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Tocar el vacío
Informe Frayba 2024 sobre la desaparición de personas en Chiapas.
El informe Tocar el vacío es un esfuerzo para analizar el fenómeno de la desaparición de personas en Chiapas, desde la mirada del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, con la participación de Voces Mesoamericanas Acción Con Pueblos Migrantes y Melel Xojobal (que acompaña procesos participativos con niñas, niños y adolescentes de los pueblos originarios). Desde hace varios años ha habido un aumento significativo de las cifras de personas desaparecidas, con un impacto profundo sobre quienes buscan a sus seres queridos y sobre la sociedad chiapaneca en general.
En contextos de desapariciones sistemáticas y/o generalizadas cometida por particulares, donde impera la impunidad, debe asumirse que existe tolerancia y aquiescencia del Estado, lo que las convierten en desapariciones forzadas, en la medida que son marcadas por la tolerancia y aquiescencia hacia sus perpetradores. Aún cuando en muchos casos las autoridades insistan en clasificarlas como personas no localizadas, el contexto de la mayoría de ellas debería ser un indicio suficiente para catalogarlas como desapariciones.
Las instancias estatales y federales encargadas de la investigación y búsqueda realizan diversos artificios para diluir públicamente la situación. Ello va desde la negativa a recibir las denuncias o a inscribir a las personas desaparecidas en los registros oficiales, hasta la clasificación de los hechos como algo distinto a la desaparición. La Fiscalía Especializada en la materia no tiene personal suficiente para hacer frente al fenómeno, lo que demuestra el desinterés estatal por crear condiciones para la investigación. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado de Chiapas registró 201 carpetas de investigación por desaparición de personas a manos de particulares, pero ninguna por desaparición forzada.
Llevar a cabo esta primera radiografía de la problemática ha representado un gran reto, pues muchas de sus características son nuevas en Chiapas, además de que existe un extendido silenciamiento de los territorios donde sucede. Los patrones de la desaparición en Chiapas reflejan dinámicas nacionales, pero también presentan características propias relacionadas a condiciones históricas, políticas y sociales. Existen dos focos rojos en el estado. el primero, de acuerdo a datos expuestos por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), en Chiapas la desaparición de mujeres es mucho mayor a los índices nacionales. El segundo foco rojo es visibilizado por la organización Melel Xojobal quien da cuenta de que en el 2022 Chiapas ocupó el cuarto lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA). Es decir que, de acuerdo a estadísticas, en Chiapas existe un riesgo mayor de desaparición de mujeres y NNA.
La desaparición se presenta en diferentes contextos que reflejan patrones diferenciados. El interés del informe es identificar y analizar las varias líneas de la desaparición, una de ellas siendo la disputa y control territorial de la delincuencia organizada. Es de especial preocupación la situación en la región sierra y frontera, dónde la explosión de violencia ligada a la disputa entre la delincuencia organizada ha llevado a un alza de las desapariciones sin que sea posible medir el problema con precisión tanto por la violencia que impera, como por la desconfianza en las autoridades. Otros patrones documentados en el informe incluyen: la desaparición de personas en movilidad internacional; los que se presentan alrededor de las realidades de niñas, niños y adolescentes; así como los que emergen en el contexto de la violencia político-electoral; en el marco de detenciones arbitrarias cometidas por agentes estatales; los relacionados a la violencia contra las mujeres, con énfasis en la trata de personas y feminicidio; de personas defensoras de derechos humanos; en el marco de las acciones militares y paramilitares de contrainsurgencia durante los años noventa.
“Tocar el vacío” informe sobre la desaparición de personas en Chiapas
En efecto, a la coyuntura actual es importante sumarle un pendiente histórico, el de la guerra de contrainsurgencia tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró por lo menos a 37 personas desaparecidas en este contexto, además de 32 personas desaparecidas en combate que reivindica el EZLN. El actual gobierno morenista sigue el incumplimiento a su deber de búsqueda, verdad, justicia y reparación integral.
Con Tocar el vacío, buscamos visibilizar la desaparición de personas en Chiapas, así como generar reflexiones a partir de las cuales pensar en respuestas colectivas.
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Terrible incendio devora sin piedad la riqueza natural de la región del pueblo Chontal, en Oaxaca, al sur de México. El pasado 11 de abril, el fuego comenzó a incinerar todo a su paso. Hasta el momento ha devastado más de 15 mil hectáreas de bosque, dejando a su paso un rastro de desolación y desesperación por parte de las comunidades ante la incapacidad de respuesta para apagar el fuego. Llaman urgentemente a que intervengan las autoridades estatales y federales.
La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C., han hecho un llamado urgente de auxilio y exigencia de acción inmediata a nivel federal y estatal.
También a los titulares de las comisiones forestales a nivel nacional y estatal, a quienes exigen su intervención sin demora para enviar apoyo aéreo y terrestre a combatir y sofocar el devastador incendio que avanza rápidamente en la sierra sur de esta entidad.
El abogado chontal Abel Sánchez Martínez, con angustia comparte en entrevista que, tras la falta de atención de las autoridades competentes, “el fuego ha avanzado implacablemente desde el pasado 11 de abril”. Destacó que, pese haber reportado el incendio desde sus primeros indicios, “la respuesta inicial fue insuficiente, y el fuego se propagó sin control”.
Al menos ocho comunidades chontales se encuentran en medio del incendio, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec; San Miguel del Puerto y Santa María Ecatepec. Hombres y mujeres comuneras, junto a ciudadanos de estas comunidades han estado luchando incansablemente durante cuatro días contra el avance del fuego. Sin embargo, sus esfuerzos se ven eclipsados por la magnitud del desastre, que amenaza con consumir no solo tierras y bosques, sino también la vida misma de estas comunidades.
El abogado Sánchez, agrega que, “el domingo pasado, miembros de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coespo) llegaron a la zona afectada en un intento por contener la catástrofe. Sin embargo, la magnitud del incendio ya era inmanejable. A pesar de los esfuerzos de aproximadamente 30 o 40 personas, el fuego seguía avanzando, poniendo en riesgo a poblaciones enteras como San José Chiltepec, San Pedro Sosoltepec y Santa María Zapotitlán”.
Los informes revelan la magnitud de la devastación. En San Pedro Sosoltepec, se estima que más de 7 mil hectáreas, casi la totalidad de su territorio, han sido devastadas por las llamas. Mientras tanto, en San Pedro Tepalcatepec, se han perdido más de 2 mil hectáreas; en San Pablo Topiltepec, más de 3 mil hectáreas; y en San José Chiltepec, se reportan aproximadamente tres hectáreas absorbidas por el fuego. Las cifras, aunque alarmantes, apenas comienzan a capturar la magnitud del desastre.
Con más de 3 mil 500 habitantes en alto riesgo, la situación es urgente y desesperada. Sin embargo, las autoridades competentes han permanecido inexplicablemente inactivas, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de auxilio de las autoridades de Bienes Comunales de las comunidades afectadas.
En este panorama, las demandas de estas comunidades son contundentes. Ante el “flagrante” desprecio de las autoridades por su omisión, exigen una respuesta inmediata y coordinada, por vías aéreas y terrestres, para combatir el incendio y brindar asistencia a las poblaciones chontales.
“Demandamos un compromiso firme y sostenido de las autoridades para abordar los daños irreparables causados a estas comunidades, su territorio y su patrimonio natural y cultural”, sostuvieron.
Mientras el reloj sigue avanzando, cada minuto es implacable con el aumento en el riesgo del costo humano y ambiental de esta tragedia. La respuesta de las autoridades no puede esperar. “La situación es crítica. Las comunidades en riesgo, como San Miguel Suchiltepec, Santa María Candelaria y Guadalupe Victoria, están en alerta máxima, coordinando esfuerzos para protegerse del avance de las llamas. En San Pedro Sosoltepec, casi la totalidad del territorio ha sido consumida por el fuego, mientras que, en otras áreas, como San José Chiltepec, la situación es igualmente alarmante. No podemos esperar más”, alerta el abogado.
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Compañer@s tod@s.
Frente a la #represión la #Solidaridad y la #Resistencia de los pueblos.
Informamos que después de 11 Hrs. de bloqueo en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, la retención de 5 vehículos de #Izzi, #Bimbo, #FeDex, #RedCola y #TránsitoSSC y después de 78 hrs. de que nos cortaran la luz, finalmente con resistencia y mucha solidaridad, obligamos al #GobiernoCDMX y Gobierno Federal, así como a la #CFE, que reinstalaran la Luz de manera más mediática y se estableciera una Mesa de Diálogo con la #ComunidadIndígenaOtomíCDMX y las distintas dependencias de gobierno.
Por todo lo anterior, agradecemos la solidaridad y el acompañamiento de colectivos, organizaciones, pueblos y comunidades, así como de individu@s que desde muy temprano se dieron cita en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas; así mismo, a tod@s aquell@s compañer@s que durante el bloqueo se fueron incorporando a a las actividades.
Hemos levantado el bloqueo por lo que agradecemos reiteradamente su preocupación por lo que pasa con la comunidad y reconocemos que sin su acompañamiento no sería posible sostener la resistencia.
No nos Vendemos, No Claudicamos y No Traicionamos
Atentamente
Zapata Vive, la Lucha Sigue!
Tener techo es un Derecho!
Agua, Tierra y Libertad!
Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas!
Comunidad Indígena Otomí residente en CDMX, integrante del CNI-CIG y de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.
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#AvisoIMPORTANTE!!!
Llamamos a la Solidaridad y a sumarse a la resistencia.
Se convoca a los colectivos, organizaciones e individu@s que han caminado y acompañado la lucha y resistencia de la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, para que este lunes 15 de abril, en punto de las 06:00 Hrs. de la mañana nos demos cita en la puertas de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde informaremos de las acciones que hemos decidido tomar al mismo tiempo que los invitamos a que nos acompañen para caminar junt@s en esta lucha de resistencia contra el olvido, el desprecio y la discriminación de los malos gobiernos.
Están son las razones que nos llevan a tomar estas decisiones:
1. Como una medida de presión el Gobierno local y federal, el pasado 12 de abril a las 11:00 Hrs. cortaron el suministro de luz en la Casa de los Pueblos. Los más afectados son los adult@s mayores, niñ@s y recién nacidos al quedar suspendido el suministro de agua potable, el bombeo para el servicio hidráulico para los baños, no hay servicio de bombeo para el cargamo de aguas negras. Y de paso el daño que se está provocando a las más de 30 mil piezas que son parte del Acervo de Arte Indígena que data del Siglo XVIII y se encuentra dentro de la Casa de los Pueblos.
2. DEMANDAMOS REINSTALACIÓN INMEDIATA DE LAS MESAS DE DIÁLOGO. A pesar de haber establecido una Mesa de Diálogo con el Gobierno de la CDMX, el INVI y otras dependencia, el pasado mes de noviembre, con el objetivo de resolver las demandas de la Comunidad. Lamentablemente, estas reuniones de trabajo se han suspendido sin explicación alguna.
EXIGIMOS:
* LA INMEDIATA REINSTALACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASA DE LOS PUEBLOS
* LA INMEDIATA REINSTALACIÓN DE LAS MESAS DE DIÁLOGO CON EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX, EL INVI Y EL TITULAR DE LA SEDUVI.
De Ustedes dependan los tiempos para resolver nuestras demandas, nosotr@s ya presentamos propuestas que pueden abonar en la solución del Conflicto.
Atentamente.
Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Tener techo es un Derecho!
¡Vivienda pagada, no regalada!
¡Agua, Tierra y Libertad!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatista!
Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN
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El día de hoy, 8 de abril, en punto de las 8:00 PM, un camión proveniente del municipio de Coronango, escoltado por la patrulla No. P-018, con placas PB-620-A3, entró por la fuerza a descargar basura en el basurero de San Pedro Cholula, el cual fue cerrado por los pueblos Cholultecas y fraccionamientos aledaños el día 21 de marzo del presente año.
En un claro intento de provocación, el gobierno de Coronango a cargo de Gerardo Sánchez Aguilar, viola totalmente su jurisprudencia al introducir una patrulla y un camión de basura en San Pedro Cholula, además atenta contra el libre ejercicio de la protesta que los pueblos Cholultecas llevan a cabo desde hace 19 días, con el objetivo del cierre definitivo de dicho basurero.
Responsabilizamos directamente a Gerardo Sánchez Aguilar, presidente de Coronango, a la empresa ProFaj Hidrolimpieza S.A. de C.V y al Gobierno del Estado de Puebla a cargo de Sergio Salomón Céspedes, y al secretario de gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, por cualquier intento de provocación y/o agresión en contra de los pueblos que defendemos el agua y el territorio y que no descansaremos hasta lograr cerrar definitivamente el basurero tóxico.
Hacemos un llamado a los pueblos de la región y organizaciones solidarias a permanecer alertas y sumarse al resguardo del plantón ya que pueden presentarse más provocaciones como la del día de hoy.
ALTO A LAS PROVOCACIONES
EXIGIMOS EL CIERRE DEFINITIVO E INMEDIATO DEL BASURERO DE MUERTE EN SAN PEDRO CHOLULA
ATENTAMENTE
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
UNIÓN DE PUEBLOS Y FRACCIONAMIENTOS CONTRA EL BASURERO Y POR LA DEFENSA DEL AGUA
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En portada: Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F
El Tren Maya es la pieza más relevante del proyecto de reordenamiento territorial llevado a cabo en la Península de Yucatán, sureste de México, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y será el motor del aumento del consumo eléctrico en la región, señala el Colectivo Geocomunes en la investigaciónReestructuración Energética en México: subordinación territorial en el Noroeste y sureste de México.
Según las estimaciones del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2022-2037), la región es la que tendrá el mayor incremento en su consumo eléctrico en los próximos 15 años (60% acumulado), pasando de 15,397 GWh a 24,368 (GWh).
El tren será electrificado en el tramo de 690 km entre Mérida y Chetumal que representa el 44% de la ruta completa; lo demás será un tren híbrido alimentado por diésel y electricidad. Para energizar este ferrocarril se han anunciado 53 obras de infraestructura eléctrica que corresponden a 43 nuevas subestaciones eléctricas y 10 nuevas líneas de trasmisión de media tensión, con un total de 556 km.
El Proyecto Tren Maya
Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Renata Bessi.
El proyecto del Tren Maya consiste en la modernización y ampliación de alrededor de 550 km de las vías férreas existentes (desde Palenque a Valladolid), la construcción de alrededor de mil kilómetros de una nueva vía (Valladolid-Cancún-Riviera Maya-Chetumal-Escárcega), y en el desarrollo de 21 estaciones ferroviarias y 13 paraderos.
Con el proyecto se prevé la expansión de complejos industrial-extractivos de gran consumo energético y de agua. Como ejemplo, el estudio menciona la empresa cervecera Heineken, la cual en septiembre del 2023 anunció la construcción de lo que será su octava fábrica cervecera en México, a ubicarse en el municipio de Kanasín, Yucatán, y que moverá sus insumos y productos por medio del Tren Maya y del puerto Progreso.
Además, el proyecto fomentará la expansión turística e inmobiliaria en la región. De un lado, señala el estudio, ofrecerá nueva infraestructura de transporte – tren y nuevos aeropuertos en Tulum y Mérida – que movilizará mayores cantidades de turistas a polos actualmente saturados como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mérida. Por otro lado, permitirá la expansión del turismo de masa y de los proyectos inmobiliarios asociados hacia nuevos territorios, tal como está ocurriendo con Bacalar y Valladolid donde se está desarrollando el nuevo proyecto del grupo Xcaret, y hacia la zona de Calakmul.
Hoy, la mayor parte del consumo de energía en la península ya es destinada a ciudades turísticas. Tan sólo los seis municipios que concentran el turismo en Quintana Roo – Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum, Islas Mujeres y Cozumel – demandaron en 2022 el 45% del total de electricidad consumida en los 128 municipios que conforman la península.
GeoComunes alerta en su investigación que los altos consumos de electricidad dentro de los polos turísticos y las grandes urbes provocan una desigualdad en el acceso a la electricidad.
Embarcaciones en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar. Foto: Aldo Santiago
Según los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2020 había todavía 14,270 viviendas sin acceso a la electricidad en la península, principalmente concentradas en los estados de Quintana Roo (42%) y Yucatán (34%). “Si bien estas poco más de 14 mil viviendas representan apenas el 1% de las existentes en la Península, su ubicación muestra que esta falta de acceso surge dentro de los municipios de mayor consumo”.
Energía en expansión
La mayor parte de la capacidad eléctrica actual de la península está sostenida por centrales que funcionan con combustibles fósiles, de acuerdo al estudio de GeoComunes. Estas centrales representan el 80% de la capacidad instalada, mientras que el resto de la capacidad corresponde a cuatro centrales fotovoltaicas y tres eólicas, ubicadas principalmente en el estado de Yucatán.
En la Península de Yucatán existen 42 centrales eléctricas en operación que suman una capacidad de generación de 2,933 MW, repartida principalmente entre los estados de Yucatán (1,842 MW) y Campeche (732 MW), mientras que Quintana Roo concentra apenas el 12% de toda la capacidad instalada en la península (359 MW).
Para la expansión de esta producción, en Yucatán existen cuatro centrales en construcción. Con estas nuevas centrales se estará incrementando la capacidad instalada de la región hasta los 5,511 MW.
GeoComunes mapeó otras 22 centrales en proyecto que ya cuentan con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que, de construirse, agregarían un total de 1,923 MW97 de capacidad. Existen otros 12 proyectos de centrales, pero que aún no obtienen los permisos de la CRE, aunque ya cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada o en evaluación. De construirse estas 12 centrales agregarían otros 1,465 MW de capacidad.
En su conjunto, la mayoría de estas 34 centrales proyectadas pretenden construirse en el estado de Yucatán (19 centrales), la entidad que concentra el 46% de la capacidad en proyecto, mientras que el 41% restante está en Campeche y apenas el 13% en Quintana Roo. En términos de la tecnología, las 34 centrales proyectadas se reparten entre dos tecnologías: eólicos (1,627 MW) y fotovoltaicas (1,761 MW).
Además, está la construcción de nuevos gasoductos para abastecer las nuevas centrales eléctricas, las zonas hoteleras y posiblemente las exportaciones marítimas de hidrocarburos.
Mapa de la infraestructura energética en la Península de Yucatán. Fuente: GeoComunes.
“No cabe duda de que es un reordenamiento territorial que facilitará una nueva expansión de los capitales turísticos, inmobiliarios y agroindustriales, que desde décadas han generado graves procesos de despojo, especulación y privatización de tierras ejidales y comunales, mercantilización y consumo de bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad, cultura maya, etc.) y aumento de la militarización y la violencia”, señala el colectivo en su estudio.
La investigación Reestructuración Energética en México: subordinación territorial en el Noroeste y Sureste de México, realizada por el Colectivo GeoComunes, también mapeó la reestructuración energética en el Noroeste de México y en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Veracruz y Oaxaca.
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Por Matilda Ro y Katia Rejón / Fotos Kelly Ramírez
En portada: Pobladores trabajando en el monte junto a anuncios de residenciales en Temozón Norte.
¿Para quién es el lujo de vivir aquí?
Este reportaje analiza los cambios en las formas de vida comunitaria maya, el encarecimiento de los servicios y las tensiones culturales entre los habitantes originarios y los nuevos avecindados de algunas comisarías y municipios conurbados de la zona norte de Mérida, a partir del crecimiento urbano de la ciudad.
“No queremos ser una colonia de Mérida, queremos seguir siendo un pueblo maya”, dijo en entrevista Silvia Beatriz Chalé Euán, defensora de la tierra y habitante de Chablekal, una comisaría perteneciente al municipio de Mérida, capital de Yucatán, en el sureste mexicano. Como otras comisarías y municipios en la periferia de Mérida, el pueblo de Chablekal ha denunciado el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado como consecuencia de la expansión urbana en la ciudad.
Ahora las comisarías mayas de la zona conurbada de Mérida denuncian también la pérdida de su forma de vida, la tranquilidad del pueblo y su organización autónoma. En los últimos diez años, el Ayuntamiento de Mérida ha asumido el control de sus cementerios, registros civiles, bibliotecas, y desaparecido figuras de autoridad tradicionales como el comisariado municipal.
Las Comisarías y Subcomisarías son poblaciones rurales que conservan prácticas culturales mayas como las ceremonias agrícolas y las fiestas patronales. Las subcomisarías tienen hasta 500 habitantes; y las comisarías, más de 500.
Mérida tiene 48 centros poblacionales: 1 cabecera municipal, 27 comisarías y 20 subcomisarías, estas dos últimas están habitadas en un 63% por el trazo original y 37% de las viviendas son expansiones de desarrollos inmobiliarios, de las cuales 11% están deshabitadas, de acuerdo con el informe Panorama de la Vivienda en Mérida del Instituto Municipal de Planeación de Mérida. Aunque la expansión de la mancha urbana por la industria inmobiliaria ha impactado en todos los márgenes de la ciudad, el crecimiento es más evidente en la zona norte de Mérida, donde la plusvalía de la tierra es más alta debido, entre otras cosas, por su cercanía a la playa.
Expansión urbana de Mérida de 2010 a 2018 por el boom inmobiliario y turístico. Fuente: Geocomunes.org
Silvia Chalé, pobladora de la comisaría al norte de Mérida, Chablekal, ve ciertos paralelismos entre lo que ocurre en su pueblo y otros despojos históricos: “Las inmobiliarias compran la tierra a una migaja para venderla por mucho más. Eso no es una compra-venta, es un despojo. El pueblo se queda sin sus espacios y queda acorralado por esos fraccionamientos que terminan encareciendo la zona. Lo vimos en Chuburná (un pueblo maya que en 1970 perdió su categoría y se convirtió en una colonia de Mérida): la población termina vendiendo sus casas para irse a otra zona que sea menos cara y menos difícil de sobrevivir”, agregó Chalé.
¿Cómo son las formas de vida maya?
El pueblo maya de la Península de Yucatán tiene formas particulares de habitar el territorio. Aurelio Sánchez Suárez, arquitecto y profesor investigador maya del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, explicó en entrevista que las formas de vida mayas peninsulares están integradas a la naturaleza en sus tres niveles: el cielo (con la arqueoastronomía), la tierra (los espacios abiertos) y el inframundo (cuevas, pozos y cenotes). Estos conocimientos y vínculos con el ecosistema se ven comprometidos, entre otras cosas, por la pérdida de cobertura vegetal forestal.
Comisaría de Chablekal. Foto: Kelly Gómez
El habitar maya se caracteriza por tener amplias extensiones de vegetación. De los montes se extraen insumos para la casa, y en el traspatio se cuidan solares que son huertos para el autoconsumo. Las xa’anil naj (casas de guano) prevalecen en el paisaje de las comisarías, y han sido estudiadas como parte del patrimonio material e inmaterial de la cultura maya. “La casa más antigua que han encontrado estaba enterrada en Belice y data de 900 años antes de Cristo”, comenta Aurelio Sánchez. No es común que las xa’anil naj duren muchos años pues son percibidas como sujetos con un ciclo de vida que sirve para mantener los espacios de aprendizaje. Sánchez Suárez explicó que las casas mayas tienen que rehacerse a cada tanto porque de esta manera las nuevas generaciones aprenden a crearlas, algo que sucede cada vez menos pues en los parámetros estatales las casas perecederas son catalogadas como marginadas.
“El monte no son solo árboles y vegetación, son los animales, el espacio donde sacas la madera, el forraje para los animales. Es parte de tu vida como pueblo y el pulmón de las comunidades ante el embate climático que estamos pasando. Cuando acabas con los montes, acabas con la historia y la vida de un pueblo. Chablekal tiene edificios que datan del año 1,600 d. de C. como para que arrasen con todo, así como así”, opinó Silvia Chalé.
Pobladores trabajando el monte. Foto: Kelly Gómez
Carlos Yam Chin es profesor de botánica y manejo de vida silvestre del Tecnológico de Conkal, Yucatán, localidad de donde es originario. Conkal no es una comisaría, sino un municipio colindante a Mérida que también era considerado un pueblo maya. En el Plan de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento de Mérida reconoce que en Conkal hay un “fenómeno de crecimiento inmobiliario relacionado con su cercanía a la zona nororiente de Mérida, donde se llevan a cabo varios proyectos de vivienda residencial que, sujeto a las condiciones de localización del mercado del suelo, atrajo a un sector de la población de niveles socioeconómicos altos y medio alto”.
Para Yam esto ha significado la pérdida de elementos culturales de la población como los solares, huertas agroforestales para autoconsumo, pero en general, una pérdida de la conexión con la naturaleza. “Si tú hablas con los jóvenes de ahora no tienen idea de lo que es el campo. Ya no hay gente que haga milpa porque ya no tienen territorio y los que tienen, se los están quitando para vender. Por donde vivo antes era una zona de producción hortícola, antes se sacaban toneladas de hortalizas y eso ya no existe”, explicó.
Como gran parte de la zona norte de Yucatán, Conkal está en la selva baja caducifolia, una región que fue impactada por la industria del henequén en el siglo XIX y que estaba recuperándose hasta que llegaron las inmobiliarias, de acuerdo con el especialista. En la selva baja caducifolia habitan especies endémicas amenazadas, en peligro de extinción o protección especial. Por ejemplo, el jaguarundi, un pequeño gato salvaje, pariente del puma, que llega a pesar entre 3,5 y 9 kilogramos.
En septiembre de 2023, circularon en las redes sociales varios videos sobre el avistamiento de un jaguarundi en una zona residencial del norte de Mérida, en Cholul. Y en enero de este año, un ejemplar de ocelote fue encontrado sin vida en la carretera Mérida-Progreso, luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar.
“Estamos perdiendo la selva y con eso, la flora endémica de la región junto con sus poblaciones. Si ves las noticias cada vezaparecen más venados u ocelotes en la ciudad porque sus espacios se ven reducidos y son especies que demandan territorio. Los animales están siendo desplazados de la selva que se está perdiendo”, dijo Yam.
De acuerdo con Global Forest Watch, en los últimos 20 años, Mérida ha perdido más de 233 hectáreas de cobertura arbórea y el 100% del bosque primario húmedo. Por otro lado, en el mismo Plan de Desarrollo Urbano se reconoce que la cobertura artificial del suelo ha aumentado en un 50% en los últimos 20 años.
Pérdida de la cobertura arbórea en Mérida de 2001 a 2022. Fuente: Global Forest Watch
El inicio del colonialismo urbano en Mérida
El reordenamiento territorial y el cambio en la forma de habitar en Mérida no es nuevo. Inició en el siglo XVI con la llegada de los españoles y la centralización del poder en las ciudades capitales. El profesor Aurelio Sánchez lo explica así:
“El espacio se interpretó con la visión eurocéntrica y es cuando la plaza grande de Jo’ (Mérida) se convierte en la plaza principal. Consideraban a las ciudades mayas como “ciudades jardines” porque no estaban conglomeradas en un centro sino distribuidas. Ese reordenamiento territorial comenzó en el siglo XVI para el control, cuando se crean “polos de desarrollo” que son más bien “polos de control” del colonialismo y el extractivismo en la región”.
Departamentos de lujo MALTA en Temozón Norte Foto: Kelly GómezComunidad maya en Yucatán. Foto: Kelly Gómez
Cinco siglos después la visión del crecimiento de la ciudad y la resistencia a ese crecimiento siguen partiendo de las mismas lógicas: Hay una necesidad de expandir lo urbano y una necesidad de los pueblos mayas de defender su relación con los espacios abiertos, pues de eso depende el sistema de cultivo.
“El sistema de cultivo más eficaz en este territorio es la milpa y como casi no hay tierra ni nutrientes, el sistema requiere la migración y el esparcimiento de estos espacios. Siembras en un lugar y luego te mueves a otro. El concepto de habitar un espacio prestado se contrapone al esquema capitalista de la propiedad y la centralización”, dijo el especialista.
La dispersión urbana es una característica que se presenta como “negativa” en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida. Entre los objetivos de la administración 2018-2024 se encuentran: Reducir el porcentaje de viviendas en condiciones de precariedad, ampliar la cobertura de espacios públicos y áreas verdes, y disminuir la dispersión del área urbana y actividades productivas en la región metropolitana.
Para Mariana Ordóñez Grajales, fundadora de Comunal, grupo de trabajo que colabora en procesos para la Producción y Gestión Social del Hábitat (PyGSH), el racismo en las políticas públicas de vivienda en México no permite el desarrollo de las comunidades con perspectiva cultural. Refiere al Programa Nacional de Vivienda en el que se reconoce el derecho a una “vivienda adecuada”. Sin embargo, las reglas de operación exigen que la vivienda esté construida de cuatro a seis meses.
“Eso responde a una lógica donde los pueblos mayas no entran pues construir una casa tradicional puede tomar más tiempo. Hay que cortar las maderas en una fase lunar específica, darles un secado, cortar la palma, organizarse colectivamente. Eso no cabe en las lógicas de vivienda del Estado y eso provoca, obviamente, que el único modelo de vivienda para acceder a ese subsidio, que es un derecho, es con materiales industrializados o prototipos hechos por constructoras. Y se atreven a decir que eso es mejor que lo otro, que es más digno que el otro”.
Narrativas publicitarias para vender Mérida
Al transitar por las avenidas de la ciudad es común toparse con espectaculares que promocionan desarrollos habitacionales y terrenos lotificados “a solo 15 minutos de la ciudad”. En su libro, País sin techo (2023) la abogada Carla Escoffié, tomó una muestra de 153 proyectos de lotes de inversión en Yucatán, entre los cuales se encuentra los proyectos más ambiciosos. El desarrollo de terrenos residenciales Rosavento es promovida como “Ciudad Maya”, cuenta con más de 7,000 lotes vendibles y Ciudad Central, que actualmente se encuentra en su octava etapa, con más de 20,000 lotes y es vendido por la empresa de inversión inmobiliaria más grande en Mérida, Grupo Orve.
En el mismo libro, Escoffié menciona: “Muchos desarrollos no se promocionan directamente, sino que median sus ventas a través de empresas o particulares que se anuncian como vendedores de lotes, sin indicar en la información disponible cuáles son los que ayudan a vender”. Hay muchos desarrollos de los cuales no se tiene conocimiento sino a través de brokers inmobiliarios.
Esta medida de distancia se debe a que el crecimiento urbano se ha dado mayormente fuera del Anillo Periférico que delimita Mérida, hacia el Norte, Norponiente y Nororiente. La promoción de los desarrollos en Mérida está en toda la ciudad: Desde el aeropuerto hasta las comisarías mayas de Sitpach y Caucel, pasando por todo el anillo periférico. Mérida está tapizada de anuncios para invertir o comprar una residencia.
Publicidad inmobiliaria en Temozón Norte. Foto: Kelly GómezPublicidad inmobiliaria en el periférico de Mérida. Foto: Kelly Gómez Publicidad inmobiliaria en la avenida Gonzalo Guerrero de la zona norte de Mérida. Foto: Kelly Gómez
Yoshira Álvarez, abogada y asesora inmobiliaria con siete años de experiencia, menciona que en el sector se le conoce como “Triángulo Dorado” a las poblaciones mayas de Temozón Norte, Santa Gertrudis Copó, Cholul, Conkal, Chablekal y Tixcuytún. Este triángulo resulta ser la zona con mayor demanda para los nuevos inversionistas por encontrarse ubicada entre lujosos desarrollos habitacionales como La Ceiba, centros comerciales como The Harbor Lifestyle Mall y La Isla, instituciones educativas privadas como la Universidad Mayab y la Universidad Marista, y hospitales de alto nivel como el Hospital Faro del Mayab de Grupo Christus Muguerza.
A la pregunta de quién ha elegido desarrollar hacia esos lugares, Álvarez aseguró que todo vino a raíz de una decisión de los primeros grupos que se mudaron: “Se fueron asentando las clases altas en estas zonas. Eso fue lo que en un principio atrajo a muchísimas personas a adquirir propiedades en esos lugares. Fue más como un «yo quiero estar ahí, quiero pertenecer»”.
Álvarez menciona que la ciudad de Mérida se ha convertido en un “producto de moda” a nivel internacional. Y eso asegura la atracción de nuevos inversionistas que, a su vez, generan plusvalía. En estos últimos años, el gobierno se ha encargado de promocionar Yucatán como el “mejor estado para invertir”.
La narrativa publicitaria está respaldada por los discursos oficiales del gobierno respecto a la seguridad de Mérida. La percepción de los residentes colocó a Mérida en el cuarto lugar de las ciudades más seguras de México, de acuerdo a resultados presentados en la Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a finales de 2023.
Para Mariana Ordóñez Grajales no hay seguridad sin convivencia. Con la construcción de estas “privadas residenciales”, las personas están cada vez más aisladas y los vínculos comunitarios se están rompiendo. Con datos del Panorama de la Vivienda en Mérida, una publicación del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, en los últimos 5 años se han autorizado 75 nuevos desarrollos inmobiliarios que representan 22,818 viviendas nuevas, de las cuales 81% corresponden al modelo de urbanización cerrada, o de acceso limitado. Estos recintos cerrados, rodeados con bardas altas y casetas de seguridad equipadas con cámaras de vigilancia en el exterior, son vendidos como entornos seguros para residir.
Comunidad de Chablekal en sus reuniones diarias en la biblioteca. Fotos: Kelly Gómez
“Pero no hay mayor seguridad que saber quién es tu vecina, tu vecino, dialogar, poder convivir. La convivencia es lo que garantiza la seguridad”, expresó Mariana Ordóñez. “Estamos consumiendo una idea de seguridad que es más bien afín al modo de producción capitalista en serie, el cual promueve la individualización y la ruptura del tejido comunitario. Las personas que llegan a estos desarrollos sienten que están habitando un lugar cuando en realidad estamos frente a un proceso tremendo de desarraigo, territorial y cultural”.
Los desarrolladores promueven los Desarrollos Privados como una “tendencia” y “una nueva forma de habitar en Yucatán”. Estos desarrollos son espacios que cuentan con seguridad 24/7, amenidades recreativas para adultos e infancias, los servicios son administrados por empresas privadas. Y si cuentan con un Régimen Condominio, habrá un reglamento que limite o restrinja por completo la modificación de las fachadas y el tipo de uso que se le dará a su propia vivienda.
Gerardo Sánchez Trejo, doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán, realiza su tesis de doctorado sobre la publicidad de la industria inmobiliaria en comisarías de Mérida. Comparte que hay un término en inglés para este tipo de proyectos. Se llama Gated Community. Traducido significa “urbanización cerrada”. “El espacio público existe, entre comillas, porque no puedes acceder a él a menos que residas allí, tengas alguna amistad o familiar que te dé el acceso. Entonces parece que es espacio público, pero no es así”.
Departamentos de lujo en Desarrollo Cabo Norte. Foto: Kelly GómezPuente de acceso limitado al área residencial. Foto: Kelly Gómez
Para Gloria García Cereno, licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con cuatro años de experiencia en Marketing Inmobiliario, esta narrativa se complementa con la calidad de vida. Menciona que lo que más se destaca en la publicidad es estar en conexión con la naturaleza, salir de la ciudad y tener tu propio espacio: “Un pedazo de tierra para alejarse del estrés urbano, es lo más atractivo de las propiedades ubicadas en las afueras de la ciudad”.
El marketing inmobiliario se trata de un conjunto de estrategias y técnicas publicitarias que se implementan para dar promoción a viviendas en venta. En palabras de García Cereno, “su enfoque es escapar de las «ciudades grises» y llegar a un paraíso que se percibe como «tu propio oasis». No se trata necesariamente de estar en conexión con la cultura maya de manera directa, sino de transmitir mensajes visuales, estéticos o a través del nombre de los desarrollos inmobiliarios”.
Fuente: Página 3, Master Plan del Desarrollo Cabo Norte.
A partir de la pandemia por Covid-19, la posibilidad de moverse de sitio y trabajar en remoto ha hecho más fácil atraer y segmentar a los nuevos clientes. García Cereno comparte que durante la segmentación de población para dirigir la publicidad buscan personas entre 30 y 55 años. Especifica que más arriba de 55, los adultos mayores, ya no buscan comprar un patrimonio porque están enfocados en vivir con lo que ya tienen.
“En diferentes plataformas tienen ciertas reglas para que no haya ningún tipo de discriminación, entonces no podemos poner simplemente las características físicas y sociales de la persona” comparte García. “Pero podemos poner en qué ciudades viven, qué deporte le gusta, el modelo de su celular o si viajas fuera del país. Si viaja fuera dos o más veces por año, sabemos que esta es una persona con un nivel adquisitivo alto. Todos esos criterios que pueden ir formando al buyer persona, que buscamos”.
El cliente prototípico, en palabras de García, es una persona que gana alrededor de 200 mil pesos al mes porque son quienes, a su vez, podrían asumir el gasto de comprar una vivienda con los precios actuales en el mercado de Mérida. Por lo que las campañas se dirigen a los estados que tienen sueldos más altos. “Estamos hablando de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara”, aseveró. “Vienen personas de otros lugares para vivir este sueño o para vivir esta vida que se les está presentando en la publicidad”.
Vivir en el paraíso: Expectativa vs. Realidad
Las especialistas en inmobiliarias aseguran que el 65% de los compradores de residenciales no tienen planeado vivir ahí, compran por especulación e inversión. En el artículo ‘Política habitacional y desocupación de vivienda en Mérida’, la doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Susana Pérez Medina, expuso que, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, hay 61 mil 238 viviendas particulares en la Zona Metropolitana de Mérida. De las cuales 13.8% están desocupadas: 8% de ellas se encuentran en el centro de la ciudad y 92% en la periferia, justo donde se concentran la mayor parte de los nuevos fraccionamientos que se publicitan para inversión en el estado.
Desarrollo inmobiliario en Temozón Norte. Foto: Kelly Gómez
Por otro lado, quienes sí terminan habitando en esas residencias también se topan con modos de vida distintos y esto ha generado roces en la convivencia. La investigación de Gerardo Sánchez versa sobre cómo estas narrativas publicitarias impactan en los modos de habitar, tanto de las personas originarias en las comisarías como de quienes están llegando: “Una cosa es lo que se les vende, esa narrativa publicitaria, y lo que pasa realmente una vez que llegan a habitar estos desarrollos”, dijo.
Sánchez también trabajó en la industria mobiliaria, específicamente en el área de comunicación y publicidad. Por eso, aseguró, está familiarizado con las narrativas publicitarias que venden un estilo de vida idílico. Esta entrevista se realizó en el Centro Comercial La Isla, una de las amenidades del mega proyecto inmobiliario Cabo Norte. “Aquí hay un lago artificial que construyeron en medio de Mérida cuando más bien aquí el agua es subterránea. Esta narrativa de que todo te queda cerca ya no es real, los tiempos de traslado han incrementado mucho. Quienes diseñan desde el escritorio no viven los padecimientos de las personas que viven en estos lugares, la falta de infraestructura, de transporte público, las necesidades de las personas que cuidan y trabajan. Pero no hay que ser un funcionario ni tener un doctorado para darse cuenta de las deficiencias en la planificación que hay después del periférico de Mérida”.
“Nos cuesta más trabajo movernos a Conkal. Si tú vas para el Seguro Social, tienes que agarrar un mototaxi, porque no tenemos transporte público de ese lado, y nos cuesta alrededor de 70 a 150 pesos la ida”, comparte Silvia Beatriz Chalé Euán.
Panorámica en Temozón Norte. Foto: Kelly Gómez
Testimonios de nuevos habitantes, población originaria y especialistas coinciden en que una vez instalados en las comisarías se desencadenan una serie de violencias simbólicas y realidades de mala planeación: Las costumbres de la comunidad se ven comprometidas, el transporte público no da abasto, la crisis vial incrementa, el precio de la vivienda y los servicios encarecen para las comunidades al pasar de pagar 20 pesos a 10 mil pesos de predial, y la convivencia entre los habitantes originales y nuevos vecinos se tensa.
En todas las comisarías reporteadas, Chablekal, Temozón Norte y Santa Gertrudis Copó, ha habido conflictos por las fiestas tradicionales. Los nuevos habitantes reclaman al pueblo por el ruido, los fuegos artificiales y las fiestas.
“Nos decían que hay mucho ruido, que no deberíamos reventar voladores [fuegos artificiales] porque estamos asustando a sus animales, pero todo el pueblo tiene animales. El chiste es no pretender que un pueblo deje de hacer su vida”, opinó Silvia Chalé de Chablekal. Cristian Bagundo, comisaria de Temozón Norte, confirmó que los nuevos residentes han llegado a exigirle que se cancelen las fiestas.
En esta comisaría del norte de Mérida, desde hace dos años, se registran agresiones a los habitantes originarios. Bagundo aseguró que jóvenes de las residenciales pasan en auto y avientan huevos a las casas del pueblo. “Nunca hemos logrado agarrarlos porque pasan cuando estamos desprevenidos. Pasaron el 31 de diciembre, estábamos parados en la puerta de una casa y nos empezaron a tirar huevos. La otra vez le tiraron piedras a una casa y vienen en carrazos, de carrazos se bajan los chavos”, dijo.
Leydi Cocom Valencia, comisaria de Santa Gertrudis Copó, agregó que hay algunos vecinos que también se han quejado de los animales de traspatio de los pobladores: “Les dicen que los quiten porque huelen mal. Para mí ahí está la discriminación y la violencia. Suena realmente fuerte para nosotros que digas que tengo que quitar mis gallinas, mi cerdito. Yo prefiero comer de verdad, puerco recién matado en domingo a comprar en el Súper, carne congelada de quién sabe cuántos años”.
De acuerdo con las entrevistas, es común que los nuevos habitantes pasen más tiempo dentro de la ciudad de Mérida que en la comisaría a la que pertenecen. Yoshira Álvarez, abogada y asesora inmobiliaria, confirmó que no hay una cercanía entre quienes viven en las privadas y la población originaria, debido a que cuentan con “amenidades” dentro de las áreas privadas: caminata, alberca, gimnasio, parques. Los asesores inmobiliarios tampoco tienen contacto con los pobladores.
Privada residencial Las Fincas en Temozón Norte. Foto: Kelly Gómez
“Son entornos cerrados con seguridad privada donde únicamente quienes han comprado tienen acceso. Los residentes de los nuevos proyectos inmobiliarios prácticamente son indiferentes ante los pobladores. En el mejor de los casos los consideran como proveedores de servicios y los contratan para construcción, carpintería, plomería, servicio de limpieza”, aseguró.
Las personas entrevistadas coincidieron en que la relación que existe entre los vecinos originales y los nuevos es sobre todo de patronazgo. La comisaria de Santa Gertrudis Copó, Leydi Cocom, dijo: “Nos miran a las mujeres como personas para limpiar casas. Nos van quitando la esencia del pueblo porque solamente nos ven como empleados cuando podríamos ser empleadores.
Pérdida de la autonomía
En noviembre de 2023, autoridades y vecinos de los municipios de Santa Gertrudis Copó y Temozón Norte, alzaron la voz para solicitar el paro de permisos para construcción del desarrollo Aantink; un proyecto monumental que incluye varias torres con residencias “premium”, un centro comercial y un hotel, que actualmente está devastando la zona. Desarrollado y promovido por la empresa New Mérida Real Estate Master Broker, cuyo director y extitular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Enrique Trava Griffin, está siendo investigado, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde noviembre de 2023, por operar con recursos de “procedencia poco clara” Los habitantes denunciaron que no hubo consulta a la población originaria, previa a la constitución del desarrollo, como lo establece el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI):
“El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos.”
Publicidad del Desarrollo Aantik en el Périco de Mérida. Foto: Kelly Gómez
Santa Gertrudis Copó es la primera comisaría en obtener un dictamen antropológico social del Instituto Nacional de Antropología e Historia que les reconoce como un pueblo maya y, por lo tanto, la obligación del Estado y las empresas a realizar una consulta a los habitantes. En el 2018, comenzaron a construir muros en los espacios públicos del pueblo de Santa Gertrudis y el pueblo se organizó para meter solicitudes de intervención y amparos en varios niveles de gobierno: al comisario municipal de ese entonces, al comisario ejidal, y a las autoridades municipales y estatales.
“La comunidad empezó esta defensa al ver cómo estamos siendo invadidos por máquinas y empresarios que sentimos como una invasión. El dictamen del INAH dice que Santa Gertrudis conserva su cosmovisión maya, por lo tanto, tiene que ser consultada ante cualquier proyecto que se pueda hacer en su territorio vivido. Sin embargo, vemos que los gobiernos realmente no nos están preguntando. Pasan por encima de nosotros, por encima de nuestros derechos”, expresó la comisaria Leydi Cocom.
A cinco años del inicio de esta exigencia no han tenido una respuesta que les otorgue certeza jurídica de sus espacios públicos. “Durante cinco años realizamos denuncias y gestiones ante diversos gobiernos y entidades, hasta apenas hace año y medio más o menos tuvimos que meter amparos a las diferentes instituciones, incluyendo la IVEY y Desarrollo Urbano. A pesar de tener certezas jurídicas, no obtuvimos respuestas en el plazo establecido por ley, que cuando se trata de un funcionario público, el plazo no debería ser mayor a tres meses. Es imperativo que cumplan con sus responsabilidades, ya que es su competencia iniciar este proceso”, explica Leydi.
Derivado de esto, la comisaría interpuso amparos ante Juzgados de Yucatán contra el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) por la omisión de su respuesta cuando se solicitó la intervención ante una problemática existente en el campo deportivo ubicado en Santa Gertrudis Copó; contra Desarrollo Urbano del municipio de Mérida por la omisión de dar respuesta a la petición relacionada con el campo deportivo; y un tercer amparo contra Desarrollo Urbano del municipio de Mérida, IVEY, Gobernador del Estado de Yucatán, y Presidente Municipal de Mérida, por la omisión de dar respuesta a la petición relacionada con el casco de la exhacienda.
Para este reportaje, solicitamos entrevistas a las autoridades del IVEY y el Desarrollo Urbano de Mérida pero fueron negadas, la razón que dieron fue que “las entrevistas estaban limitadas debido al proceso electoral”.
La publicidad de las residenciales nombra a Santa Gertrudis Copó como una colonia y no como una comisaría maya, Cocom mencionó que este proceso de despojo se puso en marcha desde hace años, cuando retiraron autoridades tradicionales como el juez de paz.
“Una figura importantísima para nuestras comunidades. Gente honorable, pacífica y de buen juicio que han aportado a la justicia desde los tiempos de nuestros abuelos. Convertirnos en colonia implicaría perder a nuestras autoridades locales, nuestras asambleas, que las decisiones dejen de depender del pueblo”, agregó.
A la comisaría de Chablekal también le han retirado el juez de paz, la administración del cementerio, limitado el servicio del Registro Civil que era la sede de otras comisarías cercanas y el control de algunas actividades en el espacio público.
“Ahora es el municipio quien decide a qué hora se entierra el muerto y los trámites administrativos de defunción se realizan en Mérida. Eso le resta autoridad a los representantes que nosotros elegimos. Poco a poco y sin hacer ruido van quitando algunas cosas y perjudicando muchas cosas en el pueblo como si fuéramos, efectivamente, una colonia”, dijo Silvia Chalé.
Hace unos meses, la comunidad estaba organizando un evento en la plaza para comercializar productos y el municipio les solicitó permisos, algo que antes no sucedía. “Es ese control, el poder de decisiones, de decir: Yo digo qué, cuándo y a qué horas, por parte de este municipio. Siguen pensando que el municipio sabe lo que los pueblos no. Es esa manera tutelar del municipio que no está atendiendo las necesidades básicas ni respetando la vida de los pueblos, solo nos ven como una colonia. Ya estamos a punto de desaparecer” añadió Chalé.
Las omisiones de la autoridad municipal
La abogada Carla Escoffié menciona que gran parte de la “plusvalía” que ofrecen los desarrolladores inmobiliarios se obtiene de la inversión que hace el gobierno en mejoras de infraestructura y servicios en las zonas elegidas. Pero también de un trabajo conjunto con aparatos bancarios y mediáticos que facilitan la construcción. Para empresarios y gobierno la vivienda es vista como un producto financiero que prioriza la plusvalía sobre las condiciones de vida de las personas.
De acuerdo a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, emitida por el Congreso, para establecer un desarrollo inmobiliario, ya sean fraccionamientos o lotes de inversión, el desarrollador inmobiliario presentará a la autoridad municipal, una solicitud de constitución con las propuestas de áreas de cesión para destino, según el tipo de desarrollo inmobiliario que desee establecer. La autoridad municipal contará con un plazo de 20 días para responder afirmativa o negativamente a dicha solicitud. Si la respuesta es positiva, tanto si se solicitan cambios en la propuesta de construcción, el desarrollador deberá formalizar la constitución del proyecto ante notario con previa comprobación de documentos.
Entre la documentación requerida, se encuentra:
Oficio de factibilidad de proyecto de división de predio u oficio de factibilidad de división de predio para constitución del régimen de propiedad en condominio.
Estudio de Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) que se entrega a la Secretaría de Desarrollo, la cual indicará si es necesario hacer un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) u otro diagnóstico. El MIA exige a la empresa medir todos los impactos ambientales y sugerir una serie de metodologías para mitigarlos. Así mismo, las empresas tienen que comprometerse a conservar el 30% de la superficie para la vegetación y áreas verdes.
Autorización de constitución de Desarrollo Inmobiliario en la que se especifique el tipo de desarrollo del que se trate. Que tendrá una vigencia de 3 años a partir de su fecha de expedición.
Asimismo, los proyectos de desarrollo inmobiliario deberán considerar las condiciones de accesibilidad para el libre y fácil tránsito de todas las personas, la infraestructura urbana adecuada para satisfacer las necesidades de servicios públicos urbanos de las personas usuarias, el mantenimiento, preservación y cuidado de las áreas de uso público, bajo criterios de desarrollo sustentable, las condiciones para una vivienda adecuada, en términos de la Ley de Vivienda del Estado de Yucatán, las áreas verdes urbanas o áreas verdes de uso común para la prestación de servicios ambientales.
Además de dirigir el laboratorio de Botánica en el Tecnológico de Conkal, Carlos Yam Chin da consultoría y capacitación en temas de agroecología, rescate y reubicación de fauna silvestre a proyectos empresariales. Tiene experiencia con los estudios que se les solicitan a constructoras e inmobiliarias, y en entrevista afirmó que como consultor ha visto documentos con muchas incongruencias.
“En el estudio te dicen que en la propiedad no hay una planta o una fauna contemplada en la NOM 059 y cuando vas al lugar ves un montón. Obviamente, ahí hay un problema de corrupción que no se les puede atribuir solo a las empresas, pues muchas veces es del gremio de ingenieros que simplemente buscan autorizar permisos”, explicó.
También, han visto publicidad en línea con la leyenda de “Autorización garantizada”, algo que es imposible, pues todos los proyectos tienen que pasar por un proceso técnico ante las autoridades.
Yam Chin también menciona que ahora se ha popularizado el concepto de las “Ciudades Sostenibles”, espacios que logran la plena realización de los derechos de sus habitantes, incluyendo el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, la infraestructura resiliente, la movilidad y el derecho al ambiente sano, para el desarrollo humano armonioso y respetuoso con la naturaleza que habita e integra. En el estado de Yucatán, los mega proyectos se construyen alejados de la zona conurbada, pero se acercan a las comunidades mayas: “Estos sitios no son para comunidades mayas, son para personas que puedan pagar esos lotes o esas casas que se van a hacer. La gentrificación va a suceder, y esa idea de que van a respetar a la naturaleza, pues va a romper las cualidades culturales que todavía se conservan”.
En palabras de la arquitecta Mariana Ordóñez, la sustitución de formas tradicionales de habitar y producir el espacio por viviendas seriadas y homogéneas no solo afecta la construcción física, sino que también implica la pérdida de identidad cultural y la violencia hacia las comunidades. Esto no es solo un cambio en materiales o técnicas constructivas, sino la eliminación de un modo de vida y la cosmovisión de un pueblo. La dimensión biocultural se ve afectada, pues se pierde lo tangible y lo intangible, lo físico y lo cultural, al arrasar con estas formas de habitar y construir.
El cambio del paisaje y vida en los pueblos
Yoshira Álvarez, explicó que la inversión al adquirir la propiedad puede incrementar el precio en un año de un 10% o 12%, en la zona nororiente o norponiente. Ese aumento impacta directamente en el pago anual del predial para los habitantes originarios, la plusvalía de la zona norte se vuelve insostenible para quienes han vivido ahí toda su vida.
“El año pasado el predial subió cinco veces más, aunque depende del terreno. Hay personas a quienes les llegó la cuenta de 8 mil pesos cuando antes pagaban 100 o 200 pesos. No podemos negar que tenemos que pagar impuestos, pero mi gente no va a poder pagar lo mismo que la gente que vive en Cabo Norte. Aquí se gana más o menos el salario mínimo”, dijo Leydi Cocom de Santa Gertrudis Copó.
En enero de 2024, la comisaria de Temozón Norte, Cristian Bagundo, tuvo que gestionar el descuento de varias personas del pueblo, a quienes les llegó el pago anual del predial entre 11 mil y 18 mil pesos. Logró que les descontaran a 3,500 pesos, que sigue siendo alto en comparación a los 100 pesos que les llegaba en años anteriores.
“La gente me pregunta dónde vivo y cuando les digo que en Temozón me dicen: Ah, con los ricos. Y pues no, nosotros no somos ricos, nos ponen en alta plusvalía, pero las personas de aquí ganan como 1,700 pesos a la semana”, expresó.
“Mis empanadas cuestan 12 pesos, y ahí un pan te cuesta hasta 70. Nadie del pueblo compra ahí”: Martha Balam Foto: Kelly Gómez
El paisaje también ha cambiado: han comenzado a construirse establecimientos comerciales que no son accesibles para la población originaria. Construyeron una panadería gourmet en Temozón Norte, donde los panes cuestan 70 pesos, cuando un pan dulce cuesta entre 7 y 15 pesos en otras zonas de Mérida. Bagundo afirmó que ahora están construyendo dos cafeterías y, solo por la fachada, dan por hecho que no van a poder consumir ahí.
“La iglesia era una iglesia tradicional, de pueblo. Ahora es de cristal, tiene aire acondicionado. ¿Quienes vienen? Los ricos. Ellos ocupan toda la iglesia. El domingo a las 12 todos los carros vienen aquí y nosotros ya no cabemos. Antes iba todo el pueblo y ahí nos veíamos, platicábamos. Ahora ya no podemos hablar porque no hay lugar, estamos dispersos. Y si quieres bautizar a tu hijo, cuesta 5 mil pesos. Seas del pueblo o no seas del pueblo. Cada que hay misa hay entrada de dinero, y la verdad, no hay ningún beneficio para nosotros”, dijo Bagundo.
Silvia Chalé de Chablekal opinó que las necesidades del pueblo están por debajo de las inversiones que se realizan en Mérida y en los alrededores: “A nosotros nos decían que estábamos muy cerca de las universidades. La Marista, la Mayab. Universidades a las que no vamos a ir por las condiciones del dinero. Y en Chablekal ni siquiera tenemos una prepa. Estamos alrededor de universidades y hospitales a los cuales no podemos ir. Para movernos al seguro social tenemos que ir hasta Conkal (otro municipio de Yucatán) y nos cuesta casi 150 pesos el mototaxi para trasladarnos”.
Existen decenas de inmobiliarias y fraccionamientos de la zona norte de Mérida que utilizan la identidad maya como parte de su identidad empresarial nombrando a los desarrollos “Inmobiliaria Habitat Maya”, “Grupo Inmobiliario Secreto Maya”, “Visión maya inmobiliaria”, “Maya Dreams”. Carlos Yam habló de una apropiación cultural respecto a los conocimientos y la identidad maya en algunos desarrollos, incluso en aquellos que se nombran como “Ciudades sostenibles” y que se insertan en comunidades mayas.
“Estos sitios no son para las personas mayas ni para la gente de Yucatán. Ahí hay un proceso de gentrificación y de apropiación cultural porque te lo venden desde la cultura maya, construyen las casas con base a las características del terreno y conservan los árboles. Van a tener su gimnasio, sus albercas, sus bibliotecas, su parque. Pero le cambian el contexto, le suman cosas místicas, religiosas, numerología, cosas que ni son mayas”, comentó.
Las xa’anil naj, consideradas por el Estado como casas precarias, también se utilizan en algunos desarrollos. Sobre esto, Mariana Ordoñez de Comunal dijo:
“Hace como una semana me aparecía un anuncio de un desarrollo inmobiliario que tomaba la materialidad de la casa tradicional de los pueblos mayas, pero le llamaban bungalow y no era más que el extractivismo del modo de habitar de estos pueblos. Es tomar la estética de una forma de vida que es negada, porque quienes producen este tipo de arquitecturas despojan del territorio a estos pueblos y se apropian de sus modos de construir para capitalizarlo. Esto es terriblemente racista y colonial”.
Xa’anil naj- Casa de guano. Foto: Kelly Gómez
Las formas de vida que se adaptan al entorno biocultural, como el pueblo maya, añadió Ordoñez, son precisamente las que conservan las guías y premisas para salir de la crisis climática y vivir en armonía con el medio natural.
Sobre esto, Silvia Chalé coincidió en que le parece racista que las comunidades están siendo rezagadas debido a que en estos espacios se encuentran los montes y la misma tranquilidad que se oferta en la publicidad inmobiliaria. “Somos violentados, perjudicados y vistos como pobres cuando somos un pueblo de grandes riquezas, con una gran vida y visión. Hoy somos un estorbo para las empresas y para los gobiernos que quieren desplazarnos por vivir donde están los recursos naturales”, expresó.
Comunidades como Santa Gertrudis Copó también han planteado soluciones. Leydi Cocom propone marcar polígonos de actuación para delimitar las zonas originarias, que sean preservadas de acuerdo a sus derechos como pueblo maya. “Yo creo en la modificación del Plan de Desarrollo Urbano del municipio (de Mérida)”, dijo.
Para algunos de los entrevistados, la respuesta al desplazamiento de las formas de vida maya está en el arraigo de la identidad. El investigador Aurelio Sánchez Suárez habló sobre el múul meyaj que se traduce en español como “trabajar juntos” y en la práctica se trata de una forma de organización maya que convoca a esos pueblos dispersos en el territorio para apoyarse en un momento de emergencia. A diferencia de otras formas de organización como el tequio o la faena, el múul meyaj no es una obligación, es una estrategia de resistencia.
“La resistencia se da porque nuestro concepto de territorio va más allá de lo que es tu propiedad. El concepto de territorio no es un concepto geopolítico, sino de relaciones que tenemos como pueblo, el derecho a ir a ayudar al pueblo vecino porque también es mío, aunque yo no habite ahí permanentemente”, finalizó.
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En portada:Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante una reunión de trabajo con el entonces jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen D. VanHerck. Julio, 2021.
El pasado mes de marzo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al parlamento mexicano la autorización para que se permita el ingreso de personal militar de los Estados Unidos en territorio nacional, a efecto de que participen en la actividad del adiestramiento denominado Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto(JCET por sus siglas en inglés). Este 2 de abril el Senado ha aprobado dicha intervención.
Para este ejercicio se espera el arribo de 11 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU. Un evento que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chihuahua), del 9 de abril al 16 de mayo de 2024.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador Félix Salgado Macedonio, presentó oficialmente la solicitud al Senado, donde fue aprobado con un total de 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
Este ejercicio militar, según Patrick Paterson, quien trabajó en este informe, es considerado la principal herramienta de interacción con los países aliados de EEUU, donde las Fuerzas de Operaciones Especiales se despliegan en unidades pequeñas durante unas semanas o meses para entrenar a los militares de los países socios. “Esto incluye mejorar su competencia cultural y lingüística, aprender a operar en ciertas condiciones geográficas y a evaluar las capacidades de las fuerzas extranjeras”, según Paterson, Decano Asociado de Investigación y Publicaciones del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de EEUU.
Además, este tipo de acercamiento que realiza Estados Unidos es “para mejorar la competencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU y perfeccionar las aptitudes en contextos críticos de una misión [por ejemplo, en una guerra no convencional o Defensa Interna Exterior]”, según un informe de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales, presentado en 2016.
El adiestramiento es dirigido normalmente por un grupo de élite denominado destacamento alfa, compuesto por un elemento de guerra especial de la Armada, una unidad del mando de operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los EEUU. Aunque la composición del equipo puede variar, el propósito es el mismo. “Cada miembro del equipo tiene una función específica, que va desde operaciones e inteligencia, armas, ingeniería, tareas médicas y comunicaciones”, agrega el documento de Universidad de las Fuerzas Especiales.
Además de evaluar el nivel de competencia táctica y los conocimientos operativos con los que cuentan los militares quienes reciben la capacitación, “evalúan el entorno operativo para futuras operaciones, como la evacuación de ciudadanos estadounidenses”, refiere Paterson y agrega que no “dedican una formación formal a los derechos humanos (…), estos temas raras veces forman parte de los cientos de eventos de capacitación ”.
EEUU viene realizando este tipo de ejercicio desde el año 1998, llevando a cabo más de 2 mil misiones de adiestramiento y entrenando a casi 150 mil tropas extranjeras, con el objetivo de “evitar en el futuro una participación militar costosa y a gran escala como la guerra de Irak y Afganistán”, puntualiza el informe.
Mientras tanto, los parlamentarios mexicanos informaron que esta actividad busca “mejorar la capacidad de planeación y ejecución de operaciones especiales, habilidades necesarias para el correcto desempeño del Ejército mexicano en sus tareas”.
Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien votó en contra, criticó que los militares ingresen a México portando armas, lo cual está prohibido en la carta magna de este país. “¿No les parece una cesión de soberanía?”, cuestionó el legislador del Grupo Plural del Senado.
Por otro lado, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), quien se pronunció a favor del dictamen, consideró “un exceso” el no permitir este ejercicio. “No veo cómo se pueda poner en riesgo la soberanía nacional porque 11 elementos especializados de un Ejército extranjero vengan a dar cursos de capacitación al Ejército mexicano”, declaró.
El senador Félix Salgado, quien presentó la petición del mandatario mexicano, señaló que estas acciones permitirán “fortalecer la relación bilateral” con EEUU, en coordinación con el Comando Norte de EEUU, con quien han establecido el llamado “Plan Anual de Actividades 2024”, a través del cual realizarán una serie de entrenamientos combinados conjuntos durante el resto del año.
Es en este actual periodo de gobierno cuando más se ha permitido abiertamente la internalización de militares estadounidenses armados a territorio mexicano. En diciembre pasado, el Senado también autorizó la llegada del mismo número de elementos, quienes instruyeron a militares mexicanos en el estado de México.
En 2022 México fungió como coanfitrión, junto con Belice, para la recepción de militares provenientes de 23 países que participaron en los ejercicios militares denominados Tradewinds2022. Participaron más de 1,500 militares y organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en territorio mexicano.
Es un momento inédito para los EEUU, pues nunca antes había podido pisar el territorio mexicano de esta manera. La última vez que lo hizo, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en secreto, el 31 de enero del 2017, en un hangar de la Marina en la frontera sur de México, Tapachula, Chiapas. Participaron Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, Kurt Tidd, líder del Comando Sur, y la embajadora de EEUU, Roberta Jacobson, asi como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
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ACCIÓN GLOBAL DISLOCADA
En el 105 Aniversario Luctuoso del Asesinato del
General Emiliano Zapata Salazar, exigimos:
¡AGUA, TIERRA Y LIBERTAD!
10 de Abril, según sus calendarios y geografías
AL CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
Al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Herman@s Tod@s
En el marco de los acuerdos alcanzados en la Plenaria de Clausura de la 4a. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, celebrada los días 23 y 24 de marzo en la Magdalena Tlaltelulco Tlaxcala y…
Reconociendo. Que enfrentamos cada vez más una sanguinaria Guerra Capitalista contra la vida y por el acaparamiento del agua. Esta guerra se ha recrudecido e institucionalizado con la llegada de la 4ª Transformación; es decir, el problema no es nuevo; “…radica en el régimen de concesiones que se originó con la Ley de Aguas Nacionales en 1992 y en particular con la reforma al Art. 27 Constitucional, para impulsar, promover y facilitar la privatización de las tierras comunales y ejidales, pero también la privatización del agua”, por tanto, “Las concesiones se convierten en títulos de propiedad para comercializarlos, es decir, se convierte en una mercancía al igual que la tierra”. En consecuencia, frente a la institucionalización del despojo del Agua, CONAGUA continúa entregando el vital líquido a las empresas transnacionales e iniciativa privada, a través de “concesiones” que no son otra cosa más que una manera encubierta de la privatización del agua, Como resultado de ello, en México existen 157 acuíferos sobreexplotados; nombramos a algunos de los más grandes acaparadores de agua: Danone extrae 15 mil millones de litros de agua al año, Coca-cola 55 mil millones, Pepsico tiene concesionados 32 mil millones de litros de agua, Danone 15, 400 millones y Nestlé 9,700 millones, sin contar a las inmobiliarias, la agroindustria, empresas papeleras, automotrices, mineras, etc., y…
Reafirmando. QUE NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA. Por lo tanto, desde todos los rincones de la Patria donde de por sí se nace la resistencia y rebeldía de las organizaciones, colectivos, redes, individu@s y de los pueblos originarios y comunidades indígenas del Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG, nosotr@s alzamos la voz para decir que mientras lo de arriba celebran la traición de nuestro General Emiliano Zapata Salazar, es decir, celebran su asesinato, nosotr@s acá abajo, no sólo recordamos su digna lucha, su noble causa, sino que con dignidad caminamos sus pasos, porque Zapata no ha muerto, cabalga en nuestros corazones para derrotar al mal gobierno, para derrotar a los Carranza y Guajardo de la Cuarta Transformación. Los mismos que hace 105 años asesinaron a Zapata, son los mismos que hace cinco años, en tierras de nuestros General, asesinan nuevamente a nuestro hermanos Samir Flores Soberanes defensor del territorio, opositor del gasoducto y contra las termoeléctricas que se instaló en Huexca. Samir Vive, en la digna lucha y resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala
Por todo ello y porque NO nos VENDEMOS, NO TRAICIONAMOS y NO CLAUDICAMOS, convocamos a realizar movilizaciones nacionales e internacionales, en el marco de la…
ACCIÓN GLOBAL DISLOCADA
En el 105 Aniversario Luctuoso del Asesinato del
General Emiliano Zapata Salzar, exigimos:
¡AGUA, TIERRA Y LIBERTAD!
Dichas acciones dislocadas se llevarán a cabo el día miércoles 10 de abril, según su calendarios y geografías, por lo que agradecemos se sumen y en la medida de lo posible, registren sus actividades en el siguiente correo: asambleanacionalporelagua@gmail.com
ATENTAMENTE
¡AGUA, TIERRA Y LIBERTAD!
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡DEFENDER EL AGUA Y LA VIDA, NO ES UN CRIMEN!
¡NO AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS!
¡NO AL CORREDOR INTEROCEÁNICO!
¡NO AL TREN MAYA!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS!
¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI-CIG!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, EZLN!
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A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,
A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO,
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
Alrededor de las siete de la mañana del día tres de abril del presente año, aproximadamente 150 sicarios pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provenientes del estado de Colima, utilizando armas de alto poder, explosivos químicos y apoyados por drones, se introdujeron al territorio del Estado de Michoacán con el propósito de tomar por asalto la cabecera del municipio de Coahuayana, atacando a la población civil y tomando diversas localidades de este municipio.
La oportuna acción de los grupos de autodefensa y guardias comunales de los municipios de Coahuayana y Aquila logró detener el avance de los criminales en la región de la Costa-Sierra de Michoacán, sin embargo, el grupo delincuencial se hizo del control de las localidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotán, causando terror en sus pobladores y ocasionando el desplazamiento de éstos hacia otros lugares.
Actualmente El Órgano sigue tomado por los sicarios del CJNG y su población prácticamente secuestrada e incomunicada, pues, los delincuentes despojaron de sus celulares a los habitantes de dicha localidad e interrumpieron las comunicaciones. Es decir, la región se encuentra en total estado de emergencia y aterrorizada, sin que las corporaciones encargadas de la seguridad en la región (Ejército Mexicano, Marina Armada de México y Guardia Civil) hagan algo por expulsar a los criminales de El Órgano, reestablecer la tranquilidad en la región y desarticular la presencia del cártel.
Ante dichos acontecimientos tan lamentables que han ocasionado ya varios lesionados por arma de fuego e intoxicaciones por los explosivos químicos usados en el ataque y ante la inacción de las autoridades, los habitantes de los municipios de Coahuayana y Aquila hemos cerrado por completo la circulación en la carretera federal número 200 cerca del límite entre los estados de Michoacán y Colima; lo anterior con el fin de presionar la inmediata actuación de los gobiernos federal y del estado para frenar la ola de violencia arriba denunciada.
ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS EXIGIMOS AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN, AL EJÉRCITO MEXICANO Y A LA MARINA ARMADA DE MÉXICO:
LA INMEDIATA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EXPULSAR AL CJNG DE EL ÓRGANO Y DE LOS MUNICIPIOS DE COAHUAYANA, CHINICUILA, AQUILA Y COALCOMÁN, REESTABLECIENDO LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD EN LA REGIÓN ENTERA;
EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS CORRUPTOS;
EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y GUARDIAS COMUNALES EN LA REGIÓN.
COAHUAYANA, MICHOACÁN, A CUATRO DE ABRIL DE 2024.
ATENTAMENTE
POBLACIÓN CIVIL DE LOS MUNICIPIOS DE COAHUAYANA, AQUILA Y CHINICUILA ORGANIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA