Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.

Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.

Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.

En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.

Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.

Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.

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Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.

Lo que sigue

Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.

El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.

Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.

Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.

Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.

“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.

^{En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F}

Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.

A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.

Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.

De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.

La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.

Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.

No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.

Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.

Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.

Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.

Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.

María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.

La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.

De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.

¿Qué pasó con las tierras?

Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.

El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.

A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.

Va porque va

El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.

El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.

Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.

Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.

El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.

Sin acuerdo

Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.

En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.

Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.

El ejido no representa el Pueblo Maya

El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.

“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.

Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.

Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.

Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.