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El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.
Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.
Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.
Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.
De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.
Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.
Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.
El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.
El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.
El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.
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El dia de hoy el Comité de madres y padres de los 43 intentó entregar esta carta en palacio nacional solicitando una audiencia para tratar el tema de los 800 folios que no ha entregado el ejército, sobre el paradero de los 17 estudiantes de Ayotzinapa que estuvieron en la barandilla municipal y que fueron desaparecidos ese dia. Además sobre la situación de la extradición de Tomás Zeron de Lucio solicitada al gobierno de Israel.
Este es el asunto que debe primar sobre la negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no recibir a las madres y padres de los 43 que estuvieron durante diez dias en plantón en el Zócalo de la ciudad de México.
Finalmente una funcionaria del gobierno recibió el documento y firmó el acuse de recibido.
Las madres y padres de los 43 anunciaron que regresarán en fecha próxima, después de la semana santa a la ciudad de México.
ASUNTO: Solicitando reunión
Zócalo de la Ciudad de México a 5 de marzo del año 2023 (SIC).
C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE.
Los que suscribimos y al final firmamos comité de madres y padres de los 43, ante Usted con el debido respeto exponemos.
Por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 2, 8 y 35 fracción V de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a su investidura para solicitarle una reunión en la que abordemos los temas esenciales de la investigación del caso Ayotzinapa, en razón de que Usted nos ha dicho que conduce personalmente la indagatoria.
En efecto, como es de su conocimiento con fecha 20 de septiembre del año 2023 presentamos un escrito en el que le solicitamos la entrega de 800 folios que el ejército mexicano no entregó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ), así como información adicional relacionada con el posible traslado de 17 estudiantes de los separos de barandilla municipal a un lugar a las afueras de la ciudad de Iguala.
Nuestra petición no ha sido contestada satisfactoriamente ya que la respuesta que dio el secretario de la Defensa Nacional en reunión con la secretaria de Gobernación llevada a cabo el dia 25 de septiembre de 2023 no contiene los 800 folios faltantes ni la información relacionada con los 17 estudiantes.
Ahora bien, el ofrecimiento de Usted de abrir los archivos militares en un lapso de dos o tres meses, resulta ocioso en razón de que los archivos ya fueron abiertos y revisados durante casi dos años y de esta revisión faltan 800 folios por entregar, en tal virtud, es menester su entrega y que pueda revisarlos un ente independiente como el GIEI o en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si de esa revisión surge la necesidad de una nueva apertura de los archivos, no tendríamos ningún inconveniente en participar.
Por lo tanto, es necesaria una próxima reunión con Usted para dialogar este tema. Aunado a lo anterior resulta relevante abordar lo relacionado con la línea de investigación de los 17 estudiantes trasladados de los separos de barandilla municipal de Iguala, la extradición de Tomás Zeron de Lucio prófugo en Isael (SIC) y la extradición de José Ulises Bernabé prófugo en los Estados Unidos de Norte América.
Reiteramos nuestra solicitud de una próxima reunión para abordar los tópicos anotados, esperando una respuesta positiva a la presente.
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EFE. Ciudad de México. 06 de marzo de 2024.- Jóvenes mexicanos que protestan por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rompieron este miércoles una de las puertas principales del Palacio Nacional mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizaba adentro su conferencia matutina.
Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso para proteger a militares involucrados, tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tumbar la puerta 1 sobre la calle Moneda del centro histórico de Ciudad de México.
Mientras respondía preguntas de la prensa, el mandatario se enteró del hecho, al que llamó una «provocación», aunque descartó represalias.
“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, manifestó el gobernante mexicano.
Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un «crimen de Estado» en el que también participó el Ejército.
En las últimas semanas han secuestrado camiones, han vandalizado instalaciones del Gobierno y han realizado un plantón en el Zócalo para exigir una audiencia con López Obrador.
«Ya es un movimiento en contra de nosotros, llevan como una semana que fueron a (la Secretaría de) Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional, es un plan de provocación, o sea, clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, comentó el presidente.
Pese a las manifestaciones, el gobernante mexicano indicó que no los recibiría, al argumentar que dentro de «unos 15 o 20 días más» recibirá a las familias de los 43 estudiantes para «hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación».
El mandatario dijo a los padres que está «avanzando mucho en la investigación» pero «lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y «grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros».
«Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra”, expuso.
#EnEsteMomento Estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta 1 de Palacio Nacional, en pleno desarrollo de la Mañanera.
Estudiantes de Ayotzinapa derribaron la puerta 1 de Palacio Nacional, en pleno desarrollo de la Mañanera. Las madres y padres intentaban entregar un documento a AMLO y reiterar su solicitud de diálogo sin embargo no fueron recibidos pic.twitter.com/m2FYjI4fYw
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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida
A las comunidades tlaxcaltecas
A las 94 comunidades de Tlaxcala que se rigen por los usos y costumbres
A los pueblos y municipios autónomos de México
A los pueblos indígenas de México y del mundo
A los defensores del territorio, el agua y la vida
A las Organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, colectivos, grupos organizados, brigadas del cuidado de la montaña, autoridades comunitarias, ciudadanos tlaxcaltecas y pueblo en general.
Quienes integramos la asamblea por el agua y la vida, le recordamos al Estado mexicano que tiene una obligación en materia de protección a defensores del territorio.
El Estado mexicano castiga a los pueblos originarios de Tlaxcala mediante la detención arbitraria de Saúl Rosales Meléndez, como un castigo ejemplar a quienes nos atrevemos a organizarnos, a quienes nos atrevemos a defender los cerros, a quienes corremos la suerte de nacer en un territorio originario.
El Estado mexicano atenta contra el artículo dos constitucional, el convenio 169 de la OIT, y tratados internacionales en materia de protección de defensores del territorio, pues un elemento que resalta para declararlo culpable de homicidio calificado es ser representante comunitario legítimo y acompañar las asambleas comunitarias para la defensa de la Matlalcueyetl.
Deslegitimar los cargos tradicionales es atentar contra la autonomía y autodeterminación de los pueblos, para imponer gubernaturas indígenas de apariencia no partidistas pero que tienen vínculos partidistas, legitimadas desde el INPI donde despacha el traidor de los pueblos, de clientelismo político, pero sobre todo obedientes y serviles al Estado represor y también para legitimar e imponer MEGAPROYECTOS DE MUERTE y aspecto de control social llamado política partidista vinculada al narco Estado capitalista.
A más de 500 años de desprecio, de racismo, de clasismo de invisibilización de los pueblos, desplazados, despojados, criminalizados, perseguidos, desaparecidos de manera forzada, ejecutados extrajudicialmente, torturados sexualmente en muchos de los casos, torturados psicológicamente y físicamente para imponer miedo y terror, cuando ejercemos nuestra autodeterminación, nuestra autonomía y la defensa de nuestro territorio.
Por lo anterior expuesto, nos indigna llegar a la cuarta Asamblea por el Agua y la vida el 23 y 24 de Marzo de 2024 sin nuestro hermano nahua Saúl Rosales Meléndez quien nos ha enseñado con su ejemplo a defender y amar a la Matlalcueyetl, siendo nuestra autoridad comunitaria de San Pedro Tlalcuapan legítima, no impuesta, no elegida por clientelismo político, no elegido con fraudes electorales, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.
Hay una serie de irregularidades en el debido proceso de nuestro compañero Saúl Rosales Meléndez, durante 1 año y 7 meses, el Estado Mexicano lo acusa de homicidio calificado derivado de un hecho presentado en la comunidad en donde, ni siquiera estuvo presente. El día 1 de marzo las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio lo declararon culpable, a pesar de que después de diecisiete audiencias en las que se ha dividido el juicio oral, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) fue incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad, y a pesar de demostrar en la defensa jurídica, la no participación de Saúl en los hechos a los cuales se le vincula, la impunidad se impone para mantenerlo en prisión.
El argumento jurídico de los jueces que condenan a Saúl Rosales de homicidio calificado es que Saúl Rosales Meléndez era presidente de comunidad cuando sucedieron los hechos y su obligación era defender al hoy occiso, según las juezas. Pero vemos que a nivel de la república existen miles de desaparecidos, comunicadores comunitarios asesinados por el Estado pero no hemos visto que los jueces juzguen a los alcaldes y gobernadores partidistas por no garantizar seguridad y protección en la defensa territorial. Señalamos este ejemplo claro de ejercicio de poder de impunidad, para estigmatizar, hostigar y criminalizar con esta detención arbitraria las representaciones comunitarias como también ocurre frecuentemente con las comunidades zapatistas, recordamos la situación de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.
La injusta sentencia en contra de don Saúl Rosales, no sólo atenta contra sus derechos individuales, también atenta contra todos los pueblos que defendemos nuestro territorio. Es una agresión más en contra de los representantes comunitarios con mensaje muy claro de castigo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, así mismo atentado a nuestros derechos ancestrales históricos que tenemos los pueblos originarios, impidiéndonos avanzar en el ejercicio de tareas de autogobierno de manera tradicional, sin embargo, le recordamos existimos antes de que existiera el propio Estado y no estamos dispuestos a desaparecer.
La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, exigimos al ejecutivo estatal, federal, jueces, la fiscalía, la CDH y todos aquellos involucrados en fabricar delitos a quienes no estamos de acuerdo con la sobreexplotación de los bienes naturales, a los que no estamos de acuerdo que sigan mercantilizando con una ambición desmedida e insaciable el futuro de nuestros hijos, nietos y parte de nuestra propia existencia como pueblos originarios y que castigan a Saúl Rosales manteniéndolo en prisión para castigarnos a todos los que nos consideramos pueblos originarios, a todos los que apostamos a construir día a día la autonomía como el único camino visible de emancipación comunitaria, de agua y vida, atentan también aparentemente de manera indirecta a todos los que defendemos los cerros, el agua y la tierra pues el mensaje es claro que TODOS somos Saúl Rosales Meléndez.
A los pueblos y comunidades originarias les pedimos difundir, asistir, realizar, registrar diversas actividades encaminadas a realizar una jornada nacional e internacional por la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales.
Jornada de acciones por la libertad de Saúl:
-A partir del martes 5 de marzo, campaña mediática #SaúlNOesculpable#LibertadParaSaúlRosales, envía fotos, carteles, videos, cartas, etc. al correo sambleanacionalporelagua@gmail.com
-Foro virtual: Presxs Políticos de la 4a Transformación
Segunda instancia de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala
Acciones dislocadas por Saúl Rosales, videos de apoyo, pronunciamientos, firmas electrónicas, cartas a las autoridades competentes, foros, mitin, marchas en plazas públicas, poder judicial de cada estado de la República hasta lograr la libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales y todos los presos políticos.
ATENTAMENTE
La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen
Presos políticos libertad
Un Nosotrxs sin Estado
Alto a la criminalización a la autonomía y autodeterminación de los pueblos
Alto a la estigmatización, señalamiento, hostigamiento y criminalización de representantes comunitarios.
La autonomía es un derecho, la detención arbitraria es un crimen de Estado
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Al pueblo de San Pedro Tlalcuapan
A Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala
A los pueblos y comunidades que defienden la vida y el territorio
El día de hoy, 1 de marzo del 2024, se llevará a cabo la audiencia final en la que se definirá la libertad de los compañeros Saúl Rosales y Raymundo Cahuatzi, autoridades tradicionales del pueblo de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala que fueron encarcelados desde el 14 de julio del 2022, acusados de un delito que no cometieron.
Los compañeros han sido cuidadores y defensores del bosque de la Matlalcueitl y sabemos que ésa es la verdadera razón de la privación de su libertad.
La cárcel debería ser para quienes talan y permiten la tala de nuestros bosques, para quienes roban y contaminan el agua, para quienes entregan nuestro territorio al mejor postor y para quienes imponen la muerte para nuestros pueblos y comunidades. NO para quienes defienden la vida.
Para nuestros pueblos los bosques son sagrados, nos proveen de agua y alimentos, es nuestro hogar y el de miles de especies. En nuestros bosques se origina la vida, nuestra historia y cultura. Por ello los defendemos con la vida misma.
Hoy, los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de los compañeros Saúl y Raymundo.
No descansaremos hasta verlos libres.
ATENTAMENTE
La Autonomía de los Pueblos y la defensa de la vida NO son un crimen
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Movilización mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores de parte del Comité de Madres y Padres de los 43.
En el evento madres y padres anunciaron que no levantarían el plantón en el Zócalo a pesar de que las autoridades les “solicitaron” que para el primero de Marzo tendrían que quitarse para dar paso al evento de inauguración de la campaña de Claudia Sheinbaum
Durante su participación el Defensor de los Derechos Humanos Vidulfo Rosales declaro:
“De los gobiernos priistas por lo menos salía una comisión a recibirte, hoy en día este presidente y este gobierno, por que creen que tienen los consensos políticos, por que sienten que tienen el triunfo electoral en las manos, por que saben que van a ganar, se dan el lujo de tener la prepotencia de mirar con desprecio a las víctimas. Tienen la prepotencia y esa insensibilidad para no recoger el clamor de justicia de las víctimas en uno de las violaciones más graves a los derechos a manos de la historia reciente de nuestro país”
“Están seguros de su triunfo electoral, y mientras eso suceda, qué les importa los 43, qué les importa el caso Ayotzinapa. Hoy están preocupados por que mañana tendrán su gran concentración en el Zócalo, de manera fastuosa están gastando millones de pesos en esa megaestructura que colocaron ahí, pantallas que cuestan miles de pesos, para abrir una campaña de un gobierno que se precia que la columna vertebral de su política es la austeridad. Ellos le apuestan a eso, están preocupando por ese evento que van a tener el día de mañana, mientras tratan de invisibilizar a nuestro movimiento que se encuentra en el zócalo. Por eso les decimos compañeras y compañeros: No nos vamos a levantar, el plantón ahí va a continuar mañana. No nos vamos a mover hasta que haya respuesta. Estamos solicitando que haya una fecha para audiencia.”
Luego de no ser recibidos por ningún funcionario otra vez, Madres y Padres de Padres Y Madres De Ayotzinapa y estudiantes normalistas concluyeron el mitin cantando el himno “Venceremos”. Al finalizar los comités de lucha estudiantiles realizaron pintas y colocaron artefactos explosivos en la entrada de la Secretaria de Relaciones Exteriores. La demanda fundamental ante la SRE es la extradición de Tomás Zerón quien ha sido protegido por la entidad sionista “Israel”.
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El Fuerte de San Felipe, en Chetumal, logró detener a los piratas del siglo XVI pero no a la modernidad. A pocos kilómetros de la ciudad de Bacalar, donde se encuentra el fuerte y la bahía que lleva el mismo nombre, hay una pequeña población (41,754 habitantes) conformada en un origen por indígenas mayas, motivo por el cual el cuerpo de agua toma su nombre de un vocablo de la misma cultura (Bakhalal) que significa “rodeada de carrizos”. Sin embargo, tras cruzar la carretera con doble sentido que conduce a esta laguna milenaria, los hoteles de gran turismo que ofrecen habitaciones en idiomas extranjeros y algunos restaurantes de comida internacional, hacen que resulte imposible verificar la veracidad del origen del nombre.
Y el fenómeno se repite por toda la bahía. Con sus 45 kilómetros de longitud, lo que alguna vez fue una comunidad próspera, con orígenes indígenas y campesinos, ahora está circundada por resorts, casas en subarrendamiento por plataformas digitales y comercio internacional. Apenas tres escasos lugares mantienen entradas abiertas al público en general en la laguna, el Balneario Ejidal Mágico Bacalar, el Parque Ecológico y el Muelle. Estas son todas las entradas, incluso para los habitantes originarios.
“Es un problema que tiene origen en los años 70’s, que comenzó con el exgobernador priista, David Gustavo Gutiérrez Ruíz y concluyó con Jesus Martínez Roos. Antes de ellos, todas las tierras pertenecían a los ejidatarios y comuneros de Bacalar”, explica Aldair T´uut´, campesino maya habitante de Bacalar e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal.
Para Aldair, el problema estalló tras el anuncio del Gobierno Federal de la construcción de un megaproyecto que contemplaba la construcción de una estación de tren a casi 20 kilómetros de su comunidad. “El Tren Maya, de la noche a la mañana, arrasó con manglares, vegetación y selva sin que las autoridades dieran avisos”, explica. Muchas personas, vecinas de Aldair y también mayas, tuvieron que mover sus viviendas para no ser aplastadas por el Tren.
No hay otra palabra que no sea “violencia”
Aldair T´uut´, como parte de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, explica que tras la llegada del tren, su principal interés como comunidad es la de mantener el diálogo con las autoridades federales para analizar los problemas que aparecieron en su comunidad con este megaproyecto, al que reclama, “nos robó la identidad”.
Sus mayores preocupaciones son dos. La primera tiene que ver con una vena del estero de Chac, un riachuelo que alimenta tanto a la laguna Xul-Ha como a Bacalar, donde denuncia que las autoridades han obstruido el flujo del agua, del tal modo que cortan la vida del lago. “La laguna de los siete colores tiene una vena tapada”, asegura entristecido.
La segunda preocupación es más compleja. Aldair comenta que tras la entrega de la gestión de los tramos 6 y 7 al ejército (que corresponden a los tramos de Bacalar), los militares fueron quienes realizaron las negociaciones con algunos integrantes de los ejidos. Muchos de ellos no tuvieron opción a negarse debido a intimidaciones. Dichos actos fueron expuestos al público por la propia comunidad sin que fueran retomados por los medios de comunicación locales, denuncia.
“Las negociaciones (del ejército) realmente terminan empujando al ejido. Ellos (los militares) dicen –bueno pues tuve que hacer esto (destrozar casas y vaciar viviendas) porque yo ya te compré las tierras a ti (comunero)–. Y eso tiene que ver con estrategias que hace el gobierno para dividir a la comunidad, o sea, a unos los obliga a vender y luego a los otros les obliga a ir a sacar a su propia gente de su tierra. ¿Cómo queda el pueblo? Así empiezan a crear conflictos y división”, explica.
¿Cómo llegó la SEDENA a dirigir el proyecto?
A pesar de que el gobierno asegura que son los militares quienes construyen el Tren Maya, salvo por las delimitaciones fronterizas con Belice, en todo Chetumal resulta extraño o poco frecuente ver militares en las callejuelas por donde dicen que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) construye lo que será el tren de pasajeros. Esto es igual tanto en la estación frente al aeropuerto como en el fragmento a tierra abierta del tramo 7 rumbo a la laguna de los siete colores.
Y tiene sentido, pues en un origen no serían militares los encargados de la obra. En un inicio, el gobierno delegó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) como la entidad que coordinaría los procesos de contratación para la construcción del Tren Maya. Para dicha labor, las autoridades hicieron uso de la empresa estatal Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V..
Los hechos cambiaron en septiembre del 2023 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó dicha labor a la SEDENA mediante la publicación de un decreto que otorgó facultades administrativas a través de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V,. en donde el 99% de las acciones fueron asignadas a la SEDENA y el 1% restantes al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC. Dicho acto generó la ampliación al presupuesto castrense y determinó que serían ellos quienes ejecutarían el resto del proyecto.
Tan sólo en el mes de enero del año en curso, ya con los militares operando el proyecto, el Gobierno Federal ha erogado un total de 75,455,056.57 pesos mexicanos (4 millones de dólares al tipo de cambio del viernes 23 de febrero 2024), lo anterior con fines de continuar la construcción del megaproyecto. En total se trata de 23 adquisiciones divididas en dos secretarías, la SEDENA, con 16 contratos; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con siete. Así lo revela el portal de compras públicas del Gobierno de México analizado por este reportaje.
Sin embargo, algunos gastos no se pueden explicar sólo con las facturas que el gobierno hizo públicas. Y la revelación de los mismos carece de información relevante como los motivos de algunas compras, que podrían ser cuestionadas por sus costos o su escasa y confusa información.
Del total de contratos, aparece la compra, por ejemplo, de una serie de botes de 50 galones para el depósito de basura o residuos con un costo superior a los 7 mil pesos mexicanos cada uno. Sin embargo, este mismo producto se oferta al público por menos de la mitad del precio al que lo adquirieron los militares. Este contrato forma parte de un compilado de adquisiciones que el Gobierno Federal asegura que serán para el equipamiento de los edificios corporativos de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) “Tren Maya, S.A de C.V.”, la cual estaría lista este 2024 y que continúa sin operar.
Otro dato que resulta confuso es que el mismo documento es por un monto superior a los 21 millones de pesos y según lo reportado en CompraNet, se trata de una adjudicación a una pequeña empresa; sin embargo, cuando se analiza la información a profundidad, resulta que se trata de varias compras comprimidas pero dirigidas a diferentes razones sociales.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el personal de SEDENA para tratar de comprender el motivo de dichas compras pero hasta el momento del cierre de esta edición, ninguna autoridad respondió a la solicitud y la información de los contratos carece de descripciones explícitas de las compras, cuando se solicita esta información por transparencia, se niega apelando a Seguridad Nacional.
Respecto a las compras de tierras ejidales por la misma SEDENA, la comunidad de Múuch’ Xíinbal asegura que no fueron debidamente informados, de tal modo que vía transparencia, se solicitó el listado de comunidades que fueron informadas de dichos procesos. Sin embargo, el documento donde se reportan dichas actividades se encuentra tan testado que resulta imposible saber si la comunidad fue advertida debidamente de los procesos.
“Ellos dañaron nuestro río pero nadie resultó cuestionado, si hubiéramos sido nosotros estaríamos presos. Aquí el gobierno dijo que se trató de un error humano pero no fue así. Entonces me pregunto, cuál Tren Maya, cuál cultura” y Aldair T´uut´ termina, “Nos lo arrebataron todo, hasta el nombre”.
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En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.
De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.
Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.
En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.
Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.
La realidad
A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.
Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.
Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.
Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.
Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.
A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.
El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.
Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.
Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.
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En portada: Fuga de petróleo en un pozo al norte de Veracruz donde las instalaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona se encuentran abandonadas. El derrame afecta tierras y fuentes de agua de las comunidades circundantes. Foto: Regina López.
Son diversos los casos en México que dan cuenta de un incremento de la violencia desplegada en contra de poblaciones campesinas e indígenas para dar paso a la imposición de megaproyectos. Es en este escenario donde se inserta el análisis que comparten habitantes del norte de Veracruz, en la región del Totonacapan, sobre la vinculación que existe entre tres actores que consideran fundamentales para el despojo de los territorios: empresas, Estado y crimen.
En voz de Óscar Espino, activista y defensor de derechos humanos en Veracruz, acompañante de colectivos de personas buscadoras e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), la denuncia señala la lógica de terror impuesta por parte de estos actores, con la intención de inmovilizar a la población y, así, evitar la organización y resistencias comunitarias.
Según la reflexión de las comunidades del Totonacapan, la violencia de estos tres actores promueve el vaciamiento de sentido de los territorios para el despojo multidimensional: el territorial, económico, organizativo y político, entre otros, para con ello catalogarlos meramente como zonas de extracción.
“No puedes luchar con una lógica de terror impuesta sobre tu territorio, por ahí está la lógica de geoterror”, sostiene Espino y lo ejemplifica con el caso del norte de Veracruz, una región sumida en actos violentos como las ejecuciones y desapariciones, enmarcada como una zona prioritaria, histórica y actualmente, para la extracción de hidrocarburos.
Fotos: Regina López
Para Óscar Espino, la finalidad de las estrategias de geoterror es quitar del camino a las comunidades, quienes “estorban” ante los planes para imponer megaproyectos de “desarrollo”.
La región del norte de Veracruz es atravesada por múltiples megaproyectos que buscan explotar fuentes de agua, como el Proyecto Trasvase de Pánuco que pretende extraer el líquido con destino a estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León.
También pretende dar continuidad con la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales, como la fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en esta región se han fracturado 3,358 pozos.
Foto: Regina López
A esto se añade las afectaciones en los ecosistemas del Golfo de México por el paso del gasoducto Puerta al sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con infraestructura al sur de Texas, para la exportación de gas natural proveniente de EEUU y Canadá.
Acorde al testimonio de Espino, la actuación de las empresas, Estado y crimen tiene como objetivo transformar la vida del campesino, al cual necesitan como cuidador, promotor y sometido al megaproyecto. De acuerdo al análisis, esto lo consiguen no solo mediante la violencia. “Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo”, subraya el activista sobre las condiciones que limitan la articulación y organización comunitaria para la defensa de los territorios en esta zona del país.
Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Puebla durante el 2023. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos de resistencia en la Sierra Mazateca, Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, presentamos extractos de la conversación con Óscar Espino.
Avispa Mídia (AM): Durante las reuniones con delegados del CNI compartiste algunos elementos de la reflexión que realizan desde el norte de Veracruz sobre lo que llaman estrategias de geoterror, ¿podrías platicarnos más acerca de ello?
Óscar Espino (OE): El análisis lo hemos hecho de manera colectiva, entre los pueblos y las comunidades, las organizaciones de ahí en el Totonacapan. Primero no nos dábamos cuenta cuáles eran los mecanismos que tenían, tanto el Estado, como las empresas, como el crimen organizado para actuar en nuestros territorios, pero de estos tres actores veíamos que había una lógica de meter miedo a las comunidades.
Nosotros los veíamos aislados, como el crimen organizado haciendo su propia chamba, diciendo que ellos se dedicaban a la cuestión del narco; a las empresas haciendo sus planes de megaproyectos de hidrocarburos y al Estado haciendo las leyes y las cuestiones de hostigamiento y de represión, o señalamiento de las comunidades.
Pero cuando empezamos a profundizar en el análisis, pues nos dimos cuenta que, más bien, hay una sinergia, un maridaje entre estos tres actores y otros actores de poder en la región, como cacicazgos locales que están enquistados en las comunidades campesinas e indígenas que funcionan también como mecanismo de aglutinamiento de estos tres actores que meten terror y miedo a las comunidades.
AM: ¿Cuáles son los efectos en los territorios del Totonacapan derivados de estas estrategias de geoterror?
OE: Para las comunidades ha sido muy difícil ver cómo se empieza a renombrar su territorio. Deja de ser el Totonacapan para convertirse, por ejemplo, en territorio Zeta; en campo estratégico de extracción de hidrocarburos como el “Aceite Terciario del Golfo”; en zonas de amortiguamiento para un proyecto estratégico, en rondas de exploraciones y extracción de hidrocarburos. Nombrar el territorio de un modo, también da sentido para vivir en él. Ese renombrarse es también un especie de vaciamiento del territorio. Lo que nosotros decimos es que hay una sinergia de estos actores, tanto del Estado, como del crimen organizado, como de las empresas, de vaciar el territorio del corazón y del pensamiento. La cosa no es que no estemos en el territorio, sino que estamos perdiendo vínculo con él y ese vínculo se está perdiendo por esa lógica del terror.
Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Fotos: Regina López
Nosotros vemos otros pueblos que se levantan y luchan, pero no es lo mismo una comunidad, a la que ahorita le llega la minera, con toda la información que tiene y que puede plantarse frente a la minera, al Totonacapan que tiene 120 años de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que significa es que habemos generaciones, hay incluso abuelos, bisabuelos que nacieron ya con pozos en sus comunidades, con un despojo de inicio, de no sentirse dueños, porque los primeros que estaban fueron desplazados y a ellos se les ha relegado a vivir en espacios de convivencia o de conflicto permanente con la exploración y extracción de hidrocarburos.
Te estoy hablando que los primeros pozos fueron a inicios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 100 años de exploración y extracción de hidrocarburos, pero además de una lógica económica asociada a la vida de los hidrocarburos. Los abuelos veían las chapopoteras, como brotaba naturalmente el hidrocarburo, pero no imaginaban nunca la devastación. Salían a la calle, fascinados de ver las máquinas que llegaban, pero empezaron a ver la destrucción cuando debajo de sus casas o donde pretendían hacer su parcela, o su milpa, empezaron a ver una red de ductos. De manera que se empezó a limitar el control territorial y la decisión que los pueblos tienen sobre su territorio.
La cuestión aquí es cómo sus vidas se vieron amenazadas por la propia permanencia de los ductos de las empresas de Petróleo Mexicanos (PEMEX), en un principio, pero además del riesgo permanente.
Hay comunidades que tienen, por ejemplo, centrales de turbinas con un ruido ensordecedor, de manera que en toda la comunidad, para poderse hablar de tú a tú, se tenían que gritar. Es un sistema de privaciones y de riesgos que empieza por la salud misma.
Gente con problemas de salud muy fuertes por el gas venteado en la zona que no tiene regulación y que el Estado simula diciendo que está en los parámetros controlados de emisión de gases a la atmósfera, cuando es totalmente falso. Eso, asociado a una red de ductos de infraestructura para la extracción de hidrocarburos que implica el uso del agua. Por ejemplo, comunidades que no tenían agua y entonces Pemex llegó y les metió el agua; pues decían, “qué chingón”, pero eso ha precarizado tanto, de manera que ahorita ya no tienen, porque el agua se usa para las instalaciones de hidrocarburos.
Pozo de agua contaminado por fugas de petróleo en el norte de Veracruz. Foto: Regina López.
Y todo un sistema de control también asociado al territorio. Primero, la depreciación de la vida campesina y, por otro lado, el alza de los precios de sus territorios. Entonces dicen ellos, “¿a ver, cómo?, no sirve mi territorio para sembrar, pero luego ¿llegan las empresas privadas?”.
Porque empezó a llegar gente de fuera, contratada por Pemex y otras empresas para hacer recorridos por las montañas, los valles y los territorios de los pueblos para ubicar zonas de exploración.
Nosotros supimos, desde un centro de derechos humanos, que drogaban a las personas para que aguantaran las jornadas infrahumanas, a un calor de más de 40 grados en el Totonacapan, y que fueran a ubicar los pozos. Después de eso, el trabajo que les dieron a los compas no es el trabajo de ingenieros y de petroleros, es limpiar los lodos, que es el trabajo más insalubre y depredador de la salud de los pueblos.
AM: Platicabas acerca de los métodos violentos para el despojo de los territorios, pero tambien acerca de otras estrategias que no implicaban el uso de la fuerza, ¿podrías darnos algunos ejemplos?
OE: Los pueblos implican una amenaza para la lógica del megaproyecto. A esta lógica, no solo estorba la relación del campesino con el territorio, sino el campesino siendo campesino. Necesitan al campesino siendo otra cosa, siendo cuidador de su megaproyecto, siendo promotor del megaproyecto, siendo súbdito del megaproyecto, siendo sometido al megaproyecto. Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo. Se impone una hegemonía, le llaman “suave”, una hegemonía impuesta sobre los pueblos de manera que les convencen, desde la precariedad de la vida campesina, indígena, abandonada por el sistema de Estado, y entonces llegaban las empresas y decían “¿cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes aquí ahorita?”.
Y se inventaron un programa que se llama Programa de apoyo a la comunidad y el medio ambiente (Pacma), ¡imagina!, la depredación hablando de apoyo a la comunidad y del medio ambiente. Pues con ese programa, ofrecían obras. Entonces llegaba un compañero defensor de derechos humanos y decía a las personas de los pueblos “no, compañeros, los están engañando”, pero eran solo palabras. Mientras los del programa llegaban y decían “aquí está” el recurso para la obra.
Eso metió la lógica de las empresas a las comunidades, ya no el conflicto fuerte, en donde las comunidades se plantaban frente a los pozos, porque las que se plantaban empezaron a ser criminalizadas. La negociación era inducida y sometida, ni siquiera era negociación, era un sometimiento.
Esa lógica empezó a meter el terror en la comunidad, el miedo de vivir en su territorio pensando que el día siguiente serían sacados o que el día siguiente iban a explotar, o que al día siguiente iba a haber un derrame, o que al día siguiente iba a haber un incendio, o que al día siguiente, al ir a su pozo, en vez de agua, irian sacar natas de crudo, o que iban a ver uno de sus animales muertos, porque en el arroyo donde estaba consumiendo agua, hubo un derrame. Es el miedo permanente a morir.
AM: ¿Cómo se da la participación del capital privado en este entramado para imponer la lógica del terror?
OE: Empezaron a aparecer los gestores de las empresas privadas, que eran contratadas por Pemex, por contratos de subrogación de actividades que Pemex no podía hacer. Esta transición fue cambiando de manera que, primero, veías solo a Pemex y después empezamos a contar hasta más de 40 empresas privadas. Los que llevan los ductos, los que llevan los líquidos, los que llevan los químicos, los que hacen la exploración, los que meten los fierros, los que lo quitan; cada empresa dentro de su propia lógica y cada uno deslindándose de la responsabilidad. Ya no sabías con quien pelearte.
Empezó a haber seguridad privada de las empresas y, después de eso, empezamos a ver cómo, a la par de que empezaban a introducir el megaproyecto, se empezaba a introducir la droga y el crimen organizado. Lo que no sabíamos es que el objetivo era desplazar a familias completas, desplazar a comunidades completas, desplazar a actores concretos de las comunidades, meter miedo, para imponer una lógica de terror.
Fotos: Regina López
No entendíamos si estaba vinculado al megaproyecto. ¿De qué nos defendemos? ¿del crimen organizado que empieza a llegar a nuestro territorio?, ¿nos defendemos del megaproyecto?, o ¿de la empresa que nos está jodiendo?, o ¿saneamos nuestro arroyo?, ¿nos cuidamos del gas que está venteándose?, o ¿sanamos nuestros oídos?. Esa es la lógica del terror.
AM: ¿En que circunstancias atestiguaron la vinculación del crimen con el Estado?
OE: Cuando empezamos a relacionarnos con otros colectivos de familias defensoras y buscadoras (de desaparecidos), empezamos a encontrar lógicas muy raras, porque nosotros andamos defendiendo el territorio para pedir que los pozos no dañaran y ellas andaban (buscando) entre los pozos.
Porque de estos miles de pozos que hay en el Totonacapan, la mayoría está en desuso. Son pozos viejos, de yacimientos que ya fueron explorados o ya fueron explotados y que tienen poco (hidrocarburos) y no les es redituable hasta que metan para hacer fracking, pero ahí está la infraestructura petrolera.
Por ejemplo, había uno que parecía un hotel. El crimen organizado ahí hacia sus reuniones. No se lo dieron a la comunidad que lo pidio para que hiciera su bachillerato, pero sí dejaron que el crimen organizado ocupara su territorio. Entonces, decíamos, “esto no es lógico”, ¿cómo el crimen organizado llega y hace una cocina?, -así le llaman a un centro de exterminio-, en una de las zonas de Pemex, y Pemex tiene seguridad y las empresas tienen seguridad y no pasa nada.
La gente de la comunidad nos decía, años después, veían que dejaron de ocuparlo, llegaban a barrerlo y hacían montones de tierra. Aventaban todo y ahí iban restos de carros, de cosas que se robaban y restos humanos, los botes con los hoyos donde ahí deshacían los cuerpos. Es una lógica perversa.
AM: Mencionaste que el despojo no es solo del territorio, ¿cuáles son esas otras expresiones?
OE: Hay un despojo económico con el modo de depreciar la vida campesina y, al mismo tiempo, especular sobre ella, del endeudamiento de la gente, del préstamo.
Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Foto: Regina López
Hay un despojo organizativo a la hora de quitarle la fuerza a la Asamblea y a sus autoridades. Un despojo político porque ya la gente ahorita no puede decidir sobre su propio territorio. Si hay un ducto y lo primero que te encuentras en tu parcela es un anuncio de “no cavar”, entonces, ¿cómo le hago?, y en la siguiente parte de tu parcela, el derrame de crudo que no puedes tú limpiar, ¿cómo lo limpias?.
AM: ¿Cómo las empresas se articulan para el despojo de los territorios con otros actores?
OE: Las universidades públicas estaban haciendo alianzas con las empresas y con Pemex para hacer contratos de colaboración para el despojo. Si quiere seguirse llamando universidad pública debe hacer investigación contra el despojo y debe declararse libre de fracking, así como nos declaramos las comunidades con nuestras asambleas, la universidad pública tiene que declararse libre de fracking. Pero lo primero que hicieron fue, “nueva oferta educativa: Ingeniería Petrolera”, o sea ingeniería para el despojo.
Óscar Espino hace énfasis en compartir el análisis de las y los habitantes del Norte de Veracruz, “a manera de espejo, como nos ha enseñado el CNI”, para, con ello, colaborar con otras comunidades y procesos de resistencia e identificar de manera previa a los actores y la lógica en que se mueven para la imposición de megaproyectos.
“A veces no imaginamos esta lógica perversa de terror impuesta sobre nuestras comunidades, y nos toma mucho tiempo descubrirla”, sostiene Espino sobre la importancia de analizar el poder de las empresas, su vinculación con el crimen y la anuencia de funcionarios para hacer frente a los “proyectos de supuesto ‘desarrollo’”.
“Hay ejemplos maravillosos de las comunidades campesinas e indígenas luchando contra estos proyectos, pero creemos que este ejercicio de espejear la realidad dolorosa de algunos puede ayudarnos a sanar la propia antes de que llegue ese dolor”, finaliza.
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Ilustración Divina violencia de Mr. Fish
La autoinmolación de Aaron Bushnell fue, en última instancia, un acto religioso, que delimita radicalmente el bien y el mal y nos llama a resistir.
Aaron Bushnell, cuando colocó su teléfono celular en el suelo para realizar una transmisión en vivo y se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington D.C., lo que resultó en su muerte, enfrentó la violencia divina contra el mal radical. Como miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, formó parte de la vasta maquinaria que sustenta el genocidio en curso en Gaza, no menos moralmente culpable que los soldados, tecnócratas, ingenieros, científicos y burócratas alemanes que lubricaron el aparato del Holocausto nazi. . Este era un papel que ya no podía aceptar. El murió por nuestros pecados.
“Ya no seré cómplice del genocidio”, dijo tranquilamente en su vídeo mientras caminaba hacia la puerta de la embajada. “Estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta. Pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal”.
Hombres y mujeres jóvenes se alistan en el ejército por muchas razones, pero matar de hambre, bombardear y matar a mujeres y niños no suele ser una de ellas. ¿No debería, en un mundo justo, la flota estadounidense romper el bloqueo israelí de Gaza para proporcionar alimentos, refugio y medicinas? ¿No deberían los aviones de guerra estadounidenses imponer una zona de exclusión aérea sobre Gaza para detener los bombardeos de saturación? ¿No debería darse un ultimátum a Israel para que retire sus fuerzas de Gaza? ¿No deberían detenerse los envíos de armas y los miles de millones en ayuda militar e inteligencia proporcionados a Israel? ¿No deberían rendir cuentas quienes cometen genocidio, así como quienes lo apoyan?
Estas simples preguntas son las que la muerte de Bushnell nos obliga a enfrentar.
“A muchos de nosotros nos gusta preguntarnos”, publicó poco antes de suicidarse, “‘¿Qué haría si estuviera vivo durante la esclavitud? ¿O el Jim Crow Sur? ¿O apartheid? ¿Qué haría yo si mi país estuviera cometiendo genocidio? La respuesta es: lo estás haciendo. Ahora mismo.”
Las fuerzas de la coalición intervinieron en el norte de Irak en 1991 para proteger a los kurdos tras la primera Guerra del Golfo. El sufrimiento de los kurdos fue extenso, pero eclipsado por el genocidio en Gaza. Se impuso una zona de exclusión aérea para la fuerza aérea iraquí. El ejército iraquí fue expulsado de las zonas kurdas del norte. La ayuda humanitaria salvó a los kurdos del hambre, las enfermedades infecciosas y la muerte por exposición.
Pero esa era otra época, otra guerra. El genocidio es malo cuando lo llevan a cabo nuestros enemigos. Se defiende y sostiene cuando lo llevan a cabo nuestros aliados.
Walter Benjamin, cuyos amigos Fritz Heinle y Rika Seligson se suicidaron en 1914 para protestar contra el militarismo alemán y la Primera Guerra Mundial, en su ensayo “Crítica de la violencia”, examina los actos de violencia cometidos por individuos que enfrentan el mal radical. Cualquier acto que desafíe el mal radical viola la ley en nombre de la justicia. Afirma la soberanía y la dignidad del individuo. Condena la violencia coercitiva del Estado. Implica la voluntad de morir. Benjamin llamó a estos actos extremos de resistencia “violencia divina”.
“Sólo por el bien de los desesperados se nos ha dado esperanza”, escribe Benjamin.
La autoinmolación de Bushnell, una de las cuales la mayoría de las publicaciones en las redes sociales y las organizaciones de noticias han censurado fuertemente, es el punto. Está destinado a ser visto. Bushnell apagó su vida de la misma manera que miles de palestinos, incluidos niños, han sido extinguidos. Podríamos verlo quemarse hasta morir. Esto es lo que parece. Esto es lo que les sucede a los palestinos por nuestra culpa.
La imagen de la autoinmolación de Bushnell, como la del monje budista Thích Quảng Đức en Vietnam en 1963 o la de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de frutas en Túnez, en 2010, es un potente mensaje político. Saca al espectador de la somnolencia. Obliga al espectador a cuestionar suposiciones. Le ruega al espectador que actúe. Es teatro político, o quizás ritual religioso, en su forma más potente. El monje budista Thích Nhất Hạnh dijo de la autoinmolación: “Expresar la voluntad quemándose, por lo tanto, no es cometer un acto de destrucción sino realizar un acto de construcción, es decir, sufrir y morir por el bien de la autoinmolación de nuestra gente”.
Si Bushnell estuviera dispuesto a morir, gritando repetidamente “¡Palestina libre!” mientras ardía, entonces algo debía estar terriblemente mal.
Estos autosacrificios individuales a menudo se convierten en puntos de reunión para la oposición masiva. Pueden provocar, como lo hicieron en Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Bahréin y Siria, levantamientos revolucionarios. Bouazizi, que estaba indignado porque las autoridades locales habían confiscado sus balanzas y sus productos, no tenía intención de iniciar una revolución. Pero las pequeñas y humillantes injusticias que soportó bajo el corrupto régimen de Ben Ali resonaron en un público abusado. Si pudiera morir, podrían salir a las calles.
Estos actos son nacimientos sacrificiales. Presagian algo nuevo. Son el rechazo total, en su forma más dramática, de las convenciones y los sistemas de poder reinantes. Están diseñados para ser horribles. Están destinados a sorprender. Quemarse vivo es una de las formas más temidas de morir.
La autoinmolación proviene de la raíz latina immolāre, espolvorear con harina salada al ofrecer una víctima consagrada para el sacrificio. Las autoinmolaciones, como la de Bushnell, vinculan lo sagrado y lo profano a través de la muerte sacrificial.
Pero llegar a este extremo requiere lo que el teólogo Reinhold Niebuhr llama “una locura sublime en el alma”. Señala que “nada más que esa locura luchará contra el poder maligno y la maldad espiritual en las altas esferas”. Esta locura es peligrosa, pero es necesaria cuando se enfrenta el mal radical porque sin ella “la verdad se oscurece”. El liberalismo, advierte Niebuhr, “carece del espíritu de entusiasmo, por no decir fanatismo, que es tan necesario para sacar al mundo de sus caminos trillados. Es demasiado intelectual y demasiado poco emocional para ser una fuerza eficiente en la historia”.
Esta protesta extrema, esta “locura sublime”, ha sido un arma potente en manos de los oprimidos a lo largo de la historia.
Las aproximadamente 160 autoinmolaciones en el Tíbet desde 2009 para protestar contra la ocupación china se perciben como ritos religiosos, actos que declaran la independencia de las víctimas del control del Estado. La autoinmolación nos llama a una forma diferente de ser. Estas víctimas del sacrificio se convierten en mártires.
Las comunidades de resistencia, incluso si son seculares, están unidas por los sacrificios de los mártires. Sólo los apóstatas traicionan su memoria. El mártir, a través de su ejemplo de abnegación, debilita y rompe los vínculos y el poder coercitivo del Estado. El mártir representa un rechazo total al status quo. Por eso todos los Estados buscan desacreditar al mártir o convertirlo en una no persona. Conocen y temen el poder del mártir, incluso en la muerte.
En 1965, Daniel Ellsberg fue testigo de cómo un activista pacifista de 22 años, Norman Morrison, se rociaba con queroseno y se prende fuego (las llamas se elevaban 10 pies en el aire) frente a la oficina del Secretario de Defensa, Robert McNamara, en el Pentágono. , para protestar contra la guerra de Vietnam. Ellsberg citó la autoinmolación, junto con las protestas contra la guerra en todo el país, como uno de los factores que lo llevaron a publicar los Papeles del Pentágono.
El sacerdote católico radical Daniel Berrigan, después de viajar a Vietnam del Norte con una delegación de paz durante la guerra, visitó la habitación del hospital de Ronald Brazee. Brazee era un estudiante de secundaria que se empapó con queroseno y se inmoló frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción en el centro de Syracuse, Nueva York, para protestar contra la guerra.
“Todavía vivía un mes después”, escribe Berrigan. “Pude acceder a él. Olí el olor a carne quemada y entendí de nuevo lo que había visto en Vietnam del Norte. El niño agonizaba atormentado, su cuerpo como un gran trozo de carne arrojado a una parrilla. Murió poco después. Sentí que mis sentidos habían sido invadidos de una manera nueva. Había comprendido el poder de la muerte en el mundo moderno. Sabía que debía hablar y actuar contra la muerte porque la muerte de este niño se estaba multiplicando por mil en la Tierra de los Niños Ardientes. Entonces fui a Catonsville porque había ido a Hanoi”.
En Catonsville, Maryland, Berrigan y otros ocho activistas, conocidos como los Nueve de Catonsville, irrumpieron en una junta de reclutamiento el 17 de mayo de 1968. Tomaron 378 expedientes de reclutamiento y los quemaron con napalm casero en el estacionamiento. Berrigan fue sentenciado a tres años de prisión federal.
Estuve en Praga en 1989 para la Revolución de Terciopelo. Asistí a la conmemoración de la autoinmolación de un estudiante universitario de 20 años llamado Jan Palach. Palach se paró en las escaleras del Teatro Nacional en la Plaza Wenceslao en 1969, se echó gasolina encima y se prendió fuego. Murió a causa de sus heridas tres días después. Dejó una nota diciendo que este acto era la única forma que quedaba de protestar por la invasión soviética de Checoslovaquia, que había tenido lugar cinco meses antes. Su cortejo fúnebre fue disuelto por la policía. Cuando se llevaron a cabo frecuentes vigilias con velas en su tumba en el cementerio de Olsany, las autoridades comunistas, decididas a borrar su memoria, desenterraron su cuerpo, lo cremaron y entregaron las cenizas a su madre.
Durante el invierno de 1989, carteles con el rostro de Palach cubrieron las paredes de Praga. Su muerte, dos décadas antes, fue ensalzada como el acto supremo de resistencia contra los soviéticos y el régimen prosoviético instalado tras el derrocamiento de Alexander Dubček. Miles de personas marcharon hacia la Plaza de los Soldados del Ejército Rojo y la rebautizaron como Plaza Jan Palach. Ganó.
Un día, si se desmantelan el Estado corporativo y el Estado de apartheid de Israel, la calle donde Bushnell se prendió fuego llevará su nombre. Al igual que Palach, será honrado por su valentía moral. Los palestinos, traicionados por la mayor parte del mundo, ya lo consideran un héroe. Gracias a él, será imposible demonizarnos a todos.
La violencia divina aterroriza a una clase dominante corrupta y desacreditada. Expone su depravación. Ilustra que no todo el mundo está paralizado por el miedo. Es un canto de sirena para luchar contra el mal radical. Eso es lo que pretendía Bushnell. Su sacrificio habla de lo mejor de nosotros mismos.
