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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
El pasado jueves (10), a días de que se cumplan 25 años de la Masacre de Acteal, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifestaron pacíficamente para denunciar las violencias que actualmente viven distintas comunidades en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.
Fue frente a las oficinas del ayuntamiento de Chenalhó donde los indígenas tzotziles protestaron contra la criminalización y agresiones en contra de sus miembros. Es el caso de familias de poblaciones como Campo Los Toros y Bach’en, a quienes, por el simple hecho de pertenecer a su organización, en diferentes momentos de este 2022, les han sido cortados los servicios de agua y energía eléctrica.
La organización tzotzil señaló que las agresiones proceden de personas partidistas de distintas comunidades del municipio de Chenalhó quienes violan los derechos de las familias miembros de Las Abejas debido a su labor de denuncia frente al crimen de Estado por la Masacre de Acteal.
“Venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez y a todo su ayuntamiento, que no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997”, reclamaron durante la protesta.
Las Abejas contextualizaron que en el mes de octubre de 1997 una comisión le advirtió al entonces presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, sobre las agresiones de paramilitares contra su organización, quien ignoró las denuncias y acusó a los indígenas de “provocadores y de ser zapatistas”.
“Este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha, sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró”, señalaron sobre la actuación del alcalde quien fue detenido tras la masacre y liberado en 2013.
Las Abejas de Acteal enfatizaron que, como en el pasado, los hechos actuales son casos de emergencia y gravedad, “que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla”.
A su vez responsabilizaron por estas acciones a “paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros”.
Por ello exigieron al presidente municipal de Chenalhó y autoridades del ayuntamiento que restablezcan los servicios a las familias que desde hace meses sufren de la privación de sus derechos básicos. “Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia”, denunció la organización mediante comunicado leído en la manifestación.
Denuncias
Una de las agresiones señaladas es el encarcelamiento, el pasado 14 de octubre en la colonia Puebla, de Francisco Arias Cruz, integrante de Las Abejas quien estuvo ocho horas privado de su libertad y quien fue liberado tras la imposición de una multa de 10 mil pesos.
Otro caso denunciado es el de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Dicha población fue fundada en el año 2000 tras la reubicación de familias de Las Abejas que se encontraban desplazadas en el Campamento X-oyep, debido a la guerra de contrainsurgencia en Chiapas.
Acorde a Las Abejas, en 2008, un grupo de personas de la comunidad fue cooptado por funcionarios de gobierno para causar la división entre las familias. Derivado de esta situación, el grupo disidente recurrió a tramites para modificar el nombre de la comunidad y actualmente “niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas”, señaló la organización tzotzil.
Los indígenas tzotziles señalaron que tanto el presidente municipal como sus agentes usan estrategias para el desgaste. “Por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó”, sostuvieron.
Las Abejas de Acteal detallaron que, desde la masacre de 1997, el pueblo de Chenalhó se dividió producto de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94 en el contexto del levantamiento zapatista.
Las y los indígenas tzotziles señalaron que, a partir de entonces, el ayuntamiento de Chenalhó, “que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte”.
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Exponen
Daniele Di Stefano, miembro de la Asociación ¡Ya Basta! de Milán
Lola Cubells, miembro de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valenciano
Theodoros Karyotis, miembro del Movimientos Urbanos Auto-organizados en Grecia
Ana L. H. Martínez, participa y colabora con Coffee and Collaboration (Network), Irlanda
José Sánchez, miembro de la Red ¡Ya Basta! Alemania
Comentan
Marina Sitrin, miembro del Global Tapestry of Alternatives (GTA)
Jorge Alonso, miembro del Comité Organizador-Editorial Al Faro Zapatista
Xochitl Leyva Solano, miembro del Comité Organizador-Editorial Al Faro Zapatista
Organiza y participa
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
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La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, deberá desocupar y regresar parte de los terrenos que ocupó para construir el parque eólico ‘Piedra Larga’, en Unión Hidalgo, pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La justicia agraria declaró, por segunda ocasión, la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento de tierras de comuneros de Unión Hidalgo.
Con el fallo, dado a conocer este mes, se reconoce el carácter comunal y agrario de las tierras donde Demex construyó el parque eólico, tierras éstas que fueron indebidamente rentadas como propiedad privada.
De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que hace el acompañamiento jurídico de los comuneros, esta sentencia no solo beneficia a los comuneros de Unión Hidalgo o del Istmo de Tehuantepec, sino tiene repercusiones en todo el país.
“Lanza el precedente para que cualquier comunero del país pueda, en el futuro, declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros”, dijo López.
La sentencia, añade López, “demuestra que se puede avanzar en la defensa del territorio de las comunidades agrarias ante el despojo por parte de grandes empresas transnacionales, coludidas con funcionarios públicos”.
Largo proceso
La sentencia se da luego de un largo periodo de nueve años en los que la comunidad zapoteca, acompañada de ProDESC, comenzó la defensa del territorio ante los despojos concretados por Demex.
La nueva sentencia se da luego de que, en septiembre de 2022, el tribunal agrario otorgó a 11 comuneros de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras.
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El estado mexicano de Quintana Roo esconde un genocidio: su estatus anterior como Territorio Federal (1902-1974) fue diseñado y fundado a través de la destrucción parcial del pueblo maya rebelde –los masewales– y su identidad y autonomía. Los genocidas son el gobierno federal y sus militares; su intención fue planeada: destruir la identidad de los rebeldes, a través de cálculos y ejecuciones racionales y sistemáticas, para después construir una nueva identidad que se adapte a los intereses del Estado, del capitalismo y de la empresa colonial, con la imposición de las ideas de “progreso” y “civilización”. Esta injusticia silenciada ha intentado borrar durante más de un siglo no solo sus cuerpos, sino su memoria y su cultura de manera definitiva.
Los inicios de esta práctica genocida se remontan a los primeros intentos de conquista y sus consecuencias han llegado hasta nuestros días y se proyectan hacia el futuro. Las condiciones de su posibilidad se formaron durante el sistema de dominación colonial, con la producción del racismo, la ocupación de los territorios y el expolio de los pueblos originarios, pero desarrollaron su potencialidad en la formación del Estado-nación mexicano, con las políticas de despojo y la marcación del “otro” indígena, construido por las élites como negativo, inferior y atrasado. Los rebeldes fueron marcados porque su condición de ser mayas implica razones políticas, a saber, el potencial subversivo de su autonomía y su oposición decisiva a la asimilación de la identidad y las prácticas hegemónicas y a las lógicas capitalistas y coloniales.
En la década de 1880 el gobierno federal del porfiriato comenzó el hostigamiento decisivo contra los rebeldes, para la ocupación militar y la integración a la economía peninsular y nacional. El intento de la colonización de su territorio se hizo con decretos legales y el uso de concesiones a empresas forestales, por cientos de miles de hectáreas, con el objetivo de imponer la vida de la “civilización” y acarrear el “progreso” con inversiones de infraestructura, al mismo tiempo que reducir a los rebeldes y obtener el control de la región. Fracasaron, pero no por falta de voluntad. En 1895 el gobierno federal determinó preparar una campaña militar para la “pacificación” de los entonces llamados “salvajes” y “bárbaros”, máxima prioridad nacional para Porfirio Diaz, con la guardia nacional de Yucatán como auxiliar. Ese mismo año el ejecutivo presentó un decreto para sustentar el reordenamiento territorial y las acciones violencia extrema y masiva contra los rebeldes, a quienes les dieron dos opciones: someterse y aceptar el reparto de tierras (perdiendo su autonomía, con la imposición de un gobierno externo) o sufrir la represión militar.
Entre 1896 y 1899 empresarios y el gobierno federal intentaron desarrollar el proyecto insignia del “progreso” de la época: un ferrocarril que pasaría por la capital rebelde y que conectaría Peto con la costa oriental de la península. Se otorgó una concesión para construcción y explotación por 99 años, atrayendo la cooperación de capitalistas regionales y nacionales, en vista de una posible integración de la economía peninsular. La estrategia era en principio militar y después económica: la campaña militar avanzaría simultáneamente con la construcción de las vías ferroviarias: el desmonte en la espesura de la selva significaba abrir paso a los militares. El proyecto, sin embargo, fue nuevamente un fracaso. Pero la ofensiva no se detuvo.
Fueron asimismo tiempos de planeación intelectual para la campaña militar, con recopilación de datos y estudios rigurosos de las condiciones de los rebeldes, así como reclutamiento y formación física y mental de un ejército genocida, a través de la Secretaría de Guerra, y hasta el diseño de una “solución final”. Esto tiene lógica con la elección de Lorenzo García, quien tenía experiencia en el combate contra pueblos indígenas, pues fue condecorado por haber colaborado en la década anterior en los genocidios contra los apaches en Chihuahua y los yaquis en Sonora. Ese historial fue compartido por otros jefes militares que llegaron a la península.
En 1898, la campaña militar consolidó su avance definitivo con la ocupación militar: apoyados por tierra con construcción de caminos, vías telegráficas y telefónicas, y por mar con la instalación de aduanas con el pontón “Chetumal” y buques de guerra.
Se delimitó el territorio rebelde, fragmentando sus relaciones con el exterior y construyendo un cerco de aislamiento casi completo. Los rebeldes, con el drenaje de sus fuentes de suministros para la guerra y de uso cotidiano, se vieron debilitados, sin olvidar que las epidemias, la falta de atención sanitaria y los enfrentamientos políticos internos causados por el hostigamiento acabaron con parte importante de su población.
En octubre de 1899, Ignacio A. Bravo tomó el control de la campaña militar y se emprendió el máximo adelanto, aniquilando a los rebeldes que salieron a la defensiva. La asimetría en la guerra no era solo numérica, sino sobre todo de poder tecnológico y armamentístico. Uno de los primeros enfrentamientos en diciembre de 1899 lo demuestra: fueron asesinados cerca de un centenar de rebeldes, a pesar de haber huido, cargando a sus compañeros, muertos y heridos. Los federales contaban con las armas más avanzadas y el uso de una ametralladora; los rebeldes, por el contrario, tenían fusiles antiguos, de una sola bala por carga. A pesar de que condiciones de la selva ayudaban a los rebeldes, para marzo de 1900 habían fallecido quinientos mayas y cinco federales, sin contar a los heridos de paradero desconocido.
El pueblo maya rebelde se vio forzado a abandonar su pueblo sagrado y capital, Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj K’ampokolche’, para refugiarse en las profundidades de la selva. Bravo profanó el lugar, entrando el 3 de mayo de 1901, día de la Santa Cruz. Al año siguiente, el 24 de noviembre de 1902, se creó el Territorio Federal de Quintana Roo. Bravo y los jefes militares recibieron medallas por matar mayas rebeldes. Pero los rebeldes no tuvieron paz. Los federales destruyeron sus bases esenciales para la vida, con persecución incesante y devastación de sus poblados,
milpas, maizales y suministros. Años después, todavía se practicaban escalofriantes cacerías ocasionales y capturas de mayas rebeldes para destinarlos al puerto de Veracruz como esclavos. Este terror producido por los federales, en especial por Bravo, se extendió por el territorio, los cuerpos y la memoria de los rebeldes. Pero el genocidio no pudo someterlos por completo. Con el final oficialista de la campaña militar, construyeron una autonomía, pero más limitada, obligados a ciertas negociaciones con el gobierno.
El debilitamiento sistemático nunca se detuvo, solo cambió de forma. El objetivo de integración a la nación mexicana se dio entonces a través del disciplinamiento de las misiones educativas y de nuevos proyectos de comunicación, transporte e infraestructura. Aun con este disimulo, un grupo de rebeldes se opuso a los intentos del gobierno federal de acabar con toda forma de autogobierno. En 1933 ocurrió un enfrentamiento entre los militares mexicanos y los mayas en el pueblo de Dzulá, que fue saqueado, incendiado y sitiado, no dejando más alternativa que un exilio por seis años en el último bastión de la autonomía, el pueblo de Xcacal. A esto sobrevino la imposición de la «identidad mexicana” a los pueblos mayas.
El reordenamiento territorial estaba en marcha. En 1969 el pueblo maya de Chumpón se opuso a la construcción de una carretera pavimentada dentro de su territorio, pero la falta de armas les impidió atacar a los constructores, quienes estaban protegidos por un destacamento de tropas federales.
Aquella carretera se convirtió en la Federal 307, que pasando por Felipe Carrillo Puerto, antigua capital rebelde, conecta con 366 km Chetumal y Cancún, cuya creación como Centro Integralmente Planeado fue justamente un año después, en 1970, y se ha convertido en la capital de la criminalidad y el ejemplo del desastre ambiental, social y cultural, ocasionado por un modelo desarrolista y de hiperturistificación impuesto a nuestros pueblos.
El genocidio quintanarroense como destrucción parcial del pueblo maya rebelde no ha cesado de producir muertes. No necesitan ser asesinatos masivos o directos. La práctica genocida en realidad produce las condiciones para la muerte de un pueblo: el empobrecimiento general de la calidad de vida, la contaminación de alimentos y agua, la falta de atención sanitaria, las secuelas de la explotación, la agitación del reordenamiento territorial, los accidentes y el incremento de la violencia por el crimen.
Con todo, para la lógica genocida la muerte física no es suficiente. Su objetivo es el diseño de una nueva identidad sobre el propio grupo aniquilado y la construcción de nuevas prácticas sociales. Es así como se desvanece una cultura para reconfigurar otra, con la imposición de tradiciones inventadas por el poder, como la “mexicanidad” y ahora la “identidad quintanarroense”, al servicio de las lógicas del mercado.
Ahora, más de un siglo después de aquel ferrocarril porfirista, se está construyendo un tren al que han llamado “maya”. Existen continuidades históricas y sistémicas de las prácticas genocidas con las lógicas del despojo y la explotación actuales. Similar al de aquella época, este tren está diseñado para el avance militar y el reordenamiento territorial, ligado a las lógicas genocidas del exterminio, la muerte antes de tiempo y la destrucción cada vez más intensa de los pueblos mayas. Los efectos previstos son catastróficos y amenazan con clausurar por completo la práctica genocida: no solo la extinción de un pueblo, sino la realización de que el pueblo nunca existió; no solo el olvido definitivo, sino el falseamiento de la memoria y la cultura.
Los genocidios son más frecuentes de lo que pensamos. Al mismo tiempo que aniquilan pueblos, no solo conciernen a sus integrantes, sino que tienen efectos en toda la sociedad. Opuestos a la autodeterminación de los cuerpos y los pueblos, son atentados contra la vida. ¿Cuántos genocidios habrá en la historia de las injusticias que han sido borrados de la memoria? ¿Cuáles son los efectos que tienen los genocidios en la configuración actual de nuestros pueblos, del estado, del país y del mundo? ¿Qué relación tienen los genocidios con la expansión del capitalismo y el desarrollismo? ¿Quiénes se benefician por los genocidios?
Ante este panorama desesperanzador, ¿qué podemos hacer? La primera respuesta está en la memoria: conocer las injusticias del pasado y pensar el presente y el futuro a la luz de las experiencias terroríficas de nuestros pueblos. No hay otra manera de cultivar la justicia que conociendo las injusticias.
Eso es la memoria: el grito de no repetición, el ¡nunca más! Tenemos responsabilidad con nuestras abuelas y abuelos, con el pasado, con la memoria.
Es por eso que una manera de comenzar a luchar contra las injusticias es no olvidar. Solo manteniendo viva las memorias de la autonomía podemos pensar en lograr nuevas autonomías para nuestros futuros.
En el tiempo en que el gobierno de Quintana Roo celebra el 120 aniversario de la creación del Territorio Federal con un discurso que profundiza el despojo de la memoria, los nietos y las nietas de los mayas rebeldes declaramos que el genocidio quintanarroense sucedió, que nos atraviesa el corazón y lo más sagrado de lo que somos como pueblo. Que las prácticas genocidas están vigentes, como vigentes están también la resistencia y la rebeldía.
¡Por la memoria!
¡Por la justicia!
¡Por la autonomía!
Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj K’ampokolche’. En el día 3 ben, 6 keej, del año 172.
Campaña U jeets’e le ki’ki kuxtal.
¡Por una vida digna, vamos por la autonomía!
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El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP 27), que se lleva a cabo hasta el 18 de noviembre en Egipto, presentó, en compañía de John Kerry, el enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, los compromisos de México para hacer frente a la crisis climática.
Una de ellas es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete a duplicar la producción de energías limpias en México, con el apoyo de los Estados Unidos. Para eso, se anunció que habrá una inversión de 48 mil millones de dólares.
“Estas metas le permitirán a la región de América del Norte a tener una de las transiciones energéticas más eficientes (…). La decisión significará (…) la expansión de la economía verde en México”, dijo Ebrard, lo que movilizará los sectores privado y público para la producción de energía solar, eólica, geotérmica e hidráulica.
Estados Unidos “es el gran aliado de nuestro país”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.
La expansión de la ‘economía verde’ en México ha sido objeto de interés del gobierno del presidente de Joe Biden. El funcionario de Estados Unidos, Kerry, se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios gubernamentales, así como con empresas estadounidenses, para analizar la cooperación bilateral, para promover la fabricación de vehículos de cero emisiones, reducción de las emisiones de metano e inversión en energías renovables.
Uno de estos proyectos es el Plan Sonora que busca convertir partes de la región fronteriza con Estados Unidos en centros de energía limpia, con plantas solares y eólicas, minería de litio y fábricas de vehículos eléctricos, anuncio López Obrador en octubre.
La Ford Motor Co. y otras empresas automotrices con plantas en México están interesadas en convertir sus fábricas para fabricar vehículos eléctricos.
Una de las principales metas del gobierno de los Estados Unidos es la aceleración del despliegue de vehículos de emisión cero, conforme anunció en un comunicado el departamento de Estado de Estados Unidos.
El país, así como México, hace parte de una coalición de países con el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 50% de las nuevas ventas de vehículos ligeros para el 2030, incluidos vehículos eléctricos a batería, vehículos eléctricos a pilas de combustible y vehículos híbridos recargables.
Ebrard indicó que el tema continuará siendo discutido en la Cumbre de Líderes de las Américas del Norte en el próximo mes de diciembre.
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Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno A la Sexta nacional e internacional A las Redes de Resistencia y Rebeldía A la Misión Civil de Observación Sexta A los medios de comunicación A todos y todas que defienden la vida contra el capitalismo
Hoy nuestra rabia y dolor se unen a nuestras hermanas y hermanos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) cuyas comunidades se visten de luto ante al asesinato de tres más de sus compañeros. La tarde del 5 de noviembre de 2022, Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales bajaron de su población a Chilapa y ya no regresaron. Sus cuerpos acribillados fueron encontrados a la orilla de la carretera. Fueron asesinados por el grupo narco-paramilitar los Ardillos.
Exigimos justicia para ellos y para los cerca de 50 asesinados y 20 desaparecidos miembros del CIPOG-EZ en los últimos siete años.
Denunciamos a los tres niveles de gobierno por su complicidad por acción u omisión en estos crímenes, verdaderos crímenes de estado. El presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román (PRI), la gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado (MORENA) y el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador conocen y encubren al diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD), acusado por el CIPOG-EZ de ser el protector y operador político de Los Ardillos y junto a sus hermanos Celso e Iván liderar la banda criminal fundada por su padre, Celso Ortega Rosas hace más de 30 años.
Apenas dos semanas antes (el 21 de octubre) se lo dijeron al presidente López Obrador en su gira por el estado: “muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven. Los matan y los desaparecen”.
Escoltado y sin salir de su vehículo detenido por el bloqueo en la carretera que comunidades del CIPOG-EZ tuvieron que hacer para poder ser escuchados, López Obrador les recomendó que ante “provocaciones” practicaran la política de no violencia de Gandhi, Mandela y Martin Luther King.
¡Qué insensibilidad del señor presidente! ¡Los están matando! ¿Cómo les pide actuar por vía pacífica ante ese grupo narco-paramilitar que les acecha, persigue, desaparece y asesina? ¿Cómo cuando los criminales controlan la policía y cuando el Ejército y la Guardia Nacional se oponen a enfrentarlos?
A diferencia de la historia que predica Andrés Manuel, la historia de los pueblos de México es de dolor y muerte, baste decir que Guillermo Hilario Morales ya había sobrevivido a la violencia de los Ardillos, fue herido de bala en su brazo y en su cuerpo, pero aún más grave, su hermano Pablo Hilario Morales se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de enero de 2022 y otro de sus hermanos fue descuartizado en 2019.
Bien le respondieron nuestros hermanos al presidente de México: “Seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”
De hecho, CIPOG EZ detuvo la caravana de López Obrador cuando éste andaba de gira promocionando sus programas llamados de Bienestar.
Pero, ¿qué han hecho los programas de Bienestar en el estado de Guerrero? Para el CIPOG-EZ, los cuatro años de programas poco o nada han logrado disminuir la miseria y desigualdad ancestral que en Guerrero impera. En cambio, esos programas han servido mucho para dividir comunidades organizadas, por tanto como políticas de contrainsurgencia.
Por otro lado, dos días antes del asesinato de Adán, Moisés y Guillermo, el Secretario de Gobernación y amigo cercano del presidente, Adán Augusto estuvo también de gira por el estado de Guerrero promocionando la reforma a la ley para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles en tareas de “seguridad pública” hasta 2028.
Pero como antes se dijo, para el CIPOG-EZ, la presencia de las fuerzas armadas no ha servido para disminuir los ataques de los grupos criminales. Bien se lo dijeron a López Obrador: “El ejército muchas veces ahí está, pero los grupos criminales siguen operando, en el municipio se mueven como en su casa”. Han habido balaceras por parte de Los Ardillos a comunidades a unos metros de un puesto del ejército sin que este haga nada.
El crimen organizado no se detiene aunque la militarización del país siga avanzando, pues los criminales están dentro de las estructuras del poder.
El CIPOG-EZ sin embargo resiste con todo en contra. Resiste el historial de ataques a sus comunidades. Resiste desde 2015 la invasión de la banda criminal “Los Rojos” y ahora “Los Ardillos”. Resiste al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez controlado por esta banda. Ha resistido y sigue resistiendo a pesar de tantas muertes, desapariciones y desplazamiento forzado de comunidades enteras. Resiste tenazmente toda clase de violaciones y agresiones cotidianas contra niñxs, mujeres, hombres y ancianxs. Resiste como muchos pueblos originarios más de 500 años de desprecio por sus vidas y por la vida de sus tierras y aguas contra explotadores de ayer y hoy que sólo buscan mercancías que pueden saquear.
Les decimos a las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ de los pueblos Nahua, Me’phaa, Amuzgo, Naa Savi y afrodescendientes que desde nuestras geografías abrazamos su digna rabia y su lucha y que acompañamos sus pasos. Nos comprometemos a combatir el cerco informativo que los invisibiliza y que sólo muestra las demagogia del gobierno que maquilla realidades.
Refrendamos a las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ que no están solxs, que no olvidamos ni perdonamos el desprecio de los malos gobiernos y que estamos construyendo otro mundo donde su desprecio, su despojo, su explotación y represión no caben.
Para adherirse al pronunciamiento, envía tu nombre o el nombre de tu organización o colectivo a: pronunciamientocipogeznov2022@gmail.com.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS!
¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS!
¡QUEREMOS JUSTICIA Y VERDAD PARA NUESTROS HERMANOS ASESINADOS!
¡NI UN ASESINADO MÁS!
¡VIVA ADÁN LINARES!
¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!
¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!
¡VIVA EL CIPOG-EZ!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
COLECTIVOS, REDES Y ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO:
Raíces en Resistencia
Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)
Grietas en el Muro, Espacio de Coordinación
Mujeres y la Sexta
Red MyC Zapatista
Espoir Chiapas Francia
Colectiva Red de mujeres del Oriente del Edo de Méx
Organización Popular Francisco Villa De Izquierda Independiente
Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes
Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
Colectivo CNI-Totonacapan
Red de Rebeldía y Resistencia Puebla
Vendaval – Cooperativa panadera y algo más
Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias
Groupe CafeZ (Bélgica)
Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
Colectivo Zapatista Neza
Café Zapata Vive
Regeneración Radio
UPREZ Benito Juárez
Colectivo Aequus.- Promoción y defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX
Resonancias Radio
Laboratorio Popular de Medios Libres
Noticias de Abajo
Zapateando Medios Libres
Plantón por los 43
Colectivo La Ceiba
Brigada de Salud Zapatista Pantitlán
Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan
Bazar Rebelde
Escuelita Autónoma Otomí
SUTIEMS
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”
Red Mexicana de Trabajo Sexual
Radio Zapote
Brigada Josué Moreno Rendón
Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – RRR
Universidad de la Tierra en Puebla
Frente por la Autodeterminación Ernesto Guevara.
Maderas del Pueblo del Sureste, AC. y Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Colectivo Jóvenes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta
Colectiva Corazón del tiempo Puelmapu Norpatagonia Argentina
Individu@s:
Sara Alicia Andrade Narváez
Blanca Ibarra
Roxana Bolio
Leonel López
María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas
Roberto Rodríguez Contreras “Gato”
33
Heriberto Rodríguez, Fotoperiodista
David Villarreal Zavala
Blanca Estrella Ruiz
Martine Gerardy
Elvira Madrid Romero
Luisa Riley
Manuela Martínez de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco
SIlvia Resendiz
Donaji Meza de la comunidad de Milpa Alta CDMX
Lesly Yobany Mendoza Mendoza, Cooperativa Just Seeds, Cd Monstruo
Sonia Tuset
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Estudiosos y defensores de derechos humanos coinciden que en los últimos años se ha acelerado la militarización en México y su proceso de institucionalización por medio de reformas constitucionales, leyes y decretos presidenciales.
La medida más reciente se dio el miércoles (9) con el Senado de México emitiendo la declaratoria de aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La reforma modifica el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guarda Nacional, y que determinaba la militarización hasta 2024.
En una de las conferencias de prensa que realiza todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a los críticos de la medida, “no quieran los autoritarios pasar como defensores de Derechos Humanos. Utilizaban al Ejército para tareas de seguridad nacional sin fundamento constitucional. Son unos reverendos hipócritas”.
Por ser una reforma constitucional, el proyecto necesitó, además de la aprobación del Congreso de la Unión, ser avalado, mínimamente, por la mitad de los 32 congresos estatales; 20 lo aprobaron. Ahora solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Anteriormente, en septiembre de 2022, el Congreso había aprobado la propuesta del presidente de transferir a la Guardia Nacional, que por la Constitución debería tener un carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En su campaña electoral AMLO hizo la promesa de cambiar la estrategia de seguridad llevada a cabo por sus antecesores, justamente porque desplegaron a las fuerzas armadas en tareas policiales. Ahora niega que las acciones de su gobierno están militarizando el país.
“Una de las narrativas que hemos escuchado es que las fuerzas armadas han cambiado y que, por eso, seria excesiva nuestra preocupación [de los organismos de Derechos Humanos]”, sostuvo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante conversatorio sobre militarización en México promovido por el Diálogo Interamericano y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Aguirre enmarcó algunos cambios y también continuidades en relación a gobiernos pasados. Un primer dato es que el número de efectivos desplegados en el territorio nacional es mucho mayor en el presente. “En la administración de Felipe Calderón eran alrededor de 50 mil efectivos militares desplegados y hoy son alrededor de 90 mil”, sostiene.
Miembros de la Guardia Nacional de México marchan en el desfile militar del Día de la Independencia, en el Zócalo de Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2019.
Además, el actual gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas funciones del Ejecutivo, como responsabilidades en obras públicas y en proyectos de políticas públicas.
La continuidad destacada como más relevante por Aguirre es la ausencia de controles civiles externos que aseguren la rendición de cuentas de los militares. De hecho, “eso se ha profundizado”, dijo.
Cuando hay una violación de derechos humanos cometida por el Ejército, la Marina y, ahora, por la Guardia Nacional, deben entrar en escena varios controles para investigar estos hechos, de manera que los responsables rindan cuentas.
Por un lado, están los controles internos de las propias instituciones castrenses. “Estos nunca han funcionado en México, porque hay un espíritu de cuerpo que propende a la impunidad”, sostuvo.
La Guardia Nacional, por ejemplo, creada en el sexenio de López Obrador, como menciona Aguirre, incluyó un área de asuntos internos “muy fuerte en el diseño legal, incluso la Ley de la Guardia Nacional dice que el nombramiento de la cabeza de esta área le corresponde al presidente”. Sin embargo, cuenta, se puso en la mano de un ex general con antecedentes de haber participado de casos de tortura. “Desde luego nada bueno iba a ocurrir con esta unidad”.
Por otro lado, están los controles externos civiles. “Estos son débiles”, califica. Uno de ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registró entre 2019 y agosto 2022, 1,560 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); 308 contra la Secretaría de Marina (Semar) y 1,613 contra la Guardia Nacional. “Pero solo ha emitido 15 recomendaciones en estos años sobre las fuerzas federales”.
En relación a otros controles, como la Fiscalía General de la República o el poder judicial, “todos se auto inhiben cuando se trata de las Fuerzas Armadas”. Al día de hoy hay alrededor de “28 sentencias condenatorias federales por eventos de violación de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas, cuando hay mas de 10,700 quejas en los últimos años”, sostiene.
Lo que Aguirre llama de auto inhibición también “la podemos ver con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene diez asuntos muy importantes sobre estos cambios legales recientes relacionados con la militarización, sin resolverse”.
Los controles parlamentarios tampoco están funcionando, según su evaluación. Para citar un episodio reciente, tenían que comparecer ante el poder legislativo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina para explicar la reciente vulneración de la seguridad digital del Ejército y no lo hicieron. “Se negaron a comparecer ante el poder legislativo y llamaron a los diputados a comparecer en privado en las instalaciones de la secretaria de la defensa”.
Más violencia
La investigadora del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sara Velázquez, sostiene, con base en investigaciones desarrolladas por su programa, que cuando el Ejército ejerce funciones de seguridad pública, el número de homicidios a nivel municipal aumenta en hasta 9%. “Hay una correlación entre despliegue militar y aumento de homicidios”, explicó la investigadora durante el conversatorio.
También identificaron la correlación entre militarización y letalidad. Las Fuerzas Armadas tienden a recurrir de manera más común al uso ilegítimo de la violencia letal. El Ejército suele matar mas personas que hieren o detiene, relata.
“En 2021, el Ejército reportó matar a 5 civiles por cada uno que detenía. Es un índice de letalidad muy preocupante. Los militares actúan con la lógica de guerra, cuando en labores de seguridad pública se espera que las instituciones detengan o inhabiliten sin matar a las personas, de manera que sea el poder judicial quien determine si son o no ‘criminales’”, señala Velázquez.
Para Aguirre, el opuesto a la militarización es el fortalecimiento de la perspectiva civil en seguridad, pero sobre todo el opuesto a la militarización es la justicia. “Tener fiscalías y, sobre todo, una fiscalía federal capaz de desestructurar redes criminales”.
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Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2022
Pronunciamiento Conjunto
16 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas
• A 16 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores.
• Lejos de la justicia, éste es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional.
La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles., algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.
De acuerdo a investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.
Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.
A 16 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.
Durante todo este tiempo, la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.
La FGE nunca contó con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años- continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.
Cabe señalar que esta sangrienta masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.
En este 16° aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco, la organización XINICH, recuerda y conmemora a las compañeras y compañeros que fueron asesinados en esta masacre, reiterando que están vivos en nuestra memoria y en la memoria colectiva de los pueblos que resisten y luchan; son ellos-as quienes nos empujan día a día a seguir luchando por la autonomía, por la defensa del territorio, por nuestra Madre Tierra y por la Otra Justicia.
No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
¡Viejo Velasco no se olvida!
Suscriben en apoyo y solidaridad (por orden alfabético):
Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Red Todos los Derechos para Todos y Todas
Salud y Desarrollo Comunitario A. C.
Ver:
y
38 indígenas –mayoría mujeres y niñas- desplazados refugiándose en la montaña y muestras de la violencia y saña del ataque de corte paramilitar
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Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2022
Pronunciamiento.
XVI Aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco
La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla
Desde hace dieciséis años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia.
Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso.
Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, ANTONIO PEÑATE Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevo.
Recordamos a nuestra compañera MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, PETRONA NÚÑEZ GONZÁLEZ, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.
La masacre ocurrió en Viejo Velasco, municipio de Ocosingo Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanja Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniforme tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.
Estas personas iban acompañadas de 300 elementos de la policía sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: AR-15 y AK-47. Así también, hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos Peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.
No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los pueblos indígenas de nuestro territorio. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedara en el olvido.
Hoy, a los 16 años nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo.
No olvidamos que el único delito de nuestros hermanas y hermanos masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y territorio para el sustento de sus familias.
Nuestra voz y lucha han tenido un paso más; queremos informar públicamente que el pasado 25 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de admisibilidad No. 264/20, de la petición 1594-10 del caso Pedro Núñez Pérez y otros, México, en donde señalamos claramente la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares que tuvieron lugar durante la agresión violenta a nuestra comunidad Viejo Velasco.
Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de más de 45 comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo enfrentada a una agresiva política del Estado Mexicano ejercida sobre dichos poblados ubicados dentro y en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, una de las más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico de nuestro país.
Desde la ciudad de Palenque Chiapas México, reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado así como justicia por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez Gonzales, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez; la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González; así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la organización social CDLI-XINICH, a quienes el estado mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.
QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD
CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
¡VIEJO VELASCO NO SE OLVIDA!
ATENTAMENTE
Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco
Coordinadora de la Organización Social XINICH
UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC
Organizaciones acompañantes:
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas-CDLI-XINICH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Maderas del Pueblo del Sureste- MPS
Salud y Desarrollo Comunitario- SADEC
Casa de la Mujer Ixim Antsetic
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos Los Derechos Para Todas y Todos”
(Conformada por 84 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana)
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En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021
“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.
Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.
La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.
Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.
Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.
En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.
Mujeres desplazadas que transportan sus pertenencias llegan a Bossangoa, República Centroafricana, tras huir de la violencia. Crédito: ACNUR
Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.
“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.
En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.
Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.
En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.
Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.
A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas utilizan una gran cantidad de combustible y despliegan armas que tienen impactos ambientales duraderos.
De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.
La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.
“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.
“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.
Justificación para el intervencionismo
El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.
En el documentoCambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.
“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.
Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.
El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.
Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.
Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.
Soldados estadounidenses observan la quema de yacimientos petrolíferos tras la invasión de Estados Unidos en 2003.
Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudioAproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.
Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.
¿Quién gana con el militarismo verde?
De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.
La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.
Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.
En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.
Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.
Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.
Afectación a las estructuras militares
Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.
Un oficial de la policía militar camina cerca de una puerta destruida en la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall en Florida tras el huracán Michael el 12 de octubre de 2018. El Pentágono dice que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.
Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.
La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.
