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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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A los colectivos y adherentes a las Sexta Declaración de la Selva Lacandona,
A las Redes de Apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Red Contra la Represión y la Solidaridad,
A los Medios Libres, Autónomos o cómo se llamen,
A las organizaciones, los colectivos e individuos que luchan contra el capitalismo,
Al digno y Conciente Pueblo de México,

Compañeros y compañeras
Hermanos y hermanas:

Queremos comunicarles que nos encontramos profundamente preocupadas por el contexto de guerra, represión, acoso militar y paramilitar que enfrentan las comunidades autónomas, bases de apoyo e integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como parte de la política contrainsurgente impuesta por mal gobierno y su actual administración encabezada por el partido MORENA y Andrés Manuel López Obrador.

Sabemos que esta guerra es la continuación de una política de despojo que pretende arrebatar las tierras a las comunidades indígenas, para entregarlas a los empresarios e imponer sus megaproyectos y sus trenes del despojo como son el “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico”, el “Proyecto Integral Morelos”, la “Guardia Nacional” y las “Zonas Económicas Especiales”

Tenemos claro que la principal estrategia y argumento del sistema capitalista y de los malos gobiernos es y ha sido siempre la represión, la persecución y la guerra en contra de los pueblos dignos y rebeldes, que resisten a las políticas de robo, saqueo y explotación.

Tampoco olvidamos que los pueblos construyen la resistencia desde la organización, la solidaridad, el apoyo mutuo y el compañerismo. Es por eso que los convocamos a una reunión organizativa, para que en unidad y cada quien sus modos y sus tiempos podamos construir y coordinar una Campaña permanente de solidaridad con los pueblos del EZLN y el CNI, que tenga como principales tareas visibilizar y denunciar la guerra contrainsurgente y el despojo de los megaproyectos, que afecta a las comunidades zapatistas y del CNI.

La reunión se llevará a cabo elmiércoles 8 de mayo de 2019, a las 5:30pm en el Foro José Revueltas, FFYL, CU.

Sin más por el momento, esperamos contar con su presencia, reciban un abrazo fraterno.

Red de Mujeres que Luchan “Porque acordamos vivir”
Mujeres y la Sexta
Redmyc Zapatista

1 de Mayo de 2019

porqueacordamosvivir@gmail.com
mujeresyla6a@yahoo.com.mx
5554353824
FB Porque Acordamos Vivir

The National Indigenous Congress (CNI) and its Indigenous Governing Council (CIG) denounced yesterday the forceful disappearance of Nahua CIG councilmember José lucio Bartolo Faustino and CNI delegate Modesto Verales Sebastián in the state of Guerrero. Both had traveled to the city of Chilpancingo to attend a meeting with other members of CIPOG-EZ, organization to which both of them belong. On their way back to their community, they were ambushed and kidnapped. The CNI reports that the vehicle in which they traveled was found with gun shots and that they are currently organizing search brigades. They also report that in recent times the communities that elected them have been under attack by criminal organizations tollerated by the municipal, state, and federal governments.

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V Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Michoacán 2019

La Quinta Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas recorrerá algunos municipios del estado de Michoacán, debido a ello, la coordinación ha estado realizando reuniones previas con distintas autoridades y representantes del gobierno estatal y federal para garantizar la logística y la seguridad de las familias que realizan esta valiente labor.

Por ello, el 25 de febrero de 2019, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional se reunieron con miembros de la coordinación de la caravana para establecer las necesidades en materia de seguridad. Como seguimiento a este primer encuentro se llevó a cabo una segunda reunión el 12 de abril, en donde las instituciones acordaron brindar seguridad las 24 horas todos los días que dure el recorrido. Finalmente, una vez iniciada la movilización de búsqueda, se refrendó este compromiso con autoridades estatales y federales.

Sin embargo, durante la primera etapa de esta caravana solamente elementos de tránsito y vialidad de la policía estatal se hicieron presentes y policía municipal no tiene la capacidad de absorber todas las responsabilidades en materia de seguridad; por su parte, la policía federal solamente ha acompañado a la caravana en los tramos carreteros, la Fiscalía de Desaparición Forzada ha estado al pendiente pero los elementos del Ejército Mexicano ni siquiera se han presentado, al menos de manera visible.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas CEEAV es una de las pocas instituciones que ha procurado la presencia de la seguridad, ya que junto a las familias hace la exigencia de que los acuerdos previos se cumplan pero nuestras súplicas parecen llegar a oídos sordos.

La caravana pasará por territorios donde los altos índices de violencia causan preocupación a quienes integramos este esfuerzo, mismo que –para recordar– no deberíamos hacer sólo nosotros sino en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Hacemos pública esta preocupación para solicitar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad a los que se llegó con las instituciones mencionadas para evitar cualquier incidente o cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de algún miembro de la caravana y exigimos que se cumplan con los acuerdos en materia de seguridad al pie de la letra.

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El pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada “Caravana de migrantes” centroamericanos, conformado por más de 7,000 personas, desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos humanos.

Este fenómeno, también llamado “Éxodo”, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la “clandestinidad” para conformar un sujeto migrante colectivo, con voz propia, que decidió caminar en grupo para reducir los costos y los peligros a los que están usualmente expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que se han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad como motor de esta migración. El sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable, y genera, como en esta ocasión un Éxodo Centroamericano continuo y masivo.

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Comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán ante la desaparición forzada de Nilda Rosario Francisco de la Cruz

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Nilda Rosario!

Comunidades P´urhépecha a 30 de abril del 2019.

Al Gobierno Federal. Al Gobierno de Michoacán.
A la Fiscalia General de la República. A la Fiscalia General del Estado de Michoacán.
A los Medios de Comunicación. Al Pueblo de Michoacán.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades originarias, manifestamos por medio del presente comunicado lo siguiente:

En Michoacán, la desaparición forzada es una política de Estado presente desde 1974, fecha en que ocurrieron las desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia p´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, a 45 años de inicio de la desaparición forzada en la entidad, el Estado mexicano, entendido por las instituciones burocráticas federales y estatales, no ha sido capaz de resolver ni un sólo caso de desaparición forzada, esto con independencia de la filiación política del partido en el poder.

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¡Todo el bosque es sagrado! nos dice enérgicamente, pero con los ojos llorosos y la voz entrecortada América Morales, una mujer indígena otomí de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México. Ella, junto con un grupo de comuneros y habitantes que se reivindican como indígenas, enfrentan cotidianamente a los trabajadores de las empresas Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan), Constructora Teya, S.A. de C.V. (Teya), –ambas filiales de Grupo Higa– y también recientemente a la constructora Grupo Carso. Las y los comuneros nos dicen que las constructoras han intensificado sus incursiones a la comunidad desde septiembre del 2018 y, específicamente el 25 de marzo de 2019 –día en que pudimos estar presentes– se atrevieron a presentarse en el paraje Zarzamora con un grupo de golpeadores contratados por las mencionadas constructoras. Subversiones pudo constatar que: 1) estos golpeadores no son trabajadores regulares de las constructoras, es decir, no operan maquinaria ni realizan labores de construcción, exclusivamente –dijeron– «venimos a la negociación»; 2) eran alrededor de cuarenta hombres visiblemente agresivos que se estuvieron drogando cómodamente frente a los representantes de las empresas, los medios de comunicación que ahí estábamos y frente a las y los comuneros y habitantes indígenas; 3) amenazaron directamente a las y los comuneros, diciéndoles que «es mejor arreglarse así entre pocos» porque «es como todo, el dinero puede más, si tú me traes 100 yo te traigo 200 y si tú me traes 200 yo te traigo 300».

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Organizaciones de la sociedad civil mexicana y Derechos Humanos presentan informe conjunto documentando crímenes por tortura y tratos inhumanos cometidos por el estado en contra de la población más vulnerable. Entre los casos se incluyen los testimonios de los presos en huelga de hambre en Chiapas.

En esta semana se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, diversas organizaciones de Derechos Humanos mexicanas con el Comité de la ONU contra la tortura¹. En este encuentro se pretende evidenciar y denunciar una vez más el uso sistemático de esta práctica que engloba la tortura sexual, física y psicológica, y plantear estrategias para erradicarla. En la agenda a tratar figuran además temas transversales como son el desplazamiento y desaparición forzada, así como la detención arbitraria empleada regularmente por policías y miembros del sistema de justicia mexicano, como apunta en su informe especial Amnistía Internacional².

Aunque el uso de la tortura se da en diversos contextos, incluyendo la represión de la protesta social, un porcentaje muy importante de los casos registrados se da entre los grupos sociales mas vulnerables como son las poblaciones campesinas, indígenas y/o pobres, según el patrón “detención arbitraria-tortura-producción de pruebas ilícitas-proceso penal (y posible condena) a la víctima”³. La situación de encierro arbitrario que padecen miles de personas en México es consecuencia directa de la aplicación de la tortura en el momento de su detención con la finalidad de fabricar pruebas incriminatorias y arrancar declaraciones autoinculpatorias⁴.

Este tipo de injusticias son las que llevaron a 6 presos en lucha⁵ a iniciar desde el 15 de Marzo del presente año una huelga de hambre indefinida, a la cual se adhirieron otros presos en solidaridad, coordinados desde diferentes penales del estado de Chiapas, en exigencia de justicia y libertad. Esta acción política extrema, que pone en riesgo su propia vida, se da ante la impasividad del sistema de justicia mexicano por revisar sus expedientes repletos de graves violaciones al debido proceso jurídico. La mayoría de los presos son sobrevivientes de tortura aplicada en su contra por las autoridades que los detuvieron con el objetivo de obtener declaraciones autoinculpatorias.

A 42 días del inicio de esta acción límite, tanto las familias como los representantes de los presos han conseguido llamar la atención de las autoridades competentes y reunirse alrededor de una mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, el cual se ha comprometido a revisar sus expedientes y a atraer los casos a la instancia única en el país operada por el Tribunal Superior de Justicia denominada Mesa de Reconciliación.

Sin embargo, y a pesar de las miles de denuncias por tortura recibidas por la Procuraduría General de la República, la voluntad estatal por investigar a las autoridades responsables y condenar este tipo de prácticas a sido cuestionada y denunciada históricamente en innumerables ocasiones⁶. A ello se suma la dificultad de demostrar el uso de la tortura cuando no hay registros de la misma, debido a que no consta en las declaraciones por coacción de los detenidos, ni suele ser documentada como tal por los peritajes médicos realizados por la PGR, como señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁷.

Los declaraciones de tortura de los presos son únicamente una muestra representativa de los miles de testimonios y denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes que constarán en el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en colaboración con organizaciones alternativas de la sociedad civil mexicana, que será presentado y discutido ante el Comité de las Naciones Unidas contra la tortura en estos días⁸.

Esta reunión se da tan solo dos semanas después de la visita que realizó a México la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la cual expresó su preocupación al dimensionar la crisis en materia de Derechos Humanos por la que atraviesa el país, así como por los alarmantes índices de violencia que sufre la población mexicana. “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006. A la par, existen 26.000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores”⁹.

 Desde el año 2003 la tortura fue declarada sistemática en México por el propio Comité de la ONU contra la tortura, y desde entonces la comunidad internacional ha venido haciendo “recomendaciones” a México en cuanto a materia de Derechos Humanos¹⁰. Sin embargo los intereses económicos en México a nivel internacional priman sobre las exigencias de poner fin a estos crímenes, por ello 16 años después las organizaciones de la sociedad civil se encuentran nuevamente ante esta instancia internacional denunciando lo mismo. El nuevo Gobierno de México está obligado a responder ante estas acusaciones. ¿Seguirá mirando para otro lado o tomará cartas en el asunto?

El encuentro será retransmitido en vivo a través del enlace oficial http://webtv.un.org/live y se podrá seguir en las redes sociales a través del hashtag: #CAT66

El Comité publicará sus conclusiones el 17 de mayo y sostendrá una conferencia de prensa para informar de las mismas.

Artículo elaborado por el Grupo de Trabajo No estamos todxs

1     https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1256&Lang=es

2     https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4153402017SPANISH.PDF

3     http://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/MagnitudCrisisDHMexico2.pdf

4     http://hchr.org.mx/files/Relatorias/Approved-FinalConclusionesPreliminares_2deMayode2014_VisitaSRTMexico.pdf

5     http://noestamostodxs.tk/presoschiapas/

6     http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

7     http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

8     https://frayba.org.mx/informe-alternativo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-de-mexico-al-cat/

9     https://news.un.org/es/story/2019/04/1454171

10   http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes