Autonomy and Resistance
(Español) Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.
Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.
En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.
Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.
El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.
“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.
En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.
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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.
En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.
Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.
El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.
Desigualdad
Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.
Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.
Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.
En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.
Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.
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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.
Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.
En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.
“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.
El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.
IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIAS DE PUENTE MADERA Y APIIDTT
Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca. A 27 de junio de 2022
A las agencias y habitantes de San Blas Atempa
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública
El día de hoy, hombres y mujeres de la agencia de Puente Madera nos movilizamos nuevamente. Un año ha transcurrido desde que, las y los comuneros de nuestra agencia, nos enteramos de que se estaba contemplando la instalación de un Parque Industrial en nuestro monte de El Pitayal.
Un año ha pasado desde la realización de la primera falsa asamblea de comuneros convocada por Antonino Morales Toledo, que en ese entonces ostentaba el cargo de presidente municipal de San Blas Atempa y hoy es mano derecha de aquel que obtuvo la gubernatura del estado en Oaxaca, en un proceso marcado por el abstencionismo.
Un año ha pasado desde que el gobierno que trató de vendernos la promesa de no repetir los patrones del pasado, avaló el despojo de nuestras tierras de Uso Común mediante el supuesto uso del mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada. Proceso que se caracterizó por la violación de los principios de Buena Fe, Libre, Previa, Informada y Culturalmente Adecuada del mecanismo jurídico utilizado, pues se destacó por el acarreo, la falsificación de firmas de más del 80% comuneros y la firma de dos comuneros ya fallecidos; además se realizó acorde a los tiempos del mercado y no de la comunidad, pues en tan sólo cuatro horas durante dos días desahogaron toda la información y avalaron la industrialización de nuestras tierras colectivas.
Hoy, un año después, de haber comenzado el despojo y la violación a nuestros derechos como pueblo indígena, la comunidad binnizá de Puente Madera nos hemos mantenido y seguiremos firmes y en resistencia, a pesar de que el municipio, San Blas Atempa, haya negado el reconocimiento a nuestras autoridades que como agencia hemos designado. No damos un paso atrás, aunque el municipio nos niegue los recursos económicos que por ley nos corresponden y se niegue el pago de servicios a la clínica de salud de nuestra agencia. Todas estas medidas de presión a escala municipal, responden a una forma de intimidación y criminalización hacia nuestra agencia, a causa de nuestro rotundo rechazo debido a la industrialización de nuestras tierras, consecuencias traídas por el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La industrialización que el actual gobierno nos oferta como bienestar y desarrollo, solo traerá para nosotros y nosotras la escasez y contaminación de agua, el acaparamiento de nuestras tierras, la contaminación de nuestro suelo y aire; a cambio, nos ofrecen condiciones laborales precarias y explotación laboral, que además se espera sirva como barrera de contención para la población migrante centroamericana. El Corredor Interoceánico nos ofrece Agroindustria para que olvidemos el zapalote chico, nuestro maíz nativo, base para nuestros totopos. Nos ofrecen Metalurgia e Industria Textil para abandonar el campo y la tierra, para que en pocos años esta industrialización nos lleve a niveles críticos de escasez de agua como la que hoy se está viviendo en Monterrey.
En nuestro monte de El Pitayal se pretende la instalación de uno de los 10 parques industriales que forman parte del Corredor Interoceánico. Megaproyecto que ha ofertado nuestras tierras, manantiales, viento, bosques, selvas, mares, cerros y todo aquello que puedan comercializar al capital privado estadounidense y asiático. También han anunciado que nuestra región será la nueva frontera con la región centroamericana y será vigilada y resguardada por el ejército estadounidense, mismo ejército que brindará seguridad a las empresas y empresarios que lleguen a industrializar nuestro territorio.
Desde la comunidad de Puente Madera, anunciamos que seguiremos en resistencia en contra de la instalación de este parque industrial. Continuaremos en resistencia hasta las últimas consecuencias por la defensa de nuestras tierras comunes y nuestras formas de vida que nos hacen existir, a nosotros y nosotras como binnizá que somos. Y sabemos que la criminalización, represión y hostigamiento a quienes defendemos nuestra vida y nos oponemos a su megaproyecto comenzarán a agudizarse en los meses que vienen.
Es por esto que llamamos a hombres y mujeres de esta región del Istmo de Tehuantepec a que levanten la voz en contra de la Industrialización y entrega de nuestros territorios, que este megaproyecto implica. Es momento de decidir, o defendemos nuestros recursos y tierras de las cuales dependemos o permitimos la entrega de estas a manos privadas.
Al mismo tiempo, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera hace un llamado a individuos, colectivos, organizaciones indígenas, sociales, estudiantiles, magisteriales, de mujeres y disidencias, de Oaxaca, México y el Mundo a solidarizarse con nuestra lucha en defensa del territorio, contra la industrialización y el megaproyecto Corredor Interoceánico, realizando acciones dislocadas, a sus modos y formas, en sus lugares y tiempos, y así demostrar que la solidaridad no es sólo palabra escrita.
NO VAMOS A PERMITIR QUE ENTREN MÁQUINA AL MONTE EL PITAYAL
NI QUE SE HAGA NINGÚN TRABAJO QUE ATENTE CONTRA TIERRAS DE USO COMÚN.
NO AL PARQUE INDUSTRIAL DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO.
EXIGIMOS LA REVISIÓN Y CANCELACIÓN DE ACTAS DE POSESIÓN SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN.
SI NOS TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS, SI HAY REPRESIÓN HABRÁ MOVILIZACIÓN.
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio