaminación de suelo en los puntos nombrados Parcela 1498 (Talio 0,09 mg-L) y Pozo de Agua Potable (Talio 0,08 mg-L) con metal pesado Talio”, registra la opinión técnica de Profepa.
Minera Cuzcatlán, por su parte, buscó argumentar con diversos documentos e informes ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Por ello contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados de Intertek donde aparece el talio. Todas ellas o desconsideraron la presencia de este metal o argumentaron que no representaba riesgo a la salud y al medio ambiente.
Una de estas consultorías, Nova Consultores Ambientales, afirmó que al “haberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (…) se programó un nuevo muestreo”, que fue realizado por Grupo Microanálisis.
Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justificó que podía deberse a “un fenómeno zonal, es decir característico del área”.
Al final, Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras porque, después de todo este proceso, “en atención a la inquietud” presentada por Minera Cuzcatlán a Intertek, el laboratorio llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal.
Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es así que este laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, lo que indica que no hay presencia de este metal.
Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigación, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”.
El equipo de este reportaje buscó la versión de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana Vázquez, quien dijo “no hay un área como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en específico”, terminó por redirigir la llamada a una grabación del sistema de mensajería de la empresa. Nuevamente se intentó contactar, pero ya solo respondió el sistema de mensajería.
Según la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, como comprueban los dictámenes emitidos por Profepa y Conagua, “el escurrimiento de nuestra pileta de colección, ocurrido en octubre de 2018, no causó daño ambiental, principalmente porque los jales de Compañía Minera Cuzcatlán no son catalogados como peligrosos o tóxicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relación con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compañía Minera Cuzcatlán ha promovido programas de desarrollo agrícola y pecuario en la zona, así como de reforestación; además de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones”.
Minera Cuzcatlán, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que “siguió todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboración con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigación concluyó que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo”. Además, la Minera Cuzcatlán recalca “que el talio, no esta presente en las características geoquímica de nuestros jales”, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que sí detectaron la presencia de talio.
Por su parte, la bióloga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripción de Intertek. “Es difícil de creer que un laboratorio proveedor líder en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso”. Explica que habría que pedir “los resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo”.
No se puede creer “en la empresa así nomás; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones”. Profepa es, al final, “el órgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente”, agrega la abogada Claudia Gómez Godoy.
Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de “las pruebas documentales que aportó el representante legal de la empresa Compañía Minera Cuzcatlán”, tal y como está registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recibía la Subdelegación Jurídica y ésta solicitaba una opinión técnica a la Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial. Esta opinión técnica era formulada a partir de la revisión de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Después regresaba al área Jurídica. Fue así como se tomaron las decisiones, con opiniones técnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatlán.
“Ninguna empresa va asumir que sí contaminó. Esas prácticas se prestan mucho a la corrupción”, señala la abogada Gómez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que actúe en consecuencia. “La carga de la prueba está con las empresas que tienen laboratorios a cargo”, puntualiza el investigador y concluye que “hay conflicto de interés; desafortunadamente son mecanismos de regulación que han sido diseñados para eso, para que haya impunidad”.
El equipo de esta investigación hizo la solicitud de entrevista al área de comunicación social de Profepa y fuimos atendidos por Rubén Jiménez; no obstante, nunca se garantizó una fecha para la entrevista y, hasta el punto final de esta investigación, no se recibió respuesta alguna de esta instancia.
16 comunidades bloquearon la carretera federal 175, en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart. También denunciaron la contaminación de Minera Cuzcatlán y la expansión hacia otras comunidades que no han sido consultadas ni informadas. Foto por Santiago Navarro F.
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El eterno suspenso de los pobladores
Las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las autoridades ambientales para atender este evento que les afectaba con la falta de agua potable y con problemas en la salud. “En ningún momento la Profepa, como instancia pública del gobierno federal, se acercó a las comunidades para brindarles información”, dice el abogado José Pablo Antonio, que asesora a las comunidades.
Aquino Pedro Máximo asegura que ellos nunca se enteraron de la presencia de estos metales. “No tenemos dinero para pagar nuestros propios estudios. Tampoco confiamos en las autoridades, porque parece que ellos trabajan para la empresa en la forma que se comportan. Están más preocupados de que la empresa pueda continuar con sus explotaciones y a ellos no les importa lo que sufrimos”, comparte.
La falta de información caracteriza la violación de derechos fundamentales, sostiene la abogada Gómez Godoy. “Si la gente de las comunidades no tiene información sobre la calidad del agua, pues se está violando una serie de derechos. Primero, el derecho a la información, pero también se viola el derecho humano al agua, a la salud. La información es fundamental para que se garanticen otros derechos”. Además, señala que “es necesario que Semarnat, Profepa y Conagua se adecúen a la nueva realidad de los convenios internacionales de Derechos Humanos que, en México, pasó a tener rango constitucional [desde 1992]”.
Las instancias de salud local tampoco recibieron aviso alguno sobre la presencia de los metales identificados o recomendaciones sobre las posibles afectaciones a la salud. Eiser Ariel Vázquez Salazar es médico coordinador de la Unidad Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social del municipio de Magdalena Ocotlán. Ha laborado desde hace seis años en esta comunidad. “Oficialmente no hemos tenido una protocolización con estas instituciones dedicadas a cuidar el ambiente, para saber cuáles son las conductas a seguir”, se queja.
Efrén Sánchez Aquino, síndico municipal de Magdalena Ocotlán, quien asumió el cargo en 2020, muestra su preocupación porque muchas personas se enfermaron. “Yo tuve diarrea y dolores de estómago por varios días. Hoy como autoridad la preocupación es mayor porque tenemos que velar por nuestra comunidad”.
En los últimos años, en especial después del derrame, el médico Vázquez Salazar confirma que notó un aumento de enfermedades de tipo intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales.
El equipo de este reportaje solicitó informaciones a la Regiduría de Salud del municipio de Magdalena Ocotlán sobre los números de casos y las enfermedades registradas en el municipio en los últimos cinco años. La autoridad de salud municipal sostuvo que no había registros de las enfermedades y orientó el equipo a solicitar directamente a la única unidad rural de salud del municipio, coordinada precisamente por Vázquez Salazar. En entrevista, sostuvo que en la unidad de salud no existen registros sistematizados de las enfermedades en el municipio.
Mediante solicitud de información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, igualmente cuestionada sobre los registros de enfermedades en Magdalena Ocotlán, no mostró registros en este municipio. También se solicitó información al Instituto de Salud para el Bienestar, que notificó su incompetencia para atender la solicitud, y orientó a que se solicitara información a la Secretaría de Salud de Oaxaca. Dicha dependencia no contestó a la solicitud de información y tampoco hizo caso a las quejas interpuestas.
“No hemos podido tener una valoración o un estudio que nos diga los impactos reales del derrame en la salud de la comunidad”, sostiene el coordinador de la unidad médica de Magdalena Ocotlán. No descarta la relación del aumento de estos padecimientos con el derrame y la actividad minera. “Constatamos que substancias del proceso minero alcanzaron el principal abastecimiento de agua de esta comunidad. Y este es un dato principal que no podemos descartar”.
Por otro lado, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, sostiene que el órgano no informó a las comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente porque le correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) avisar a las autoridades de salud para que tomaran medidas.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el presidente de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat, Daniel Quezada Daniel, quien fue asignado para dar seguimiento a los conflictos entre comunidades y la Minera Cuzcatlán. No obstante, no dio seguimiento a nuestra solicitud.
Indicios de contaminación en el colector de aguas pluviales de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Ubicado a 300 metros de Minera Cuzcatlán.
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La historia se vuelve a repetir
El expediente del caso sobre el derrame ocurrido en 2018 está oficialmente cerrado, mientras que las comunidades afectadas hasta el día de hoy desconocen cómo fue el desenlace de este derrame. Pareciera que el tiempo lo cura todo y estas comunidades simplemente pudieron haber olvidado lo ocurrido, pero el 13 de julio del año 2020 volvieron a detectar una nueva contaminación.
Cuando los pastores de Magdalena Ocotlán llevaban a tomar agua a su ganado a un colector de aguas pluviales –se encuentra a menos de 300 metros de las instalaciones de la empresa, en los márgenes del arroyo Santa Rosa–, se percataron de que el agua tenía un color rojizo y una lama blanca.
Dieron aviso a las autoridades del pueblo y estos presentaron una denuncia oficial ante la Profepa. La empresa inmediatamente dijo que no hubo ningún tipo de derrame y, por lo tanto, se deslindó de toda responsabilidad.
Nuevamente, las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después se presentó Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados. El equipo de este reportaje se encontraba presente en el lugar. El regidor de Obras, Francisco Rosario Valencia, le preguntó al funcionario si había o no metales pesados en su agua. “Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”, respondió el funcionario.
Metales encontrados en el colector de aguas pluviales de la Comunidad de Magdalena Ocotlán
Se le volvió a preguntar si sabía cuáles son las afectaciones de este metal y dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.
El informe técnico, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación, arrojaba la presencia de aluminio de hasta 27,337% arriba de las normas CECA para uso en protección de vida acuática en agua dulce. Lo mismo sucedió con el fierro, el cual excedió lo permitido hasta 900%. El nitrógeno amoniacal rebasó 413.33%. El oxígeno disuelto se mostraba por debajo de los límites ideales, “lo que indica carencia de oxígeno que limita el uso para protección de vida acuática”, dice el documento.
En el oficio que presentó el funcionario de Conagua exime a Minera Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una revisión ocular de sus instalaciones: “Con los datos obtenidos durante la visita de reconocimiento y las muestras de agua de 6 sitios (en colector de agua), no es posible establecer que el agente causante de una probable contaminación sea la Minera”.
Hasta la publicación de esta investigación, Profepa no ha comunicado cuáles fueron los resultados de los sedimentos. Este expediente sigue abierto. Sin embargo, la historia se repite. Las comunidades están alejadas de las acciones y decisiones tomadas entre empresa y las autoridades ambientales.
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Por Avispa
Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi
El pasado miércoles 24 de marzo se ha publicado de forma conjunta, con Avispa Midia, Aristegui Noticias, Pie de Página y Connectas, la investigación periodística llamada Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar. El trabajo ha generado reacciones por parte de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a quien ha sido dado el derecho de réplica a través de Aristegui Noticias. También el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha enviado una nota aclaratoria.
Reiteramos que el equipo de esta investigación revisó a detalle y en compañía de especialistas en la materia los primeros resultados de las muestras colectadas, dos días después del derrame, por el Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, de Conagua. Los funcionarios del laboratorio de Conagua hicieron muestras del arroyo y también de la mezcla de aguas de lluvia con jales secos que escurrieron en el arroyo El Coyote.
Las muestras fueron colectadas directamente de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila de los escurrimientos, y también justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, detallaron los funcionarios en su acta .
Estas muestras fueron analizadas por Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.
De acuerdo con los resultados, en los muestreos de los jales secos con aguas de lluvia, colectados dentro de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán y que posteriormente se vertieron en el Arroyo el Coyote, aparecieron los siguientes metales por arriba de los límites máximos permisibles (LMP) de los Ceca y de la NOM-001-Semarnat-1996: Níquel, Aluminio, Arsenio, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc. También aparecieron otros metales en los muestreos, sin embargo, las normas utilizadas por Conagua no establecen un límite máximo permisible para estos metales. Ellos son: Plata, Bario, Berilio, Bismuto, Cobalto, Litio, Manganeso, Molibdeno, Selenio, Estaño, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Magnesio.
Fecha de muestreo 10-10-2018
En una nota aclaratoria enviada al equipo de esta investigación, el Director General OCPS de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, quien fue entrevistado en la investigación, sostiene que los “procedimientos administrativos (…) se llevan a cabo en estricto apego a los criterios técnico-administrativos y se fundamenta su intervención en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.
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Por Eugenia López
El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.
Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.
“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.
En el marco de la conmemoración del asesinato de Cacéres, sus familiares y miembros del COPINH reítiraron su exigencia de justicia, considerando que el Estado “está en deuda”, pese a que siete personas han sido condenadas.
“Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento”. La petición de que se “capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual”, dijo Zúñiga para el periódico Efe.
También denunció la colusión que existe entre los autores intelectuales y el sistema de justicia hondureño, declarando que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es “romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso”.
La amenaza latente
A principios de este mes, se conmemoró el quinto aniversario del asesinato de la defensora lenca Berta Caceres, quien dedicó su vida a la defensa de los territorios y los derechos de las mujeres frente a las violencias tanto estatales como empresariales, militares o políticas.
Fue en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando cuatro sicarios entraron a su casa, en la Esperanza, en el Oeste de Honduras, y la asesinaron por defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por un proyecto de represa hidroeléctrica conocido como Agua Zarca y liderado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Tras el asesinato de Cáceres, la construcción de la central hidroeléctrica fue paralizada. El proyecto sigue sin avanzar hasta la fecha, pero el riesgo sigue vigente ya que la concesión otorgada es por 50 años.
“Para nosotras sigue siendo una amenaza latente”, sostuvo su hija mayor, Berta Züñiga, quien encabeza ahora el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que Cáceres coordinaba antes de su muerte, para el diario El País.
La lucha sigue
A cinco años de la muerte de la indígena Lenca, su fuerza y espíritu se mantienen vivos, y el COPINH sigue activo a pesar de la pandemia.
“Son muchas las circunstancias que nos dan un escenario complicado y desesperanzador. Pero aquí es necesario que nosotras sigamos con la labor de transformar la realidad de Honduras, así como de dignificar la memoria de los mártires”, declaró la joven.
Despojo por megaproyectos en aumento
En los últimos años, los conflictos relacionados con el control de la tierra y del agua han aumentado en toda la región. De acuerdo con el informe Territorios en Riesgo II de Intermón Oxfam, 112 hidroeléctricas ya están operando en Honduras, y 300 más están en proyecto, 25 de las cuales están dentro de áreas protegidas y otras 34 se ubican en territorio lenca.
Como si fuera poco, en enero pasado, el Gobierno hondureño aprobó y anunció la construcción, la ampliación y la operación de 14 represas, justificando su decisión por los recientes huracanes llamados Eta e Iota que causaron daños en el país. Con el decreto ejecutivo PCM 138-2020, las represas hasta fueron declaradas megaproyectos priorizados de interés nacional, como una medida para la contención de inundaciones.
Represión y criminalización
La represión tampoco ha parado en el país centroamericano. Desde el asesinato de Berta Caceres en 2016 y según Global Witness, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Honduras. “Lastimosamente, en estos cinco años más bien ha empeorado todo. Cuando comenzamos
este trabajo en pro de la justicia el objetivo era aportar a la no repetición de los crímenes en contra de las personas que están defendiendo los territorios. Pero, actualmente, siguen dándose las circunstancias de persecución y de criminalización por parte del Estado y las grandes empresas. No hay una voluntad política y eso va a tardar más tiempo del que nosotras hubiésemos deseado”, comenta Zúñiga.
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Con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales, habitantes tostsiles de Aldama bajo ataques de armas de fuego
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, Chiapas, México; que durante los días 20 y 21 de marzo 2021, las comunidad de Aldama han sido agredidas con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal.
Las agresiones armadas en contra de la población maya tsotsil de Aldama no ha cesado, desde noviembre de 2020, en donde el Frayba registró el mayor indice de ataques, a la fecha, los ataques armados han continuado hacía la población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población.
El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14:00 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac recibieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas, fueron más de 9 horas de agresión. La comunidad de Stzelejpotobtic recibió 11 ataques armados. Los disparos provenían de los puntos: K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.
El 21 de marzo de 2021, de las 10:00 a 21:00 horas, habitantes de las comunidades de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron 9 ataques con armas de fuego. Además, trabajadores de una compañía que se encuentran laborando en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam, estuvieron bajo ataque. Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó. Los las agresiones provenían de los puntos de ataque El Ladrillo que se encuentra dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de Vale’tik, T’elemax, Tojtic, Slumka y Yocventana, Santa Martha.
El Frayba manifiesta su preocupación por los hechos de agresión armada que vive constantemente la población del municipio de Aldama. Estos hechos, forman parte de una persistente violencia con impactos psicológicos que ya vive la población y lleva a una fractura profunda del tejido social.
Urgimos al Estado mexicano que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que firmen esta llamado urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas más apropiadas que garanticen la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de la población en constante asedio.
Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama.
