San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 01 de septiembre de 2022

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” sostuvimos los días 27 y 28 de agosto nuestro encuentro como familias víctimas y sobrevivientes de tortura, en este encuentro compartimos memoria, seguimiento de los casos que enfrentan nuestros familiares injustamente privados de su libertad y conocimos la situación actual del país y Chiapas respecto a la tortura como un problema sistémico y estructural.

Aun tenemos familiares que se encuentran privados injustamente de su libertad por delitos fabricados; quienes enfrentan proceso bajo libertad condicionada; procesos de denuncia por el delito de tortura en la que el juez no ha dado apertura a juicio oral y quienes llevan un proceso de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se ha emitido recomendación por el reconocimiento del estado por violaciones a derechos humanos y ser víctima de tortura.

Tenemos claro y sabemos que en muchos lugares de la república existen familias como las nuestras, que luchan por la libertad absoluta de sus presos, a quienes les fabricaron un delito y quienes torturaron para autoinculparse por un delito que no cometieron, con nuestra experiencia de lucha reconocemos que en el estado de Chiapas autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han generado impedimentos al orden jurídico para que logremos justicia pronta y reparación de los daños que nos han ocasionado.

Nosotros hemos denunciado y seguiremos señalando que el Poder Judicial y Fiscalía General y Regionales de Chiapas son cómplices para realizar practicas con violaciones a derechos humanos, en la que se genera un clima de desconfianza a la población en la realización de investigaciones eficientes y eficaces, las fiscalias no investigan, sino que formulan investigaciones a modo para hacer creer a las personas que realmente capturan a delincuentes, la cara real es la criminalización a inocentes.

El estado mexicano en su conjunto cuenta con un poder para realizar estas acciones de manera impune, existe cobijo para permitir estas malas practicas, sin obstáculos, lo que genera un ambiente de injusticia.

En agosto de este año, se designo al nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado al Sr. Guillermo Ramos Pérez, tenemos fe y confiamos en que estas malas practicas sean erradicadas y que el nuevo titular del Poder Judicial de Chiapas vea y sea testigo de las constantes deficiencias en las investigaciones, fabrica de culpables con testimonios prefabricados o inexistentes.

Las y los sobrevivientes, así como sus familias han reflexionado que la tortura es parte de una estrategia del Estado, con métodos claros para generar dolor físico y mental, para generar miedo y terror, romper el tejido social y solidario, intimidar a la población y, como una forma de control, para inhibir acciones de defensa y justicia.

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

Atentamente:

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”

Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de agosto de 2022.
Boletín No. 28

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

•    Permanece la impunidad del Estado mexicano en casos de desaparición Forzada en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su camino a lado de los pueblos que luchan contra esta grave violación de derechos humanos, por justicia, verdad y memoria de sus familiares desaparecidos.

En Chiapas la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94 , estrategia contrainsurgente implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.

Recordamos a quienes hace 26 años en la zona baja de Tila, Chiapas, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado. Recordamos especialmente la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas se encuentran Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999. Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López , Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate; hechos que continúan impunes.

Actualmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con las mayores cifras.

En los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano. Esta frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio.

Es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado, quien, tras dos años de falta de voluntad política, el pasado 9 de agosto de 2022 instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, lo que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esta demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.

Pese al transcurso del tiempo, y pese a que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que en Chiapas el Estado mexicano promovió el actuar de grupos paramilitares, este sigue negando la verdad, minimizando su responsabilidad, además de omitir la investigación respecto a los hechos de las desapariciones forzadas de los noventa en el marco del Conflicto Armado Interno, y con el mismo patrón de actuación respecto al fenómeno en la actualidad, lo que mantiene la herida abierta en las familias y comunidades que viven la continuidad de la impunidad.

Exigimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, desde el Frayba nos solidarizamos con las víctimas y nos unimos a sus exigencias de verdad y justicia.

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Cereso No. 05 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

25/08/2022

C. Presidente de la república

C. Gobernador de Chiapas

C. Presidente Municipal

C. Obispo

C. Padre Diócesis de San Cristóbal

C. Defensor de los derechos humanos

C. Fray Bartolomé de las casas

C. Pueblos Creyentes, Modevite, Coreco Concilización

C. Pueblo de San Juan Cancuc

Queremos decirles a todas las personas que seguimos en la cárcel 3 meses, es injusto porque no, nos hicimos nada sobre lo que nos acusan.

Analizamos la carpeta de investigación nos dimos cuenta que el delito que nos acusan se trata de muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc, la misma, propia la fiscalía menciona en un oficio que la persona, que la victima que falleció en una patrulla de la policía municipal y en presencia de policías municipales, has el momento no han investigado al director de la policía municipal de San Juan Cancuc y sus policías, ya que hay antecedente que hay un fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc en el mes de noviembre de 2021 y la otra persona es lo mismo muerte bajo custodia.

Por todo esto pedimos nuestra libertad inmediata, que nos investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc.

Que nos acompañen y no, nos dejen solos a pedirnos a nuestra libertad.

Atentamente

C. Manuel Santiz Cruz

C. Agustín Pérez Domínguez

C. Juan Velasco Aguilar

C. Agustín Pérez Velasco

C. Martín Pérez Domínguez