El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

^{En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.}

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.