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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F}

Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.

A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.

Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.

De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.

La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.

Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.

No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El tramo 6 del Tren Maya posee una longitud de 250.84 km y 4.66 km de gaza de conexión con el Tramo 7, dando un total de 255.50 km, entre las ciudades de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo. La línea ferroviaria es de doble vía, considerada para tráfico mixto, de pasajeros y de carga. Las locomotoras viajarán a velocidades máximas de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 85 km/h para los trenes de mercancías. Pasará por las poblaciones de Nuevo Progreso, Pedro Antonio Santos, Limones, Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro de la Laguna, Buenavista, Caan Lumil, Bacalar, Aarón Merino y Cuauhtémoc, mismas que integran la región prioritaria de influencia del proyecto ferroviario.

El proyecto suma una superficie de 1,582.13 has., de acuerdo con estudio de Greenpeace, sin considerar otras obras vinculadas, como pasos vehiculares, obras de drenaje, campamentos, centros de acopio y subestaciones. El Tren Maya, en sus siete tramos, tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.

Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.

Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.

Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.

Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.

María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.

La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.

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De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.

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¿Qué pasó con las tierras?

Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.

El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.

A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.

Va porque va

El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.

El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.

Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.

Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.

El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.

Sin acuerdo

Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.

En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.

Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.

El ejido no representa el Pueblo Maya

El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.

“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.

Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.

Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.

Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.

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El CDH Frayba y la OMCT expusimos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nuestra preocupación por la situación de desplazamiento forzado en México, y por la violencia particular que causa este fenómeno en los pueblos originarios de #Chiapas.

En voz de Dora Roblero, directora del CDH Frayba agradecimos el informe de la Relatora Especial en materia de Desplazamiento tras su visita al país, reconocimos la importancia de sus hallazgos, y urgimos al Estado mexicano cumplir con sus recomendaciones.

Acá su intervención ?

https://media.un.org/en/asset/k1s/k1spzpihu3?kalturaStartTime=10926

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“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”

– Pronunciamiento “Chiapas es México”

En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.

En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.

Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.

Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.

Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.

Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.

También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.

Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.

Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.

Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:

Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas

Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.

Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…

Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.

Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.

En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.

Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.

El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.

Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.

Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.

Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:

1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.

2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.

3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:

a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones

Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.

Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.

Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas

[1] Datos del gobierno federal.
[2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
[3] Datos del gobierno federal.
[4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).

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Ciudad de México, 27 de junio de 2023

Sr. Guillermo Fernández-Maldonado Castro

Representante del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

PRESENTE

Ante la situación de extrema violencia que se está ejerciendo contra las comunidades autónomas zapatistas y el desplazamiento obligado de la población como consecuencia de la actuación de grupos paramilitares encubiertos por del gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno Federal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, denunciamos la flagrante violación a los Derechos Humanos en México y acusamos que, por actos y omisiones, el actual gobierno mexicano continúa violando los derechos humanos de los pueblos originarios en todo el territorio nacional en derechos políticos, sociales, económicos y culturales establecidos en pactos, convenios y declaraciones internacionales, suscritas y ratificadas por México en los distintos artículos referentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio No 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante la inoperancia cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual debiera ser garante de la defensa de estos derechos, y la actitud negacionista del titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, que pareciera anunciar una mayor escalada de la violencia contra los pueblos zapatistas en particular y de los pueblos originarios en general, la casi absoluta impunidad presente en nuestro país, la persecución política contra periodistas, defensores ambientales y de Derechos Humanos y la constante estigmatización que de todos ellos se hace en los canales de comunicación oficialistas, recurrimos a su digna representación para solicitar intervenga, en el ámbito de sus atribuciones, para buscar terminar con la creciente campaña de violencia cometida por actores del Estado, oficiales y oficiosos, y buscar el desarme de los grupos paramilitares que operan en el estado de Chiapas, particularmente la ORCAO del municipio de Ocosingo.

Así mismo, les solicitamos estar atentos, pues, ante el negacionismo cómplice del gobierno, realizaremos una Misión Civil de Observación por la Vida y por la Paz a la comunidad de Moisés y Gandhi, objeto de algunas de las más recientes agresiones, y de acompañamiento a los últimos habitantes de la población de Nuevo San Gregorio, quienes están próximos a desplazarse de manera forzada como resultado de esta misma violencia paramilitar. En este sentido, solicitamos su apoyo para lograr el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, en virtud del alto riesgo para esta caravana.

Sin otro particular, quedamos atentos.

Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan

Responsables:

Polo Castellanos y Armando Soto

Suscriben

Asociación Cívica Mexicanos Unidos

Cátedra Carlos Montemayor

Clínica de Heridas

Colectiva Autónoma de Colaboración Social

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía

Colectivo Mujeres Tierra de Mexicali

Comunidad Jnatrro residente en la Ciudad de México

El Bordado de Ramona

La Casa del Centro

La Resistencia-LA

Mexicali Resiste

Nuestra Alegre Rebeldía

Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos

Raíces en Resistencia

Red Binacional de Mujeres que Luchan

Red de Resistencias y Rebeldías de Tijuana

Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Aida Magallón Lara

Dr. Alfonso Leija

Betsabé Rivera López

Blanca Lilia Narváez Rivera

Bonifacia Hernández Flores

Catherine DeWeeseParkinson

Christopher Rishel Anguiano

Elena Katzenstein Ferrer

Francisco Humberto Peregrina

Gabriela Rubio

Gorki Buentello

Héctor Zetina

IsaacMonnte

Jacinta Zepeda Núñez

José Antonio Olvera

José Manuel Galván Leguizamo

Josefina Ibarra Fregoso

KurtMcLean

León Fierro Reséndiz

Lourdes Magallón

Marco Arturo Calderas Osorio

Márgara Millán

Margarita Rodríguez

María Cristina Peralta Casillas

María de Lourdes Lara López

María del Carmen Briseño

María Elena Ferrer Amarillas

Martha Mata

Martha Pérez

Miguel Ángel Radilla

Nixelli Mares

Oralba Castillo Nájera

Raymundo Rascón

Rosa Paulina Reséndiz Flores

Sashenka Ferro Reséndiz

Servando Gajá

Silvia Reséndiz Flores

Siria Garibay Marrón

Susana Magallón Lara

Tania Gallaga Hernández

CCP Presidencia de la República

Recepción:

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URGENTE!!!
Acaban de detener hace unos minutos al compañero Alejandro Torres Chocolatl,de Zacatepec, Puebla. Integrante del FPDTA-MPT, guardianas y guardianes del Río Metlapanapa y de Pueblos Unidos.
Exigimos su Liberación ya!!!

ACTUALIZACIÓN:

DETIENEN A ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL
CONCEJAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

El día de hoy aproximadamente a las 11:40 am, en la comunidad de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla, arrestaron a Alejandro Torres Chocolatl, comunicador de la Radio Zacatepec, concejal del CNI defensor del agua y la tierra en la región cholulteca.

Cuatro hombres vestidos de civil, sin identificar, a bordo de dos autos particulares interceptaron el vehículo en el que iba a bordo nuestro compañero y lo hicieron bajar para llevárselo detenido en dirección a la casa de INjusticia de Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula.

Los delitos que se le acusan son los mismos por los cuales se acusó al compañero Miguel López Vega; obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y quema de un automóvil, delitos que nunca fueron comprobados porque nunca se cometieron. El motivo real es por la defensa del territorio, el agua y la vida en la región cholulteca.

Responsabilizamos directamente al presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, El gobierno del estado de Puebla, al represor de los pueblos; Ardelio Vargas Fosado, al CEAS PUE y al Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo por ser cómplices del ecocidio en la región y la injusticia ante los defensores de la naturaleza.

Exigimos la liberación inmediata de Alejandro Torres Chocolatl, defensor del Agua y el territorio.

Alto a la criminalización de quien defiende la vida.

Alto a la guerra contra los pueblos originarios.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02baGswsNH4kNDJWu7hzccCGCSHc8YRHCQJJKJT7bp7mwZa9t1GaEdwqXF7c4GYTSKl&id=100011669875752&mibextid=Nif5oz

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Poblaciones de la sierra mazateca, en el norte de Oaxaca, denuncian biopiratería realizada por expedicionarios extranjeros en sus tierras.

Durante la última Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en Tehuacán, Puebla, voces de distintas geografías de México alertaron sobre el incremento de la violencia dirigida contra territorios de pueblos originarios en todo el país.

En el análisis de las mesas de trabajo se identificó que esta violencia busca, entre sus objetivos, frenar y debilitar procesos organizativos para conseguir la imposición de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, entre otros.

“Lo que estamos viendo en nuestro territorio es justamente una violencia diferente, pero que también nos afecta. Escuchamos experiencias de otros pueblos donde se les violenta directamente con el ejército, entrando a matarlos. Nosotros no lo vivimos (…) de la misma manera, pero, sin embargo, sí hemos sido violentados de otras formas”, nos cuenta Jazmín Alvarado, integrante del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC).

Alvarado hace énfasis en las distintas formas que adopta la violencia en comunidades de la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca. En esa región identifica situaciones que hieren gravemente el tejido comunitario como son la promoción del turismo cultural que acompaña un proceso de gentrificación en la región, así como el aumento en las agresiones contra mujeres y el alza en los feminicidios.

También denuncia otros métodos del despojo, menos comunes y silenciosos, como aquellos que, mediante la ciencia extractivista, ejecutan acciones de biopiratería, como es el caso de las actividades realizadas por espeleólogos norteamericanos en las cuevas más profundas del continente americano: el Sistema Huautla.

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Pese al cercamiento de las comunidades, Alvarado, quien también colabora en el proceso de la Escuelita Comunitaria de Agua de Lluvia, hace énfasis en el trabajo organizativo volcado a las juventudes, infancias y la apuesta por incorporar a las nuevas generaciones en procesos de resistencia comunitaria para fortalecer la defensa de los territorios. Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, compartimos los extractos de la entrevista con Jazmín Alvarado.

Avispa Mídia (AM): ¿Cómo se expresa la relación entre la ciencia, extractivismo y despojo que han denunciado en la sierra mazateca?

Jazmín Alvarado (JA): En nuestra región, en el pueblo Mazateco, hay muchos proyectos extractivistas de parte de la comunidad científica. La ciencia viene a violentar nuestras formas de ver el mundo y también pretenden venir a enseñarnos sobre lo que creen ellos que es la realidad. Y no solo eso, sino que se llevan conocimientos ancestrales y sin ni siquiera dejar nada pues no comparten su conocimiento a las comunidades; por ejemplo, nosotros como parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), una parte que nosotros hemos defendido, pues ha sido nuestro territorio, es San Agustín Zaragoza, un pueblo que está ubicado a 20 minutos del municipio de Huautla de Jiménez. Ahí hay unas cuevas que se supone que son de las más grandes de Latinoamérica y entonces, quieren meterse allí, un proyecto espeleológico que se denomina Sistema Huautla.

Este proyecto espeleológico lleva 50 años entrando a nuestro territorio. Nunca se les cuestionó durante este tiempo cuál era su trabajo, qué era lo que estaban haciendo (…) y nunca se les cuestionó qué venían hacer o qué era lo que ellos estaban buscando, pero llegó el momento cuando personas jóvenes, y pues que de alguna manera habíamos conocido también otras luchas que, pues eso nos inquietó, el no saber qué hacían personas extranjeras metiéndose a nuestro territorio. Y a qué venían, entonces nosotros nunca obtuvimos alguna respuesta de ellos.

AM: ¿Cuáles fueron los argumentos de los extranjeros para realizar sus expediciones?

JA: Daban diferentes versiones. Cuando ellos llegaron dijeron que eran de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU) y que ellos querían ir y explorar la Luna; o sea, nuestros abuelos y las personas que viven ahí, ellos saben que dieron ese discurso.

Ahora lo cambiaron totalmente. Cuando se les empezó a cuestionar dijeron que eran personas aficionadas que iban a hacer deporte y decían que ellos nada más se metían a ver qué había y a practicar este deporte. Ellos hablan perfectamente el español, incluso platicaban y dialogaban con nuestros familiares cuando se los encontraban. Hablaban el español y ahora cuando se les cuestionó, pues resulta que ya se les olvidó. Es una forma también como ellos tienen tan interiorizado su colonialismo. Cómo nos ven, como personas que pueden ser ignorantes, que no son capaces de leer, por ejemplo, un artículo en inglés, un artículo que ellos publicaron, y entonces cómo desde esa visión en la que ellos nos tienen, pues también nos sentimos violentados. Que crean que no somos capaces de poder acceder a la ciencia, que no merecemos tener acceso a saber qué están haciendo en nuestro propio territorio y nos sentimos vulnerados también.

AM: Ustedes han investigado sobre las labores que realizan estos espeleólogos, ¿cuáles han sido sus hallazgos?

JA: Nos hemos dado cuenta de que ellos han estado realizando diversas actividades ahí. Dentro han estado probando robots, han estado probando materiales, como vestimentas para bucear para el ejército estadounidense. Han estado haciendo varias cosas y sin siquiera tener permisos. Si al gobierno realmente le preocupara la situación de nuestros pueblos, si estuviera interesado en nuestros pueblos, esto sería un problema incluso de seguridad nacional, porque entonces ¿qué están haciendo estas personas ahí?, ¿por qué ellos tienen derecho a meterse a probar instrumentos?, a probar lo que sea que estén metiendo ahí, en nuestras aguas, ¿porque ellos sí pueden meter esas cosas, si no tienen ningún permiso?

A nivel estatal tampoco los tienen. Hemos investigado acerca de eso y pues estas personas no tienen permisos para estar ahí y, mucho menos, de nuestras autoridades de nuestra comunidad. A ellas, pues mucho menos se les ha consultado; hasta que se les puso el freno y hasta que se levantó un acta en donde se dijo pues que ellos ya no tenían permiso para para acceder a las cuevas. Y sin embargo aún así lo hicieron.

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Sí se siguen haciendo esos acercamientos, queriendo entrar, porque justo hay esta entrada al sistema de cuevas en nuestro territorio, donde ellos quieren entrar a la fuerza. Están buscando otras alternativas, en otros pueblos. Nos hemos enterado que han comprado terrenos para poder ingresar a esas grutas y conseguir otra entrada que les permita seguir con sus planes y que aún, con todo esto, pues siguen sin decirnos, sin darnos una explicación real, de qué es lo que están haciendo y nos vienen con mentiras de que encuentran, según esto, restos de animales que son únicos en la región, pero pues no los enseñan. Cuando nos enteramos también de que habían encontrado los restos de un perezoso, pues resulta que ya estaba en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y eso nunca pasó por nosotros, nunca nos informaron, nunca se le informó a la Asamblea de nuestra comunidad. Ellos se llevaron esos restos asumiendo que el INAH podía tomarlo y que era la instancia correspondiente y se saltaron pues a nuestra autoridad, a nuestra asamblea.

AM: Durante los trabajos de la Asamblea has mencionado otras vías de extractivismo de la ciencia, ¿nos puedes compartir más?

JA: En cuanto a la ciencia, es como la que ha estado más inmiscuida en eso, están tratando de hacer estudios también sobre los hongos alucinógenos. Lo que pretenden hacer es la extracción de la psilocibina, el empezar a legalizar el uso de la psilocibina para llevarlos en medicinas. Según esto, la psilocibina trata la depresión, pero para nosotros, no es importante en sí el hongo como tal, sino el rito, todo lo que implica la ceremonia, eso implica la sanación.

Sentimos que es una falta de respeto hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestra forma de ver las cosas, de que se hagan esas investigaciones o que se tome algo también de nuestra tierra para poder mercantilizarse. Sabemos que eso a la larga pues va a traer también consecuencias, porque sabemos que las drogas sintéticas traen consigo adicciones. Nosotros lo vemos, incluso tomando los hongos, pues a veces puede ser perjudicial si uno no lleva la ceremonia como tal y pues lo vemos ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que empiecen a consumir eso sin siquiera llevar un proceso de sanación?, porque no es nada más tomarte el hongo y con eso ya te curas, sino que es, dijéramos, durante la ceremonia y durante los días posteriores, es cuando obtienes esa sanación. Es todo lo que conlleva, es todo un proceso y ellos lo están reduciendo a un simple medicamento.

Eso es lo que nosotros vemos en cómo nos están violentando, mercantilizando algo que nuestros ancestros lo usaban para curarse, pero para curarse de una manera diferente, no desde esa visión occidental donde nada más es ver si tienes depresión. Y acá, cuando se hace todo esto, se trabajan las emociones, se trabaja todo lo que has vivido tú como persona y entonces, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa, todas las consecuencias que pueda traer la mercantilización de estos medicamentos o de las intenciones que ellos tienen y, pues, que incluso ahorita se está viendo reflejado en que ya no están saliendo los hongos. Ya hay muy poquitos, ya no crecen en los lugares que crecían y es preocupante.

Porque las personas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ellos sí se curan de esa manera y con el turismo que también llega y empieza a tomar los hongos sin siquiera ser conscientes de todo lo que implica; pues dijéramos que se genera la oferta y la demanda, entonces llegan y empiezan a consumir, pero no es un consumo responsable, no es un consumo que se haga, justo como lo que platicaba, de que se debe hacer conscientemente y haciendo todo un proceso de ceremonia.

También nos hemos visto afectados por el turismo, que justamente llega a esto y empezamos a ver la gentrificación de nuestro municipio, se empiezan a elevar los costos de la vivienda, de la comida, se empiezan a hacer hoteles para poder seguir atrayendo al turismo y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las personas que viven ahí están empezando a ver sus vidas afectadas por los costos elevados.

AM: Otra de las denuncias que has hecho se refiere a las agresiones contra las mujeres, ¿cuál es el contexto de esta violencia en la región mazateca?

JA:  Es también el aumento de los feminicidios y que han estado impunes, o sea, el gobierno de nuestro municipio, pues ha hecho caso omiso a todo eso. No hay, no se puede ver que haya realmente justicia para las víctimas. Al menos que se visibilice, al menos que se haga mucho ruido, que la propia gente empiece a exigir justicia, que empiece a movilizarse, hasta ese momento es cuando se empiezan ellos a mover, pero si no se les hace ver, que no están haciendo nada, entonces ellos no mueven ni un dedo, y así pueden estar matando una, dos, tres mujeres y no va a pasar nada. También vemos que es hasta clasista, llega a ese punto, porque si eres una mujer de una comunidad entonces no te hacen caso. Cuando eres del municipio o que viven en el centro, hay más oportunidades de que la gente pida justicia por ti o por tu asesinato, siendo mujer, y entonces cuando sucede esto en las comunidades, pues esas muertes son olvidadas.

Eso también es algo que nos afecta a nosotras directamente, porque a nosotras, como mujeres, no podemos estar con la seguridad o con la garantía de que vamos a obtener justicia si en algún momento nos llega a suceder algo. Lo único a lo que nos aferramos es a nuestros procesos colectivos. Son esos lugares o esos espacios, a los que pertenecemos, donde sentimos que ahí es donde no nos van a olvidar y no van a permitir que se cometan injusticias con nosotras. Pero pues es muy triste saber que, de parte del gobierno, no tenemos una garantía de que se nos haga justicia. Entonces, como que a veces nos ha tocado a nosotras, como mujeres, vernos en ese lugar, vernos en el lugar de ¿qué pasaría si yo un día desaparezco o si un día muero?, ¿quién va a pedir justicia por mí? Nos toca a nosotros vernos en eso, hacer esos ejercicios de reflexión para poder solidarizarnos también nosotros con las mujeres que son de nuestras comunidades, para seguir pidiendo justicia por ellas.

AM: ¿Cómo ha sido tu experiencia participando de esta asamblea del CNI?

JA: Yo siento que estos espacios justo nos permiten ver lo que está sucediendo en otros lugares, no para decir ‘a mí me está pasando menos que en otro lugar’, sino para reflexionar sobre cómo ellos ya tienen esa experiencia, cómo están pasando por esos momentos. ¿Cómo les están haciendo?, ¿Cómo se están organizando en sus comunidades para enfrentar todo lo que está sucediendo?

Para nosotros siento que es muy importante estar escuchando estas experiencias de los diferentes pueblos, porque también así nutrimos nuestro propio proceso. Nosotros vamos aprendiendo de todos esos procesos organizativos que hay y, sobre todo, pues ir viendo cómo nos vamos organizando, ¿qué podemos hacer para seguir articulándonos? Porque puede que a lo mejor tengamos puntos en común. Nosotros estamos escuchando qué se dice; el narco es un tema en común acá, entonces tenemos que ver ¿de qué manera nosotros podemos hacerle frente a esa situación?

¿Qué mecanismos nos quedan a nosotros?, y creo que eso es algo, más bien un ejercicio, que no es como que se pueda resolver de un día para otro, sino que hay que seguir reflexionando, ver qué es lo que podemos hacer frente a toda esa situación.

Nosotros, de nuestra parte insistimos en la importancia de crear ese espacio dentro del CNI, pues que pueda ser también para los jóvenes y para los niños. Para nosotros es muy importante que se pueda permitir ese espacio acá dentro de estas reuniones, para que ellos también conozcan, escuchen y también para que vayamos viendo cómo nos organizamos porque, al final, las personas que están defendiendo sus pueblos ya también están grandes, entonces tenemos que pensar, ahora sí, quiénes van a heredar toda esa lucha.

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Yo siento que es algo que sí debemos de irnos planteando, el cómo acercar a los niños, cómo acercar a los jóvenes dentro del CNI, porque si seguimos enfocándonos nada más en nosotros, en las personas adultas, en las personas mayores, pues siento que nos vamos a ir quedando cada vez menos, y aquí lo que importa es cómo vamos a crecer.

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