^{Participantes de la caravana “El Sur Resiste” durante su paso por Candelaria, Campeche. Foto: David Muñoz}

Organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del sureste mexicano cuestionaron a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la próxima inauguración de tres tramos del “tren maya”, prevista para el viernes (15) en Campeche.

A través de una conferencia de prensa, miembros de la red “El Sur Resiste”, contrapusieron las diversas afectaciones provocadas por el que catalogan como “megaproyecto de muerte” y que atraviesa sus territorios violando sistemáticamente derechos de los pueblos.

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Comunidades y organizaciones de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche se pronunciaron “en contra del megaproyecto militar interconectado Tren Maya/Corredor Interoceánico”, así como con la consolidación de otras infraestructuras asociadas en la región.

“Sus obras ferroviarias porfirianas, la modernización de sus puertos y aeropuertos, su carretera ‘La Puerta al mar’ atravesando la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus gasoductos transportadores de gas fracking – ‘La Puerta del Sureste’ y otros más – y su refinería Dos Bocas”, describieron mediante comunicado sobre el reordenamiento proyectado en el sureste mexicano.

Sostuvieron que esta infraestructura incluye parques eólicos empresariales y corredores industriales, que despojan los territorios en el istmo de Veracruz y Oaxaca, y además, “contaminan nuestras aguas, aires y tierras y acaban con nuestras formas de vida – que todavía son alternativas al desastre planetario”.

Resistencias

En la rueda de prensa participaron organizaciones articuladas en la red “El Sur resiste”, quienes integraron la caravana con el mismo nombre y que recorrió los siete estados sureños durante abril y mayo de este 2023.

En su participación, Ileana May, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’baloon-(Quintana Roo), destacó la afectación a los flujos hídricos por las obras de “Puerta al mar”. Este es un proyecto complementario al tren maya que consiste en una carretera asfaltada de 22 kilómetros que atraviesa la Reserva de la Biosfera de Sian Kan. May señaló que la incentivación de esta obra proviene del sector turístico y da entrada a la especulación inmobiliaria.

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La joven enfatizó los conflictos sociales con el incremento de la presencia militar en la base que integra el nuevo aeropuerto en Tulum. También sostuvo que existen problemas comunitarios, como en el caso de incumplimientos de pagos por parte de los ejidatarios con las comunidades.

Julio Garduño, de Tabasco, detalló las afectaciones al ambiente por el impulso a la industria petrolera. Por ejemplo, con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que destruyó hectáreas de manglares y sepultó vasos reguladores de la zona, lo que agrava los problemas de inundaciones en la región.

También con la instalación de pozos petroleros desde el municipio de Cárdenas hasta la zona de los pantanos de Centla, donde se encuentra la comunidad de El Bosque, recientemente desplazada por el incremento del mar que devoró al pequeño pueblo pescador.

De acuerdo a Garduño, a la indiscriminada instalación de pozos, cercanas a zonas habitadas, se suma que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la petrolera china Sinopec, ha estado realizando una serie de exploraciones sísmicas en las comunidades de la zona de La Chontalpa, que abarca los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso.

“Ha sido un proceso muy invasivo, pero nos preocupan las siguientes etapas a partir de lo que encuentren, con un Pemex en decadencia, con una crisis financiera e infraestructura deteriorada”, sostuvo.

Gemaly Padua, integrante del colectivo Altepee y del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta advirtió que las comunidades del sur de Veracruz defenderán el agua de sus manantiales y ríos frente a la proyección gubernamental de utilizarlos para abastecer los parques industriales del Corredor Interoceánico.

Recientemente, la Secretaría de Marina (Semar) difundió las adjudicaciones para cinco Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) que integran al Corredor Interoceánico. La portuguesa Mota-Engil tendrá dos parques, en Coatzacoalcos y Salina Cruz; Grupo Constructor Urcedic obtuvo la de San Juan Evangelista y el consorcio Profharmax y Transportadora Comexsa, en Texistepec.

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En el sur de Veracruz, sostuvo que no permitirán la privatización de las tierras mediante el “dominio pleno” que busca convetir la propiedad social en privada. “Mantendremos el régimen social de nuestras tierras, ejidales y comunales heredadas de nuestros padres abuelos y ancestras”, señaló.

Padua también se posicionó contra la explotación mineral y de hidrocarburos, como con la construcción del gasoducto marino “Puerta al sureste”, de la canadiense TC Energy, que amenaza zonas arrecifales del Golfo de México.

“Estamos en contra de este supuesto progreso y desarrollo que sólo viene a perjudicarnos a los pueblos a enriquecer, los dueños de las grandes empresas extranjeras y aumentar el calentamiento global que nos pone a la humanidad y a miles de especies animales y vegetales en peligro de extinción, porque luchamos por la vida”, compartió.

Brian Arizmendi, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), en Campeche, advirtió sobre el cerco mediático alrededor de las afectaciones del megaproyecto militar del “tren maya”. Aseguró que, pese al sesgo, ejidatarios se han movilizado para reclamar por el irrespeto a los acuerdos con Sedena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Además, señaló que el tren modifica la relación con el territorio, como sucede en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Contextualizó que ahí el Estado mantiene una deuda de más de 30 años sin poder titular a comunidades y ejidos, mientras a la par construye un hotel militar dentro del área protegida.

“Ya estamos hartos del involucramiento del ejército en las dinámicas de la comunidad”, reclamó en relación a la creciente militarización de la zona. En el marco de la inauguración del tren, recordó que existe una orden judicial incumplida por la Sedena para que se abstenga de realizar más construcciones. También denunció que existen “más de 100 muertos en esta región a causa de las obras”.

Corredor Interocéanico, un mismo proyecto

Mediante comunicado denunciaron la criminalización y hostigamiento en contra de las comunidades oaxaqueñas de Puente Madera, de Santa María Mixtequilla y de Mogoñe viejo, así como contra organizaciones de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio (APIIDTT) y de la Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI).

En este escenario, exigieron la cancelación de ordenes de aprehensión y de procesos penales en contra de las personas que resisten contra los polos de desarrollo “que quieren imponer en sus territorios y contra el intento de desalojo de terrenos a la orilla de las vías del tren interoceánico”.

Es el caso de David Salazar, miembro de la comunidad binizaá de Puente Madera quien, de acuerdo a la APIIDTT está siendo acusado con delitos fabricados. “Claramente responde a esta serie de actos, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, por parte del gobierno federal, las instancias que le corresponden al Corredor Interoceánico y claramente por parte de los interesados de los grupos políticos vinculados al crimen organizado en la región”, señaló Mario Quintero, de dicha organización.

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Según las organizaciones, se está empezando a definir el marco industrial que va a establecerse en la región de la zona planicie costera, desde el istmo oaxaqueño hasta Tapachula, en la frontera entre Chiapas y Guatemala. “Un gran proyecto de infraestructura en manos de la agenda de Estados Unidos, económica y migratoria”, sostuvo Quintero.

Por su parte, Paulette Hernández, del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas compartió que meses después del paso de la caravana El Sur Resiste, la Semar inició trabajos para la rehabilitación de las vías férreas que conectan a la costa chiapaneca con Centroamérica.

Acorde a Hernández, esta situación ha provocado desalojo, despojo y amenazas a las personas que habitan las comunidades de las diferentes regiones costeras, desde Arriaga hasta Tapachula.

“Les están prometiendo a cada habitante que vive cerca de las vías 36 mil pesos, cuando la vivienda cuesta más”, denunció la defensora de derechos humanos quien destacó que los ingenieros de la Semar pretenden ampliar el derecho de vía a 20 metros a la par del trazo férreo.

Para Hernández es grave la situación provocada por las obras relacionadas al Corredor Interoceánico pues también incluyen infraestructura carretera que conectará la zona de Pijijiapan hacia Palenque, vinculándose con el “tren maya”.

“Vemos como la devastación, el ecocidio que están haciendo es enorme (…) también el aumento de la violencia a través del crimen organizado”, señaló en relación con el aumento en las desapariciones de mujeres, jóvenes y niños en la región costa de Chiapas.

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“Vemos como en este tiempo de la cuarta transformación ha incrementado, no solo las desapariciones, no solo la violencia, sino también el despojo. Nos quieren quitar el territorio que ha sido parte de nosotros toda la vida y no estamos dispuestos a ceder”, sostuvo.

Para las organizaciones y comunidades el “tren militar mal llamado maya” representa la exacerbación ultraneoliberal del sistema capitalista “causante de tantas guerras pasadas, actuales y futuras y de la miseria y sufrimiento de tanta gente, y que solo beneficiara a los dueños de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pueblos y de la madre naturaleza”.

Ante ello, manifestaron que su lucha es por la vida y que otro sistema de organización de la sociedad es posible, “sin partidos políticos y líderes corruptos, desde las asambleas de los pueblos, articulados en redes de autonomías no capitalistas y no patriarcales”.

^{Movilización del EZLN en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Marzo, 2022. Foto: Tercios Compas / Enlace Zapatista}

El pasado 25 de noviembre se cumplió un año de la detención arbitraria de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien permanece recluido en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, también conocido como “El Bambú”, ubicado en Catazajá, región norte de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), Díaz Gómez, integrante del pueblo Ch’ol y acusado por robo, “permanece en una situación grave de vulnerabilidad a su dignidad humana por la fabricación de un delito en su contra”.

“La acusación se basa en montajes por parte de la Fiscalía General del Estado. Este ha sido el modo de operar de esta instancia quien opera un patrón de fabricación de culpables y criminalización contra personas defensoras en complicidad con el Poder Judicial local”, contextualiza el centro de derechos humanos.

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El CDH Frayba detalla que el proceso de prisión preventiva contra Díaz Gómez se ha visto “maliciosamente prolongado”. También señala que, ante la falta de evidencia para vincular a Díaz Gómez, la Fiscalía de Distrito Selva y el Juzgado de Control se han articulado para simular el proceso, a costa de su libertad.

Por ejemplo, ambas instancias han ampliado los tiempos de la investigación con el objetivo de retrasar la audiencia del juicio, “a sabiendas de que es imposible acreditar cualquier responsabilidad en su contra”, sostiene la organización.

Otro punto a destacar es la falta de la debida diligencia por parte de la defensoría pública del estado de Chiapas. Hace poco más de dos meses se le asigno un nuevo defensor, quien aún transcurrido este tiempo no se ha entrevistado con Díaz Gómez para actualizar su situación penal y conocer las necesidades de acceso a justicia del imputado. “En consecuencia, no ha realizado acciones necesarias para impulsar su pronta liberación”, denuncia el CDH Frayba.

Ante este escenario, el pasado 15 de noviembre, Díaz Gómez solicitó ante el Juzgado de Control de Catazajá la modificación de sus medidas cautelares para llevar su proceso en libertad condicionada.

El BAEZLN tiene dos hijos menores de edad y esposa, “quienes también sufren las consecuencias de su detención, afectando la convivencia familiar, así como su situación física, psicológica y económica por lo que el cambio de medida es una necesidad para aminorar tales impactos. Al momento no se ha dado respuesta a la solicitud”, contextualiza la organización de derechos humanos.

El EZLN ha denunciado que José Díaz Gómez es rehén del gobierno de Chiapas por ser zapatista. Lo mismo ocurrió en el caso de Manuel Gómez Vázquez, quien recientemente recuperó su libertad tras casi tres años de permanecer arbitrariamente privado de su libertad.

El centro de derechos humanos, con sede en San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existe un patrón de criminalización en otras latitudes de México, “donde los pueblos originarios se oponen a la imposición de megaproyectos por parte del actual gobierno. Destacan así la existencia de ordenes de aprehensión en contra de poblaciones opositoras al Tren Interoceánico” en referencia a la persecución contra los miembros de la comunidad binizaá de Puente Madera, en Oaxaca.

En el caso de Chiapas, se suman los casos de la detención de Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, defensores tseltales criminalizados por oponerse a la imposición de una base de la Guardia Nacional en su territorio. También, el caso de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión por defender su territorio ante megaproyectos como la “carretera de las culturas”.

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“La fabricación de delitos en contra de defensores indígenas representa una estrategia selectiva del actual gobierno Federal, que busca ocasionar un efecto inhibidor hacia las comunidades y personas que defienden sus derechos, destaca que en su mayoría se dirige en contra de personas indígenas defensoras del territorio”, sostiene el CDH Frayba.

^{Manifestación de pobladores de Ixil contra el intento de despojo de tierras colectivas para desarrollos inmobiliarios.}

Este martes (28), mediante conferencia de prensa, representantes de las comunidades mayas de Kinchil e Ixil, en Yucatán, quienes resisten ante proyectos inmobiliarios, reiteraron su lucha en la defensa de sus territorios.

Pobladores de Kinchil compartieron que el pasado domingo (26) consiguieron realizar una asamblea ejidal para tratar el tema de 4,000 hectáreas amenazadas por intereses inmobiliarios.

Pese a la negativa del Comisariado y el Consejo de Vigilancia para convocar a la asamblea, impulsada por 20 ejidatarios, durante la asamblea se reconocieron a 71 campesinos y campesinas que tienen posesión de las miles de hectáreas ambicionadas por intereses inmobiliarios, colindantes con la carretera que lleva de Kinchil hacia Celestún.

“Por unanimidad los ejidatarios reconocieron a todos los posesionarios, con lo que ya tienen un reconocimiento legal que les servirá para defender las tierras si las inmobiliarias intentan despojarlos. Toda esa zona ya aparece en venta en internet, a través de diversos intermediarios inmobiliarios. Son ventas fraudulentas, están engañando a posibles compradores”, denunció Federico May Cuitún, campesino de Kinchil.

Para los posesionarios del área es importante denunciar la intención de despojo por parte de las inmobiliarias. Por ello, Doña Gregoria del Rosario Dzul Cuá reiteró que “como posesionarios no queremos que esto se venda, no queremos dinero, queremos mantener esas tierras en la comunidad, eso es nuestra vida, de eso trabajamos”.

Dzul Cuá resaltó que su familia mantiene la posesión de dichas tierras desde hace 80 años, donde trabaja con abejas y ha vivido de lo que produce en el campo. También denunció que el Comisariado de Kinchil mantiene una estrategia para conseguir la firma de ejidatarios a cambio de un pago para que firmen y puedan vender las tierras. “Gracias a que la asamblea nos reconoció como posesionarios, ya estamos más protegidos”, comentó.

Doña Sara María Dzul Tzuc, otra posesionaria de esa zona, denunció que han recibido amenazas, pero celebró la realización de la asamblea donde reconocieron a los ejidatarios de Kinchil. “Hasta ahora, los ejidatarios han sido engañados por el comisariado, pero el domingo salieron, incluso en silla de ruedas, y dieron su palabra. Ya nos habían dicho que nuestra lucha no tenía futuro, que abandonáramos, pero ahora estamos muy fuertes. La tierra no se vende, la vamos a defender”, sostuvo.

Durante la asamblea ejidal de Kinchil, también se aprobó por unanimidad una serie de acuerdos para ordenar al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia “defender la posesión de las tierras de la comunidad de Kinchil amenazadas por intereses económicos ajenos (proyectos inmobiliarios, empresas porcícolas o avícolas)”.

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Con esta decisión, las y los pobladores mayas exigen a sus representantes legales para que acaten las decisiones emanadas de la asamblea de su comunidad, máxima autoridad ejidal, ante malas prácticas por parte del Comisariado a quien acusan de actuar en favor de las inmobiliarias.

Ixil

Por su parte, pobladores de Ixil denunciaron el incumplimiento de la orden de suspensión que obtuvieron para evitar el cercamiento de sus tierras colectivas, lo que ha obstaculizado la realización del trabajo de campesinos y apicultores desde el pasado 17 de agosto.

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Cabe recordar que la comunidad maya señala a las familias Abimerhi y Millet de intentar apropiarse de las tierras colectivas de Ixil. Jorge Yam Ek, uno de los demandantes en los juicios de amparo interpuestos por la comunidad de maya contra el intento de despojo, señaló que, tras el violento operativo policiaco de agosto, varios cientos de hectáreas de tierras de cultivo permanecen cerradas con alambre de púas y con sellos que amenazan con hasta tres años de cárcel a quienes violen los sellos.

“Aunque el Juzgado Primero de Distrito emitió la suspensión el 6 de noviembre de 2023, en la que ordena a la Fiscalía (de Yucartán) y a la SSP (Seguridad Pública de Yucatán) que se permita acceso a los pobladores de Ixil a estas tierras para la realización de actividades productivas, y que dichas autoridades se cercioren del acatamiento de la medida, aún no han quitado los alambres de púas que cierran los caminos cosecheros y los accesos a los predios”, denunció Yam Ek.

El poblador de Ixil declaró que, al igual que Kinchil, su pueblo está unido ante “la mafia de empresarios que se está queriendo apropiar de nuestras tierras. Es una maquinaria perversa compuesta de políticos, comisariados, notarios, la fiscalía, etc. Intentan que a la gente se amedrente y abandone el campo, pero estamos unidos y seguiremos defendiendo el territorio”.

Ciriaco Pech Tec, ejidatario de Ixil, detalló que debido al cercamiento de las tierras colectivas no han podido acceder con agua para suministrar a sus abejas. Tampoco han podido transportar herramientas para trabajar en su producción de hortalizas. “Todo hay que acarrearlo a mano a través de los alambres. Están los policías intimidando a la gente. El comisariado actual lleva dos años y medio pero no informa, le exigimos asambleas, le vamos a ver a su casa pero aún no convoca asamblea”, aseveró.

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Durante la conferencia, se anunció el ingreso de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contra el proyecto inmobiliario Cedrón, aparentemente desarrollado por las empresas Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos, el cual pobladores de Ixil acusan que está deforestando selva a solo dos kilómetros de su comunidad.

“Esto va a afectar la agricultura campesina que depende del monte para que haya buenas condiciones para la siembra, y también nos va a hacer más vulnerables ante inundaciones y ante el cambio climático. No vamos a permitirlo, en Ixil no queremos inmobiliarias ni granjas porcícolas o avícolas, queremos ser un pueblo libre”, señaló Karla Flores Arazola, de la comunidad maya.

El objetivo es clausurar el proyecto Cedrón “para que esa zona siga siendo selva y conservar nuestra agua limpia”, complementó Maria Estrella Cocom Noriega, representante de la comunidad.