A los pueblos cholultecas

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

La acción del mal gobierno en contubernio con la empresa ProFaj Hidro – Limpieza ahora se manifiesta con ataques cibernéticos a las páginas de Facebook en las que los pueblos cholultecas hemos difundido nuestra lucha y las denuncias de represión de la que hemos sido objeto.

En menos de una semana se documentan 3 ataques cibernéticos directamente a nuestro movimiento en contra del basurero de San Pedro Cholula.

-Domingo 9 de junio hackeo del Whatsapp de Miguel López Vega

-Miércoles 12 de junio, clonación de la página de Unión de pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente.

-Jueves 13 de junio desaparición del perfil de Facebook La Flor Peri Odico

Estos ataques sistemáticos no solo vulneran la libertad de expresión de los pueblos, además, generan confusión en la población y aumenta el riesgo de represión al privar de medios para denunciar los ataques violentos del Estado contra los pueblos cholultecas.

Esto es parte de la respuesta del Estado contra los pasos dados por los pueblos en el ejercicio de nuestra Autonomía y Autodeterminación: cerrar el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo del presente año, la publicación del decreto contra los basureros y la explotacion y contaminación del agua el 14 de mayo, la movilización en la CDMX el 11 de junio frente a PROFEPA, sostener un plantón de vigilancia permanente para evitar la contaminación a la tierra y agua de la región cholulteca y demostrar una y otra vez la contaminación mortal que ProFaj, Cuauhtémoc Ochoa y sus cómplices a nivel municipal, estatal y Federal impone en nuestro territorio.

Ya nos dispararon y nos han criminalizado, ahora atacan nuestros medios.

Hacemos un llamado de alerta ante los ataques que el mal gobierno y la empresa puedan hacer.

Llamamos a los colectivos, organizaciones y colectivos solidarios a hacer eco de nuestras denuncias y nuestra lucha.

Nuestra decisión continúa con firmeza: el basurero de San Pedro Cholula de va de nuestro territorio.

Pronto daremos a conocer nuestros medios por donde puedan dar seguimiento a nuestra lucha.

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Congreso Nacional Indígena

#fuerabasurerocriminal

#fuerabasurero

Solicitamos que no sea aprobada y que se abra un debate amplio, con colsulta a pueblos y barrios, ejidos y comunidades sobre una ley que afecta a sus territorios.

El pasado 15 de marzo Martí Batres presentó una iniciativa de nueva Ley Ambiental (Ley Batres) misma que llegó al Congreso de la Ciudad de México el pasado 20 de marzo.

La ley fue aprobada el dia de ayer 11 de junio en comisiones por diputados de todos los partidos políticos y podría ser aprobada el dia de mañana 13 de junio por el pleno del Congreso.

Mediante este comunicado queremos reiterar nuevamente los retrocesos y problemáticas que surgen de esta Ley.

Mostramos principal preocupaciónpor el capítulo de “actos administrativos traducidos en permisos”, el cual permite la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y lucrativos (la ley dice económicos) “asignados” a la Secretaria de Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.

La ley abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación (artículo 96).

Elimina el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación y flexibiliza la posibilidad de talar árboles en ese suelo.

Borra por completo la normativa que protege a la Tierra. La protección de la Tierra en la legislación vigente es un avance hacia la protección de los llamados derechos de la naturaleza. Incluso, la Constitución de la Ciudad de México obliga a que se genere una ley que reconozca a la naturaleza conformada por los ecosistemas y especies como un ente colectivo de derechos, por lo que la eliminación de los derechos de la Tierra representa un retroceso en la protección medioambiental.

Por otra parte, la iniciativa legaliza la simulación del llamado “proceso de consulta vecinal para grandes construcciones” que en realidad consiste en la realización de estudios de impacto social. La demanda siempre ha sido la de la participación real, no la de estudios de impacto a través de encuestas de opinión disfrazadas de consulta. No olvidamos, además, qu e con ese mecanismo se pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido a los pueblos y barrios originarios.

En el mismo sentido, la Ley Batres plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.

Por último, nunca se plantea la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios pese a que se trata de una Ley que incide en los territorios.

Respecto a la “prohibición de la privatización del agua”, que fue un tema comunicado en la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, es una medida demagógica por tres razones. Primero, estaría fuera de la competencia del Gobierno de la Ciudad prohibir la privatización del agua, la cual, constitucionalmente, ya es propiedad de la nación. Una medida de ese tipo tendría que realizarse dentro de la constitución federal o a través de una nueva Ley General de Aguas. Segundo, porque la Constitución de la Ciudad de México ya prohibe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje. Tercero, porque la privatización, no es el principal mecanismo con el que el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la ciudad. En Ciudad de México los grandes desarrolladores acceden al agua no a través de concesiones o “privatizaciones” sino a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México les otorga el dictamen de fatibilidad hidráulica. Cualquier restricción con el uso del agua por parte de privados tendría que pasar por límites al sector inmobiliario y no por la creación de normas que carecen de efectos prácticos.

En todo caso, sería bueno que el gobierno aclare qué entiende por privatización. Si Batres entiende que es la transferencia de la propiedad pública o de la nación a la privada, o si es el uso exclusivo y lucrativo por parte de un privado de un bien público, ya que, si se trata de lo segundo, una vez aprobada su reforma quisiéramos ver que se cancelen todas las concesiones vigentes en la ciudad de México y se prohiba la mercantilización del líquido a través de empresas trasnacionales que embotellan el agua, por ejemplo.

Por lo anterior, consideramos ecesario enfatizar que si no se quieren conflictos, se debe evitar la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades de la ciudad. En consecuencia, convocamos a los pueblos y barrios y ciudadanía en general a conocer el contenido de la Ley Batres y a no permitir que la nueva norma afecte más el suelo de conservación.

A las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, les solicitamos rechazar la Ley y abrir la discusión antes de aprobar una nueva ley que nos pueda afectar a todos.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y barrios de la Cuenca del Anáhuac (Frente de Anáhuac)

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquean avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar la operación del relleno sanitario en la región choluteca de Puebla. Foto: Noticias de abajo ML.}

Habitantes de 27 pueblos de la región de los volcanes, en Puebla, se manifestaron este martes (11) ante las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ubicadas en la Ciudad de México, para exigir la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula.

Con pancartas y altavoces, integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquearon avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar que la operación del relleno sanitario, durante 16 años, ha contaminado el aire, la tierra y el agua de la región.

Resaltan que, además de haber demostrado mediante análisis científicos los “brutales” niveles de contaminación en fuentes de agua cercanas al basurero, se registra un incremento en enfermedades como leucemia en municipios de Puebla, en los que destacan Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo.

Los manifestantes se refieren a lo difundido los primeros días de abril mediante un informe elaborado por académicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde se dio a conocer que estos municipios poblanos, ubicados en la Cuenca del Río Atoyac, cuentan con las tasas más altas de mortalidad por leucemias agudas del país.

Por esta situación es que los manifestantes exigen a las autoridades ambientales el cierre definitivo del basurero en aras de proteger la salud de los habitantes, así como las fuentes de agua de la región.

Resistencia

Desde el 21 de marzo pasado, los pobladores organizados mantienen un campamento en el lugar de acceso al basurero, por lo que desde ese día han presionado para detener sus operaciones. Resaltan que, debido a las acciones de protesta han resguardado el lugar de ser contaminado por las más de 680 toneladas de basura que ingresaban diariamente, provenientes de lugares tan lejanos como Oaxaca y la CDMX.

Operado por la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza, pobladores argumentan que sus actividades son permitidas debido a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, recientemente electo como senador por Hidalgo con el cobijo del partido Morena, y a quien señalan como el dueño de dichas instalaciones.

Para el 10 de abril, después de difundir los altos niveles de contaminación mediante resultados del análisis de agua realizados por la Universidad Autónoma de México, elementos de la Profepa clausuraron temporalmente el relleno sanitario. No obstante, la noche del 30 de abril, autoridades locales intentaron reabrir el basurero. Elementos policiacos de los municipios de Calpan, San Pedro Cholula, Chiautzingo y Domingo Arenas escoltaron a un convoy de camiones de basura que pretendía ingresar al relleno. 

Sin embargo, los manifestantes de Pueblos Unidos consiguieron repeler la agresión y detener la reapertura de las instalaciones. Durante el operativo fueron víctimas de disparos con arma de fuego.

Te puede interesar – Violencia y tensión en la región de Cholula, Puebla, tras imposición de basurero

Ante la alerta por mayores represiones y debido a la inacción de los tres niveles de gobierno, en mayo, pueblos y autoridades, agrarias y tradicionales, de 34 comunidades convocaron a la “Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas en contra del basurero asesino y los Megaproyectos de Muerte”.

Celebrada el 14 de mayo, las y los asistentes catalogaron al relleno como “un ecocidio que no merece quedar impune” por lo que decretaron su clausura definitiva. Además, prohibieron cualquier proyecto extractivo en la zona, particularmente los relacionados con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.

Promesas

Pasadas las 15 horas de este martes (11), al salir de la reunión con las autoridades ambientales, el abogado Juan Carlos Flores de la Unión de Pueblos comunicó que la Profepa prometió realizar esta semana una inspección de verificación al relleno sanitario.

La visita, de acuerdo al compromiso de la dependencia federal, es para cerciorarse de dos puntos que denuncian los pobladores de la región choluteca. Primero, que no se han cumplido las medidas correctivas ante la contaminación derivada de sus operaciones y, sobre todo, que el relleno sanitario ya ha cumplido su vida útil.

Flores comunicó que, tras la visita de la Profepa, los pobladores esperan la recolocación de los sellos que marquen la clausura definitiva del basurero y la elaboración de un plan de abandono.

Sin embargo, el abogado detalló que los funcionarios federales no se comprometieron a la clausura, aún a pesar de que, argumenta el litigante, se han mostrado las pruebas del saturamiento del relleno sanitario, por lo que solicitó mantener a la población atenta por cualquier acción de represión.

Ante el terror desatado en Tila los últimos días, los medios de comunicación se han enfocado en culpar a un presunto grupo delincuencial que denominan “los autónomos”, sorprendentemente, sin ofrecer ningún contexto histórico ni mencionar la creciente violencia que se ha vivido en Tila los últimos años. En esas coberturas, no se hace ninguna mención de la larga lucha de los ejidatarios para recuperar las 130 hectáreas ocupadas ilegalmente por el ayuntamiento; la ya largamente denunciada complicidad de dicho ayuntamiento con el grupo del crimen organizado “Karma” y el vínculo del mismo con el brutal grupo paramilitar “Paz y Justicia”, que en la década de 1990 causó tanta muerte; las múltiples agresiones por parte de dicho grupo en tiempos recientes, que culminaron con el asesinato de dos ex autoridades del ejido, Carmen López Lugo y Domingo Lugo Ramírez, miembros del Congreso Nacional Indígena, en enero y marzo de este año.

(Para entender el contexto, lee el excelente análisis Paramilitarismo y crimen organizado: La guerra contra el Ejido Tila).

Dichas coberturas abonan a la destrucción de la autonomía, tan cuidadosamente construida, y el retorno ilegal del ayuntamiento, vinculado tanto al paramilitarismo de los 1990 como a su versión contemporánea narcoparamilitar por medio del grupo “Karma”. Las palabras del presidente López Obrador en su conferencia mañanera, que afirma que se trata de disputa entre los mismos pobladores “que no se han podido armonizar”, levanta la sospecha de complicidad por parte del gobierno federal con el ayuntamiento y sus vínculos con el crimen organizado, y su determinación de destruir cualquier intento de autonomía por parte de los pueblos organizados.

Ante tal avalancha de desinformación, los ejidatarios adherentes al Congreso Nacional Indígena publicaron un comunicado, que reproducimos abajo.

El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno

Ejido Tila, Chiapas a 11 de junio del 2024

A la opinión publica
A las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales
A los medios de comunicación nacional e internacional
A los pueblos originarios en defensa de la tierra, el territorio y la vida
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno

Reciban un saludo de parte de las familias ejidatarias organizadas que formamos parte del Congreso Nacional Indígena. Queremos alzar la voz para denunciar lo que se encuentra sucediendo en nuestro Ejido Tila porque hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad.

Por eso el martes 4 de junio pasado el grupo delincuencial Karma se presentaron armados detonando armas de alto calibre y provocaron que quienes están actualmente como autoridades ejidales ya no pudieran mantener la paz ya y la gente respondió a todo lo que han estado ocasionando.  

Estas últimas semanas han sido de dolor y terror en el Ejido Tila. Luego de que se denunciara insistentemente la entrada del crimen organizado a nuestro territorio, los asesinatos de compañeros y las amenazas; ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol. (Ver también: Saucedo, Dante. “Paramilitarismo y crimen organizado: la guerra contra el Ejido Tila“, Este País, 25 de enero de 2024).

Queremos hacer un pronunciamiento enérgico en reconocimiento de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que han hecho diversas personas del Ejido Tila. En esta comunicación resaltamos y reconocemos la labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de muchos años han realizado dichos compañeros.

La lucha de estos compañeros se ha desarrollado principalmente por la vía pacífica y jurídica. Varios de ellos han tenido cargos ejidales, algunos han mantenido liderazgos históricos que han guiado el camino del Ejido Tila; siempre nos han enseñado la defensa jurídica y política de los derechos a la libre determinación y autonomía, al territorio y al acceso pleno a la justicia.

Aclaramos que quienes pertenecemos al CNI que habíamos sido autoridades ejidales desde 2008 siempre mantuvimos la calma a la asamblea para no caer en las provocaciones, aunque fueron muchas las provocaciones. Somos defensores de derechos humanos de nuestra tierra y territorio y asì fuimos construyendo la autonomia ejidal desde el 16 de diciembre en que se expulsó al ayuntamiento del territorio ejidal porque tenemos el amparo ganado y su inejecución ganada en la Suprema Corte de Justicia. Por eso seguimos exigiendo la plena restitución de las 130 hectáreas que no son cabecera ejidal y ya fue determinado. 

Todos estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querìan ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal.

Denucniamos  la cobertura mediática que se habla de “los autónomos” como criminales, pues la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal.

Todas las autoridades que recientemente han intervenido en el territorio que ocupa el Ejido deben conocer esta información y evitar cualquier daño a su seguridad, libertad, integridad personal e incluso a su vida.

Atentamente

Adherentes al Congreso Nacional Indígena
Tierra y Libertad
Ejido Tila Chiapas

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Brigadas para colaborar en Palo Gordo, San José Tenango, 6 de junio del 2024. Imágenes de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia.}

Por Sarai Piña Alcántara* y Federico Valdés Bize** 

Mujeres, hombres, jóvenes y niñxs. Con azadón, machete, palas y picos en mano, con botes de agua a ras del cuerpo, enfundados con paliacates y cubrebocas. Con viandas de tacos de frijol y agua de masa, algunos ayudados de caballos, burros y mulas. Auto organizadas y organizados en brigadas vecinales y con el trabajo comunitario, se han enfrentado por casi 30 días a numerosos e intensos incendios forestales, en la denominada Sierra de Flores Magón o Sierra Mazateca en el noroeste del Estado de Oaxaca. 

En esta región, distintos naxi nandá (pueblos) están siendo impactados ante la ferocidad del fuego en aproximadamente 20 incendios activos. En muy pocos casos los fuegos logran ser controlados, y vuelven a activarse como consecuencia de las altas temperaturas que van de los 30 a 36 grados celsius. Temperaturas nunca antes vividas en la región, como consecuencia del calentamiento global. 

Lamentablemente, aún con la organización comunitaria, la colaboración de diversas organizaciones y la ayuda civil, no se ha logrado sofocar los fuegos más intensos desplegados en los municipios de San José Tenango (Cerro liquidámbar, Palo Gordo, Mina de Arena, Agua de la Flor, Agua de Limón, Llano de Árnica, Cerro Izote, Cerro de Trueno, Agua Fría, Agua Tinta, San Martín Caballero); Huautla de Jiménez (Río Santiago, Agua de Lluvia, La Providencia, Xochitonalco); Santa María la Asunción (San Agustín Nuevo), Santa María Chilchotla, Mazatlán de Flores y Ayautla, entre otras localidades y municipios.

Las consecuencias han sido la muerte de especies vegetales, árboles, flores y la fauna. A través del xa bazen (trabajo de en medio), varias mazatecas y mazatecos han encontrado cuerpos carbonizados de jabalíes, ardillas, aves y temazates (venado endémico). Algunos animales asustados han huido hacia donde hay población humana para pedir auxilio. Cientos de aves y mariposas se están refugiando en otros hábitats, lo cual traerá como consecuencia un impacto ecológico y por ende humano. En algunos pueblos como en Palo Gordo de San José Tenango, se inició con la evacuación de habitantes, el fuego está más cerca de los hogares, así como en Mina de Arena. 

Los impactos del sufrimiento ambiental están afectando en los cuerpos de los habitantes humanos: tos, problemas respiratorios, resequedad en los ojos, quemaduras de piel, y algunos sobrevivientes del virus Covid-19 están teniendo recaídas. El cansancio físico, emocional y mental está haciendo estragos en toda la población mazateca, sobre todo ante la impotencia de no ser tomados en cuenta por las autoridades locales, estatales y federales para que se declare como zona de desastre. 

Exigencias

Desde manifestaciones fuera del Senado por parte de mazatecos en la Ciudad de México, exigencias a las autoridades locales, peticiones desde las redes sociales, las y los mazatecos piden apoyo y ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en su calidad de servidor público, más allá de mandar al personal a hacer diagnósticos y recomendaciones, ordene a los organismos públicos que pongan manos a la obra ante el estado de emergencia, eso implicaría sumar más manos con palas, azadones. 

Dentro de las peticiones se destaca el envío de helicópteros con cargas de agua, que incluso podrían salir de la Presa Miguel Alemán, la cual se construyó en un inicio bajo el discurso de disfrute de los pueblos del Papaloapan, ubicados al norte de Oaxaca, sur de Puebla y centro de Veracruz, de entre ellos los mazatecos. 

La Sierra Mazateca es un pulmón muy importante para el Estado de Oaxaca y para el país, ya que alberga hábitats de gran biodiversidad y es la entrada de los vientos y aguas del Golfo de México. De acuerdo a lo investigado por el antropólogo Eckart Boege, la Mazateca la comprenden 67,128 hectáreas de selva alta perennifolia; 22,035 hectáreas de selva caducifolia; 37,469 hectáreas de bosque mesófilo de montaña; 3,478 hectáreas de bosque de encino; 673 hectáreas de bosque de encino-pino. Es un total de 130,783 hectáreas, del cual 48,602 hectáreas son de vegetación primaria, que presentan buen estado de conservación. Acorde a Boege, aquí se encuentran algunos de los mayores macizos de selva alta perennifolia de todo México.

Según el biólogo Arturo Huerta, al albergar estos ecosistemas destaca una amplia y diversa fauna: jaguar, ocelote, tigrillo, pecarí, temazate, tejón, armadillo, oso hormiguero, martucha, tucán, boa constrictor, entre otros especímenes. Es una de las regiones con mayor índice anual de precipitación pluvial en todo México con más o menos 5 mil milímetros por año. Su importancia para la captación del  agua yace en que es un territorio integrado a su vez por profundas cuevas y sótanos, espacios sagrados para los mazatecos, porque de ahí emana la vida, nandá (la madre agua). Además esta serranía es cabeza de las cuencas de diversos ríos como el Papaloapan, el Tonto y el Santo Domingo. La densa vegetación de estas serranías amortigua los impactos de los huracanes que cada año entran al continente.

Los impactos a futuro es que las tierras carbonizadas destinadas para el cultivo de la milpa y el cafetal tardarán años en recuperarse, lo cual abonará a la condición de vulnerabilidad económica en la que se encuentran miles de familias mazatecas. La total pérdida de vegetación impactará erosionando los delgados suelos orgánicos y disminuyendo la capacidad de captación, almacenamiento, retención e infiltración del agua de lluvia, acelerando el flujo de las aguas, ser vital para la vida. 

Las afectaciones serán para la Sierra Mazateca y también para toda la cuenca del río Papaloapan, históricamente afectada por grandes inundaciones. De esta cuenca dependen otros territorios como la Sierra Norte de Oaxaca y el Estado de Veracruz, siendo así millones los impactados entre humanos y no humanos. Estamos frente a un desastre socioambiental. Cabe destacar que estos desastres socioambientales no solo están en la Sierra Mazateca, sino también en la Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Norte de Puebla, Sierra Zongolica en Veracruz y la selva de los Chimalapas en Oaxaca, zonas que llevan semanas siendo olvidadas por las autoridades. 

Los habitantes y demás personas que hemos tejido relaciones diversas y de cuidado con el territorio mazateco, exigimos ayuda gubernamental para que nanguí (la madre tierra) deje de arder y seguir tejiendo la vida.

^{*Antropóloga social CIESAS-CDMX. **Antropólogo social ENAH. Ambos autores llevan 20 y 15 años haciendo investigación social en la región mazateca.} 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: La comunidad de El Icacal durante conferencia de prensa para denunciar el despojo de sus tierras. Mayo, 2024.}

Habitantes de la comunidad de la playa El Icacal, departamento de La Unión, en el pacífico salvadoreño, denuncian la usurpación de sus tierras, las cuales pretenden ser utilizadas para el desarrollo de la segunda fase del megaproyecto turístico “Surf City”. En su implementación inicial, durante el año 2022, ya ha sido señalado por provocar desalojos y desempleo en la región poniente de la costa salvadoreña.

El proyecto “Surf City” tiene como objetivo atraer turismo mundial a las costas del pacífico mediante la construcción de infraestructura en playas con ecosistemas biodiversos a través del litoral pacífico salvadoreño .

En El Icacal, la comunidad detalla que, desde julio del año 2023, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico S.A. de C.V. se adjudicó de manera unilateral tierras de la población, las cuales se encuentran en las inmediaciones de un área protegida natural debido a la presencia de bosques salados, donde se erigen manglares de hasta 20 metros de altura.

Acompañados por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), habitantes de El Icacal han denunciado la deforestación ilegal de manglares. A ello, se suma el acoso y agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa, la cual ya ha cercado una superficie de 11 kilómetros en la costa oriente salvadoreña.

Carlos Hernández, integrante de la comunidad, señaló que la construcción de infraestructura derivado del circuito turístico “Surf City 2” ha agudizado el asedio de grupos empresariales hacia las poblaciones campesinas e indígenas, debido a que buscan apropiarse de sus tierras para lucrar con megaproyectos turísticos y energéticos.

Hernández aseguró que parte de las tierras que ha usurpado la empresa conforma las parcelas agrícolas de los habitantes de El Icacal, por lo que se les ha imposibilitado mantener su labor campesina. También señaló a la empresa como responsable por la tala de 100 árboles de mangle, ubicados en el área protegida, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo pasado.

“Se exige a instituciones medioambientales, de derechos de los humanos y protección del medio ambiente para que se garanticen los derechos de la comunidad. También queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los casos de depredación de la zona protegida”, aseveró Ángel Flores, coordinador oriental de MILPA.

Agresiones

La población de El Icacal, integrada por campesinos, pescadores artesanales, artesanos y pobladores de ascendencia indígena, resaltaron que, en noviembre del 2023, personas armadas y encapuchadas ingresaron a la comunidad para intimidar a sus habitantes, e incluso señalan que el grupo armado amenazó de muerte a los habitantes para que abandonaran sus viviendas. 

“Argumentaron que ellos eran dueños, sin presentar ningún documento, mas que solamente armas de fuego. A raíz de esto la comunidad está sufriendo depresión, estamos cansados”, compartió un habitante de la comunidad quien asegura que desde ese momento algunos pobladores salieron de El Icacal para buscar refugio con familiares en otras partes del departamento.

Para enero de este 2024, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico contrató elementos de seguridad privada para restringir el paso de los pobladores por las tierras que ha cercado. Para la población es de especial preocupación el acoso e intimidación por parte de los vigilantes quienes también agreden a las infancias.

Ante ello, el pasado 28 de mayo, integrantes de MILPA presentaron una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico. En ella, señalan a la empresa por el acoso y agresiones contra la comunidad. 

El coordinador de MILPA asegura que están implicados trabajadores, funcionarios públicos, empresas privadas y fundaciones, quienes “a través de diferentes mecanismos, maniobras legales y actos ilícitos, están acaparando tierras”.

Desplazamiento

La segunda fase del proyecto “Surf City” cuenta con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco otorgó un préstamo de 106 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, quien recientemente se reeligió como presidente de El Salvador, pese a que seis artículos de su constitución lo prohiben.

El megaproyecto preveé el desarrollo de infraestructura en zonas prioritarias del departamento de San Miguel, contiguo a La Unión, donde contempla la construcción de atractivos como parques de diversiones y de playa, miradores y malecones integrados en corredores para promover el turismo y deportes acuáticos.

Por su parte, MILPA asegura que la comunidad de El Icacal ha sufrido históricamente la usurpación de sus tierras por hacendados, empresas inmobiliarias y hoy turísticas, provocando conflictos por los bienes comunes como la tierra.

Así, la amenaza de desplazamiento actual se alimenta del miedo de que, según Flores, en cualquier momento se otorguen escrituras fraudulentas a favor del Estado. Esto debido a que, pese a vivir durante décadas en esa región, los pobladores de El Icacal no cuentan con documentos legales o escrituras que les reconozcan como propietarios de las tierras.

¡Libertad para la Defensora de los Bosques María Cruz Paz Zamora!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.

Su detención, irónicamente sé dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que sostenemos que, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal y los bosques.

Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida.

De igual forma, la comunidad de Ocumicho se ha caracterizado históricamente por defender su territorio; lleva más de un siglo de luchas, represiones, criminalizaciones y muertes por la reconstitución integral de sus tierras comunales, iniciando con la revolución y continuando hasta nuestros días.

En este contexto, la Fiscalía General de Michoacán, busca reprimir y criminalizar a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por ello, exigimos la libertad incondicional e inmediata de María Cruz Paz Zamora, presa política de los pueblos originarios de Michoacán.

Exigimos a la Fiscalía que no fabrique delitos a las defensoras ambientales y no cree chivos expiatorios para eximir a los verdaderos culpables. En el sistema de justicia de Michoacán impera la paradoja de la impunidad: los culpables libres y los inocentes encarcelados.

México, a 6 de junio de 2024.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.

La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.

Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado. 

Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.

Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.

Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.

Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias. 

El contexto legal

En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.

Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.

Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar. 

Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian. 

Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.

Más concesiones

Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.

Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia  Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C. 

En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad. 

Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí. 

Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Pronunciamiento en Defensa de la Vida y el Territorio
(entendido como suelo, subsuelo, atmósfera, agua, plantas, animales y culturas)
1 de junio de 2024
Jalpa, Municipio de General Cepeda, Coahuila, México

Del 24 al 26 de mayo nos reunimos en el ejido de Jalpa, Coahuila, alrededor de 150 personas de diversos ejidos, comunidades, colectivos y grupos para denunciar el saqueo del agua y pronunciarnos en defensa del territorio y la vida, en el marco del Encuentro en Defensa de la Vida, tejiendo territorios del Norte, Centro y Sur convocado por los colectivos “Saberes y Sabores”, “Centro de Salud Alternativa (CESANA)”, “Colectivo Sí a la Vida”, “Custodios del Arroyo San Miguel”, campesinas y campesinos del Desierto Chihuahuense y Crianza Mutua México con el objetivo de compartir la vida cotidiana, experiencias organizativas de educación popular, resistencia para defender la tierra, agua, suelo, paisaje, animales, plantas y culturas, en este encuentro tejimos un espacio de diálogo intercultural de saberes y vivires con la finalidad de articular diversas luchas autonómicas, tejer y fortalecer redes de solidaridad, apoyo y resistencia.

Los ejidos San José Patagalana, Sombreretillo, Seguín, Presa de San Antonio, Porvenir de Jalpa, Jalpa, Santa Inés, San Juan del Cohetero y Pilar de Richardson se localizan en la Cuenca del Arroyo San Miguel a 120 kilómetros al Oeste de Saltillo. Desde finales de la década de los noventa las comunidades ejidales de esa región han denunciado e interpuesto recursos legales para detener el saqueo de los reservorios subterráneos de agua, de manera particular en torno a esa cuenca que ha dado vida durante siglos a la región y a las comunidades que viven y cuidan de la tierra y el agua y producen alimentos básicos para autoconsumo y venta de excedentes.