Mexico
“La justicia solo funciona ante el poder”: Abejas de Acteal a un año del asesinato de Simón Pedro
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
El 5 de julio próximo se cumplirá un año del asesinato del ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, fecha que será conmemorada con un informe sobre su vida como defensor de los derechos humanos en Chiapas.
Las Abejas de Acteal lamentaron que la investigación de Simón Pedro no avance, “la justicia solo funciona ante el dinero y el poder”, pues señalan que enfrentan a la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas del homicidio para dar con las personas que ordenaron la ejecución.
Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.
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Las actividades en su memoria, por la verdad y la justicia serán convocadas en la comunidad Nuevo Israelita de Simojovel donde vivió y creció Simón Pedro; y donde actualmente reside su familia.
Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acompañarán la peregrinación, la celebración eucarística y la presentación del informe para el que convocan la presencia de organizaciones aliadas.
Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos, no solo a los autores materiales si no intelectuales del asesinato.
Días más tarde detuvieron a una persona acusada como autor material del crimen, “nuestra percepción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es que con que haya un detenido ya se hizo justicia; no hay voluntad”, dijo el abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández.
Pero esta presión política desde la fecha del crimen, impulsó el proceso y los asesores jurídicos no han agotado las líneas de investigación. El 30 de junio se realizará la audiencia intermedia en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 14 ‘El Amate’ y “después se procederá a juicio oral donde se definirá la inocencia o la culpabilidad del detenido, estamos en los preparativos de la audiencia y del aniversario en memoria de Simón”, explicó Gómez.
La familia
Entre las cosas que no ha hecho la autoridad es brindar seguridad a la familia del defensor, pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de las intimidaciones y amenazas que continuaron después del asesinato de Simón Pedro.
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“Nosotros como Frayba también estamos protegiéndonos porque sabemos del riesgo y los motivos del asesinato. Seguimos pronunciándonos porque haya justicia verdadera”.
Para el Centro de Derechos Humanos el nulo acceso a la justicia es general, pues acompañan otros casos de tortura, de indígenas detenidos injustamente, violaciones, feminicidios que no se investigan, entre otros.
En la actualidad los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”.
Pero éste no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del Frayba señalan que no existe independencia judicial aún con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.
En Chiapas la práctica de la tortura en las detenciones ilegales sigue siendo muy comunes, pero ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.
“No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario”, compartieron las Abejas de Acteal.
(Español) En México, las mineras deciden cómo cerrar una mina
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho
En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.
En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.
La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.
Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.
“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.
En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.
Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.
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Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.
El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.
Cierre en las distintas fases
La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.
Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.
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Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.
La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.
Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.
