A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

Con indignación denunciamos que este 21 de diciembre de 2025, comuneras y comuneros de la Comunidad Nahua de Milpa Alta fueron brutalmente agredidos por un grupo de choque que opera al interior de la comunidad y que es encabezado por LUIS LINARES CASTRO, corrupto pseudodirigente agrario en dicha comunidad que se ha enriquecido administrando para su beneficio los recursos y brigadas forestales del programa altepetl bienestar para el bosque manejado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior ocurrió cuando un numeroso grupo de comuneros y comuneras de los nueve pueblos que integran la Comunidad Nahua de Milpa Alta se manifestaron para tratar de frenar una consulta simulada que este siniestro sujeto y el Gobierno de la Ciudad de México, organizaron en el pueblo de San Francisco Tecoxpa (uno de los nueve pueblos que integran la Comunidad) para intentar imponer un proyecto del transporte colectivo cablebús en las tierras de Milpa Alta. En estos acontecimientos fueron brutalmente golpeadas cinco comuneras por un violento grupo de hombres que pertenecen a las brigadas forestales de JOSÉ LUIS LINARES; del mismo modo, cinco comuneros resultaron también lesionados, algunos incluso con fracturas.

Ante estos hechos indignantes que están generando confrontación y violencia al interior de la Comunidad de Milpa Alta y que se originan en el intento del Gobierno de la Ciudad de México por tratar de imponer un proyecto de infraestructura en el territorio de la Comunidad para forzar el despojo de sus tierras comunales y su integración forzada a la mancha urbana; ante las consultas simuladas orquestadas desde los gobiernos en complicidad con caciques y grupos de choque serviles a sus intereses, EXIGIMOS EL CASTIGO INMEDIATO DE JOSÉ LUIS LINARES CASTRO Y SU GRUPO DE CHOQUE, Y DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS VIOLENTOS ANTES DENUNCIADOS, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPORTE COLECTIVO CABLEBÚS EN LAS TIERRAS Y TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD DE MILPA ALTA.

Llamamos a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente, a levantar la voz exigiendo justicia para la Comunidad Indígena Nahua de Milpa Alta porque su lucha en defensa de la Madre Tierra es la lucha por a vida.

ATENTAMENTE

DICIEMBRE DE 2025.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A las organizaciones de derechos humanos

A los colectivos solidarios con la lucha de Azqueltán

A los medios de comunicación

La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán hace un llamado urgente a mantenerse atentos, ya que el día de hoy, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, luego de que Manuel de Jesús Aguilar Herrera, autor material del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, solicitara la duplicidad del término constitucional.

Este proceso judicial se da en un contexto de hostigamiento e intimidación, pues en días recientes hasta 14 elementos policiacos acudieron a la comunidad con el objetivo de sembrar miedo y presionar a testigos y al pueblo de Azqueltán en general. Todo ello ocurre mientras los otros cuatro responsables del crimen continúan en libertad, gozando de un alarmante estado de impunidad.

Ante esta situación, reafirmamos categóricamente que no existe justificación legal alguna para la liberación de la persona detenida. Por ello, llamamos a romper el cerco de impunidad y exigimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como al Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Decimo Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, autoridad que resolverá la situación jurídica del asesino, que actúen conforme a derecho y garanticen los principios de verdad, justicia y no repetición.

Así mismo exigimos la inmediata detención de los autores materiales aun libres, así como una investigación que lleve a los autores intelectuales del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, para que se deje de proteger los verdaderos intereses que le arrebataron la vida, es decir, la ambición sobre nuestro territorio ancestral.

Atentamente

Diciembre de 2025

Comunidad indígena Autónoma Tepehuana y Wixárika, de San Lorenzo de Azqueltán,

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

Descarga el Boletín No. 12 en PDF (248.56 KB)

Ocosingo, Chiapas a 15 de diciembre  de 2025

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)
(EZLN)
A las Redes de Apoyo del CIG, Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de
Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía.
A Los Medios De Comunicación independientes y alternativos.
Al pueblo de México.

Hermanas y Hermanos reciban nuestros saludos desde estas tierras del sur de México, Nosotras y nosotros estamos luchando día con día para trabajar y no depender de los programas sociales del mal gobierno, pero en este momento estamos sufriendo el despojo de nuestros lugares de trabajo y de sostenimiento económico para nuestras familias.

Nosotros somos 35 personas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y algunos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), quiénes trabajamos y tenemos locales en un mercado, llamado Dr.Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria de la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.

En el año 2008 se conformo una coalición de locatarios y locatarias llamada, COALICION DE LOCATARIOS DEL MERCADO TRADICIONAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE OCOSINGO, CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, con la finalidad de tramitar un Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, en donde logramos que se dictará la sentencia a nuestro favor como locatarios y locatarias. Con esta sentencia realizamos nuestra escritura general en septiembre del 2008, fue así como nos convertirnos en copropietarios de nuestros locales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a sufrir despojos de nuestros locales, amenazas por parte de la mesa directiva de la coalición ya que hicieron y hacen uso de la corrupción, haciendo negocio con nuestros locales que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas.

Por esto queremos DENUNCIAR los siguientes hechos:
El 14 de septiembre del 2025- Nuestra compañera SARA TOLEDO SÁNCHEZ, maya tseltal, mujer viuda, quién cuenta con 6 hijos, una enferma de cáncer, fue despojada de su local, que es su lugar de trabajo, de sustento económico y para la atención de su hija enferma. Ese día le sacaron sus productos que vende, echando todo en los pasillos y posteriormente soldaron, cerraron los pasadores de sus cortinas para que ya no pueda abrir sus locales, lleva más de 82 días sin trabajar y hasta ahora las autoridades del estado no han resuelto nada.

El 13 de Noviembre de 2025.- los CC. Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad fuimos secuestrados al interior de nuestros locales por la coalición cerrando las puertas del mercado y dejándonos encerrados por varias horas. De este hecho tienen conocimiento la fiscalía y la delegación de gobierno.

El 23 de noviembre del 2025.- construyeron 2 bardas perimetrales de 2m de altura por 6m de largo, bloqueando los acceso de las cortinas de 4 locales que corresponden a MACARIA ENTZIN GÓMEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIZ, TOMAS LÓPEZ ENTZIN, quiénes son compañeros nuestros. Llevan 20 días sin poder laborar ya que no pueden abrir sus cortinas, teniendo pérdidas económicas.

El 24 de noviembre del 2025.- SILVIA REYES SÁNCHEZ con un grupo de pandilleros llegaron al local del compañero Enrique López Santiz para hacer destrozos, rompiendo 3 cámaras de seguridad de su local el primero fue a las 8:57 pm, el segundo y tercero a las 10:04pm esto fue con la finalidad de eliminar evidencias donde se que ella es la responsable de los delitos y de los daños.

Otros antecedentes de hechos realizados por la coalición es que desde el 10 de abril del 2012, de manera violenta despojaron de sus locales a nuestros compañeros Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, esto sucedió por que ellos no estaban de acuerdo con los actos de corrupción de la mesa directiva, se negaban a dar cuentas claras de los recursos económicos que administra el consejo de administración de la Coalición, así como de las escrituras que se le debe entregar a cada copropietario.

El día 14 de junio de 2013.- inician de nueva cuenta las por el consejo de administración en contra de nuestros compañeros QUIRINO GORDILLO HERNÁNDEZ, JUAN MENDOZA HERNÁNDEZ, VICENTE TOLEDO ALBORES, despojándolos de su locales. La razón de esto fue por estar pidiendo información de los gastos que se realizan en el mercado así como la entrega de sus escrituras de sus locales. La coalición les pidió la cantidad de $150,000.00 ( ciento cincuenta mil pesos 00.100 M/N) haciendo un total de un monto de $10,950,000.00 (diez millones, novecientos cincuenta mil pesos 00.100 M/N) por 73 locales que lo componen entre miembros del CNI y BAEZ, dinero que en su momento no sería comprobado ante el SAT.

En una protocolización de un acta de asamblea del 2013, en uno de sus incisos menciona que los gastos de juicios iban a ser costeados por los ingresos de los baños y que los directivos actuales y los que vinieran se comprometían a realizar todo tipo de tramites de legalización de documentación en proceso de estructuración y sin costo alguno para la firma, este punto fue desahogado por los directivo en la reunión del 18 de septiembre del 2023, aclarando QUE NINGÚN DIRECTIVO COBRA POR FIRMAR. También mencionaron que NO MAS Intimidaciones NI AMENAZAS A LOS COMPAÑEROS QUE RECLAMAN SUS DERECHOS LEGALES COMO LOCATARIOS DEL MERCADO EN LAS ASAMBLEAS. .

Aclarando que un grupo de personas de la coalición y que tenemos identificado con nombres y apellidos – NO RESPETAN LOS ACUERDOS que ellos mismo realizan y han protocolizado, el motivo de su actuar es por que han tenido jugosas ganancias económicas a través de las extorsiones que realizan con el despojo de locales, esto lo hacen en contubernio con funcionarios públicos. Durante mucho tiempo hemos sido víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, despojo de locales, nos han prefabricado delitos con tal de deshacerse de nosotros y puedan seguir con fechorias.

También hay amenas que ahora en diciembre a partir del 19 nos despojaran a todos de nuestros locales, que con mucho trabajo hemos podido tener para poder llevar el sustento a nuestras familias, con trabajo digno. Todo esto están haciendo porque jamás quisimos entrar a sus juegos corruptos.

Por esto queremos denunciar públicamente a Silvia Reyes Sánchez, Artemio Cruz Pérez, Lindoro Sánchez Culebro, Carlos Alberto Trujillo Kanter, Pedro Santiz Mena, Marcelo Santiz López, Miguel Angel Cuello Guillen y otros, por los daños y despojo de nuestros locales. Todo esto se generó por solicitar la firma de la mesa directiva para escriturar los locales, sin embargo ellos exigen por firma de cada local la cantidad de 300 mil pesos, siendo esto un robo.

Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades del gobierno del Estado de Chiapas para que se nos respete nuestro derecho al trabajo digno, a nuestros locales como fuente de sustento económico para nuestras familias y se de un alto a los despojos y daños de nuestros locales.

EXIGIMOS: La atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, RESPONSABILIZAMOS al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.

Hermanos y Hermanas de las diferentes geografías, les pedimos su solidaridad y que puedan estar atentos de lo que nos pueda pasar.

Nuestra Rabia No será Silencio. Nuestra Resistencia No será Apagada.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Por la Memoria, Por la Vida, Por EL COMÚN.

¡NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

Atentamente

LOCATARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y BASES DE APOYO ZAPATISTA EZLN

Por Sare Frabes | Avispa Midia

Integrantes de la comunidad autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo Azqueltán, al norte de Jalisco, se movilizaron este miércoles (10) por las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir justicia por el ataque armado en el que fue asesinado Marcos Aguilar Rojas y lesionado Gabriel Aguilar Rojas. El primero, fungía como autoridad de la comunidad originaria. Ambos fueron atacados por un grupo armado, el pasado 26 de noviembre, en el predio comunal “El Caracol” mientras intentaban retirar ganado que había invadido su territorio.

Para la comunidad de Azqueltán el ataque de noviembre no es un hecho aislado, sino el más reciente episodio de violencia en una larga estrategia de despojo del territorio Tepehuano y Wixárika, cuyos pobladores enfrentan desde hace décadas y que incluyen invasiones, agresiones paramilitares, amenazas e impunidad. 

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Este miércoles (10), infancias, adultos mayores y jóvenes de organizaciones solidarias como la comunidad Otomí residente en la CDMX, así como del Congreso Nacional Indígena, acompañaron a una comisión de la comunidad autónoma de Azqueltán para protestar en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la capital del país. En el lugar gritaron consignas para demandar justicia ante el asesinato de su autoridad, Marcos Aguilar Rojas, pues a más de dos semanas de ocurrido aún no se detienen a los responsables materiales ni intelectuales. 

Acompañados del humo de copal y el sonido del caracol, la manifestación exigió a las autoridades federales el detener las agresiones e intentos de despojo de sus tierras por parte de grupos armados que no pertenecen a la comunidad. También señalaron las omisiones por parte del gobierno del estado de Jalisco, presidido por Pablo Lemus.

Tras su arribo a Segob, los pobladores de Azqueltán demandaron la atención de autoridades de alto nivel para dar seguimiento a sus demandas, entre las que solicitan atención inmediata para garantizar protección a la comunidad, así como la realización de investigaciones judiciales por las agresiones armadas.

“Ya estamos cansados. Ya estamos enfadados de tantas súplicas a los gobiernos y no escucharnos. Nos están viendo como nada, como si no fuéramos nadie que estuviera luchando por la Madre Tierra donde vive”, denunció Ramiro, habitante de Azqueltán, uno de los manifestantes que tomaron el micrófono para denunciar los intentos de despojo de sus tierras a pesar de que cuentan con documentos que sustentan su propiedad colectiva. 

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In the face of escalating crises—climate collapse, widening economic inequities, and the entrenched power of neoliberal states—the quest for radical democracy and autonomy has never been more urgent. It is in this convulsing global terrain that the Global Tapestry of Alternatives (GTA) emerged in 2019, as a network of grassroots groups, social movements, and communities (especially in the Global South) working together to imagine, enact, and defend alternatives to the dominant political-economic order. Through its horizontal structure, knowledge-sharing practices, and emphasis on ecological sustainability, economic democracy, indigenous rights, and participatory governance, GTA offers an evolving guide for those seeking paths beyond extraction, oppression, and hierarchy.

This compilation gathers stories of radical democracy and autonomy precisely to contribute to that lifeline. The essays and narratives collected here are not abstract theorizing—they are grounded experiments and lived realities: communities practicing self‐governance; indigenous collectives reclaiming land, culture, and decision‐making; solidarities forged across borders resisting extractivism and marginalization. Each story reflects one of the core objectives of the GTA: networking and solidarity; knowledge sharing; amplifying alternative models; and fostering systemic transformation. By drawing these diverse threads into dialogue, this book aims to strengthen the tapestry, offering both inspiration and critical reflection for practitioners, activists, scholars, and anyone yearning to reimagine democracy not merely as a form of government but as a lived, relational, morally grounded process of autonomy.

As you turn these pages, you will sense a common insistence: that autonomy is inseparable from democratic participation, that radical democracy demands more than procedural reform—it demands transformation in how power, resources, and decision‐making are organized. These stories, spanning different geographies, cultures, and challenges, together affirm the vitality and multiplicity of alternative futures already in motion. May this collection serve as a bridge—across continents, across movements, across knowledges—within the GTA, both to honour what has been achieved and to stir what remains possible.

Credits

Franco Augusto and Shrishtee Bajpai edited this booklet report.

Design, Layout & Illustrations were created by Franco Augusto using free open-source software tools.

WE CONDEMN THE CRIMINAL TERROR AGAINST THE PEOPLES AND COMMUNITIES OF THE COAST–SIERRA OF MICHOACÁN; WE DEMAND TRUE PEACE AND JUSTICE, NOT EMPTY WORDS

TO THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD,
TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA,
TO HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS.

In light of the terrorist attack carried out by organized crime at midday on December 6 against the headquarters of the Community Police of the municipality of Coahuayana, the community of Santa María Ostula firmly condemns this brutal crime, whose purpose is to generate terror among the population and to undermine the community security system established by the peoples of Coahuayana.

So far, 5 people have been confirmed dead and around twenty injured. None of them—nor anyone—deserves to be a victim of criminal groups such as the Jalisco New Generation Cartel, which for five years has been attacking our communities in an attempt to displace our populations, as has happened in so many parts of this suffering country, and to seize our territories.

We want to make clear that we will remain united and organized to fully guarantee the safety of the inhabitants of our communities and of the general population, as well as to demand that all levels of government effectively commit themselves to combating crime.

In these very difficult moments, we extend our solidarity and full support to the Community Police of Coahuayana, headed by Commander Héctor Navarrete.

We recognize the enormous work and effort that this community security body has carried out since 2013 to put an end to delinquency and to the criminal groups that have ravaged the Coast–Sierra for more than a decade.

We also offer a fraternal and supportive embrace to the inhabitants of Coahuayana in the face of these painful events.

We demand that the state and federal governments genuinely work to dismantle the CJNG and any other criminal organization, since their purely demagogic speeches—proclaiming the rights of Indigenous peoples while criminals massacre and murder us with total impunity—lay bare the lack of will, if not outright collusion, of government institutions with criminal cartels.

Recently, the federal government announced the Michoacán Plan for Peace and Justice, with a budget of more than 50 billion pesos; but neither with this plan nor with previous ones are peace and justice being built.

On the contrary, with the Michoacán Plan, the federal armed forces have occupied the territories of our peoples and, specifically, the Mexican Navy and the National Guard have intentionally impeded the free functioning of our community police forces and communal guards, seriously undermining our self-defense capacities, with consequences as tragic as those of this December 6.

The solution is not to militarize the region, the state, or the country, nor to criminalize our community police; the solution is to dismantle these criminal organizations from their foundations and in all the places where they operate, as well as the terrifying complicity of institutions and corrupt officials with organized crime. The solution lies in RESPECT BY GOVERNMENTS FOR THE SECURITY STRUCTURES THAT ARISE FROM OUR MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS COMMUNITY POLICE FORCES AND COMMUNAL GUARDS. The solution lies in respecting the self-determination and rights of communities; the solution lies in building projects of life, not of death.

In line with the above, WE DEMAND OF THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF MICHOACÁN:

1. THE PUNISHMENT OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PERPETRATORS OF THE TERRORIST ACT OF DECEMBER 6 IN COAHUAYANA.
2. REAL AND LASTING ACTIONS FOR THE DISMANTLING OF THE CJNG AND ALL CRIMINAL CARTELS.
3. AN END TO THE COMPLICITY BETWEEN CRIMINALS AND GOVERNMENTS.
4. EFFECTIVE RESPECT—NOT ONLY IN SPEECHES—FOR THE RIGHTS OF OUR PEOPLES AND COMMUNITIES.
5. THE FULL GRANTING OF GUARANTEES FOR THE FUNCTIONING OF OUR COMMUNITY POLICE AND COMMUNAL GUARDS.

Never again a Mexico without us!

Nahua community of Santa María Ostula

¿Qué es el Congreso Nacional Indígena?

El Congreso Nacional Indígena (CNI), nació en el mes de octubre del año de 1996 a raíz de dos foros convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional #EZLN que buscaba crear el espacio en donde todos los pueblos, comunidades, tribus y barrios indígenas del país nos podamos encontrar, mirar, escuchar. Juntando la palabra y el pensamiento de los indígenas que estuvimos ese año de 1996, el CNI se convirtió en la casa grande de todos los hombres y mujeres indígenas del país, en donde podemos encontrarnos, compartir nuestra palabra, la resistencia y la esperanza que construimos como pueblos, siempre buscando como propósitos centrales:

A) Que nuestros pueblos sean reconocidos en su existencia y en sus derechos dentro de la Nación

B) Ejerciendo plenamente su autonomía y

C) Reconstituyéndose de manera integral frente al permanente proceso de conquista que los ha destruido, mutilado, fragmentado y exterminado.

Los pueblos que conformamos el CNI nos regimos por los siete principios zapatistas y nuestro espacio máximo de decisión es la Asamblea General reunida en el Congreso, en donde todas y todos tenemos palabra para decidir colectivamente.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 80 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos formamos parte integral del CNI.

¡QUE VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN!

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

REPUDIO AL PROSIONISTA PEDRO HACES:

• Rechazamos que algunos legisladores apoyen el genocidio y exigimos la ruptura de relaciones con Israel

La Coordinación General de Solidaridad con Palestina, expresa públicamente su repudio al vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba y al resto de los diputados: los priistas Miguel Alonso Reyes (su coordinador), Rubén Moreira Valdez y Socorro Jasso Nieto, las y los panistas Margarita Zavala y Éctor Jaime Ramírez Barba, así como Carlos Arturo Madrazo Silva y Claudia Sánchez Juárez del PVEM, integrantes del Grupo de amistad México-Israel, al invitar al rabino sionista David Yosef, un declarado defensor del genocidio israelí contra el pueblo palestino, un hecho vergonzoso, por lo que incluso otros diputados de Morena rechazaron esa invitación.

Por desgracia el problema es mucho más profundo, porque si bien es necesario protestar por ello, los diputados deberían exigir la ruptura de relaciones con el ente sionista de Israel, para terminar con la compra de armas, la capacitación militar a las policías del país, la compra de tecnología y el intercambio comercial y académico con el estado de Israel, que como es público ha asesinado a más de 70 mil palestinos y palestinas, hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, en el peor genocidio después del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, por el nazismo hitleriano, contra el pueblo judío.

Así que le hacemos un nuevo llamado a la Cámara de Diputados y al gobierno de la presidenta Sheinbaum, a que de una vez por todas rompan relaciones diplomáticas, comerciales, militares y académicas con el régimen fascista de Benjamín Netanyahu, apoyado incondicionalmente por el imperialista Donald Trump.

Muy bien lo dijo el diputado José Narro Céspedes “los diputados de Morena deben actuar conforme a los lineamientos del proyecto. En su historia México ha roto relaciones con países fascistas como Chile en su momento, con Augusto Pinochet, o como España con Francisco Franco”. 

Estamos de acuerdo con lo anterior, por lo que les exhortamos a que lleven al pleno de la Cámara la propuesta de romper todo tipo relaciones con Israel.

Por nuestra parte seguiremos llamando al pueblo de México, a las organizaciones democráticas e independientes, a realizar todos los esfuerzos por apoyar al pueblo palestino, que sigue resistiendo ante los despiadados ataques asesinos del sionismo, a pesar del supuesto “Plan de Paz” de Trump, que en realidad es un plan para apropiarse del territorio palestino, un plan de colonización.

¡Le exigimos al gobierno y al Congreso la inmediata ruptura de relaciones con Israel!
¡Repudio al falso “Plan de paz” imperialista de Donald Trump!
¡Fuera Pedro Haces y sus cómplices pro sionistas de la Cámara de Diputados!

Coordinación General de Solidaridad con Palestina

PorSare Frabes | Avispa Midia

El pasado 3 de diciembre se congregaron diversas voces y miradas que han sentido y percibido el desplazamiento y el despojo del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Hubo un mosaico de experiencias compartidas. Desde la mujer indígena que ha sido acosada por vender sus artesanías en las calles; la artista callejera que ha usado los muros como denuncia; pasando por las mujeres que buscan resguardar la tradición de las llamadas Chinas Oaxaqueñas; hasta la mirada de la academia y el periodismo.

Este evento no solo ha sido de denuncia y queja contra el turismo. El mosaico de experiencias compartidas, más bien, fue una especie de diagnóstico colectivo sobre el proceso de despojo multifacético, donde la cultura, la vivienda, la economía popular y la identidad misma son mercantilizadas y desplazadas por un capital -nacional y transnacional- que ve la ciudad como un producto de consumo.

La doctora Noelia Ávila proporcionó el andamiaje teórico que sirvió como una especie de radiografía para entender que lo que está ocurriendo en Oaxaca, no es un hecho aislado, sino parte de una lógica global. Explicó que la gentrificación o turistificación es la consecuencia de procesos entrelazados, como la financiarización del suelo. “El centro histórico se ha convertido en un activo de especulación. Un metro cuadrado que costaba 3,000-5,000 pesos en los años 2000, hoy ronda los 30,000. Este es el motor oculto”, de la especulación sobre el espacio, señala la doctora.

La investigadora, quien ha dedicado años en indagar como ha evolucionado el centro de Oaxaca, señala puntualmente a la “patrimonialización” como un proceso que configura el espacio como mercancía. “La declaratoria de Patrimonio de la Humanidad (1987) no fue solo un reconocimiento, sino el inicio de la puesta en valor para el mercado”, advierte la doctora, además, de puntualizar que se “estetiza una identidad estereotipada”, basada en lo colonial y a una idea folclorizada de lo indígena, para su consumo turístico.

Ávila también alertó que, lo que se ve en algunas partes del centro histórico, espacios en procesos de degradación, es más bien un proceso intencional y dirigido para la inversión. “Esa degradación no es fortuita”, señala, “es intencional porque justifica una regeneración urbana, aumentando eventualmente el valor catastral del suelo”, destacó la doctora, asegurando que es así como llegan los capitales privados, fundaciones como la Harp Helú, de la mano con políticas públicas.

La indígena y artesana Juana Inés Hernández, quien ha sido criminalizada y hostigada por vender sus artesanías y por defender uno de los últimos espacios que se administran colectivamente en el centro -la plazuela del Carmen Alto-, desde su cosmovisión zapoteca cuestionó el propio término “espacio público”. Para ella, las calles y plazas son “espacios comunes”, de uso colectivo y rotativo, como los tianguis que dieron origen a la ciudad.

La artesana, en su participación, se quebró con la preocupación sobre lo que se dejará a las generaciones venideras pues, como pueblos indígenas, la lucha del día a día es más pesada, por todos los escenarios a los que se enfrentan, como el cambio climático, pero también los proyectos de desarrollo que vienen despojando territorios. O el propio turismo, que coloca en el centro de la discusión la disputa por el agua, demandada por el sector hotelero y restaurantero y que, en gran medida, proviene de sus comunidades.

Juana relató cómo la plazuela del Carmen Alto, desde la represión del 2006 -durante el conflicto social y el Estado-, se convirtió en un espacio de resistencia y economía solidaria para artesanos y vendedores, hoy amenazado por desalojos. “Siempre hemos sido marginados, pero hoy cambian las formas”.