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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados

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Informe para CECILIA JIMÉNEZ-DAMARY, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos.

Resumen Ejecutivo

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad, por diversos motivos entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, y desastres natures, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alredodor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la actualidad, el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de Los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14,476 personas en el estado de Chiapas. Más recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.

Mujeres

Durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, a la violación y a la tortura sexual, como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas. Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño.

La indiferencia, el desprecio, el racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, funcionarios y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, la dependencia y la subordinación de las mujeres, más vulnerables.

Niños, niñas y adolescentes

No existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector.  Se calcula que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4400 y 5500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, particularmente a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y dificulta también todos los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Situación en la frontera México-Guatemala

La creciente presencia del Crimen Organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio. Hay que sumarle las personas quienes por años han radicado en esta región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía, de estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Ley de desplazamiento en Chiapas

En Chiapas en el año 2012 se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada. En primer lugar, mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, en medio de la ausencia de un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno, en medio de una ausencia de un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad.

En los hechos se observa que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno, y menos aún para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Las personas defensoras de derechos humanos asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado que pone en riesgo su vida e integridad personal. En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados se exponen también a la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado.

Cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o Crimen Organizado, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados. Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado.

Las organizaciones firmantes sugieren a la relatora las siguientes recomendaciones y exigencias al Estado mexicano:

  • Se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
  • Implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos.
  • Cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.
  • Consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas.
  • Impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.
  • Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el estado de Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado.
  • Investigación y desarme de grupos armados,  se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
  • Se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras   que acompañan a víctimas del fenómeno.
  • Rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

Logos-ONGs

       
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Avispa Midia

(Español) Senado aprueba militarización de México

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Fuente: Avispa Midia

Después de 12 horas de sesión, entre reparticiones de culpas y reclamos, la madrugada de este viernes (9) el Senado mexicano aprobó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el visto bueno del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin modificar una sola coma del proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ejército mexicano asumirá las funciones administrativas, financieras y operativas del cuerpo de seguridad militar desplegado en México desde 2019.

“Se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios”, argumenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha alertado acerca de los riesgos de la profundización de la militarización en las labores de seguridad pública en México.

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De acuerdo al Centro Prodh, la iniciativa profundiza la militarización de México pues también otorga el control a las Fuerzas Militares en aspectos sustantivos de la GN, además amplía la intervención del cuerpo de seguridad militar en tareas de investigación, labores de inteligencia y prosecución de delitos.

La organización de derechos humanos ha remarcado que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, implica riesgos de mayor corrupción y de politización del sector castrense.

Manifestantes exigen al Senado que rechace el proyecto de decreto de AMLO para integrar a la Guardia Nacional en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, un bloque de legisladores integrado por partidos de la oposición anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma.

Militares con mayores atribuciones

Por mucho ésta no ha sido la única organización crítica de la medida. La Red Feminista Antimilitarista, que aglutina organizaciones internacionales y mexicanas, alerta que la iniciativa para reformar la Ley de la Guardia Nacional incluye la permanencia al personal castrense para seguir protegido por el fuero militar, a pesar de que constitucionalmente la GN sigue siendo de carácter civil.

Sobre este punto, el Centro Prodh, que ha dado seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos de la GN, señala que “los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

A pesar de que, en 2019, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para proceder con la creación de la Guardia Nacional fue que dicho organismo respondería a mandos civiles adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la aprobación del decreto se militariza completamente la cadena de mando de la GN al quedar suscrito a la Sedena, lo cual viola el carácter civil que se le reconoce a dicha corporación de seguridad en el artículo 21 constitucional.

Protesta fuera del Senado durante el momento de la discusión del proyecto de decreto presidencial.

La Red Feminista Antimilitarista también señala que la reforma que dio creación a la GN establecía el uso, extraordinario y con condiciones y límites, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, lo cual va en sentido contrario a la iniciativa impulsada por el presidente AMLO y los legisladores de su partido, Morena, quienes buscan concretar las labores del ejército en seguridad pública de manera permanente.

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Por otra parte, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se posicionaron para rechazar la aprobación en el Congreso de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.

Las comisiones estatales advirtieron que la incorporación de la GN a la Sedena reducirá el margen de acción de los organismos públicos de protección de derechos humanos pues  “se generará un vacío en la atención de las víctimas”,  toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional no es competencia de los organismos locales sino de la CNDH, organismo que no se ha pronunciado sobre la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas.

Aplanadora

La aprobación del proyecto de decreto promovido por AMLO recorrió rápidamente los trámites en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las cuales procedieron a enviar la iniciativa a votación en la cámara alta del Congreso.

Pese al llamado de distintas voces civiles, organizaciones y otras fuerzas políticas para convocar espacios de discusión para examinar a detalle la iniciativa, la mayoría de votos de Morena y sus aliados aceleró el trámite del decreto enviado por AMLO apenas el 2 de septiembre pasado.

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Entre los principales argumentos de los senadores a favor del decreto se enunciaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, la cual afirma que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen un nivel de confianza entre la población mexicana. De la misma manera, el proyecto de decreto argumenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana califica de “efectivo” el desempeño de la GN en 2022.

Para el Centro Prodh, la ausencia de visión estratégica – donde se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales – permite la continuidad de la violencia, pese a la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“El despliegue de fuerzas armadas es una medida de contención de presencia en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en este sexenio que es el de la acción decidida de la justicia, para desarticular redes criminales, con herramientas criminológicas del siglo XXI”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro Prodh para entrevista con medios nacionales.

Más presupuesto

Según el Centro Prodh, con esta acción se dota de más recursos presupuestales a Sedena, quien no cuenta con controles externos civiles robustos para fiscalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a elementos de la GN.

La Red Feminista Antimilitarista también alerta sobre la eliminación del control civil sobre el presupuesto de la Guardia Nacional, lo que le permitiría a la Sedena el uso discrecional de dichos recursos.

“El decreto otorga un poder sin precedentes a la Sedena. Le otorga recursos materiales, económicos y humanos que continuarán fortaleciendo a una secretaría que actualmente es la segunda institución con más plazas dentro de la administración pública federal, sólo después del Instituto Mexicano del Seguro Social”, advierte la Red.

Con la incorporación de la GN a la Sedena, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que las Fuerzas Armadas contarán con un aumento de más de 60% de presupuesto para el año 2023, con más 160 millones de pesos, lo que equivale a los recursos destinados al valor total de 12 secretarías entre las que se encuentran la de medio ambiente, energía, hacienda, economía, entre otras. Con la aprobación del decreto se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

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Comunidad Nahua de Cuentepec, Morelos

(Español) Exigencia de la comunidad Nahua de Cuentepec Morelos para la cancelación de concesiones mineras que existen en su territorio, así como petición de salud, educación, vialidades y seguridad en su comunidad

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Cuentepec municipio de Temixco, Morelos a 07 de septiembre de 2022.

 

  1. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS  

 

PRESENTE

Mediante el presente escrito, nos dirigimos a usted con el debido respeto que se merece, el C. CALIXTO SALAZAR GARCIA AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS así como MODESTO SUÁREZ DOMINGUEZ, SIMON DOMINGO ESTRADA, FLORINO PACHECO TENORIO, FIDEL OLIVARES MOLINA en calidad de autoridades Ejidales y a los señores ALEJO ANALCO MORALES, ARNULFO DOMINGO FLORES y MALAQUIAS ESTRADA MARIACA en calidad de autoridades Comunales de Cuentepec, y en representación de esta comunidad por derecho propio señalando domicilio, correo electrónico y teléfono celular para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en: calle Emiliano Zapata sin número, Pueblo Cuentepec, Municipio de Temixco, Estado de Morelos, correo electrónico cuentepectosepan@gmail.com, 7774397017, ante usted exponemos lo siguiente:

  1. El pueblo indígena de Cuentepec, las tierras ejidales y las tierras comunales se encuentra en la sexta concesión de las 7 concesiones mineras de las empresas Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver que abarcan los municipios de Temixco, Miacatlan, Xochitepec, Coatetelco y Cuernavaca. Nuestro territorio ancestral, nuestras vidas, nuestra cultura están en peligro de desaparecer, somos el único pueblo del estado de Morelos que conservamos nuestra lengua materna que es el náhuatl un 99.99%, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, nuestras ofrendas, hemos vivido en este territorio ancestralmente, nosotras y nosotros hemos cuidado este lugar, la flora, la fauna, sabemos de la importancia de cuidar la naturaleza y todo el legado cultural que exististe en ella, somos un pueblo que seguirá resistiendo y que seguirá luchando por su territorio. Señalamos que las y los habitantes se dedican a la agricultura, a la siembra del maíz, frijol, cacahuate, calabaza, sorgo, por lo que nos alimentamos de estas tierras, asimismo se recolectan frutos de temporada para consumo y en ocasiones para obtener ingreso para nuestros hogares. También en nuestro territorio se está llevando a cabo el programa de Sembrando Vida, con el cual seguimos cuidando los recursos naturales y nuestro territorio.

Por esto, exigimos que apoye a la comunidad nahua de Cuentepec la cancelación de las concesiones mineras que existen, que respeten nuestros derechos individuales y colectivos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, y así proteger a las futuras generaciones, a la paz, a la libre determinación  y a la autonomía, a la protección de nuestra cultura, que se respeten nuestros lugares sagrados ancestralmente y nuestra cosmovisión, a la consulta previa, libre e informada, el cual en ningún momento se nos consultó si queremos o no estas mineras, misma que ahora no lo estamos solicitando, porque ya no es previa a que se de las concesiones, entendemos que  el presidente de la república el Lic. Andreas Manuel López Obrador ha señalado que no se darán más concesiones, y que en este caso no estamos solicitando que no la den, solicitamos que se cancelen las que ya existen,  y al derecho de petición, mismas que son reconocidas en las leyes nacionales e internacionales, como son: los artículos 1, 2, 4, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Así como se señala también en el DECRETO DONDE SE PROHIBE LA MINERIA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobado los días 23 y 24 de abril del 2022 por los pueblos nahuas del Estado de Morelos. Misma que anexamos.

 

    1. Como siguiente punto, SOLICITAMOS DE MANERA URGENTE A MÉDICOS en el centro de salud, que atiendan las 24 horas del día, esto porque nos encontramos en una zona alejada y marginada de la ciudad, lo que obliga qué en la noche tenemos que trasladarnos a otra comunidad o hasta un hospital que queda a una hora de distancia, lo que pone en peligro al paciente y a los acompañantes, asimismo SOLICITAMOS MEDICAMENTOS para el centro de salud, porque se encuentra con muy pocos medicamentos, y porque la comunidad es de bajos recursos económicos lo que imposibilita que las personas que requieren medicamentos no pueden adquirirlos. Señalando además que se ha dado y sigue una epidemia de dengue hemorrágico desde el mes de abril hasta la fecha, en la que ha fallecido dos personas jóvenes, por lo que es urgente que se suministre de medicamentos y que el servicio de atención medica sea las 24 horas.
    2. La cantidad de habitantes de la comunidad ha incrementado, esto se ve reflejado en la cantidad de niñas y niños que asisten a la escuela primaria, misma que se están brindando clases en el turno matutino y vespertino, lo que ha ocasionado que no se puedan realizar otras actividades que requieren las y los alumnos para su desarrollo, y por ello le SOLICITAMOS EL APOYO PARA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  donde las niñas y los niños pueda tener una educación de calidad sin ningún tipo de obstáculos, señalando que ya se cuenta con el espacio para la construcción.
    3. Señalamos, que nuestras calles de la comunidad se encuentran en muy mal estado, por lo que SOLICITAMOS SU APOYO PARA PAVIMENTACIÓN, en las calles: Vicente Guerrero (colinda con calle Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), Francisco I. Madero (colinda con calle Aldaco y calle Morelos), Calle Morelos, Calle Emiliano Zapata Norte, Calle Leandro Valle, Calle Francisco Mendoza (colinda con calle Revolución Mexicana y Mariano Matamoros), calle insurgentes, calle Reforma, calle independencia oeste y Calle Obregón.
    4. Como séptimo punto, en nuestra comunidad falta que se proporcione más luminaria, existen algunos focos dañados y algunos faltan que sean colocados, por lo que SOLICITAMOS QUE SE APOYE CON LOS FOCOS en los postes de luz, para que de esa manera se pueda garantizar la seguridad en nuestra comunidad.
  • Además, el pueblo, el ejido y la comunidad agraria de Cuentepec, no reciben ningún tipo de recursos para el mejoramiento del nuestro entorno, por lo que SOLICITAMOS QUE NOS APOYE CON EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS CON CUNETA en los caminos: Tlalpatlaco hasta Tlalpatlaco, Tenango, camino de prensa, para este mejoramiento de caminos saca cosechas se requiere maquinaria de 8 o 9 toneladas y que pueda cortar tepetate y/o rocas.
  • Por último, SOLICITAMOS LA ACTIVACIÓN DEL MODULO O SECTOR DE POLICIAS, que se encuentra ubicada en la entrada de la comunidad, esto porque se ha presentado un alto índice de violencia, señalando que la comunidad se encuentra retirada del municipio por lo que se tarda en brindar el servicio solicitado.

 

Sin más por el momento, agradecemos su atención y estamos en espera de una respuesta favorable, que desde sus funciones que realiza nuestras peticiones sean revisadas y que en verdad se apoye a la comunidad. Que en todo momento se nos este informando de los avances de las peticiones en el correo electrónico y teléfonos señalados, así también el acompañamiento para la realización de cada uno de los puntos ya expresados este documento.

A T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

 

_____________________________

  1. CALIXTO SALAZAR GARCIA

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUENTEPEC

 

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  1. MODESTO SUAREZ DOMINGUEZ                   C. SIMON DOMINGO ESTRADA

PRESIDENTE DE BIENES EJIDALES                SECRETARIO DE BIENES EJIDALES

 

 

 

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Comunidad indígena de Santa María Ostula

(Español) Comunicado de Santa María Ostula por el anuncio del estado de Michoacán sobre desarme de la Guardia Comunal del municipio de Aquila

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A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NUESTRO PAIS 

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO

A LOS GOBIERNOS MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES 

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

A LA HONORABLE OPINION PUBLICA. 

 

OSTULA MICHOACAN, A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

 

LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA COSTA DEL ESTADO DE MICHOACAN, DEL MUNICIPIO DE AQUILA Y PERTENECE AL PUEBLO NAHUA, RAZÓN POR LA QUE, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1 DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, GOZA DE LOS DERECHOS Y DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL QUE ESTOS Y OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SEÑALAN.

SOMOS UNA COMUNIDAD INDIGENA QUE HISTORICAMENTE SE HA CARACTERIZADO POR SER PACIFICA, PERO ENERGICA EN LA DEFENSA DE SU TERRITORIO Y SU ORGANIZACIÓN PROPIA DE ACUERDO CON SUS USOS Y COSTUMBRES POR LOS CUALES SE RIGE, LO QUE NOS HA PERMITIDO SER UNA DE LAS COMUNIDADES MAS ORGANIZADAS Y SEGURAS DEL PAIS, CON AUTOGOBIERNO  Y NORMAS PROPIAS.

 

ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2014 NUESTRA COMUNIDAD SUFRIO UNA ENVESTIDA FATAL POR PARTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN COMPLICIDAD CON LOS GOBIERNOS EN TURNO, DESTACANDO EL CONTUBERNIO ENTRE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO Y EL CARTEL DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS; SITUACIÓN QUE PROVOCÓ 34 ASESINATOS Y 6 DESAPARICIONES FORZADAS DE AUTORIDADES AGRARIAS Y LIDERES COMUNALES, ASI COMO TAMBIEN EL ASESINATO DEL NIÑO HIDILBERTO REYES GARCIA POR PARTE DEL EJÉRCITO MEXICANO, LO QUE ESTA DEBIDAMENTE ACREDITADO POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LO ANTERIOR A PESAR DE QUE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OTORGÓ MEDIDAS CAUTELARES A LA COMUNIDAD.

 

ANTE ESTOS HECHOS VIOLENTOS Y LAMENTABLES LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA DECIDIO ORGANIZARSE Y RECONSTITUIR SU GUARDIA COMUNAL PARA PRESERVAR DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES COMO SON EL DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA LIBERTAD. ACTUALMENTE PODEMOS DECIR CON FIRMEZA QUE NUESTRA LUCHA DIGNA A DADO FRUTOS SIGNIFICATIVOS, YA QUE NUESTRA COMUNIDAD ES UNA DE LAS MAS SEGURAS DEL PAIS Y EN ELLA PODEMOS VIVIR EN UN CLIMA DE PAZ Y LIBERTAD, REALIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES COTIDIANAS, PUES, AQUELLOS TIEMPOS DE VIOLENCIA, MIEDO, SOZOBRA Y TERROR HAN QUEDADO ATRÁS.

 

EL COMUNICADO QUE EMITIO EL GOBERNADOR ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO MENCIONA QUE SU ACTUAL GOBIERNO “ESTA EMPEÑADO EN DEJAR A MICHOACAN LIBRE DE BARRICADAS QUE APARTE DE SER ILEGALES OBSTRUYEN EL LIBRE PASO DE LOS CIUDADANOS” Y PONE ESPECIAL ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE AQUILA, AL QUE PERTENECE NUESTRA COMUNIDAD, EN TANTO QUE EL GOBERNADOR SEÑALA Y REITERA QUE EN LAS BARRICADAS SE RESGUARDAN PRESUNTOS AUTODEFENSAS O CIVILES QUE ESTAN AL MARGEN DE LA LEY”.

 

ANTE ESTAS DESATINADAS DECLARACIONES DEL GOBERNADOR, LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA MARIA OSTULA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE SE VIVE EN EL ESTADO, CON MILES DE DESPLAZADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO, ASESINATOS DOLOSOS TODOS LOS DÍAS, UN GRAN NÚMERO DE DESAPARICIONES FORZADAS, EL COBRO DE PISO Y UNA INFINIDAD DE DELITOS DE PRIMER IMPACTO QUE AZOTAN A MICHOACÁN, ENTIDAD DONDE UN CARTEL QUE NO MENCIONA ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACION, ESTÁ ATENTANDO CONTRA TODA LA SOCIEDAD MICHOACANA Y TIENE EN EL MIEDO Y LA SOZOBRA A NUESTRA POBLACION; DEBIENDO SER ESA Y NO OTRA, LA PREOCUPACIÓN CENTRAL DE NUESTRAS AUTORIDADES ESTATALES, TANTO POLITICAS COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE NINGUNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL HA PODIDO GARANTIZAR LA ESTABILIDAD EN NUESTRA COMUNIDAD, EN NUESTRO MUNICIPIO Y EN EL ESTADO; RESULTANDO CONTRASTANTE LA APATIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONFRONTAR Y ERRADICAR EL AVANCE DEL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACION CON EL CELO POR ACABAR CON NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL Y COMUNITARIO, SUSTENTADO EN LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA, LO QUE NOS LLEVA A ABRIGAR LA SOSPECHA DE QUE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMEN ORGANIZADO E INSTITUCIONES DE GOBIERNO SIGUE IMPERANDO.

 

A TRAVÉS DE ESTE COMUNICADO INFORMAMOS AL GOBERNADOR QUE NUESTRA GUARDIA COMUNAL NO IMPIDE EL LIBRE TRANSITO NI EN ELLA COEXISTEN GRUPOS DELINCUENCIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS FAMILIAS, SEÑALANDO QUE NUESTRA COMUNIDAD INDIGENA, A TRAVES DE SUS ORGANOS AUTONOMOS DE GOBIERNO, FACULTA A LA GUARDIA COMUNAL PARA BRINDARNOS LA SEGURIDAD EN NUESTRO TERRITORIO.

 

POR TODO LO ANTERIOR Y ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, UNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, MANIFESTAMOS QUE NUESTRA GUARDIA COMUNAL TIENE SUSTENTO EN EL EJERCICIO DE LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA DE NUESTRA COMUNIDAD, SUSTENTADAS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE EN LOS ARTÍCULOS 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7 DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 DEL CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2 Y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y EN CONSECUENCIA DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTAS Y NO LAS CORROMPIDAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD GUBERNAMENTALES, LA GARANTÍA DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

                                                                                          ATENTAMENTE:

                                                               COMUNIDAD INDIGENA SANTA MARIA OSTULA 

                                                       NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS “

 

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Radio Zapote

(Español) Carta de Radio Zapote a la comunidad de la ENAH y al profesor Yair

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05 Septiembre 2022, CDMX

Al Maestro Yair Balam Vázquez Camacho

A la Escuela Nacional de Antropología e Historia

A los medios de comunicación independientes, alternativos, autónomos, autogestivos o como se llamen

Al Instituto Nacional de Antropología e Historia

Nosotrxs somxs RADIO ZAPOTE un proyecto comunitario con 21 años, que nació y vive en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Por medio de esta carta queremos expresar nuestro respeto y solidaridad con un profesor que en su discurso narrativo y su práctica cotidiana esta en apoyo mutuo con colaboraciones comunitarias.

El día viernes 26 de agosto a las 13:00 hrs, se realizó un mitín dentro de las instalaciones en protesta por el intento de parte de las autoridades para cambiar la chapa de nuestras cabinas en el edificio principal, por parte de un cerrajero pagado por las autoridades, sin previo anuncio o dialogo entre partes, por lo que se realizó un evento de denuncia pública al día siguiente y fue entonces que se abrió el micrófono, y se dieron a conocer mensajes solidarios con RZ. Recibimos pronunciamientos desde los estudiantes organizados de la ENAH hasta grupos famosos de Ska como la Matatena,  estaciones de medios libres como la Ke Huelga, Noticias de Abajo, Radio Totopo y medios internacionales comunitarios como La Zarzamora Radio en Chile, Radio Amaranta, Radio 8 de Octubre, Taller Ahuehuete de Alemania, y en México de parte de varias organizaciones sociales, indígenas, comunitarias y sectores populares urbanos. Durante el mitin el profesor Yair Balam Vázquez, tomo el micrófono para solidarizarse como parte de los profesores de asignatura.

El día 2 de septiembre nos volvimos a sorprender, porque ahora el compañero y profesor Yair Balam presenta en redes sociales la denuncia publica donde se le notifica por parte de la administración y la dirección de la ENAH que tiene que desalojar el cubículo que mantiene en funciones desde el año 2009, en donde prepara sus clases y recibe a estudiantes a quienes les dirige su tesis y da asesorías. Yair Balam es un profesor de la escuela que siempre se ha esmerado por dar un contenido pedagógico consecuente en el campo de estudio de la memoria. El cubículo que tiene, nos consta, que mantiene el objetivo de usarlo para las labores de investigación y por lo tanto, nos manifestamos a favor de que el profesor pueda seguir manteniendo el cubículo que ocupa para preparar clases, dar asesorías, documentarse y hacer labores de investigación.

Por nuestra parte, queremos invitarlo que en caso de ser expulsado de su lugar de trabajo, a proponer un horario en el espacio de la Radio Comunitaria de Radio Zapote, para que pueda desarrollar sus funciones académicas, y le comentamos que ante la solicitud de desalojo de su cubículo, no se nos olvida que en la ENAH existen espacios y construcciones abandonadas y en obra negra por razones de evidente corrupción, y no olvidamos que mientras que en la ENAH se pelean los espacios de forma agresiva, el INAH paga renta en edificios como el de la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN-INAH) en San Jerónimo el cual se encuentra semi-vacío desde que inició funciones.

A nosotros no se nos olvidan varios asuntos que atañen a la comunidad que no se deberían intentar resolver de forma unilateral y que han llamado la atención de la comunidad en este 2022. Recordemos el oficio emitido a principios de año que sacudió a los trabajadores al declarar oficialmente que sus condiciones de explotación laboral extrema son necesarias para que funcione la escuela, asi como la irregularidad del abuso contra los profesores que consistió en cancelar 100 optativas dos semestres seguidos y avisarles en el ultimo momento aún cuando estos docentes presentaron planeación en tiempo y forma, y la tortura que implica mantener a los trabajadores y profesores en sus labores sin firmar contrato y sin recibir salario.

La ENAH tiene asuntos importantes que resolver como esta legitimación de la explotación y la cuestión de los abusos laborales que sufren los trabajadores de limpieza en el INAH. También cuestionamos el desperdicio del erario asignado a nuestra escuela al mantener políticas excluyentes hacia los estudiantes de nuevo ingreso creando una escuela de salones desocupados. También denunciamos que nos han llegado reportes constantes de abusos, revisiones, seguimientos e interrogatorios de parte de los policías auxiliares de la SSP asignados a la ENAH  y de violaciones a los derechos humanos de parte de la policía de la Alcaldía de Tlalpan en contra de estudiantes en la calle de Zapote.

De nuestra parte hemos denunciado los intentos de obstaculizar nuestro trabajo periodístico con acciones de desalojo y difamaciones baratas en contra del proyecto de radio libre, estudiantil, autogestiva, comunitaria, de pedagogía popular, tequio, faena y mano vuelta con 21 años de existencia en la ENAH. También hemos denunciado los abusos contra nuestros compañeros trabajadores del Cafe Rizoma Tseltal. Por lo tanto en este caso de posible desalojo de cubículo, emitimos una exigencia a que se detenga esta irregularidad contra el docente Yair Balam Vazquez Camacho y le décimos que sabemos que la solidaridad no es palabra muerta, como decía Ricardo Flores Magón, sino que se construye en la práctica cuando se necesita, y en esta ocasión, como medio independiente no permitiremos que quede en el silencio un posible abuso de autoridad.

Atte. “Porque en el aire no hay límite ante la frecuencia libre”

Comité Editorial de Radio Zapote

*Este comunicado fue presentado al cierre del foro sobre la post pandemia en la ENAH previo a la conferencia de prensa y diálogo con las autoridades del INAH

 

 

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Avispa Midia

(Español) Sentencia anula contratos de eólica que consideraba privadas tierras en el Istmo

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Fuente: Avispa Midia

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

Comuner@s de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 6 septiembre 2022

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Rompiendo Fronteras

–CHILE Chile: Derrota de la política de abajo. Raúl Zibechi en Desinformemonos.

–GLOBAL ESPIONAJE: Con un software isrealí llamado Pegasus se espia a Defensores de Derechos Humanes, periodistas y activistas en más de 25 países del mundo. Visualizing

palestine y TadamunAntimili

–CHILE: Sobre la semana de agitación y solidaridad con presxs anarquistas y antiautoritarixs en el mundo. Y se levanta la huelga de hambre de presos mapuche de Biobio. La zarzamora, Radiokurruf.

Desde el ombligo del monstruo

–CDMX: Se realiza el Festival por la Vida y por las Paz en la UNAM para celebrar la autonomia zapatista. Noticias de abajo

–MÉXICO MILITARIZACION: El mal gobierno mexicano integro a la Guardia Nacional al Ejército para seguir imponiendo la militarización del país y de la policía. Redes.

–OAXACA: Expulsan a refresquera local por saqueo de agua en San Bartolo Coyotepec. Redes.

–PODCAST CHIAPAS: Notifrayba – Desplazamiento forzado, presos políticos y justicia. Frayba.

Música:

¿Quién cuida al pueblo? – Varios artistas

Amapola – no hacen falta banderas

Gato e monte -Nuestro Incendio

radio
La Comuna y Grieta

(Español) Desde la resistencia se celebra el “Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas”

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Video: La Comuna

– Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, se exigió en la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM
– Decenas de colectivos y organizaciones respondieron al llamado de estudiantes, profesores y pueblo en general a celebrar la resistencia de los Caracoles Zapatistas.
– Con música, baile, talleres y diversas actividades la lucha zapatista contra el capitalismo resonó en la Ciudad de México.

Colectivo Grieta, 02 de septiembre de 2022
Ciudad de México.- Convocado por estudiantes, profesores, trabajadores y pueblo en general, el Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas se convirtió en un espacio de encuentro y celebración de la resistencia y rebeldía zapatistas. Música, fotografía, danza, entre otras expresiones llenaron de color la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM en la Ciudad Universitaria. Con la presencia del Congreso Nacional Indígena y la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio,  grupos musicales expresaron su solidaridad con las comunidades zapatistas en  una jornada que se prolongó desde las 10  de la mañana hasta las 6 de la tarde, momento en el que la actividad se trasladó al auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, para la proyección del documental ·La Vocera”

Elaboración de mantas como parte del festival. Foto: Colectivo Grieta
Durante el evento, se realizaron diversos talleres, como el de La Otra Salud. Foto: Colectivo Grieta
Decenas de personas participaron en los talleres que se realizaron como parte de la celebración.
El mapeo colaborativo para la resistencia formó parte de las actividades de este festival de abajo y a la izquierda. Foto: Colectivo Grieta
La música hizo sonar la lucha de las mujeres a través de la voz de Marica. Foto: Colectivo Grieta
En la Explanada de la Biblioteca Central de la UNAM resonó el horizonte zapatista de Democracia, Libertad y Justicia. Después de Marica, Zeiba Kuicani & Flores, Leticia Servín,  Soultik, EL Mastuerzo y Argelia Guerrero y León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomo completaron la programación musical y dancística.  Foto: Colectivo Grieta
Diversos colectivos, espacios de producción autogestiva, organizaciones políticas y adherentes de la Sexta organizaron la mercadita, en la que se distribuyeron de manera directa distintos productos, desde alimenticios hasta libros y ropa elaborada artesanalmente. Foto: Colectivo Grieta
En el festival estuvo presente la lucha y resistencia de los pueblos originarios a través del Congreso Nacional Indígena. Foto: Colectivo Grieta.
El recorrido de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno por el país fue rememorado tanto con una exposición fotográfica como con la proyección, horas más tarde, del documental “La Vocea”, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Foto: Colectivo Grieta.
A lo largo del día, miles de personas convergieron, se reencontraron e intercambiaron ideas en el Festival que denunció las agresiones contra las la comunidades zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno. Estas agresiones son orquestadas por los tres niveles del mal gobierno en México en colusión con grupos narco paramilitares. Foto: Colectivo Grieta.
Al cierre de las participaciones musicales en la jornada de lucha y resistencia, León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio celebraron la lucha zapatista por la vida y contra el capitalismo. Foto: Colectivo Grieta
El Alto a la Guerra se escuchó fuerte en Ciudad Universitaria. Foto: Colectivo Grieta
El público asistente disfrutó de diversas expresiones musicales, del soul al hip hop, del rock urbano a los ensambles de danza. El arte se hizo presente en la lucha anticapitalista. Foto: Colectivo Grieta
No morirá la flor de la palabra. La lucecita que las comunidades zapatistas entregaron sigue ardiendo con ternura, dignidad y alegre rebeldía. Las milenarias lavas del Xitle fueron testigo. Foto: Colectivo Grieta

 

 

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Avispa Midia

(Español) Prevalece violencia a derechos humanos en estados bajo control de Morena

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.

Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.

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Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

Presentación del informe “Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación”

El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.

“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.

En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.

Represión

“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.

Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.

Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.

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Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.

Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.

Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.

En México, cada 14 horas se registra agresiones a la prensa

“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.

En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.

radio
Avispa Midia

Sed de venganza de una diputada contra un ex preso político

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El caso de criminalización contra Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha encendido la alerta debido a las motivaciones políticas detrás de la persecución en su contra y de lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de dicho municipio mazateco, quienes han hecho frente a los abusos de poder de la familia Zepeda.

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Ante la emisión de una nueva orden de aprehensión en contra de Peralta Betanzos, que revoca su libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, el colectivo Los Otros Abogadoz, responsable por su defensa jurídica, remarca que este es un caso penal fabricado, plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso.

“Nos estamos enfrentando a la sed de venganza de Elisa Zepeda, quien a través de su grupo político y después de haber estado en la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Estado, ha influido tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía del Estado para revocar la sentencia de libertad de Miguel Peralta, así como para obstaculizar y retrasar la inminente libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria y la cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos políticos”, contextualiza el colectivo.

Debido a esta situación, el pasado 25 de agosto, Los Otros Abogadoz presentaron un Amparo Directo contra la sentencia condenatoria de Peralta Betanzos mediante el cual esperan que un Tribunal Federal en la ciudad de Oaxaca analice las violaciones procesales del caso, como son “la obstaculización de una defensa adecuada, el respeto a la presunción de inocencia, la parcialidad de la autoridad ministerial y judicial a favor de las víctimas, aunado a una inadecuada valoración de las pruebas y una inexacta aplicación de la Ley penal; así como las falsas acusaciones de la ex diputada Elisa Zepeda y sus testigos”, detalla la defensa legal de Peralta Betanzos.

El colectivo de abogados enfatiza que es de suma importancia que Miguel no sea detenido, “de lo contrario, tendrá que esperar la resolución del amparo directo en prisión, mismo que podría resolverse de uno a dos años”.

A continuación, presentamos una entrevista con Roberto López, integrante de Los Otros Abogadoz, para quien “no hay fundamento jurídico. Son intereses políticos los que están en juego donde se han valido de las influencias que tiene (Elisa Zepeda) en el poder judicial” para perseguir y criminalizar a Miguel Peralta Betanzos y lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria.


Avispa Midia (AM): ¿Nos puede contextualizar acerca del contexto histórico del proceso penal contra Miguel Peralta Betanzos?

Roberto López (RL): Todo deriva del proceso penal que se inicia después de los hechos que ocurren el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón cuando se inicia una causa penal. A Miguel lo detienen en 2015, se lleva acabo un proceso irregular, con muchas violaciones procesales.

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Él es condenado en 2018 a una pena de 50 años de prisión. 30 años por el homicidio del hermano de Elisa Zepeda y 20 años por la supuesta tentativa de homicidio. Nosotros apelamos esa sentencia. La sala penal, cuando analiza el expediente se da cuenta que él no estuvo presente en su audiencia final y decide reponer el proceso, ello implicaba que se anulara esa sentencia de 50 años.

Grupo armado liderado por Manuel Zepeda Cortés tomando el ayuntamiento de Eloxochitlán el 17 de noviembre de 2014.

De nueva cuenta, el juez vuelve a tener la oportunidad de volver a dictar la sentencia. Para ese tiempo nosotros ya habíamos acreditado que es un asunto de una persecución política, que es un asunto de una familia que es cacique y esta en contra de la Asamblea Comunitaria lo que ellos hicieron. Eso trasciende y al final, el 14 de octubre de 2019, el juez mixto de Primera Instancia decide en sentencia liberar a Miguel, es decir, absolverlo al considerar que no era responsable del homicidio en contra del hermano de Elisa, Manuel Zepeda y la tentativa de homicidio en contra de Elisa. No hay un señalamiento directo que hagan Elisa y sus testigos en contra de Miguel, hicieron una acusación genérica, lo meten en un paquete de 35 personas, pero no especifican cuál fue la conducta real y material que Miguel hizo y ante esa situación no lo pudieron condenar.

AM: Ustedes mencionan que el proceso está plagado de irregularidades y violaciones, ¿podría detallar en qué consisten?

RL: Irregularidades en todo el proceso ha habido desde 2014. A las primeras siete personas que detienen les acusan del homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de Elisa. Personas que iban a poner a disposición del Ministerio Público (MP) porque se encontraba en posesión de un arma de uso exclusivo del ejército. Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio.

Los hechos ocurrieron en Eloxochitlán, tendría que conocer el juez de Huautla, por la cercanía del lugar, pero los remitieron hasta la ciudad de Oaxaca. Desde ahí empezó la primera anomalía, que los sacan de la jurisdicción que les tocaba y los mandan a Oaxaca. Obviamente no estuvieron ellos en el momento de cometer el delito, no hubo flagrancia y aún así los detuvieron y los privaron de la libertad.

Cuando detienen a Miguel, lo detienen en la ciudad de México, no le informan por qué lo detienen, no le dicen nada y resulta que ya en un penal de Tlaxiaco (Oaxaca) es ingresado y puesto a disposición y ahí se le da a conocer que ya está acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. En el caso de Miguel, para llegar a la sentencia, tuvieron que pasar cuatro años y medio. Los siete presos que están todavía por ese asunto van a ser ocho años y todavía no tienen una sentencia.

También, cuando el MP tiene que presentar formalmente sus conclusiones acusatorias en contra de Miguel, no lo hace. Tenía seis días para hacerlo y las presentó casi un mes después y el juzgado, sabiendo que las conclusiones acusatorias ya estaban fuera de tiempo, las acepta, las convalida y les da trámite.

En otro momento, en un Estado realmente democrático y garante de los derechos humanos y de las garantías procesales, lo que debió haber hecho el juzgado es decir “me presenta sus conclusiones fuera de tiempo, yo ya no te las acepto”. Y como ya no hay acusación formal por el MP, ese proceso se tiene que eliminar y Miguel automáticamente se debió haber puesto en libertad y eso no ocurre. Ese es uno de los errores más importantes y mas trascendentes que el juez dejó pasar y que nos tiene ahora en este momento.

Bloqueo en la entrada de Eloxochitlán.

Otra irregularidad es que, en los hechos de 2014, otra persona que era escolta de la familia Zepeda también pierde la vida. Esos hechos jamás se consignaron en el expediente principal, en la causa penal 02/2015 y ellos (Elisa y su papá) en otro momento, mañosamente, ya que estaba la causa penal donde esta Miguel y los presos políticos de Eloxochitán abren otra causa penal para esta otra persona que fallece de nombre Gustavo. En esos hechos también la mamá de Elisa dice que fue lesionada. Por ello también dejaron abierta esa posibilidad, en otro momento, de iniciar otra investigación por esos delitos.

Ellos han utilizado políticamente esos hechos. Se fueron guardando poco a poco para en todo momento tener el control y que los presos no alcancen su libertad y que estén perseguidos, desplazados, para que ellos puedan seguir teniendo ese control y ese poder político a lo largo de estos casi ocho años que llevan de proceso.

Pasó con los primeros siete presos. Ellos solo tenían el delito de homicidio. Cuando ellos presentan un recurso, un incidente de libertad que ganan y van a recobrar la libertad, ya van a pisar la calle, llega el MP y les hace de su conocimiento que les cumplimentan una orden de aprehensión, ahora por el delito de tentativa de homicidio en agravio de Elisa.

AM: Han mencionado también que las declaraciones mantienen inconsistencias y han sido fabricadas, ¿Cuáles son los elementos que consideran para hacer esta afirmación?

RL: Las declaraciones de Elisa Zepeda y Manuel Zepeda, su papá, son declaraciones que fueron construidas a modo. De esas declaraciones derivan otras seis que copiaron, en algunas, casi textualmente lo que ellos decían, con toda la intención de perjudicar a los integrantes de la Asamblea Comunitaria.

Cuando nosotros entramos a esta defensa, solicitamos los interrogatorios para Elisa y para sus testigos. Ellos retrasaron por más de un año presentarse al juzgado a declarar. Dilataron mucho tiempo para comparecer al juzgado porque sabían que era mentira lo que habían dicho, iban a ser cuestionados.

Cuando son interrogados nos damos cuenta que cuando menos dos testigos, Fernando Ramírez Carrera y Eleazar Hernández Ordaz, cuando se les pregunta específicamente sobre los hechos que declaran, ellos dicen no haber declarado nunca ante el MP y no recuerdan haber firmado alguna declaración. Cuando ven su firma y la copia de su identificación en el expediente sí las reconocen, pero dicen “yo no otorgue en ningún momento mi identificación”. Ahí nos damos cuenta que fueron testimonios fabricados sacados del testimonio de Manuel Zepeda Cortés, el papá de Elisa Zepeda. Con eso se evidencia que es una fabricación y esa acusación no tiene sustento jurídico.

Son acusaciones falsas. No lo decimos nosotros, ya Juzgados de Amparo, las salas del Tribunal de Justicia del estado ya han resuelto y se han pronunciado respecto a que esas declaraciones no son suficientes para responsabilizar a los presos de Eloxochitlán de los hechos que ella denuncia. Eso es lo único que hay y al final si realmente existe justicia en este país, los presos políticos de Eloxochitlán tendrían que salir libres. Vamos a seguir insistiendo para demostrar esa situación y arrancarles nuevamente la libertad, de Miguel y de los otros compañeros presos.

AM: Si en los hechos de diciembre del 2014 hubo un enfrentamiento en la población de Eloxochitlán donde se ha difundido que también hubo heridxs entre lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria, ¿por qué no vemos avance en las denuncias sobre estas agresiones?

RL: Cuando se da el enfrentamiento, previamente la gente de Elisa y Manuel Zepeda habían tomado el Palacio Municipal, ellos estaban atrincherados ahí. Se llama a la asamblea el 14 de diciembre para nombrar la Alcaldía Municipal y desde las instalaciones de la presidencia empiezan a dispararle a la gente de la Asamblea. Se hace la confusión, la gente corre y caen los heridos.

Hubo varias personas heridas por parte de la Asamblea Comunitaria y ellos en su momento denunciaron esas agresiones, esas tentativas de homicidio, pero en ningún momento tuvieron efecto o procedieron a otra instancia, simplemente se quedo ahí. Es una denuncia que nunca prosperó hasta la fecha a diferencia de, por ejemplo, de la de Elisa y de su papá, que ellos sí han obtenido eso que han buscado de siempre; mas que justicia ellos clamaron venganza y es lo que están obteniendo.

Es la forma distinta de procurar la justicia. Para ellos ya hay sentencias condenatorias y tienen a personas presas en la cárcel. Los responsables de las lesiones de la gente de la Asamblea Comunitaria, hasta la fecha no han procedido en contra de nadie y los responsables fueron el grupo político de Elisa Zepeda y de su papá.

Habitantes de Eloxochitlán se manifiestan por la libertad de los presos políticos.

Nos damos cuenta cómo la Procuraduría, que es la encargada de investigar, ha dejado de lado esas denuncias. De parte de la Asamblea Comunitaria hay imágenes, hay fotos, hay constancias médicas que acreditan que también hubo heridos de bala y de eso no ha pasado nada, absolutamente nada hasta esta fecha. El MP solo recaba los testimonios, pero no va mas allá, no busca mas pruebas, no manda a llamar a quienes inician esa agresión. Al dejar de hacer esa actividad jurídica pues prácticamente se queda en el olvido, se queda en el archivo y ahí puede pasar mucho tiempo.

AM: ¿Cuáles son los hechos que indican la presión política de la familia Zepeda para perseguir a lxs integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán?

RL: Cuando Miguel sale en libertad (en 2019), Elisa Zepeda lanza un comunicado a la opinión pública donde dice que “la justicia se desvanece entre sus manos” y que peligra su vida, porque el asesino de su hermano, de Gustavo y quien intentó matarla a ella y a su mamá está suelto. Cosa mas falsa porque Miguel no ha sido sentenciado por los hechos del homicidio de Gustavo, no ha sido responsabilizado por la tentativa de homicidio de su mamá. Ahí nos damos clara cuenta que sigue mintiendo, que sigue diciendo cosas que jurídicamente no están demostradas en la causa 02/2015.

Después, el 29 de octubre de 2019, diputados de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) y del PT (Partido del Trabajo) sacan un punto de acuerdo donde le piden al Poder Judicial, a la Procuraduría de Oaxaca, que esos hechos “los juzguen con perspectiva de género”. Ese pronunciamiento sale y nos damos cuenta de la intromisión de uno de los poderes federales al trabajo de un poder judicial del estado.

Obviamente hacen referencia a la libertad de Miguel y dan a entender que su liberación es una injusticia que se comete en contra de Elisa. Cuando viene la intromisión del nivel federal es cuando el Tribunal del estado ya empieza a revocar esas libertades, es decir, la línea ya está dictada, ya está dicho que ese asunto, todo lo que se relacione con la causa penal de los presos de Eloxochitlán van a ser libertades que se van a cancelar. Y eso radica en que, dos años después, la Tercera Sala Penal revoque la libertad, porque recibe muy bien la encomienda que le hace el poder legislativo federal, obviamente para la defensa de los intereses políticos de Elisa y ese es el motivo por el cual nosotros pensamos que le revocan la sentencia a Miguel, porque ya se mete el poder federal, porque Elisa ha ido escalando políticamente.

Primero a la posición de presidenta municipal de Eloxochitlán. Después se postula para diputada local por el partido MORENA. Gana y en esa legislatura es nombrada presidenta de la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia.

¿Esto qué significa y que representa? Elisa en esa posición tenía relación con el Procurador, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del estado. Esos dos años en que se tarda en llegar la apelación en la sala fueron suficientes para que Elisa moviera sus piezas, incidiera en el Poder Judicial para que pudieran revocar esa sentencia.

Porque la sentencia de Miguel es la primera sentencia condenatoria de los presos políticos de Eloxochitlán y la primera sentencia condenatoria de libertad que se revoca. Elisa tuvo el tiempo suficiente para operar mientras fue presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por eso nosotros ya nos damos cuenta que desde esa posición política hizo posible que esa libertad se revocara.

Exigencia de libertad para Miguel Peralta Betanzos. Septiembre de 2019.

Por eso decimos, si realmente existe justicia en este país, Miguel tiene que volver a ser declarado inocente. Por eso es importante demostrar en instancias federales que esto sigue siendo una fabricación, que son intereses políticos los que están de por medio y que es el partido en el poder el que está apoyando a esta señora que no cesa en su venganza pues eso ha llevado que mucha gente ya desde hace ocho años esté desplazada de su comunidad y que siga siendo perseguida.

Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones sociales que en la medida de sus posibilidades que volteen a ver un poco y se solidaricen. Que no haya indiferencia porque en este país, en cualquier estado, la línea entre la libertad y el encierro es muy delgada. La fabricación de delitos está a la orden del día. Pasó con los compañeros de Eloxochitlán, pasó con Fidencio Aldama, que esta en Sonora, y está preso por una acusación falsa por oponerse a un gasoducto. Existen tantas historias donde ha habido represión política que tiene a las cárceles llenas de personas inocentes, por eso hay que pedir la libertad inmediata de las personas que están injustamente detenidas.