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Las comuneras y comuneros de El Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos nos mantenemos en alerta áxima. Este sábado alrededor de las 10 de la mañana, 2 vehículos de la Guardia Nacional, acompañadas de personas vestidas de civil, hicieron acto de presencia en los límites de San Pablo Cuatro Venados, principalmente, en el río de nuestras comunidades de El Rebollero y Paraje los Arquitos, posteriormente se mantuvieron en la zona que conocemos como “La Mesa”. Desde días atrás hemos denunciado que las autoridades municipales y agrarias de Cuilapám de Guerrero han llegado a un supuesto acuerdo con instancias del gobierno de Oaxaca para recurrir a la Guardia Nacional y tomar el control de nuestro territorio, para que se pueda dar paso a la explotación de las concesiones mineras que hay en nuestras tierras.
El 12 de julio del 2021 la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO), a través de la Junta de Conciliación Agraria en coordinación con el representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca (Segob), José Carlos Fuentes Ordaz; el responsable de Acciones de Derechos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Juan de Dios Ortiz Concha, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y personal de la Procuraduría Agraria, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero. En este encuentro, el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Rodrigo Jarquín Santos, ha dado instrucciones al secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, para “atender y dar puntual seguimiento a las problemáticas que se presentan en las comunidades por límites de tierras”.
En ese encuentro, el representante de la Segob, advirtió que, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, se “daría puntual seguimiento en coordinación con la Guardia Nacional a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero”, quienes afirman que estamos en su territorio y que nosotros somos invasores. Hacemos saber que no hay información en nuestras comunidades del acuerdo del gobierno del Estado y Culiapam. Así como tampoco hay información de un supuesto acuerdo económico al que han llegado las autoridades de Cuilapám y Cuatro Venados por la supuesta problemática de límites de tierras.
Dejamos claro que quienes habitamos en estas comunidades no hemos generado ningún conflicto. Siempre hemos vivido aquí. En todo caso, si hay un conflicto, es porque las propias autoridades, tanto de Cuatro Venados, como de Cuilapám, lo han provocado, al llegar a ciertos acuerdos por debajo de la mesa sin consulta y sin información hacia las comunidades afectadas, en este caso, nuestras comunidades.
La presciencia de la Guardia Nacional, acompañados de personas de Cuilapám no es la primera. También han intentado intimidarnos con la presidencia del ejército, como sucedió en 2020, cuando un vehículo se internó en nuestras comunidades e intimidó a varios de los integrantes de nuestra comunidad. Les quitaron sus teléfonos, los revisaron y borraron las fotos que habían tomado de ellos. También ya hemos denunciado que el 5 de julio un helicóptero de color rojo sobrevoló y aterrizó en nuestro territorio, días después fuimos atacados.
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Por Aldo Santiago
En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación
Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.
Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.
Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).
“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.
Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.
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Por Ñaní Pinto
Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.
Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.
Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.
Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.
“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.
De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.
Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.
Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.
Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.
“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.
Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.
Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.
Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.
Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.
Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.
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Por Avispa
Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera
La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.
Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.
Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.
A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.
La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.
Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera
En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.
Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.
Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.
Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.
Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.
“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.
Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.
En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.
Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera
“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.
Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.
Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.
“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.
Diálogo de sordos con los palmeros
Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.
La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.
Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.
Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.
La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.
Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera
Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.
Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.
“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.
Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.
“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.
“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.
Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.
La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.
A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.
“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.
La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.
Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.
Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.
Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.
A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.
Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera
Tan lejos del Estado
Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.
Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.
El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.
“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.
“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.
El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.
Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.
“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.
La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.
Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.
El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.
Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.
En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.
Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera
La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.
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Por Aldo Santiago
“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.
Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.
Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.
En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.
Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.
Cuerpo-Territorio
En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.
Actividades de las mujeres defensoras para mapear las violencias en sus cuerpos y territorios. Fotos de Agua y Vida
Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.
“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.
Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.
Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.
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Por Ñaní Pinto
En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.
“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.
Fotografías que evidencian los daños a casas, sembradíos e invasión de los elementos de la fuerza pública al predio en Tepixtepec, Veracruz. 8 de julio, 2021.
L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.
En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.
Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.
“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.
Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.
Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.
Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.
¿Diálogo o represión?
“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.
Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.
Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.
“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.
“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.
Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.
“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.
Negocios con delincuentes
Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.
“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.
Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.
“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.
Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.
A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.
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Por Ángel Huerta
Ejidatarios de Don Samuel, División del Norte, Haro, Escárcega y Miguel Alemán, en el estado de Campeche, integraron un frente para denunciar extorsiones y amenazas por parte la empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para negociar lo correspondiente al pago por derechos de vía para el proyecto “tren maya”.
En conferencia de prensa, realizada el pasado 2 de junio, Mariana Elena Hernández del ejido Don Samuel comentó que se integraron en grupo de ejidos en la defensa de sus derechos humanos y su territorio “para protegernos, con el fin de apoyarnos, dialogar, de compartirnos información. Estamos aquí para denunciar actos de corrupción, extorsión, engaños y fraudes por parte de la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fonatur”.
Hernández señaló que desde que inició el proceso, la empresa Barrientos y Asociados, S.A. de C.V., “se acercó, sin darnos información clara. Los ejidos y las autoridades de buena fe dejaron entrar y escuchar lo que nos traía el proyecto. Hasta ahí solamente nos comentaban que habría derrama económica, que pronto iniciarán los trabajos y nosotros nos quedamos a la espera de esta información, que hasta la fecha no es clara. No tenemos el alcance de los impactos sociales, ambientales, culturales que nos trae el proyecto, tampoco tenemos un diseño de lo que es el tren, las vías como el diseño final. Los comisariados fueron presionados para firmar convenios”.
En comunicado de prensa, l@s ejidatarios señalaron que “el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados inició en varias de nuestras comunidades estuvo plagado de vicios y, en cada caso, se cometieron distintas irregularidades aunque la forma de operar fue la misma en términos generales”.
L@s denunciantes comentaron que se presentó una persona en las comunidades identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, quien en todos los casos buscó obtener autorización de las autoridades.
“Levantó actas en algunos ejidos, sin contar con la mayoría de firmas de la Asamblea y sin la presencia de ninguna autoridad agraria; además, hasta el momento no se ha entregado copia a los ejidatarios”, señala el comunicado de prensa.
Entre otras irregularidades, l@s ejidatarios señalaron la entrega de cheques a representantes ejidales, sin brindar mayor información, documentos o aclaraciones sobre los montos.
“El representante de Barrientos y Asociados pedía a los ejidatarios que se le regresara la mayor parte del dinero en efectivo, una vez cobrados los cheques, argumentando que era lo correspondiente al pago por las gestiones y servicios profesionales de la empresa. Las personas que se negaron o que pidieron documentos y explicaciones, fueron manipuladas, amenazadas, intimidadas e incluso extorsionadas por el representante de dicha empresa”, denuncia el comunicado.
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Por Aldo Santiago
El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.
Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.
Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.
Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.
L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.
Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.
Colonialismo verde
Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017
Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.
“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.
Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.
Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.
“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.
También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.
Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.
“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.
Mercantilización de la naturaleza
Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012
Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.
Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.
“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.
A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.
“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.
Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.
Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.
Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.
“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.
Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.
“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.
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Reunidos en la comunidad Binnizá de Puente Madera, San Blas Atempa, los días 19 y 20 de junio, con el acompañamiento representativo de las comunidades indígenas de San Blas Atempa, Matías Romero, Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, Álvaro Obregón, La Ventosa, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Jalapa de Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa Maria Xadani, Ixtepec, Ixtaltepec, San Juan Guichicovi, Ixhuatán, Reforma de Pineda, Zanatepec, Tapanatepec, Santa María Petapa, Congregación Comunal La Libertad, Eloxochitlán de Flores Magón, Cuatro Venados, Cuilapam de Guerrero, Tatahuicapan, El Salitre, Cuautla, Huexca, Ocotepec, y de las organizaciones, centros de derechos humanos y colectivxs de los distintos estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México.
Ante el llamado al “Encuentro por la Vida: El Istmo es Nuestro”, nos encontramos, en el marco de la imposición del Macroproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para denunciar estos proyectos de despojo que no son de hoy, que vienen desde la llegada de los conquistadores, pasando por los gobiernos liberales y Neoliberales en la actualidad. Nos hemos reunido para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país y para fortalecer, en especial, las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;
DENUNCIAMOS que el actual gobierno pretende transformar esta región en un inmenso corredor de manufactura, ensamblaje y transporte de mercancías en manos del capital estadounidense e internacional y que al mismo tiempo funcionará como un muro de contención de los procesos migratorios desde centroamérica. También pretenden la instalación de 10 parques industriales en Oaxaca y Veracruz en las comunidades de Salina Cruz, Puente Madera, Mixtequilla, Ixtepec, Ixtaltepec, Barrio la Soledad, San Juan Evangelista, Texistepec y Coatzacoalcos; así como la modernización y ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y de las vías del Tren Transístmico, así como la instalación de una serie de gasoductos paralelos a las vías del tren. Mostrándonos así que el Transístmico es mucho más que un simple tren, es un proyecto de producción y transporte de mercancías que surge de la necesidad de insertar a la región en la relación de producción, circulación y consumo de la naturaleza, energía fósil y mano de obra barata al servicio del capital internacional, mediante las redes de transporte que pretenden imponer en las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. No obstante, la actual administración del señor Andrés Manuel López Obrador ha intentado justificar la entrega de este territorio mediante una serie de Consultas Indígenas en las comunidades de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y está por iniciarse en Asunción Ixtaltepec, llevadas a cabo como meros procesos burocráticos y simulatorios, violando y pisoteando el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
En este contexto de imposición, las comunidades del Istmo estamos enfrentando distintos procesos de despojo y violación de nuestros derechos es por eso que:
DENUNCIAMOS
La instalación del Parque Industrial en tierras de uso común en el Pitayal.
La utilización del Derecho a la Consulta como instrumento para el despojo de los territorios.
A la Procuraduría Agraria, que se encuentra coludida con intereses de diversos grupos políticos y empresariales para despojar de su territorio a la comunidad de Jalapa del Marqués, así como la tala de hectáreas de bosques para la generación de monocultivos de Agave.
Que existe una falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales, culturales del macroproyecto del Corredor Interoceánico y demás proyectos vinculados a él.
Que en la comunidad de San Mateo del Mar se enfrentan a una serie de acciones de imposición del sistema de elecciones partidistas mediante el fomento de la división y violencia intracomunitaria, sin respetar su sistema normativo.
Las agresiones armadas y el desplazamiento forzado a la comunidad del Rebollero y Río Minas, Cuatro Venados, en medio de intereses de dos concesiones mineras con una extensión total de 1532 Ha.
A la diputada Elisa Zepeda por el clima de violencia que ha generado en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.
La imposición del Proyecto Integral Morelos así como las líneas de Gasoductos que se están proyectando en todo el territorio nacional.
EXIGIMOS
La cancelación de las denuncias judiciales contra los compañeros David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa, defensores del territorio de Puente Madera por parte de la SCT y el municipio de San Blas Atempa.
Solución a los amparos agrarios y controversia constitucional frente a la impune invasión de talamontes y ganaderos impulsado por el gobierno de Chiapas, en territorio comunal Zoque de los Chimalapas.
Cancelación de las concesiones mineras en las comunidades de Zanatepec, San Miguel Chimalapa y La Ventosa Juchitán.
Cese inmediato a la represión contra las Escuelas Normales Rurales, alto a la represión contra la Normal de Mactumatza, Chiapas y la Normal Teteles, Puebla.
Castigo a los responsables por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
Exigimos el precio justo de las altas tarifas de energía eléctrica y el reconocimiento de la energía eléctrica como un Derecho Humano.
Cancelación de las dos subestaciones eléctricas en territorios de pueblo popolucas y nahuas así como el cese a cualquier trabajo de exploración y extracción de los bienes naturales de la Sierra de Santa Martha, Veracruz.
Cese a la represión contra los integrantes del Consejo Indigena y Popular de Guerrero- CIPOG
Justicia por el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes.
La libertad inmediata de los presos políticos Fredy Garcia del CODEDI, de Eloxochitlán de Flores Magón y de Fidencio Aldama de la tribu Yaqui.
Acordamos seguir en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos que somos y las diversas organizaciones sociales y territorialidades, para demostrar que la solidaridad entre quienes defendemos la vida no es palabra escrita solamente, así seguiremos llamando a la organización y defensa del territorio.
Como pueblos, nuestrxs abuelxs nos enseñaron a luchar y a defender el mar, el viento y el territorio.
Por lo tanto:
“Somos conscientes de que existe una guerra entre el sistema y la naturaleza, esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza. O con la muerte o con la vida”.
RECHAZAMOS EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y TODOS LOS MEGAPROYECTOS
IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN.
NO NEGOCIAMOS, NI NOS RENDIMOS.
REITERAMOS EL ISTMO ES NUESTRO
de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano
no de las empresas, ni de los gobiernos.
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COMUNICADO URGENTE DE LAS ORGANIZACIONES DE RESISTENCIA DEL PUEBLO MUNDURUKU
El pueblo munduruku pide responsabilidad a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región.
Esta mañana se produjeron manifestaciones a favor de la minería ilegal, incentivadas por el municipio de Jacareacanga, y dirigidas contra los grupos de la Fuerza Nacional y de Policías federales desplegados en la región. Los manifestantes intentaron quemar los equipos de las policías, y fueron respondidos con bombas de gas. Como los mineros y los grupos indígenas cooptados no pudieron con la policía, fueron a atacar las casas de nuestros líderes.
Fue allí donde la violencia contra nuestro pueblo traspasó todos los límites. Esta tarde, 26 de mayo, alrededor de las 12:30 horas, la aldea Fazenda Tapajós, donde vive la coordinadora de la asociación Wakoborun, Maria Leusa Kaba, fue invadida por mineros armados y atacada, disparándose contra las casas y las personas. Se incendiaron dos casas, la propia casa de la coordinadora y la de su madre, jefa de la aldea. La información es que nadie resultó herido, pero todos están en estado de shock.
La promesa ahora es ir a la aldea de Ademir Kaba y Ana Poxo, líderes de nuestro pueblo, y hacer lo mismo. Necesitamos operativos policiales para arrestar a los criminales que nos atacan y mantener a salvo a nuestros líderes para que realicen su trabajo, y expulsar a los invasores de nuestras tierras, de lo contrario esto nunca terminará.
Es inaceptable que aún con la presencia de la Fuerza Nacional en la región, la aldea de uno de nuestros principales líderes haya sido invadida por hombres armados que transportaban galones de gasolina, y que incitan al odio contra todos nosotros. Tememos por la vida de quienes luchan incansablemente por defender la vida del pueblo Munduruku y el futuro de todos en este planeta.
Al defender el río limpio y el bosque en pie, estamos siendo víctimas de la política de muerte de este Gobierno, que nos deja a merced de mineros armados dentro de nuestro propio territorio.
Hacemos un llamado urgente a la presencia de la Policía Federal para prevenir más violencia, asesinatos y masacres resultantes del fomento de las actividades mineras ilegales y de la impunidad de los delincuentes, como vemos que está sucediendo en los Yanomami y Mundurukania.
Nuestra gente solo quiere VIVIR EN PAZ y QUE NUESTROS DERECHOS SE RESPETEN. No somos nosotros los que pedimos violencia. Solo pedimos la protección de nuestras tierras y de las vidas indígenas por parte del Estado, como lo manda la Constitución Federal. Gritamos por ayuda.
Solicitamos al Estado brasileño garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las personas, líderes y jefes que se oponen a la invasión de mineros ilegales en la región y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en las comunidades.
