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Autonomia y Resistencia

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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos, acudimos hoy a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestar nuestra indignación, nuestra inquietud y nuestro dolor. Hace 14 años, un 12 de agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de nuestro país, tomaron una decisión tan vergonzosa sobre la masacre Acteal, argumentando que hubo violación al debido proceso de los paramilitares, y por mayoría aprobaron que podrían dejar en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997.

Con este hecho se reveló totalmente que los Ministros de la Suprema Corte son cómplices de la matanza de Acteal, favoreciendo a los criminales, pues los que participaron directamente en este acto de horror, ya habían confesado que realmente sí llegaron a masacrar y muchos ya habían sido sentenciados. Es decir que de nada sirvieron la investigación y las indagatorias hechas por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ni las de la Procuraduría General de la República. Además, con la liberación de todos los autores materiales también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados Además, con su liberación también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados, pues así cancelaron definitivamente el interés que los perpetradores pudieran tener en decir la verdad sobre quiénes coordinaron, financiaron y encubrieron sus acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y ésa fue siempre su intención, hacer que fuera cada vez más difícil probar la responsabilidad de quienes aprobaron, gestionaron e implementaron el Plan de Campaña Chiapas 1994, así como quienes fueron negligentes en atender las denuncias que se hicieron para tomar medidas que evitaran la Masacre, e incluso el socorro a sus víctimas durante todas las horas que duró la realización de este crimen de lesa humanidad.

Como sobrevivientes de la Masacre de Acteal ya hemos presentado pruebas suficientes de estos hechos. La Suprema Corte nunca tomó en cuenta nuestras aclaraciones. Y durante muchos años trataron de tergiversar el sentido de la Masacre. Como resultado, hoy ninguno está en la cárcel pues los asesinos todos están premiados. Ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que en México persiste realmente el racismo y la incapacidad de impartir la justicia conforme a la vía de la legalidad.

Violando el derecho de las víctimas, como que si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera participado en la masacre de Acteal. Pero en todo esto, claramente estuvieron buscando muchas maneras para deslindar la responsabilidad del Estado y encubrir estas acciones tan terribles que sólo sembraron la semilla del terror. Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal.

Hoy persiste la impunidad y la injusticia, cientos y miles de personas indígenas y no indígenas claman justicia ante esta situación y ante la inestabilidad social en nuestro país.

Hoy reafirmamos que la paz social en nuestro estado se sigue deteriorando cada vez más, aunque se encuentran desplegados los ejércitos y la guardia nacional, la verdad es que cada vez se han aumentado más los crímenes. El ejemplo más claro está con nuestro amigo y compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, quien fue cobardemente asesinado el 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Allende, Chiapas, en lo que han querido hacer pasar por un hecho aislado. Pero nosotros sabemos bien que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con su trabajo de defensa de los derechos humanos, mismo que realizaba desde nuestra Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, en medio de lo que continuó las acciones de contrainsurgencia en nuestra región, que hemos visto como la aparición de varios grupos armados criminales que se pelean el control del territorio; esto junto con los intentos de acabar con nuestra organización pacifista y no violenta que en realidad nunca han parado en nuestro Municipio. Y otra cosa que el juez de su caso no quiso tomar en cuenta fue todo el trabajo político, social y organizativo que realizaba desde la Parroquia católica de Santa Catarina en Pantelhó.

El hecho de que desde el pasado 28 de abril se siga apelando por la libertad del responsable material de este crimen, siendo su abogada de oficio la licenciada con el nombre de Patricia López Girón, aunque este delito ya se había juzgado, condenado y sentenciado el pasado 14 de abril del 2023, sigue favoreciendo a que haya más crímenes contra los que buscan la paz. Por eso hemos señalado que la violencia está institucionalizada por el mismo estado. Esta apelación la va a resolver la Sala Regional Colegiada Mixta de Pichucalco, Chiapas, así que les rogamos a todas las hermanas y hermanos que han apoyado a nuestra organización y a la familia de nuestro compañero Simón Pedro, que sigan con nosotros, pendientes del desarrollo de este proceso.

Compañeros y compañeras, ante esta situación que se vive en Chiapas y en México, para nosotros no ha llegado la cuarta transformación, sino que los problemas y la impunidad empeoran cada vez más. Por eso, los sobrevivientes de esta organización y todos sus miembros que luchamos por la paz de manera no violenta, no olvidamos la cruel fecha del 12 agosto y venimos a esta ciudad a denunciar los últimos acontecimientos y anunciar la injusticia que se prepara, ya que si no lo hacemos, las piedras gritarán, como dice la Santa Biblia.

Hoy debemos asumir una responsabilidad pacifista, como lo hizo nuestro compañero Simón Pedro, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo 5, versículo 9: “Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.

Hermanos y hermanas, les pedimos a los hermanos de todas las denominaciones religiosas que no seamos cómplices de esta situación de violencia generalizada, porque hay muchos que están buscando su beneficio personal, especialmente en este arranque de las campañas electorales.

Dejemos atrás esta ignorancia, pues es momento de ver en el Horizonte dónde está la claridad y no dejarnos manipular. Sepamos distinguir lo derecho de lo torcido, veamos la claridad y no la oscuridad.

Hermanos y hermanas, nosotros como sobrevivientes de la Masacre de Acteal y miembros de la organización de Las Abejas de Acteal, exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).

Y también exigimos que se reconozca la verdadera razón por la que asesinaron a nuestro compañero, de forma que se continúen las investigaciones de su caso, hasta dar con los autores intelectuales para que se sepa la verdad y también sean enjuiciados. Y, por supuesto, que no liberen del Cereso No. 14 “El Amate” al probado responsable material del asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, quien por lo menos debe purgar la condena de 25 años con la que fue sentenciado.

¡No a la impunidad!

¡Sí a la justicia!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de agosto de 2023.

Atentamente,

 La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Javier Flores Zepeda

Presidente

Eliseo López Arias

Secretario

   
 

Luis Miguel Gómez Pérez

Tesorero

 

Alonso Ruiz López

Sub Secretario

 

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento 2da. Asamblea Frayba: Los pueblos las luces del camino por la defensa de la vida

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

10 de agosto de 2023

Pronunciamiento

 

La Luz,

Para caminar,

Para llenarnos de luz.

Que nuestros ojos puedan descubrir los caminos que no terminan,

Los que nos llevan a los lugares de libertad, de justicia y de paz.

 

Que aprendamos a encender la luz en cualquier circunstancia:

En la oscuridad y cuando parece que nos cercan y no nos dejen avanzar.

 

Que no olvidemos que hay una luz interior que nos mantiene vivos y vivas.

Es importante iluminar los espacios y sobre todo el corazón de todas y todos.

 

Abrir el horizonte y disponernos cada día a recibir la luz del amanecer.

JS

 

Posicionamiento de la Segunda Asamblea Frayba

  • Reconocemos en los procesos sociales la luz de los caminos.
  • Nuestro compromiso es acompañar la defensa por la vida.

Quienes somos parte del caminar del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) llevamos a cabo la Segunda Asamblea “Tejiendo caminos hacia la paz, la Otra Justicia y la Vida”, celebrada el 7 y 8 de agosto de 2023, en donde reflexionamos el contexto actual y los desafíos para la defensa de la vida y el ejercicio de los derechos humanos en Chiapas.

Durante los últimos años hemos atestiguado un escalamiento y diversificación de las violencias en Chiapas, con enormes costos sociales, humanos y de los bienes comunes, así como profundos impactos en la vida de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios, las juventudes y personas migrantes, aumentando también los riesgos para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Las raíces estructurales de esta situación radican en un violento proceso de acumulación, basado en un modelo extractivista de carácter neodesarrollista que genera devastación, desigualdad y dependencia social. Este modelo profundiza la ruptura del tejido comunitario y social, así como la extracción de riqueza material y humana por empresas ilícitas que operan impunemente en colusión con agentes del Estado, a partir del control político, social y cultural, para la reconfiguración de los territorios al servicio de estos poderes económicos legales e ilegales.

Nos preocupa el creciente proceso de remilitarización y militarismo que se vive en el país, especialmente en Chiapas y la región sureste, cuyo territorio es de una gran relevancia geoestratégica para las obras de infraestructura del gobierno mexicano que lleva en su esencia la continuidad del despojo hacia los pueblos (Tren Maya, Corredor interoceánico del Itsmo de Tehuantepec y la Refinería Olmeca en Dos Bocas).

En este difícil contexto, desde el Frayba, interpelamos al Estado mexicano para cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país.

Reconocemos los procesos sociales que se impulsan desde distintas experiencias y actores, apostando por la construcción de sujetos sociales colectivos que ponen en marcha su autonomía, con alternativas diversas para hacer frente al contexto actual y prefigurar un nuevo mundo posible para el buen vivir.

Mantenemos el compromiso de caminar y dejarnos acompañar por los pueblos, con quienes tejemos alianzas y redes para la vida. Encontramos en nuestra memoria histórica y viva, las claves de las resistencias profundas para el mundo que anhelamos construir.

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Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA)

Declaración del Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia “Reencontrarnos en la Resistencia”

Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.

Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.

Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.

Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.

Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Pronunciamiento: Denunciamos la violenta ejecución de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, miembro de la Guardia Comunal de Santa María Ostula

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Con profunda pena y rabia, informamos que el dia de hoy, alrededor de las 00:20 horas, a la altura del kilómetro 129+700 de la carretera Coalcomán-Aquila, en el municipio de Chinicuila, fue localizado el cuerpo sin vida de nuestro hermano y compañero Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, quien el primero de agosto había sido “levantado” por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Coalcomán, mismo que finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje.

Esta brutal ejecución por parte del cártel criminal se da ante la indiferencia absoluta de todos los niveles de gobierno y del secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, quien actualmente no tiene más ocupación que impulsar su carrera política mediante giras proselitistas disfrazadas de recorridos de trabajo.

Denunciamos la colusión de la Guardia Nacional destacamentada en Chinicuila y Coalcomán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Coalcomán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG, mediante la protección otorgada a Cemei Verdía y el fortalecimiento de toda suerte de negocios ilegales que dañan la vida en nuestra comunidad, en la región y en todo el país.

Exigimos al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia en Michoacán hacer su trabajo y llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación de los hechos, en su momento denunciados por la familia del hoy fallecido, castigando a los culpables de este terrible crimen y desarticulando al CJNG, asimismo, de todos los niveles de gobierno, exigimos:

1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA TORTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ RÍOS Y DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CÁRTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS CORRUPTOS.

3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los autores intelectuales y materiales de la tortura y ejecución de nuestro guardia comunal, Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 10 DE AGOSTO DE 2023

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

 

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Avispa Midia

Acosan a indígenas por oponer resistencia al paso del Tren Maya en Bacalar

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: María Dolores Olvera Chi, junto a su esposo y sus dos hijos, resisten el desplazamiento forzado por las obras del tramo 6 del “tren maya” en Bacalar. Foto: Renata Bessi.

El hogar de una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, es una de las pocas casas que sobreviven en medio al trazado del tramo 6 del Tren Maya, en el Ejido Bacalar, estado de Quintana Roo, México.

La casa de María Dolores, donde vive con su esposo y dos hijos, impide que la maquinaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable por la construcción de la vía en este tramo, trabajen libres para la conclusión de las obras, prevista para estar lista hasta deciembre de 2023. Esta obra se ha convertido en prioridad máxima para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Las máquinas están en la puerta de mi casa trabajando día y noche, sin parar”, relata la mujer maya.

Un equipo de Avispa Mídia estuvo a principios de julio de 2023 en esta localidad y fue recibido por María Dolores. Ella relató la presión que estaba sufriendo desde cuatro meses atrás, por parte del comisariado ejidal del Ejido Bacalar, para que abandonara su casa y permitiera el avance del trazo del tramo 6.

La casa de María Dolores se interpone en el trazado del tramo 6 de las obras para el “tren maya”.Foto: Santiago Navarro F

El ejido desconoció que 12 años atrás le había vendido estas tierras a María Dolores. Hoy, estas tierras son parte de las 56 hectáreas que vendieron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de las expropiaciones de tierras para la construcción del megaproyecto.

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Consejo Supremo Indígena de Michoacán CSIM

Consejo Supremo Indígena de Michoacán, CSIM, toma 7 carreteras en Michoacán

Meseta Purépecha a 9 de agosto de 2023.

En el marco del #DiaInternacionalDeLosPueblosIndígenas, cientos de comuneras y comuneros bloquean permanentemente 7 carreteras federales en exigencia de servicios básicos y obras de infraestructura, manifestando que el Estado mexicano “es ciego, sordo y mudo” con las comunidades originarias.

A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, que aglutina a 70 comunidades de la entidad, informó que las tomas de carreteras surgen por una decisión la asamblea general de autoridades tradicionales y con el objetivo de visibilizar los problemas que persisten sus comunidades, argumentando que históricamente, es mediante la movilización, la resistencia y la lucha, como los pueblos originarios han logrado obtener reivindicaciones sociales y no con la sumisión o cooptación política.

Las carreteras que fueron bloqueadas son:

▪️Carretera Cheran-Zamora en Zopoco.
▪️Carretera Pátzcuaro-Uruapan a la altura de San Juan Tumbio.
▪️Carretera Paracho-Uruapan en el Parque Comunal.
▪️Carretera Uruapan-Los Reyes en la comunidad de Nuevo Zirosto.
▪️Carretera Morelia-Zacapu en la entrada a Santa Fe de la Laguna.
▪️ Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Caltzontzin
▪️ Carretera Paracho-Charapan en la comunidad de San Francisco Corupo.

En su pliego petitorio exigen cinco puntos: una mesa de trabajo con la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, para trabajar en la falta de servicios elementales en las comunidades indígenas como lo son agua potable, drenaje y electricidad; una mesa de trabajo con el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla a quien acusan de no atender a las 500 comunidades indígenas existentes en la entidad; el respeto al autogobierno de la comunidad de Turícuaro y la transferencia de la parte proporcional del presupuesto por parte del ayuntamiento de Nahuatzen; la presentación con vida de Cesar Ciprés Murguía, promotor cultural e integrante de los Barrios Tradicionales de Uruapan, desaparecido desde el pasado 6 de julio y el cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán donde mandata al Presidente Municipal de Hidalgo José Luis Téllez Marín sesione en cabildo y autorice la entrega del presupuesto directo a la comunidad de San Matías el Grande.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

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Avispa Midia

Comunidad de Puente Madera acusa persecución de opositores al Corredor Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera mantiene una campaña para alertar a la población sobre su lucha y resistencia frente a la imposición de un parque industrial en tierras de uso común de la población binnizá. Contrario al discurso gubernamental, asegura que no es un conflicto interno, sino imposición y despojo.

Con énfasis, la Asamblea hace un llamamiento en espera de la audiencia intermedia, a efectuarse el próximo martes 15 de agosto, contra David Hernández Salazar, a quien, acusan, “se inculpa y fabrican diversos delitos, con la finalidad de privarlo ilegalmente de su libertad, y de esa manera detener su labor como representante y vocero de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera”, refiere mediante pronunciamiento.

La Asamblea de Puente Madera señala que, con los mismos delitos fabricados, se acusa a otros 17 habitantes de la comunidad binnizá, quienes cuentan con órdenes de aprehensión, en lo que señala como un proceso de criminalización y violencia, coordinado y ejecutado por los gobiernos locales y estatales.

Actualmente, Hernández Salazar funge como Agente Municipal Comunitario de Puente Madera, además de ser parte de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

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La participación de Hernández en la defensa de sus territorios inició en 2017 frente a la extracción de material pétreo en el Cerro Igú, dentro de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Debido a ello, fue encarcelado por primera vez; sin embargo, obtuvo su liberación y poco después se integró a la lucha contra la instalación de una Subestación Eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), nuevamente, en tierras del Pitayal.

La resistencia de Puente Madera se reactivó el 14 de marzo del 2021, “cuando a través de una asamblea amañada, las autoridades comunales de San Blas Atempa, en confabulación con el entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, buscaban imponer la instalación de un Parque Industrial, por su nombre oficial; polo de desarrollo para el bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Tierras de Uso Común del Pitayal”, contextualiza un pronunciamiento de la APIIDTT.

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Pronunciamiento por la desaparición forzada de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, miembro de la Guardia Comunal

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día 1 de agosto de 2023, 3 habitantes de la comunidad de Santa María Ostula se encontraban en la cabecera municipal de Coalcomán resolviendo asuntos comerciales personales. Dos de ellos en camioneta y otro en su motocicleta. Al salir Lorenzo Froylán de la moto, fue detenido por un retén del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los otros dos habitantes de Ostula al no saber nada de su compañero, regresaron a ver qué había sucedido y también fueron retenidos.

Los tres permanecieron varios días retenidos por el grupo criminal hasta que al ser interrogados dos de ellos fueron liberados y sólo el que es miembro de la Guardia Comunal, Lorenzo Froylán, quedó retenido por el CJNG hasta este momento.

Las autoridades comunales, guiadas por las personas secuestradas y luego liberadas, harán efectivo su derecho y pondrán la denuncia correspondiente, esperando que las autoridades de seguridad estatales cumplan con su trabajo e investiguen el paradero de nuestro guardia, así como garanticen su liberación.

Cabe destacar que en la región existen diversas instalaciones de cuerpos castrenses, como el cuartel del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional, sin embargo el CJNG actúa con total impunidad.

Esté cartel criminal está compuesto, entre otras, por algunas personas que anteriormente eran habitantes de nuestra comunidad, quienes luego de traicionarla, decidieron seguir una carrera como delincuentes: Cemeí Verdía Zepeda, Leonardo Bravo Manjares, alias Gorraprieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.

Nuestra comunidad se encuentra organizada y unida para enfrentar estos ataques, tenemos a nuestra Guardia Comunal y a nuestras instituciones; estamos acompañando a las familias de nuestros compañeros liberados y a la de nuestro guardia retenido.

Señalamos que esta desaparición forzada se suma a los crímenes que ha cometido el CJNG no sólo en contra de nuestra comunidad, sino en contra de otras comunidades de la región, como San Miguel Aquila y Huitzontla.

Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica, mayor protección en Michoacán y Colima y ampliar sus redes políticas dentro de los gobiernos de estos dos estados.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Secretaría de Marina y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 35 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, incluyendo el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y tan sólo este año, el 12 de enero, 3 de nuestros guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados por este grupo denominado CJNG.

El 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Migue Aquila, fueron desaparecidos también por este grupo.

El 1 de abril, el comunero Eustaquio Alcalá Díaz, de la comunidad indígena de Huitzontla, fue asesinado a manos de miembros de este CJNG y el 14 del mismo mes, nuestro ex jefe de Tenencia, Juan Medina fue también asesinado por un criminal ligado a este grupo.

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Grieta.org.mx

Foro nacional “Del horror de la guerra a la resistencia por la vida”

Por Colectivo Grieta

Ciudad de México, 2 de agosto de 2023.- Convocadas por la Coordinación Nacional “Alto ala guerra contra los pueblos zapatistas”, más de cien de personas acudieron al Foro Nacional “Del horror a la guerra a la resistencia por la vida”, en el que se denunciaron diversas agresiones que han sufrido las comunidades indígenas zapatistas por parte los tres niveles de gobierno. Reunidos en el Centro de Derechos Humanos Pro Juarez, en Serapio Rendón #57, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México escucharon testimonios y reflexiones desde el México de abajo.

El foro estuvo organizado en cuatro mesas que abordaron los temas de Violencia (mesa 1), Justicia (mesa 2), Paz (mesa 3) y Arte (Mesa 4). En ellas participaron concejales del Concejo Indígena de Gobierno, delegados del Congreso Nacional Indígena, defensores de derechos humanos, profesoras, buscadoras de desaparecidos, y artistas que practican diferentes artes.

En la primera mesa, con el tema de “Violencia” Jesús Plácido del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata habló sobre la lucha de las comunidades Ñuu Savi por la construcción de la autonomía en la región de la Montaña en Guerrero y explicó la forma en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con los tres diferentes niveles de gobierno y con la protección por parte del ejército, agreden las comunidades mediante desapariciones, asesinatos y ataques con drones. Pero inisistió en que no van a dejar de construir autonomía. Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” denunció la estrategia de guerra irregular del gobierno federal mediante grupos paramilitares por parte del ejército mexicano contra las comunidades zapatistas de Chiapas y la continuidad de esas agresiones desde 1999 hasta la fecha, mientras el actual ejecutivo federal insiste en una defensa a ultranza del ejército represor. En su oportunidad, Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de las Casas documentó el proceso de violencia reciente contra las comunidades zapatistas en Chiapas y como la violencia en este caso está marcada por el racismo y la desigualdad estructural y a partir del gobierno de la 4T está asociada al saqueo de recursos naturales y a los objetivos capitalistas del desarrollo industrial. Por último Volga de Pina del Observatorio sobre desaparición e impunidad comentó sobre las continuidades y discontinuidades en la violencia contra los pueblos así como en la resistencia de lo mismos.

En la segunda mesa, con el tema de “Justicia”, la compañera Myrna Valencia, concejala del CIG por el pueblo Mayo-Yoreme habló de cómo los pueblos indígenas de México han vivido en la pelea por justicia y en defena de sus tierras y de cómo esa historia ha persistido a través la narración oral. Posteriormente Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y parte de la Comisión Jurídica del CNI, reflexionó sobre las formas de resistir y luchar por la justicia durante la IV Guerra mundial, en la que el capital busca conquistar los territorios de los pueblos, especialmente en la escalada del despojo violento por parte de la política de la llamada Cuarta transformación. María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos habló de cómo frente la injusticia por parte del Estado es necesaria la unión y la organización como sociedad para poder vivir en paz, pues de otro modo desde del Estado solo llega injusticia, que intenta esconderse tras las migajas de los programas sociales. Finalmente, Giovanna Gasparello, del INAH, hizo un comentario sobre las intervenciones y el hecho de que el despojo y los ataques contra el territorio, si bien se originaron hace mucho, en la actualidad, presentan una forma brutal en la acción coordinada del Estado y el crimen organizado; de ahí que el Estado ha dejado de ser un espacio para buscar justicia.

En la tercera mesa cuyo tema era “Paz”, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, reflexionó sobre cómo lamentablemente no podemos pensar la paz sin hablar sobre la guerra que recorre nuestro país además de apuntar cómo hay un nuevo tipo de mezcla entre organizaciones paramilitares y cárteles de crimen organizado que se está generalizando en nuestro territorio; Araceli Osorio, madre de Lesby, afirmó lo importante que era hablar sobre la paz que queremos y no tenemos, porque solo a partir de imaginarla y discutirla podremos empezar a construirla; Dolores González de SERAPAZ, reflexionó sobre lo específico del momento de acumulación del capital y del muy particular lugar que ocupa México en la geopolítica global, así como el fenómeno actual de la economía criminal.

Durante la cuarta mesa, dedicada al “Arte” como una otra forma de resistencia y lucha, una otra mirada y experiencia sobre lo que acontece, Hugo Molina bailarín, presentó una coreografía inspirada en el texto En (auto)defensa de las jirafas; la compañera Libertad Hernández, nos presentó una coreografía de Argelia Guerrero sobre la pieza “La ‘Esperanza’ es zapatista” con música de Víctor Jara; Arturo Torres cantó canciones rebeldes con su guitarra y armónica; Jesús Peredo platicó y cantó corridos revolucionarios; y el grupo La revuelta de las Semillas nos invitó a bailar con sus ritmos fusión.

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Avispa Midia

En una semana se agota tiempo para que Justicia Federal atraiga el caso de Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares, organizaciones y abogados informaron que a cuatro años del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos sigue operando de manera omisa para resolver el caso.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTA-MPT) lanzó una petición en la cual exige que el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes, sea atraído por la justicia federal. Exige que la Fiscalía Especial en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investigue el caso.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la radio comunitaria Amiltizinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Después de 4 años y 6 meses, su asesinato sigue impune.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos que, durante estos años, “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, señala el Frente de Pueblos.

Sostiene además que la Fiscalía Estatal ha generado una “dinámica de obstrucción de la justicia,anunciado como avances en el acceso a la justicia la detención de una persona que ya estaba detenida desde hacía un año atrás sin tener los suficientes sustentos jurídicos para sostener su acusación, ha construido una explicación de los hechos concentrándose sólo en los autores materiales más no los intelectuales,desligando la relación entre el asesinato de Samir y el evidente contexto de conflicto social en el que se desarrolló”.

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El 30 de marzo de 2023, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera señaló qué el caso de Samir sería atraído por la Fiscalía General de la República, sin embargo esto no ha acontecido.

La Feadle ya ha determinado la facultad de atracción del caso de Samir Flores por su calidad de comunicador indígena. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Morelos se ha negado a que el caso sea atraído por la Federación y esto llevó a la Feadle a solicitar una audiencia, en la que un juez de control federal decidirá conocer o no el caso atraído por la Feadle.

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Desde el 4 de julio se está esperando que se designe al juez de control federal y la fecha para que se lleve a cabo la audiencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. De no ocurrir en próximos días, el 11 de agosto del 2023 se celebrará audiencia por parte del Poder Judicial del estado de Morelos para iniciar el juicio contra el presunto homicida, “lo que complica las condiciones jurídicas en que pueda investigarse y llegar a la verdad sobre los verdaderos homicidas”, advierte el Frente de Pueblos.

Es por ello que “estamos solicitando que se realice la audiencia en la prontitud posible y que se resuelva el proceso de atracción por parte de la justicia federal del caso del comunicador indígena y defensor del territorio Samir Flores”.