Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: El pasado sábado (22), con festival político cultural, reivindican solidaridad con el zapatismo y denuncian acoso a la comunidad otomí en la CdMx por el Gobierno de Batres. Foto: Noticias de Abajo ML}

Después de que el pasado jueves (20) la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpió el suministro eléctrico de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “Samir Flores Soberanes”, al sur de la Ciudad de México, la comunidad Otomí alertó que ésta es una maniobra de autoridades locales, quienes preparan un desalojo violento del inmueble, ocupado desde octubre del 2020.

La emergencia sucede al mismo tiempo que colapsan otros servicios como el agua potable en el inmueble, que albergó por dos años al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y cuyo director, Adelfo Regino Montes, señalan por ser el responsable de responder con la criminalización ante las exigencias por vivienda digna de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, originarios de Santiago Mexquititlan, Querétaro.

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Durante rueda de prensa la mañana de este martes (25), mujeres Otomís sostuvieron que, tras la interrupción de mesas de diálogo, y tras más de tres años de la ocupación del inmueble, no hay avance en acuerdos para solucionar sus demandas, por lo que auguran una posible salida violenta al conflicto por parte de la administración de la capital.

“Están haciendo una limpieza de los conflictos para la siguiente administración”, acusaron ante la propuesta de la alcaldía de la ciudad de México para que entreguen el edifico el próximo 15 de agosto. Acorde a la denuncia, funcionarios de la ciudad preparan la entrega del inmueble a la siguiente administración federal y para ello emplean la persecución judicial para criminalizar la lucha Otomí, integrando carpetas de investigación y órdenes de aprehensión por “despojo agravado”.

Cabe resaltar que, tras la reciente acción de la CFE al cortar la luz en la Casa de los Pueblos, al mismo tiempo aumentó el número de elementos policiacos en las inmediaciones, lo que la comunidad indígena avizora como el anuncio de una posible represión.  

“Desde estas entrañas, donde hemos sido criminalizadas y criminalizados, le reiteramos al Gobierno de la Ciudad de México y Adelfo Regino Montes, que no nos cansamos”, anunciaron tras el bloqueo de la avenida México Coyoacán, el cual mantiene la comunidad Otomí desde el pasado jueves (20), para exigir el reestablecimiento de la energía y el respeto a sus derechos por parte de las autoridades, federales y locales.

¿Dónde están nuestros derechos?

Tras la interrupción del suministro eléctrico, las mujeres Otomís denunciaron el colapso del drenaje debido a la falta de energía para mantener infraestructura en funcionamiento. “Ya se está saliendo las aguas negras. El drenaje ya está hasta el tope y tampoco les importa, nos puede causar enfermedades”, sostuvieron.

En la rueda de prensa, señalaron que las personas que habitan la Casa de los Pueblos, entre los que hay recién nacidos, infancias y personas mayores y con discapacidad, han visto vulnerados otros de sus derechos como consecuencia del daño a las condiciones básicas de vivienda en el inmueble.

“Nuestros hijos no pueden tener el derecho de educación, a la salud, a la justicia, a la alimentación, al trabajo”, argumentaron sobre los problemas críticos, como la falta de agua potable. 

Esto ocurre, pese a que la comunidad Otomí entregó una propuesta a la administración de la ciudad, encabezada por Martí Batres Guadarrama desde el pasado febrero. Entre las demandas destacan la expropiación de inmuebles para destinarlos a vivienda social, así como para albergar un centro cultural comunitario que sea la nueva sede de la Casa de los Pueblos. 

Además, enfatizaron el desestimiento de los procesos penales contra la comunidad Otomí, así como contra Diego García Bautista, integrante de la organización social Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez. 

Este llamado de alerta fue replicado por los participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), quienes el sábado (22) se posicionaron contra la ola de violencia y represión contra organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en México. 

“El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida”, sostuvieron desde la ANAVI.

En el contexto post electoral, las mujeres Otomís recalcaron el llamado a estar pendientes de la violencia contra el bloqueo y la Casa de los Pueblos. “Todo porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su deslumbrante transformación, decidió no quedarse callado, sino desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir se cumplan sus derechos sociales”, señalaron.

Ciudad de México a 27 de junio de 2024.- Ante la difusión de información relacionada con el caso, las y los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, junto con las organizaciones que les acompañan, en Conferencia de Prensa precisaron las siguientes cuestiones:

1. Las familias refirieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno Federal el pasado 3 de junio de 2024, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres y las madres han demandado con insistencia desde julio de 2023. Por el contrario, los folios entregados incluso confirman que los archivos militares aún hay más información que debe entregarse. En efecto, en algunos de estos documentos se transcriben intervenciones telefónicas realizadas respecto de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos, lo que confirma la necesidad de que se ponga a disposición toda la información relacionada con estas: es decir, de quiénes se trata, dónde se encuentra el seguimiento completo, el consecutivo de llamadas. Por ejemplo, en dónde los intervinientes claramente dialogan sobre el paradero de los muchachos, sin que hasta ahora se haya brindado la información de dicha conversación. Asimismo, en la reunión con el presidente se habló de que habría poco más de 600 folios que el ejército, unilateralmente, determinó que no eran relevantes.

2. ⁠Las familias externaron que han sido informadas de que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su área de servicios periciales y por solicitud de los funcionarios que han quedado a cargo de la investigación, está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial a diversos restos óseos que aseguran pueden estar relacionados con la investigación, sin darle intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de estos equipos que cuentan con su confianza. Esto aun cuando en el pasado dicho método ya condujo a resultados equívocos. Por ello, ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio lleve al anuncio precipitado de resultados no verificados, desde ahora se señala que resultados de presuntas identificaciones que no sean validados por el EAAF e Innsbruck sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, siendo indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión.

3. Frente a la afirmación de que no hay pruebas de la participación del Ejército, las familias y sus representantes estiman que es indispensable recordar los hallazgos del GIEI en el caso. Así, no puede olvidarse que es claro que antes, durante y después de los hechos hubo irregularidades atribuibles a esta Fuerza Armada. Antes, porque es un hecho objetivo probado que hubo una infiltración ilegal a la Normal mediante un elemento militar en activo que hoy es parte de los desaparecidos, lo que siempre ocultó el Ejército. Durante, porque los elementos militares, incluyendo a los de inteligencia conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir, y después falsearon sus declaraciones ministeriales iniciales. Y después, porque sistemáticamente, en el sexenio pasado y el anterior, el Ejército ha administrado la información que detenta. A esto se añaden dos cuestiones adicionales: la obtención de mensajes de texto de telefonía celular que acreditan que los criminales actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón antes del 26 de septiembre de 2014 y los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación por activa de algunos militares en la propia desaparición. Sobre esto último, que surge de la propia investigación oficial y no de nuestros señalamientos, lo que corresponde es una investigación a fondo y no una exoneración sin investigación. Por todas estas consideraciones, las familias insistieron en que no puede afirmarse que se haya ya clarificado la actuación del Ejército en el caso e instaron a que no se difunda información que pase por alto esas realidades.

4. Finalmente, las familias reiteran su respaldo a las organizaciones y abogados que les acompañan, rechazando los señalamientos de que han actuado contra sus intereses, de que se hayan reunido con el ex presidente, Enrique Peña Nieto sin su conocimiento, o de que hayan incitado a la violencia. Los familiares reiteraron que a lo largo del proceso Serapaz, Fundar, Tlachinollan y el Centro Prodh les han acompañado como asesores, respetando su dignidad como víctimas, defendiendo sus intereses y consultando con ellos las diversas acciones que se han impulsado.

Conferencia de Prensa: Sobre información recientemente difundida sobre el caso Ayotzinapa https://t.co/D1g9zkcXE1

— Centro Prodh (@CentroProdh) June 27, 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Beatriz Millón}

La Corte de Apelaciones de París admitió la demanda civil interpuesta por la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contra la empresa francesa Électricité de France (EDF). Además, aclaró los pasos necesario a seguir para futuros casos bajo la ley francesa del Deber de Vigilancia de las Empresas, que otorga a los tribunales nacionales la capacidad de controlar las acciones de las empresas francesas cuando causan daño en el extranjero.

La demanda fue presentada por la comunidad, en conjunto con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en octubre de 2020, por violaciones a sus derechos territoriales colectivos. La comunidad de Unión Hidalgo es la primera comunidad indígena que invocó sus derechos bajo la ley francesa.

Las organizaciones afirman que EDF no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú en Oaxaca, México. La empresa tampoco tomó medidas adecuadas para prevenir la intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto.

“Nos alienta la decisión del tribunal de reconocer la admisibilidad de nuestra demanda contra EDF, lo cual reafirma nuestro derecho a impugnar acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales y derechos humanos”, sostiene Guadalupe Ramírez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.

Para el coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, Guillermo Torres, esta decisión envía un mensaje claro a las empresas transnacionales. “Sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley. También abre el camino para que otras comunidades afectadas exijan acceso a la justicia en los países de origen de las corporaciones”, asegura.

Riesgo de regreso

En 2022, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo logró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara el contrato de suministro eléctrico firmado con EDF, con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado. 

De acuerdo con Torres, la inviabilidad del proyecto fue declarada por las autoridades mexicanas, tras una serie de litigios emprendidos en México desde 2017. “Esos litigios versaron sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas con motivo del proyecto, pero la responsabilidad de la empresa por violaciones a los derechos humanos no fue analizada en esos casos”, explica a Avispa Mídia. 

EDF tiene una responsabilidad que “es distinta e independiente a la responsabilidad estatal, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debida diligencia; es por ello que el juicio [en París] sigue adelante”.

Además, aunque el proyecto fue considerado “inviable material y legalmente por las autoridades mexicanas, la empresa sigue buscando vías legales por las cuales reactivarlo”. Un ejemplo, cita Torres, es que EDF inició un procedimiento arbitral relacionado con la cancelación del contrato de compraventa de energía.

Demex

En 2022, once comuneros de Unión Hidalgo lograron la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que posee un parque eólico en la comunidad.

El fallo contra la empresa estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energíafueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

Alertamos que las Mesas de Diálogo entre el Gobierno de la CDMX, la Comunidad Indígena Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez, se estancaron, sin previamernte haber alcanzado algún acuerdo. No miramos, indicios de poder avanzar en la solución de lo que ellos llaman “el conflicto”. Por lo que alertamos, se pudiera estar fraguando una posible salida violenta, es decir,  un desalojo a la Casa de los Pueblos.

Sras. y Sres. de los Medios de Comunicación

Sean Ustedes Bienvenid@s

Depués de más 25 años de exigir  el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece el Art. 4º Constitucional y después de 3 años y 8 meses que la Comunidad Indígena Otomí tomó el Instituto Nacional de Pueblos Indígrenas, INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, muy seguramente, lo que digamos, ya no resultará ser noticia para un titular en las primeras planas de sus medios de comunicación; excepto, claro, que un día de estos, la mala noticia sea que la Casa de los Pueblos fue desalojada violentamente; y todo, porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su “deslumbrante  tranformación” decidió no solo no quedarse callada, sino  desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir, se cumplan sus derechos sociales tal y como lo estable la Constitución política de 1917, que depaso valga la pena mencionarlo, a 107 años de su promulgación, nuestros derechos a la salud, alimentación, trabajo, educación y vivienda, son letra muerta.

Señor@s de los medios de comunicación, no sabemos si en otro día habrá la oportunidad de decirlo, por lo que hoy queremos reiterar lo siguiente: el Art, 2. Constitucional, párrafo 4º, señala que: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esto, no sucede en la CDMX.

Sr.  Andres Manuel López Obrador y Sr. Martí Batres Guadarrama, porqué no cumplen con este precepto constitucional?, qué les ha impedido resolver la demanda de vivienda de esta comunidad Otomí?, porqué nos ignoran?, porqué nos desprecian?, porqué nos discrimina?, porqué nos criminalizan?, porqué no hay congruencia en sus discursos y los hechos?, nuestra demanda vine de más de 25 años atrás; porqué ésta adminitración de la Cuarta Tranformación resultó igual que las anteriores?, será que solo se ha cambiado al Capatáz pero el Finquero sigue siendo el mismo?. 

Ante tantos años de oídos sordos y ante tanta discriminación, hoy hecha, política pública de gobierno, apelamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las normas internacionales relativas a los Pueblos Indígenas como lo es, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes No. 169; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo realativo a vivienda, alimentación, educación, salud, agua y propiedad  intelectual; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niñ@. 

Hacemos un llamado URGENTE, porque miramos que en medio del cambio de gobierno, más allá de resolver nuestras demandas y en espacial la de vivienda; más allá de continuar con las Mesa de Diálogo que por cierto no se avanzó en nada; más allá de habernos cortado la luz desde el pasado 20 de junio, sin importales las condiciones de vida de nuestros niños recién nacid@s y nuestr@s adult@s mayores, como un acto de represión; más allá de quedarnos sin agua y con un problema serio del bombeo de las aguas negras, porque nos dicen: “que la Comisión Federal de Electricidad” no quiere reconectar la luz. Nosotros anticipamos que muy seguramente se esta preparando una salida violenta “al conflicto” como ellos le llaman. Es decir, el Traidor de los Pueblos Adelfo Regino Montes está en la antesala para hacer entrega de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues como han de recordar, a dos años de la creación del INPI en 2018, sus instalaciones centrales le fueron tomadas, es decir; de 6 años como titular del INPI, sólo tuvo la gloria de despachar dos años, el resto lo hizo en el exilio. 

Resulta sorpredente que en casi 4 años de la Toma del INPI, no hayan tenido la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí, mejor dicho, no quisieron resolverlas.

La pregunta es, ¿En qué condiciones Adelfo Regino, hará entrega de las Instalaciones del INPI a la nueva adminitración?. Aquí señalamos el fondo de nuestra denuncia…

Muy seguramente se prepara la entrega del inmueble a la siguiente administración con Carpetas de Investigación, con órdenes de aprehención, no solo criminalizando la lucha de la Comunidad Otomí, sino incluso judicializando la denuncia por despojo agravado y muy seguramente, con una acción de desalojo violento, como la única vía para acabar con “el conflicto”. Pues mietras en esto se prepara la clase política, en contraste, y con premeditada simulación,  las mesas de diálogo están establecidas y el gobierno definió un calendario, el 17 de junio nos recibieron en las oficinas del gobierno central sin avances significativos; la siguientre cita está programada para el día 1 de julio y su propuesta es, que el día 15 de agosto sea la fecha en la que la Comunidad deberá entregar el edificio que hoy ocupa la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Obviamente, no les importa si se resolvieron o no, las demanda de la comunidad. Es suma, estan haciendo una limpieza, de los conflictos, para la siguiente administración. 

A pesar de la tormenta en la que nos organizamos y resistimos, anunciamos públicamente, que ya no tenemos nada que perder, asi que seguiremos en el bloqueo de la Av. México-Coyoacán hasta a la reconexión de la luz y hasta el cabal del cumplimiento a nuestras legítimas demandas, como unica garantía para acabar con “el conflicto” que tando dolor de cabeza les ha ocasionado”.

Y para que quede contancia públiaca de nuestra propuesta que entregmos a Martí Batres Guadarrama el pasado 12 de febrero del presente año, como la única ruta de solución a las demandas de la Comunidad, la hacemos de su conocimiento:

1. Ante la justificación del gobierno respecto a la imposibilidad de expropiar Londres 7/ Roma 18, ofrecieron comprar a través el INVI, un terreno de 3000 m2 a cambio del predio de referencia. Por lo que exigimos el cumplimeinto de ese acuerdo.
2. Exigimos la inmediata desocupación e inicio de las obras para 40 departamentos en el predio de Zacatecas 74, que de paso recordamos, este inmueble fue expropoiado el 17 de junio de 2021.
3. Exigimos retomar la construcción de las obras suspendidas en Vícvtor Hugo  126, Juan Escutia 10, Certificados 6, e iniciar la obra en Antropólogos 56. De igual forma acelerar los procesos de expropiacion de Independencia 12 y Cuauhtemoc 73.
4. Exigimos el reconocimiento institucional a los 19 titulares que asignó la Comunidad Otomí como beneficiarios en el inmueble ubicado en la calle de Zacatecas 74, Col. Roma.
5. Solicitamos el otorgamiento de la ayuda de renta social a los beneficiaro titulares de Zacatecas 74, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del INVI, para inmuebles en alto riesgo estructural.
6. Exigimos una Mesa de trabajo con Adelfo Regino Montes y/o quien asigen para solicitar el desistimiento de las denuncias penales en contra de la Comunidad Indígena Otomí y en contra de nuestro compañero Diego García, que por más de treinta años ha caminado con nuestra comunidad. De igual forma demandamos una reunión urgente con la Fiscalía la CDMX y  la Fiscalía General de la República para exigir un alto total a la judicialización de la Toma INPI.

• Respecto al predio de Londres 7/Roma 18, hace unos años le propusimos a Martí Batres, que no sólo queriamos hacer vivienda en el predio, sino que pretendiamos rescatar la Memoria Hitórca de lo que fue la sede de la resistencia española en México durante la epoca del del Franquismo. Celebró nuestra visión y mencionó que el mayor reconocimiento a la Comunidad Otomí, por resgurdar durante más de dos décadas  dicho inmueble, sería que ahí tambien se quedara la comunidad Otomí. Sin embargo, el anuncio que hizo Martí Batres, hace unos días respecto al mismo predio, demuestra que no solamente nos negaron el derecho a vivir en Roma 18, sino que hicieron suya nuetra  prouesta. Acambio, ofrecieron, que en el proyecto que desarrolle en dicho lugar, se asignará un espacio cultural para la Comunidad Otomí, en donde pueda desarrollar sus actividades. Por lo que exigimo el cumplimiento a su palabra.
• Exigimos que los inmuebles ubicados en Independencia 68 y Cafetal 369, deberán de adquirirse y fideicomitirse a través del INVI, dichos inmuebles, tienen contrato de compraventa desde 2016 y 2017. Todo un sexenio sin la voluntad de compra, al menos para la organización social UPREZ Benito Juáez.
• Que la salida, desocupación o entrega de la Casa de los Pueblos, será posible, SI Y SOLO SÍ, se adquiere y fideicomite a traves del INVI, el inmueble ubicado en la calle de Independencia 12, Col. Zacahuizco, con una superficie de 3000 m2. Dicho inmuebel debará pasar al patrimonio de la Comunidad Otomí y de la Organización Social UPREZ Benito Juárez, no sólo para construir vivienda digna de interés  social, sino para construir halgo más simple y algo más sensillo, es decir, un “Centro Cultural Comunitario”, donde se levante la nueva sede de la “Casa de los Pueblos y Comuniades Indígenas, ´Samir Flores Soberanes´”. Este proyecto integral deberá contar con vivienda digna, con estacionamiento, con una sala amplia de usos multiples, con un comedor, con una cocina comunitaria, con dormitorios, baños y regaderas, con una escuelita autónoma, con una radio comunitarias, con un centro de medicina alternativa, con un temazcal, con el adecuado aprobechamiento y reciclamiento de aguas pluviales, servicios complementarios o accesorias para la elaboración y venta de artesanías, una azotea adecuada para la composta y el desarrollo de huertos urbanos, un espacio para producción de pan y elaboración de torillas, un un taller amplio para la producción de “Ar Lele”, la muñeva rebelde y un espacio asignado al aire libre para es esparcimiento de la comunidad y el desarrollo de muy diversas actividades. 

Señores de los medios de comunicación, esta es la propuesta que presentamos a Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX; a Erasto Ensástiga, Subsecretario de Gobierno CDMX; a Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Ejevcutiva de Seguimienro Institucioanl del INVI; a Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, comisionado para encabezar las Mesas de Diálogo con la Comunidad Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez y, su tarea, encontrar una solución integral a lo que ell@s llaman “el conflicto”. ENTONCES PREGUNTAMOS ¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD?

Dejamos entonces ante Ustedes, la ruta que hemos planteado para encontrar una solución justa y digna a nuestras demandas, y por ende, a nuestra digna lucha de Resistencia y Rebeldía.

No nos vendemos, No claudicamos y No traicionamos

Atentamente

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Tener Techo, es un Derecho!

¡Vivienda pagada, no regalada!

¡Por el Derecho a la Ciudad!

¡Nunca más una Ciudad sin su pueblos y comunidades indígenas! 

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas!

¡Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN!

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

UPREZ Benito Juárez 

EXIGIMOS JUSTICIA Y ALTO A LA REPRESIÓN PARA L@S COMPAÑER@S DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA LIBRES-ORIENTAL

COMUNICADO
22 de junio 2024

La Red Nacional de Resistencia Civil, hace un llamado a la sociedad civil en México y el mundo entero para solidarizarse con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental y condenar enérgicamente la represión que el gobierno de Veracruz (México), realizó contra nuestras compañeras y compañeros del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental el día jueves 20 de
junio de 2024, con el resultado de dos jóvenes asesinados, múltiples personas desaparecidas, otras tantas heridas de bala y muchas más golpeadas.

Los graves ataques y asesinatos encabezados por el titular del mal gobierno Morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, nos recuerdan que el gobierno privilegia a las grandes corporaciones y los jugosos negocios con los que se enriquecen. Nuestr@s herman@s del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental se organizan por la defensa de la vida y se enfrentan actualmente a grandes proyectos de contaminación, extracción del agua, despojo, entre otros como el que realiza Granjas Carroll, que ha convertido uno de los ecosistema más importantes del centro del país en un gran riesgo a la salud y la vida de los pueblos de la región. Granjas Carroll, tiene lazos por todo el mundo, pues está conformada por Agroindustrias Unidas de México (AMSA) y la estadounidense Smithfield.

Reprimir a los pueblos en su ejercicio legítimo a manifestar sus demandas, para detener el ecocidio y genocidio, evidencia la nula capacidad de diálogo que existe en este gobierno estatal y federal. Sin embargo, la ofensiva no sólo consistió en amedrentar a nuestr@s herman@s sino en asesinarles. Estos graves ataques son un mensaje claro hacia quienes defendemos la vida y el territorio. Las personas que
conformamos esta red y que somos pertenecientes a diferentes comunidades de lucha y resistencia en el país no estamos dispuestas a esperar a que la represión escale y se normalice. El gobierno mexicano ha firmado acuerdos en los que se reconoce el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y a considerar protocolos para no imponer proyectos con esta gravedad. Así como resarcir los daños que han ocasionado empresas como Granjas Carroll.

Convocamos al pueblo en general, a la sociedad civil organizada, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a manifestar el repudio a estas acciones del Estado Mexicano y exigir se retire la estadounidense Granjas Carroll del territorio mexicano.

La Red Nacional de Resistencia Civil , se hermana con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, les decimos que estaremos pendientes y damos nuestro apoyo en lo que sea para buscar la justicia y el alto a la represión, nos sumamos a la exigencia de aclaración de hechos y castigo a los responsables.

Cómo pueblos originarios y organizaciones de resistencia en todo el país, sabemos que el avance capitalista y extractivista tiene sus raíces en el miedo, la represión, y la muerte histórica de nuestros mundos, de nuestros ecosistemas, pero en la lucha por la vida, en nuestros territorios no se detendrá, seguiremos resistiendo, no nos rendiremos y no claudicaremos en esta búsqueda de justicia, y respeto a nuestras formas de vida.

¡SI TOCAN A UN@ RESPONDEMOS TODOS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL
Consejo autónomo regional de la Costa de Chiapas, Resistencia civil de la
región de COMITAN (Chiapas), DETUVIDA (Chiapas), OPAM (Chiapas)
POMOCA(Chiapas), PAKALNA (Chiapas), Resistencia civil de Candelaria
(Campeche), Resistencia civil indígena y popular del Sur de Veracruz
contra las altas tarifas de luz, Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de
Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio (Oaxaca), Frente de
pueblos en defensa de la tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos,
CPUEDDE (Estado de México), proceso de resistencia civil de Motozintla
(Chiapas). Comunidad nahua de Ostula (Michoacán), Comité por la
defensa de los derechos indígenas (Oaxaca), Frente de Consumidores de
Chihuahua (FEDECO).

ANTE LA REPRESIÓN Y CRIMENES DEL ESTADO, LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

 A solamente 19 días de la Farsa electoral, en la que se hace oficial la imposición de Claudia Sheinbaum como responsable de continuar el proyecto de muerte llamado cuarta transformación, y para hacer alarde de su caracter violento, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida.

Con rabia e indignación, los pueblos, organizaciones, colectivos e individu@s que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunciamos públicamente el recrudecimiento de la violencia de Estado contra los pueblos y todos aquellos que defienden los derechos al agua, a la tierra, al trabajo, a la vida.

-Corte de luz e intimidación a la Comunidad Otomí

Alrededor de las 12:00 hrs del 20 de junio del presente año, la Comisión Federal de Electricidad realizó, una vez más, el corte de energía eléctrica a la Casa de los pueblos donde habitan bebés, niños, jóvenes con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres, con lo cual se suspende también la disponibilidad de agua y drenaje afectando directamente la salud y bienestar de las familias que integran la Comunidad Otomí Residente en la CDMX originarios de Santiago Mexquititlan.

Al rededor de las 18:45 hrs aumenta la presencia policiaca en las inmediaciones de la Casa de los pueblos anunciando una posible represión. Hasta el momento de la publicación del presente comunicado no se ha restablecido la energía eléctrica.

Ante la imposibilidad de resolver las demandas de la Comunidad en mesas de diálogo, la salida que el gobierno plantea para «resolver» el conflicto es la violencia que culminaría en el desalojo de la comunidad otomí de la Casa de los Pueblos, aunado a la criminalización en contra de los miembros de la comunidad y del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez.

-Amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a compañeros

Tras el anuncio de la orden por parte de un juez federal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de la recolocación de los sellos de clausura en el basurero de San Pedro Cholula por incumplimiento de las normas de funcionamiento, el secretario de gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, declaró que existe un litigio por parte de la empresa Profaj Hidro Limpieza para que se ejecute un desalojo del plantón contra el basurero usando la fuerza represiva del Estado. Esto aunado a las reiteradas declaraciones del mismo en torno a cuatro órdenes de aprehensión en contra de pobladores que luchan contra el basurero. Por otra parte, Juan Carlos Valerio, pseudoperiodista de IMAGEN TV, servil a los intereses del gobierno y el capital, promueve en televisión la represión a los pueblos cholultecas señalando que son solo un grupo reducido de personas y que el basurero no contamina. Denunciamos también los ataques cibernéticos dirigidos a los medios comunitarios de los pueblos cholultecas lo cual violenta su derecho a la libertad de expresión.

-Represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental

El 20 de junio policía de Veracruz reprimió con uso de armas de fuego al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz, para desalojar el plantón que instaló este miércoles frente a Granjas Carroll. La exigencia de los campesinos es que se deje de acaparar y contaminar el agua lo cual ha traído graves afectaciones al campo.

Los elementos de la policía dispararon contra los compañeros, provocando la muerte de dos de ellos. A otros los golpearon brutalmente y posteriormente cercaron al pueblo de Totalco persiguiendo a los habitantes con la finalidad de detenerlos y reprimirlos. Esta agresión por parte de la policía se dio después de haberse comunicado con Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del gobierno federal, y con Rafael Mendoza, delegado federal en Veracruz con quienes se buscó un acuerdo para el diálogo, el cual no se llevó a cabo.

Esta región también es afectada por las empresas Driscoll y Audi que bombardean las nubes para evitar la lluvia.

-Agresiones a chinamper@s de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

El día 19 de junio, Columba Jazmín López Gutiérrez (exdirectora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural) y Juan Abel Vera Martínez(Coordinador del Centro de Innovación e integración Comunitaria No. 4) agredieron física y verbalmente a Frida Rocha y Sócrates Galicia, representante del paraje de San Sebastián Tlacoapa. Ambos documentaban junto a otros compañer@s, a través de sus dispositivos móviles, el recorrido exigido a CORENADR y SACMEX por la zona chinampera, con el objetivo de denunciar la falta de agua en los canales. Asimismo, Abel Vera mandó a traer a sus empleados que laboran como Técnicos, jefes de cuadrillas y cuadrillas de trabajo para intimidar a los asistentes al recorrido, bajo la consigna de que habrían golpes. Por su parte, Columba López buscó censurar la transmisión en vivo de medios libres como Resistencia Chinampera, atropellando el derecho constitucional a grabar y documentar (arts. 6 y 7), y utilizando a sus empleados para hostigar, hacer comentarios pasivo-agresivos, y tomar fotos de los rostros de los compañer@s. Estos actos forman parte de una serie de agresiones continuas en contra de representaciones y autoridades tradicionales del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, a quienes el estado menosprecia y busca no reconocer como interlocutores legítimos.

-Encarcelamiento de María Cruz Paz.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida. Fue detenida arbitrariamente sin explicación alguna. Su detención está relacionada estrechamente a su actividad comprometida con la defensa del territorio, el bosque y la cultura p’urhépecha.

-Violencia en el Ejido Tila

El 4 de junio, el grupo delicuencial «Karma» agredieron a la población con armas de alto calibre provocando terror y desplazamiento forzado en el Ejido Tila, dicho grupo, apoyado por el Ayuntamiento Municipal es responsable del asesinato de Carmen López Lugo el 12 de enero del presente año y de Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, dicho crimen continúa en la impunidad mientras en el Ejido Tila se mantiene una tensión y amenaza constante por el grupo armado. Este grupo paramilitar tiene el objetivo claro de acabar con la autonomía que durante años han construido en este territorio Ch’ol.

-Aplazamiento de la audiencia de José Díaz: El juez no garantizó el derecho a un intérprete,de la lengua materna de José, para poder realizar la audiencia programada el pasado 19 de junio,por lo cual se pospuso, negando una vez más el derecho a un debido proceso y a la defensa adecuada. Lo mismo sucedió en noviembre del 2022, cuando José fue detenido arbitrariamente y no fue asistido por un interprete en lengua ch´ol, ni un abogado,peor aún,la fiscalía le obligó a poner su huella y firmar varios papeles en blanco. No sólo se trata de discriminación y racismo por ser de un pueblo originario,José Díaz es rehén de estado por su adherencia zapatista,ha sido torturado,desaparecido e incomunicado por la policía y ahora se encuentra secuestrado en condiciones carcelarias de tortura, (hacinamiento e insalubridad) bajo la medida de «prisión preventiva oficiosa», con faltas al debido proceso y múltiples violaciones a derechos humanos.

Ante la guerra los pueblos respondemos con rebeldía, solidaridad y organización.

EXIGIMOS

Reconexión de energía eléctrica (luz), alto a la intimidación a la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México y cumplimiento cabal de sus demandas de vivienda digna.

Cierre definitivo del basurero tóxico de San Pedro Cholula y alto a las amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a la Unión de pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero.

Alto a la represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental, justicia y castigo a los culpables, cese al fuego del estado en contra de la comunidad que defiende su agua.

Alto a las agresiones, actitudes racistas y clasistas contra chinamper@s en Xochimilco

Alto a la violencia paramilitar en el Ejido Tila.

Alto a la censura de los medios libres y comunitarios.

Libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz, del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Libertad inmediata e incondicional a José Díaz Gómez Base de apoyo Zapatista

Hacemos un llamado a las organizaciones, colectivos e individ@s solidarios a sumarse a las exigencias de Alto a la guerra contra los pueblos a través de acciones y presencia en los espacios en riesgo.

Donde los de arriba destruyen los de abajo reconstruimos.

ATENTAMENTE

Tierra, Agua y Libertad

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

#asambleanacionalporelaguaylavida

#NuestraLuchaEsPorLaVida

#ViolenciaDeEstado

#PresxsPoliticxsLibertad

#ALTOalaGUERRAcontralosPueblosZAPATISTAS

#CNI

#EZLN

PRONUNCIAMIENTO

20 de junio del 2024, Totalco, Veracruz

Al pueblo de México

Colectivos y organizaciones que integramos Manos Unidas por una Cuenca Libre, con profunda indignación, denunciamos los actos de represión violenta en la comunidad de Totalco en el estado de Veracruz el dia de hoy 20 jueves 20 de junio, por parte de elementos de la Guardia Nacional y de seguridad del Estado de Veracruz en contra de defensoras y defensores del territorio de la Cuenca Libres-Oriental, lo que dio como resultado, tres personas asesinadas.

Hacemos patente que, tanto las y los campesinos, así como, las y los intergrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres-Oriental, se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, denunciando la apropiación del agua por empresas extractivas en la zona de la Cuenca Libres Oriental y, además, como parte de estas protestas, se realizaron mesas de diálogo con representantes de los gobiernos de Puebla y Veracruz, mostrando siemper una apertura al diálogo.

Nos solidarizamos con las y los campesinos y con integrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres-Oriental y nos sumamos a las exigencias de:

• Devolver los cuerpos de las 3 personas asesinadas
• Una investigación justa y transparente además de castigo a los responsables materiales y a quienes ordenaron esta violenta represión
• Libertad a las personas detenidas
• Respeto a la Libertad de protesta para quienes defienden la tierra y el territorio de la Cuenca
• Una alto a la intimidación por parte de las empresas extractivas e industriales a quienes defendemos el territorio
• No criminalización a defensores y defensoras del territorio
• La salida inmediata de las empresas que saquean y se apropian dela gua de la Cuenca

Alto a la Represión a defensores del Territorio de la Cuenca Llibres Oriental

Manos Unidas por una Cuenca Libre

La policía de Cuitláhuac García Jiménez no sólo entró al pueblo de #Totalco en #Perote #Veracruz a cazar a balazos a los manifestantes que bloqueaban el paso a #Puebla, también se metieron a las casas descalabrando hasta mujeres y asustando niños. pic.twitter.com/PXBjhZmjVp

— Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) June 21, 2024

Tantas armas, disparos y violencia, no se vieron nunca para combatir al crimen organizado en #Veracruz, pero este 20 de junio, sí fueron usadas contra los pueblos que defienden el #agua. #GranjasCarroll y #MORENA #asesinos pic.twitter.com/NQZD4Wqwjv

— La Flor Peri Odico (@la_odico) June 21, 2024

ALERTA URGENTE
Hay compas muerts, heridos y desaparecidos en Perote, Veracruz por la brutal represión contra campesinos que denunciaban devastación ambiental ocasionada por Granjas Carroll, abrimos 🧵para exponer situación, la comunidad hace un llamado urgente a la solidaridad. pic.twitter.com/vSbDlGAprQ

— Saboteamos (@saboteamos) June 21, 2024

Habitantes de Perote, realizaban hoy una protesta pacífica en la localidad de Totalco, a donde llegaron policías estatales a la orden de @CuitlahuacGJ, para reprimir con lujo de violencia y armas de grueso calibre a los manifestantes.pic.twitter.com/y5SENQEAu5

— Saboteamos (@saboteamos) June 21, 2024

No solo dispersaron a balazos a los manifestantes, sino que empezaron una cacería en calles de la localidad, buscando reprimir a los activistas inconformes con la devastación ambiental. pic.twitter.com/wEgSjv4ryC

— Saboteamos (@saboteamos) June 21, 2024

Compas heridos, recibieron también refugio en varias casas que les abrieron sus puertas para salvarlos de las balas de la policía estatal. pic.twitter.com/klinmuANQm

— Saboteamos (@saboteamos) June 21, 2024

Además de los fallecidos, hay varias personas heridas, una de ellas, un señor mayor que tuvo que ser hospitalizado, pero que fue levantado minutos después de dar esta entrevista; según el medio Alchichica Noticias, esta noche se encuentra en calidad de desaparecido. pic.twitter.com/B569Hs0iUX

— Saboteamos (@saboteamos) June 21, 2024

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA LIBRES ORIENTAL

Contada desde sus propios actores

El movimiento en defensa del agua de la cuenca libres oriental surge hace ocho años, en el 2015, en el pueblo de Ocotepec.

El pueblo se levantó contra la empresa asesina #cocacola, empresa capitalista extranjera que llegó disfrazada de una fundación altruista denominada #livingwater que, como caballo de troya, se infiltró en la región como punta de lanza del nuevo corredor industrial Puebla – Perote. El Movimiento corrió a Coca-Cola de Ocotepec

En 2017, el Movimiento en Defensa del Agua se expandió y solidarizó con los pueblos de San José Chiapa, Grajales, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec que se opusieron a la Zona #audi y al Gobierno corrupto y represor de Moreno Valle.

En este proceso de resistencia se realizaron asambleas y manifestaciones de protesta. En Nopalucan se tomó dos veces la presidencia municipal y se obligó al presidente a convocarnun cabildo abierto al.que asistieron más de quinientos pobladores. El presidente municipal y todo su cabildo tuvieron que salir huyendo y escoltados por decenas de policías estatales ante el clamor airado de su pueblo.

En las protestas también se denunció la invasión de la empresa capitalista extranjera de origen alemán por haber despojado las tierras ejidales a través de amenazas, mentiras, presiones y con el respaldo del gobierno de Rafael Moreno Valle y Enrique Peña Nieto.

EN 2020 SE LEVANTAN LOS PUEBLOS CONTRA LOS CAÑONES ANTIGRANIZO

El uso de los cañones antigranizo no comenzó en el año de 2020, comenzó en 2006 cuando el entonces Presidente Vicente Fox vino a rentar el rancho La Concepción en el municipio de Cuyoaco y sembró brócoli. El granizo le destrozaba la planta y trajo un cañon que lanzaba a cientos de metros de altura una bomba que al explotar provocaba poderosas ondas sonoras y se desvanecian las nubes, este hecho fue observado por todos los vecinos que vivíamos ahí o pasábamos por ahí.

Rápido cundió el enojo y los.pueblos se levantaron protestando, más de treinta ejidos vecinos se hicieron presentes. En ese momento, se presentó a mediar el Gobierno del pederasta Mario Marín Torres pero como no existía una ley que prohibiera esa tecnologia, todo quedó en lo mismo. Sin embargo, se firmó un convenio de buena fe donde el terrateniente se comprometía a no bombardear más.

Para ese entonces, la gran mayoria de los ranchos no tenian riego y solo sembraban cebada a temporal igual que los ejidos que solo sembraban maiz y cebada. Para 2015 ya todos los ranchos tenían riego y bombardeaban las nubes, aún así llovía y había cosechas.

Para el 2020 comienzan a asentuarse las sequías, los ejidos ven secarse sus milpas y los ranchos todos tienen riego, no necesitan las lluvias, todos siembran ortalizas y los granizos ponen en riesgo sus cosechas sus ganancias y todos se ponen a bombardear las nubes con cañones antigranizo. Ante nuestros ojos y oídos vemos casi a diario explosiones y tronidos y… EXPLOTA EL PROBLEMA.

Es Ocotepec, pueblo que ya trae una lucha de años, quien toma la iniciativa y con tan solo unos treinta pobladores toman la carretera. El Gobierno no hace caso. Al otro día, vuelven a tomar la carretera, ahora llegan como cien de las comunidades cercanas. Llegan funcionarios del Gobierno del Estado pide que vaya una comision a las oficinas de gobierno en Puebla, no se acepta. Por tercera vez se vuelve a cerrar la carretera, ahora llegan más de docientos pobladores, el gobierno insiste en una comisión a Puebla, la gente no acepta, denuncian que esa es la estrategia que siempre utiliza el del gobierno para comprar a los lideres y dividir a los movimientos.

Por cuarta vez se convoca a cerrar la carretera. Ahora llegan más de cuatrocientas personas, el gobierno sigue con lo mismo no da ninguna solución a la única demanda: QUE DEJEN DE BOMBARDEAR LAS NUBES.

Se convoca por quinta vez y llegan a cerrar la carretera más de seicientos pobladores. Llega el gobierno, hay confrontacion verbal, se rompe el diálogo y la asamblea acuerda regresar en los siguientes días a cerrar las tres carreteras, las dos a #Teziutlan y la de #Cantona, #Puebla – #Perote. Más de cien trailers se quedan varados, nodrizas de Volkswagen y de Audi , trailers de Granjas Granjas Carroll de México con todo y marranos, vehículos de Fresas Driscoll’s camiones de Coca-Cola Flow y Pepsi y muchos de empresas capitalistas.

El 30 de marzo de 2022, la Caravana por el Agua y por la Vida recorre los pueblos en resistencia

Primero se hizo una parada para una manifestación frente a una de las mega Granjas Carroll de México (GCM) de las mayores empresas de procesamiento de carne de cerdo, acusada por el trato contaminante a la tierra y el agua, esta empresa a parte usurpar de manera fraudulenta la posesión de tierras que antes eran ejidales, saquean el agua a manos llenas y contaminan con el permiso legal u omiso del Estado. Esta granga ya ha sido denunciada en Campeche y Yucatan donde ha dejado serios daños a los mantos acuíferos, flora y fauna, al grado de vincularse a ésta el origen del virus de 2019, la llamada gripa porcina.

Después la Caravana se encaminó a la comunidad de San Jose Payuca donde se coincidió con una manifestación por la libertad de dos personas de la comunidad por un problema ligado a la corrupción en el tramite de permisos de transporte, pero las problemáticas que han afectado a la comunidad desde hace ya varios años es el despojo de la tierra y el territorio por las empresas que se han instalado alrededor de sus comunidades. Tras una marcha por el centro de la comunidad, se realizó un mitin y salieron rumbo a la empresa de la agroindustria Discroll, con antecedentes de abusos laborales, de capitales canadienses, siembran plantas que se llevan después a otra zonas a producir fresas.

Hoy, 20 de junio de 2024 al medio día, el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental fue brutalmente reprimido por la policía del gobierno de #Veracruz.

La policía arribó en dos camiones y varias camionetas y arremetió contra los integrantes del movimiento, golpeando, deteniendo y disparando a quemarropa.

La policía persiguió a los defensores del agua hasta el pueblo de #Tocalco, disparando y golpeando a los civiles. Hasta el momento se reportan dos compañeros asesinados y varios detenidos y desaparecidos.

Cabe señalar que, minutos antes de la represión, se tuvo diálogo vía telefónica con el licenciado, Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del Gobierno Federal y con Rafael Mendoza, delegado Federal por Veracruz.

¡FUERA GRANJAS CARROLL!

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se movilizaron para exigir la liberación de María Cruz Paz, quien cumple dos semanas presa acusada por lo que, aseguran, son delitos fabricados.}

El lunes (17), cientos de indígenas purépechas, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizaron bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad para exigir la liberación de María Cruz Paz Zamora, a quien señalan como presa política. 

Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), fue detenida el 5 de junio por policías ministeriales de Michoacán, y trasladada al centro penitenciario de Uruapan.

El CSIM – conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades de los pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas – señala que la Fiscalía General de Michoacán la mantiene recluida acusada por el delito de desaparición forzada. La organización indígena asegura que ella es víctima de criminalización debido a su trabajo como defensora del medio ambiente, el territorio y la autonomía. 

Según el Consejo, a Paz Zamora no se le otorgó ninguna explicación sobre los motivos de la privación de su libertad, que ocurrió mientras la indígena purépecha se trasladaba a la ciudad de Morelia para atender una reunión con funcionarios estatales.

Paz Zamora es miembro de la comunidad de Ocumicho, municipio de Cherapan, donde es reconocida por su trabajo en el rescate de la cultura purépecha y por ser una de las principales impulsoras de la autonomía en dicha población. Además, destaca el CSIM, lideró trabajos de reforestación masiva en su comunidad, lo cual le llevó a enfrentar a talamontes y agroindustriales productores de aguacate de la región.

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El CNI aseguró que el Estado mexicano y la Fiscalía de Michoacán reprimen y criminalizan a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por lo que también exige la liberación inmediata de Paz Zamora.

Antecedentes de violencia

De acuerdo al vocero del CSIM, Pavel Guzmán Ulianov, la prisión de la defensora purépecha solo se entiende al repasar la historia y el contexto de la comunidad indígena de Ocumicho, pueblo que defiende su territorio ancestral y el cual, durante los últimos cuatro años, ha sufrido una serie de agresiones.

Durante conferencia de prensa realizada en la capital, Morelia, Ulianov enlistó diversos actos violentos contra la comunidad indígena, entre los cuales destaca el asesinato del Secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortíz Alonso, acontecido el 31 de mayo del 2020, durante un ataque donde también resultó herido el representante de Bienes Comunales.

Destaca también la desaparición del coordinador del Consejo de Gobierno Comunal y director de la Radio Indígena Ocumicho, Esteban Cruz Rosas, el 28 de abril de 2022, cuando salía de las instalaciones de la radio. Según el CSIM, gracias a la movilización oportuna, Cruz fue localizado con vida.

Además, reportan que, el 11 de noviembre del 2022, la comunidad fue atacada por un comando armado y, el 10 de diciembre del mismo año, fue asesinado Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho.

“Todos estos casos han sido denunciados en tiempo y forma en la Fiscalía de Michoacán. Sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados”, aseguró el vocero.

Por su parte, Cruz Rosas, quien también participó de la rueda de prensa, asegura que las agresiones en contra de Ocumicho ocurren a pesar de que han pedido auxilio de manera oficial a las autoridades estatales y federales. “Somos marginados, jámas hemos sido atendidos”, acusó el coordinador.

Cruz asegura que la detención de Paz Zamora es producto de la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Michoacán, para “encontrar un chivo expiatorio” en el caso de la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos, sucedida el 3 de enero del 2024.

El coordinador del Gobierno Comunal de Ocumicho asegura que Paz Zamora permanece recluida por la acusación que hace un testigo protegido, el cual, señala el coordinador, es un criminal talamonte quien acusa a la defensora de ser la autora intelectual del secuestro de los comuneros.

“¿Cómo un criminal va a tener mas voz y voto que una persona que ha estado al frente de 20 hombres que resguardan los bosques?”, recriminó Cruz ante los medios de manera enfática. “A lo mejor por eso está siendo atacada, porque aquí en Michoacán no hay quien defienda los bosques”, reclamó.

PALABRA PÚBLICA POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL

DE JOSÉ DÍAZ GÓMEZ

19 de junio 2024

Demandamos que el juzgado cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, a José Díaz Gómez Base de Apoyo del EZLN, del pueblo originario Ch’ol, campesino de 45 años, rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el CERSS No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.

En el marco de la apertura de juicio oral que dio inicio este 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José, al tratarse de un delito fabricado. Este miércoles 19 de junio se llevará a cabo su tercera sesión de audiencia de apertura de juicio oral a las 2:00 pm, estaremos atentos y realizaremos acciones en caso de no ser absolutoria la sentencia.

Denunciamos que José Díaz ha sido víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, en la fiscalía le obligaron a poner su huella, firmar varios papeles en blanco y no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado.  Los jueces y fiscales han alargado el proceso y la prisión preventiva oficiosa, al negarle tres veces medidas cautelares, en consecuencia, ha estado viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sólo duerme 3 horas y comparte celda con 18 personas en un espacio de tres por tres metros, es decir vive en condiciones de TORTURA, provocándole enfermedad y daños psicosociales a él, a su familia y a la comunidad en resistencia de la que es parte. 

Repudiamos todas estas violaciones los derechos humanos en contra de José, lo cual evidencia el patrón característico de la fabricación de culpables para criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, a grupos y comunidades que resisten con dignidad a la destrucción de sus formas propias de vida como pueblos originarios. 

El derecho a la libre determinación, aunque reconocido constitucional e internacionalmente, es constantemente violado y pisoteadas las libertades de los pueblos por parte del mal gobierno y sus instituciones, apoyándose en la impunidad y el racismo característico del sistema de impartición de (in) justicia mexicano. José ha sido criminalizado por su adherencia zapatista como parte de la estrategia de Guerra Integral de desgaste emprendida por los diferentes gobiernos incluido el actual, que se autonombra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, las personas que nos indignamos frente a la injusticia y el despojo, porque nuestro corazón late abajo y a la izquierda, seguiremos luchando hasta ganar la libertad de nuestro compañero José Díaz y la libertad de nuestras comunidades. 

Por todo esto, exigimos:

• La cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN por el mismo delito fabricado en contra de José Díaz

• El cese de la criminalización a los miembros del Congreso Nacional Indígena. 

• La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio.

• Libertad a los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc Chipas; Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. 

• Alto al hostigamiento en contra de: la comunidad Otomí residente en CDMX, del compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y fraccionamiento contra el basurero y en defensa del agua en Puebla.

¡Libertad inmediata e incondicional para José Díaz Gómez base de apoyo zapatista!

¡Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas!

¡Alto a la Guerra contra los pueblos!

¡Viva la autonomía!

A T E N T A M E N T E

Jornadas contra la Criminalización y por la libertad

PALABRA PÚBLICA POR JOSÉ DÍAZ.pdf(255.83 KB)