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Por Aldo Santiago
Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.
Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.
Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.
Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.
Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.
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La labor que ha realizado la organización Artículo 19 en los últimos 15 años en México permite observar los desafios que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de medios alternativos, públicos y privados, para ejercer el derecho a comunicar.
En esta ocasión es la propia organización Art 19 quien recibe ataques por el grupo en el poder. Lxs invitamos a conocer su historia y trabajos que realizan.
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Por Sandra Suaste
La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.
La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.
Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN, pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.
La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.
La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.
Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”
Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.
La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.
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Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal
Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.
Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.
Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.
Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.
(Por Dalia Souza y Ximena Torres; Ilustraciones: Fernanda Kovacs)
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Texto y fotos: Isabel Briseño
CIUDAD DE MÉXICO.- “Toda la noche y Palacio Nacional no alcanzan para nombrar a las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas”. Así lo dijo una madre que se unió a la convocatoria que realizó el colectivo AntiMonumenta para realizar una velada frente a Palacio Nacional.
Aproximadamente 60 madres de Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de México compartieron sus historias y recordaron a sus hijas víctimas de violencia en la fría velada que duró 12 horas, de seis de la tarde a las seis de la mañana de este lunes.
Andrea Soto, madre de Verónica Soto Hernandez, se acercó a la valla para amarrar una cruz junto a la lona con la foto de su hija. La chica tenía 22 años cuando la asesinaron el 1 de noviembre del 2019 en Naucalpan, Estado de México. Fue a una fiesta de disfraces con una amiga y nunca regresó. Al día siguiente, alguien avisó a la señora Andrea que su hija estaba en el Semefo de Naucalpan.
Una a una comenzaron a compartir sus testimonios frente a otras madres. Al finalizar, se gritaban: “no estás sola”.
La señora Soto cuenta que no le dan ganas de salir de su cama. Pero en esta ocasión decidió acudir al llamado para sentir que está haciendo algo para exigir justicia para su hija. Ella cree que las autoridades se justifican en la pandemia para no continuar trabajando en las investigaciones que den alguna pista más sobre el asesinato de su hija.
«La mamá de la muchcachita Pamela me dio un abrazo tan fuerte y sentido que agradecí mucho, solo las que hemos pasado por este dolor nos comprendemos», así lo expresó la señora Soto.Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A.C. portan pancartas con los rostros de algunas mujeres asesinadas y desaparecidas en Culiacán Sinaloa.
Acompañada por su hijo, Andrea Soto reunió fuerzas para pasar frente a las demás madres y narrar con voz entrecortada y haciendo constantes pausas los hechos que conoce y sobre los que exige se investigue más. También recordó amorosamente lo buena mujer que era su hija y el trabajo que le ha costado seguir viviendo desde que la perdió.
Muchas de las madres acudieron para seguir visibilizando los casos de sus hijas y exigir verdad y justicia, “Yo no tengo dinero, no tengo influencias, no puedo ofrecer recompensa”, expresa la señora Soto con los ojos cristalizados. A 17 meses del asesinato de su hija siente que tiene que hacer algo para ser escuchada y la ayuden a conocer la verdad.
“Yo no le tengo fe al presidente”, expresa con ahínco y dolor la madre de la joven enfermera, dice no saber quién paga ese evento pero a ella no le pidieron ni un peso; agradece que se realicen porque si no quién las escucharía.
“Espero ver llegar la justicia para mi hija pero si muero en el intento pienso que seguirá mi hijo por mí”. Lo dice porque ha conocido algunas historias de lucha que llevan 7, 10 o más años y ella no cree aguantar tanto.
Las madres fueron acompañadas por algunos otros familiares que aguantaron junto a ellas el frío de la larga noche y que en breves momentos se calentaban el alma cuando recibían un fuerte abrazo de otra madre que comparte y entiende su dolor, por esa noche se acompañaron y retomaron un poco de fuerza para continuar su caminar de exigencia solas.
Debido al intenso aire que se sintió la fría noche del lunes 28 de marzo, se usaron velas eléctricas. Frente al Palacio Nacional se ataron cruces, lonas y algunas familiares pintaron los nombres de sus hijas.
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Por : Santiago Navarro F. y Renata Bessi
Aquino Pedro Máximo recuerda muy bien la madrugada del 8 de octubre de 2018, cuando se soltó un aguacero torrencial. Él es un campesino zapoteca de la comunidad Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en el sur de México. Aquella noche, sobre los techos de lámina de las casas se entonaba un ruido ensordecedor. A muy tempranas horas de la mañana, como es su costumbre, agarró su machete y se dispuso a comenzar la jornada en sus cultivos, junto a otros campesinos. Los tomó por sorpresa que el arroyo El Coyote estaba teñido de un material grisáceo. “Parecía cemento”, recuerda Aquino.
Más de cuatro kilómetros del arroyo se habían cubierto de este lodo gris. El agua, que los campesinos utilizan para uso agrícola y pecuario, era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también. La masa lodosa se había esparcido en el paraje conocido como “La Ciénega”, en el municipio de Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales y un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos.
Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.
El lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente, desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente, a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.
Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.
Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación.
A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.
Los primeros informes oficiales registraron que la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.
Vecina de Magdalena Ocotlán pide (en 2020) a los funcionarios de Semanart que retomen el caso.
Instalaciones superficiales de Compañía Minera Cuzcatlán.
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El agua sí estaba contaminada
Luz María Méndez Rodríguez es madre de familia y vecina de Magdalena Ocotlán, la comunidad más afectada por el derrame. Narra los días que siguieron al desastre ocurrido en 2018. “Comenzaron a morir algunos de nuestros animales. Los niños y personas mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea, alergias en la piel. Nos dijeron que había un brote de hepatitis. Nunca habíamos vivido una situación así”, cuenta María, quien también es regidora de hacienda de la comunidad.
Justamente porque el lodo gris llegó hasta las proximidades del pozo de agua potable de la comunidad, la regidora de ecología de Magdalena Ocotlán, Oliva Odelia Aquino Sánchez, relata que, por iniciativa propia, la gente dejó de utilizar el agua del pozo, pero eso duró poco tiempo. “Todo mundo se preocupó y entonces empezamos a comprar agua (embotellada); muchos solo aguantaron unas semanas, después volvieron a tomar de esa agua contaminada, porque está cabrón, apenas hay dinero para comer”.
La incapacidad para poder comprar más de un botellón de agua de 20 litros a la semana, que ronda el valor de un dólar (20 pesos mexicanos) se debe principalmente a que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no recibe un sueldo fijo. El 73% de la población de Magdalena Ocotlán vive en la pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2015, y casi una cuarta parte de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Bienestar en 2021.
El abogado que asesora a las comunidades, José Pablo Antonio, explica que los marcos internacionales plantean que, hasta que se resuelva la situación, las autoridades deben decretar medidas preventivas, además de brindar información a las comunidades. “Debieron haber suspendido el uso de agua de la población y garantizado su abastecimiento con otras fuentes hasta que se solucionara por completo la situación. Pero aquí eso no ha pasado”, sostiene.
Dos días después del derrame, mientras las comunidades vivían en la incertidumbre por lo que estaba pasando, las autoridades ambientales realizaron una inspección en las áreas afectadas. La Conagua fue responsable de analizar el agua; la Profepa, el suelo. Se abrió un expediente en cada instancia.
De parte de Conagua llegaron funcionarios y personal del Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. Constataron que el derrame venía de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila. La conducción de estas escorrentías hacia la pila se realiza mediante un canal”, detallaron los funcionarios en su acta .
En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y pudieron presenciar un nuevo derrame. Según los funcionarios, con la lluvia, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con jales y el bordo del canal se rompió. “Estas aguas, con el deslave del suelo y sedimentos de los jales secos, se observa de un color grisáceo, fluye hacia un camino que se dirige hacia el arroyo el Coyote donde estas escorrentías llegan y se mezclan con la corriente de aguas nacionales”, detallaron en su informe.
Al final, cuando la tormenta había dado una pequeña tregua, el personal del laboratorio de Conagua tomó las muestras “justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, describen en sus registros. En la misma visita de inspección, tomaron muestras del arroyo El Coyote.
Los resultados de estos muestreos fueron analizados por dos laboratorios: el mismo Regional Pacífico Sur que los colectó y el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.
Se identificaron metales pesados por arriba de lo que permite la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) de 1989, para uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo El Coyote, se encontró que el hierro rebasó hasta 1845.8% los límites permisibles; el aluminio, hasta 955.12%, y el plomo en 167%.
“Las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos, no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-1996 y también rebasaron los niveles máximos establecidos en los CECA publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1989, que califican los cuerpos de agua para Riego Agrícola y para Uso Pecuario, en los parámetros de pH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno (DQO), (…) por lo que hace a los metales pesados rebasan los límites máximos permisibles de Aluminio, Fierro y el Plomo, contaminando el arroyo El Coyote”, consta el oficio No. BOO.810.02.2455/2018 de la autoridad del agua.
Conagua también afirmaba que hubo “daño ambiental” y hacía la advertencia de que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario. “Al existir estos contaminantes en el Arroyo, las escorrentías de aguas nacionales que fluyen por el cauce de dicho arroyo no pueden ser utilizadas para estos usos”, se lee en el documento.
Contaminación encontrada en los jales de Minera Cuzcatlán.
Sin embargo, esos primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación fueron cambiando con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.
Un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” sobre el caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de Conagua. En este documento la autoridad informaba que, de acuerdo con sus estudios, el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame y, por lo tanto, se determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar. Dos de ellas, para mejorar sus instalaciones, fueron cumplidas.
Sobre este par de medidas, en entrevista por escrito para el equipo de esta investigación, Cristina Rodríguez, subdirectora de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuzcatlán informó que se duplicó “el espacio de la pileta de recolección de agua de nuestro depósito de jales secos, pasando de 7,000 m3 a 14,000 m3 y quintuplicando su capacidad de bombeo para prevenir escurrimientos en época de lluvias. Asimismo, construimos una pileta de colección de emergencia, con una capacidad total de 23,000 m3”.
La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación, donde Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus jales en el ambiente y en la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de remediación. Es decir, Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada, lo que abrió la posibilidad para que Minera Cuzcatlán pudiera presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la contaminación.
La empresa presentó el documento Programa de actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote. La primera acción de este programa preveía la realización de nuevos muestreos de agua, con el objetivo de “determinar la afectación (…) y, en su caso, formular el programa de remediación correspondiente”. El programa de actividades fue aceptado por Conagua.
El nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame por el Laboratorio Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A., de C.V. y fue analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por la empresa.
La bióloga Martha Patricia Mora explica la necesidad de hacer el muestreo lo antes posible.
Las muestras se tomaron en un escenario totalmente distinto al del derrame del 8 de octubre. Por ejemplo, no hubo muestreo en la pileta colectora de aguas de lluvia con jales secos, la misma de donde derivó el derrame, porque la temporada de lluvias ya había pasado y no contenía agua. Los muestreos fueron realizados en el arroyo El Coyote y el estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles. Por ello, se determinó que no hubo afectación al arroyo. “No se acreditó contaminación de un cuerpo receptor de aguas nacionales”, sostuvo la empresa.
Debido a lo anterior, “la Compañía (Cuzcatlán) recibió una multa de aproximadamente 42,000 (dólares) relacionada con el incidente”, según el reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines, de 2018. “Es irrisoria. Estas empresas ganan millones de dólares en un día, esto lo pueden recuperar en horas”, critica la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en temas indígenas y extractivismo.
Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admite que en el primer análisis encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”. A partir de ello, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron todas las garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde. A lo que a ellos les haga bien”. De esta manera, Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de réplica, de defenderse” y “nos hicieron llegar una serie de documentos”, subraya el funcionario.
Posteriormente, continúa Martínez Cordero, “entramos a una fase que es la remediación”, es decir, “teníamos que saber si hay algo que remediar”; por eso, Minera Cuzcatlán “tuvo que hacer otro muestreo”. De acuerdo con su versión, los muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. La contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió”; admite que la contaminación no desapareció, sino que los contaminantes migraron “a otro lado”.
Explicación del director general del Organismo de Cuenca Pacifico-Sur de Conagua.
Para Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Ecotoxicología y miembro de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras. Los muestreos deben ser hechos lo más pronto posible. Eso porque, como las aguas se mueven en los ríos, los metales también se mueven y la tendencia es que se acumulen en el suelo por donde pasan las aguas. Es decir, en un primer momento, el contaminante estará en el agua, pero con el tiempo se quedará atrapado en el suelo. Por eso la necesidad de hacer diversos muestreos no solo del agua, sino también del suelo a lo largo del tiempo.
Los primeros estudios de Conagua presentaban elementos suficientes para determinar que sí hubo afectación y, por tanto, se debió implementar un plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las comunidades afectadas, así como un monitoreo de la evolución de esta contaminación, según la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional. “Sin duda, los estudios más confiables eran los de Conagua. Lo que hicieron fue descalificar los análisis de un órgano fundamental que debe proteger nuestra agua. Si hubieran seguido con los elementos iniciales identificados por Conagua, la empresa no la hubiera librado tan fácilmente, porque tendría que justificar muchas cosas que no necesitaron hacer con el nuevo estudio”, reflexiona.
Bloqueo de la carretera federal 175, realizado por diversas comunidades en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart en relación a la 2ª Manifestación de Impacto Ambiental que esta tramitando Minera Cuzcatlán. Foto por Santiago Navarro F.
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¿Un error de transcripción?
Dos días después del derrame, los técnicos de Profepa, realizaron una “visita de inspección ordinaria a la empresa”, para “verificar física y documentalmente (…) que la empresa se encuentre dando complimiento con sus obligaciones ambientales”. En su acta de inspección registraron que la pileta tiene una compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre “la superficie de la compuerta tierra húmeda impregnada de jales mineros con color grisáceo, misma que se observa sobre el suelo natural y malezas aledañas al cauce del referido arroyo”.
Durante la inspección no tomaron muestras del suelo. Para Profepa, Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Por ello, la empresa recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic. Diez días después del derrame, el 18 y 19 de octubre, realizó 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote.
Los resultados identificaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo El Coyote. Uno de ellos, en las cercanías del pozo de agua potable.
A partir de los resultados de estos estudios realizados por Intertek, la Subdelegación Auditoría Ambiental e Inspección Industrial, de Profepa, que se encargó de revisarlos, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía contaminación por talio.
En una de las parcelas por donde pasa el arroyo, se identificó que las cantidades de este metal rebasaban en 350% los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSAT-2004. Mientras que en el sitio de muestreo de suelo llamado “pozo de agua potable” superó en 300% los límites. “Se concluye que sí existe contaminación de suelo en los puntos nombrados Parcela 1498 (Talio 0,09 mg-L) y Pozo de Agua Potable (Talio 0,08 mg-L) con metal pesado Talio”, registra la opinión técnica de Profepa.
Minera Cuzcatlán, por su parte, buscó argumentar con diversos documentos e informes ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Por ello contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados de Intertek donde aparece el talio. Todas ellas o desconsideraron la presencia de este metal o argumentaron que no representaba riesgo a la salud y al medio ambiente.
Una de estas consultorías, Nova Consultores Ambientales, afirmó que al “haberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (…) se programó un nuevo muestreo”, que fue realizado por Grupo Microanálisis.
Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justificó que podía deberse a “un fenómeno zonal, es decir característico del área”.
Al final, Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras porque, después de todo este proceso, “en atención a la inquietud” presentada por Minera Cuzcatlán a Intertek, el laboratorio llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal.
Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es así que este laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, lo que indica que no hay presencia de este metal.
Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigación, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”.
El equipo de este reportaje buscó la versión de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana Vázquez, quien dijo “no hay un área como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en específico”, terminó por redirigir la llamada a una grabación del sistema de mensajería de la empresa. Nuevamente se intentó contactar, pero ya solo respondió el sistema de mensajería.
Según la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, como comprueban los dictámenes emitidos por Profepa y Conagua, “el escurrimiento de nuestra pileta de colección, ocurrido en octubre de 2018, no causó daño ambiental, principalmente porque los jales de Compañía Minera Cuzcatlán no son catalogados como peligrosos o tóxicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relación con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compañía Minera Cuzcatlán ha promovido programas de desarrollo agrícola y pecuario en la zona, así como de reforestación; además de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones”.
Minera Cuzcatlán, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que “siguió todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboración con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigación concluyó que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo”. Además, la Minera Cuzcatlán recalca “que el talio, no esta presente en las características geoquímica de nuestros jales”, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que sí detectaron la presencia de talio.
Por su parte, la bióloga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripción de Intertek. “Es difícil de creer que un laboratorio proveedor líder en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso”. Explica que habría que pedir “los resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo”.
No se puede creer “en la empresa así nomás; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones”. Profepa es, al final, “el órgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente”, agrega la abogada Claudia Gómez Godoy.
Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de “las pruebas documentales que aportó el representante legal de la empresa Compañía Minera Cuzcatlán”, tal y como está registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recibía la Subdelegación Jurídica y ésta solicitaba una opinión técnica a la Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial. Esta opinión técnica era formulada a partir de la revisión de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Después regresaba al área Jurídica. Fue así como se tomaron las decisiones, con opiniones técnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatlán.
“Ninguna empresa va asumir que sí contaminó. Esas prácticas se prestan mucho a la corrupción”, señala la abogada Gómez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que actúe en consecuencia. “La carga de la prueba está con las empresas que tienen laboratorios a cargo”, puntualiza el investigador y concluye que “hay conflicto de interés; desafortunadamente son mecanismos de regulación que han sido diseñados para eso, para que haya impunidad”.
El equipo de esta investigación hizo la solicitud de entrevista al área de comunicación social de Profepa y fuimos atendidos por Rubén Jiménez; no obstante, nunca se garantizó una fecha para la entrevista y, hasta el punto final de esta investigación, no se recibió respuesta alguna de esta instancia.
16 comunidades bloquearon la carretera federal 175, en diciembre de 2020, para exigir una audiencia con la Semanart. También denunciaron la contaminación de Minera Cuzcatlán y la expansión hacia otras comunidades que no han sido consultadas ni informadas. Foto por Santiago Navarro F.
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El eterno suspenso de los pobladores
Las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las autoridades ambientales para atender este evento que les afectaba con la falta de agua potable y con problemas en la salud. “En ningún momento la Profepa, como instancia pública del gobierno federal, se acercó a las comunidades para brindarles información”, dice el abogado José Pablo Antonio, que asesora a las comunidades.
Aquino Pedro Máximo asegura que ellos nunca se enteraron de la presencia de estos metales. “No tenemos dinero para pagar nuestros propios estudios. Tampoco confiamos en las autoridades, porque parece que ellos trabajan para la empresa en la forma que se comportan. Están más preocupados de que la empresa pueda continuar con sus explotaciones y a ellos no les importa lo que sufrimos”, comparte.
La falta de información caracteriza la violación de derechos fundamentales, sostiene la abogada Gómez Godoy. “Si la gente de las comunidades no tiene información sobre la calidad del agua, pues se está violando una serie de derechos. Primero, el derecho a la información, pero también se viola el derecho humano al agua, a la salud. La información es fundamental para que se garanticen otros derechos”. Además, señala que “es necesario que Semarnat, Profepa y Conagua se adecúen a la nueva realidad de los convenios internacionales de Derechos Humanos que, en México, pasó a tener rango constitucional [desde 1992]”.
Las instancias de salud local tampoco recibieron aviso alguno sobre la presencia de los metales identificados o recomendaciones sobre las posibles afectaciones a la salud. Eiser Ariel Vázquez Salazar es médico coordinador de la Unidad Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social del municipio de Magdalena Ocotlán. Ha laborado desde hace seis años en esta comunidad. “Oficialmente no hemos tenido una protocolización con estas instituciones dedicadas a cuidar el ambiente, para saber cuáles son las conductas a seguir”, se queja.
Efrén Sánchez Aquino, síndico municipal de Magdalena Ocotlán, quien asumió el cargo en 2020, muestra su preocupación porque muchas personas se enfermaron. “Yo tuve diarrea y dolores de estómago por varios días. Hoy como autoridad la preocupación es mayor porque tenemos que velar por nuestra comunidad”.
En los últimos años, en especial después del derrame, el médico Vázquez Salazar confirma que notó un aumento de enfermedades de tipo intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales.
El equipo de este reportaje solicitó informaciones a la Regiduría de Salud del municipio de Magdalena Ocotlán sobre los números de casos y las enfermedades registradas en el municipio en los últimos cinco años. La autoridad de salud municipal sostuvo que no había registros de las enfermedades y orientó el equipo a solicitar directamente a la única unidad rural de salud del municipio, coordinada precisamente por Vázquez Salazar. En entrevista, sostuvo que en la unidad de salud no existen registros sistematizados de las enfermedades en el municipio.
Mediante solicitud de información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, igualmente cuestionada sobre los registros de enfermedades en Magdalena Ocotlán, no mostró registros en este municipio. También se solicitó información al Instituto de Salud para el Bienestar, que notificó su incompetencia para atender la solicitud, y orientó a que se solicitara información a la Secretaría de Salud de Oaxaca. Dicha dependencia no contestó a la solicitud de información y tampoco hizo caso a las quejas interpuestas.
“No hemos podido tener una valoración o un estudio que nos diga los impactos reales del derrame en la salud de la comunidad”, sostiene el coordinador de la unidad médica de Magdalena Ocotlán. No descarta la relación del aumento de estos padecimientos con el derrame y la actividad minera. “Constatamos que substancias del proceso minero alcanzaron el principal abastecimiento de agua de esta comunidad. Y este es un dato principal que no podemos descartar”.
Por otro lado, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, sostiene que el órgano no informó a las comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente porque le correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) avisar a las autoridades de salud para que tomaran medidas.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el presidente de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat, Daniel Quezada Daniel, quien fue asignado para dar seguimiento a los conflictos entre comunidades y la Minera Cuzcatlán. No obstante, no dio seguimiento a nuestra solicitud.
Indicios de contaminación en el colector de aguas pluviales de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Ubicado a 300 metros de Minera Cuzcatlán.
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La historia se vuelve a repetir
El expediente del caso sobre el derrame ocurrido en 2018 está oficialmente cerrado, mientras que las comunidades afectadas hasta el día de hoy desconocen cómo fue el desenlace de este derrame. Pareciera que el tiempo lo cura todo y estas comunidades simplemente pudieron haber olvidado lo ocurrido, pero el 13 de julio del año 2020 volvieron a detectar una nueva contaminación.
Cuando los pastores de Magdalena Ocotlán llevaban a tomar agua a su ganado a un colector de aguas pluviales –se encuentra a menos de 300 metros de las instalaciones de la empresa, en los márgenes del arroyo Santa Rosa–, se percataron de que el agua tenía un color rojizo y una lama blanca.
Dieron aviso a las autoridades del pueblo y estos presentaron una denuncia oficial ante la Profepa. La empresa inmediatamente dijo que no hubo ningún tipo de derrame y, por lo tanto, se deslindó de toda responsabilidad.
Nuevamente, las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después se presentó Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados. El equipo de este reportaje se encontraba presente en el lugar. El regidor de Obras, Francisco Rosario Valencia, le preguntó al funcionario si había o no metales pesados en su agua. “Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”, respondió el funcionario.
Metales encontrados en el colector de aguas pluviales de la Comunidad de Magdalena Ocotlán
Se le volvió a preguntar si sabía cuáles son las afectaciones de este metal y dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.
El informe técnico, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación, arrojaba la presencia de aluminio de hasta 27,337% arriba de las normas CECA para uso en protección de vida acuática en agua dulce. Lo mismo sucedió con el fierro, el cual excedió lo permitido hasta 900%. El nitrógeno amoniacal rebasó 413.33%. El oxígeno disuelto se mostraba por debajo de los límites ideales, “lo que indica carencia de oxígeno que limita el uso para protección de vida acuática”, dice el documento.
En el oficio que presentó el funcionario de Conagua exime a Minera Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una revisión ocular de sus instalaciones: “Con los datos obtenidos durante la visita de reconocimiento y las muestras de agua de 6 sitios (en colector de agua), no es posible establecer que el agente causante de una probable contaminación sea la Minera”.
Hasta la publicación de esta investigación, Profepa no ha comunicado cuáles fueron los resultados de los sedimentos. Este expediente sigue abierto. Sin embargo, la historia se repite. Las comunidades están alejadas de las acciones y decisiones tomadas entre empresa y las autoridades ambientales.
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Por Avispa
Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi
El pasado miércoles 24 de marzo se ha publicado de forma conjunta, con Avispa Midia, Aristegui Noticias, Pie de Página y Connectas, la investigación periodística llamada Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar. El trabajo ha generado reacciones por parte de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a quien ha sido dado el derecho de réplica a través de Aristegui Noticias. También el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha enviado una nota aclaratoria.
Reiteramos que el equipo de esta investigación revisó a detalle y en compañía de especialistas en la materia los primeros resultados de las muestras colectadas, dos días después del derrame, por el Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, de Conagua. Los funcionarios del laboratorio de Conagua hicieron muestras del arroyo y también de la mezcla de aguas de lluvia con jales secos que escurrieron en el arroyo El Coyote.
Las muestras fueron colectadas directamente de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila de los escurrimientos, y también justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, detallaron los funcionarios en su acta .
Estas muestras fueron analizadas por Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.
De acuerdo con los resultados, en los muestreos de los jales secos con aguas de lluvia, colectados dentro de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán y que posteriormente se vertieron en el Arroyo el Coyote, aparecieron los siguientes metales por arriba de los límites máximos permisibles (LMP) de los Ceca y de la NOM-001-Semarnat-1996: Níquel, Aluminio, Arsenio, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc. También aparecieron otros metales en los muestreos, sin embargo, las normas utilizadas por Conagua no establecen un límite máximo permisible para estos metales. Ellos son: Plata, Bario, Berilio, Bismuto, Cobalto, Litio, Manganeso, Molibdeno, Selenio, Estaño, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Magnesio.
Fecha de muestreo 10-10-2018
En una nota aclaratoria enviada al equipo de esta investigación, el Director General OCPS de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, quien fue entrevistado en la investigación, sostiene que los “procedimientos administrativos (…) se llevan a cabo en estricto apego a los criterios técnico-administrativos y se fundamenta su intervención en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.
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Por Renata Bessi
Foto de Portada: Aldo Santiago
La transición hacia a las energías consideradas verdes o renovables es el objetivo de por lo menos 194 países que firmaron el Acuerdo de París, durante la Conferencia sobre el Clima (COP21), en diciembre de 2015, para evitar que el cambio climático cause aún más desastres en el planeta. Incluso, una de las primeras ordenes ejecutivas del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue reincorporar a su país al acuerdo, revertiendo la decisión de su antecesor Donald Trump.
Pero esta transición energética tiene un costo poco alardeado o minimizado por los países y organizaciones supranacionales que promueven el acuerdo. Este costo es el aumento en escala planetaria, y sus consecuencias sociales y ambientales, de la explotación de minerales como aluminio, cobre, plomo, litio, manganeso, níquel, plata, acero y zinc y minerales de tierras raras.
El Banco Mundial estima que serán necesarias más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de las nuevas tecnologías como la energía eólica, solar y geotérmica y para las baterías para almacenar energía y para automóviles eléctricos. El aumento de la explotación de minerales significa, por ejemplo, en el caso del litio, grafito y cobalto, utilizados en tecnologías de almacenamiento de energía, un aumento de casi el 500% hasta 2050, de acuerdo con un informe del organismo financiero.
Todo eso con el objetivo de cumplir uno de los puntos del Acuerdo de París que es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados. “Un futuro bajo en carbono será muy intensivo en minerales porque las tecnologías de energía limpia necesitan más materiales que las tecnologías de generación de electricidad basadas en combustibles fósiles”, explica el informe. Los metales son fundamentales para la fabricación de las tecnologías consideradas ‘verdes’ como los paneles solares, turbinas eólicas y baterías.
Cada tecnología energética tiene diferentes composiciones minerales, lo que genera características de demanda que pueden variar significativamente de una tecnología a otra. La energía solar fotovoltaica, por ejemplo, representará la mayor demanda de aluminio, en 87% del consumo total. La energía eólica y geotérmica representarán la mayor parte de la demanda de zinc y titanio, con 98% y 64% respectivamente del consumo total. La energía solar fotovoltaica y la eólica, combinadas, representan el 74,2% de toda la demanda de cobre.
Minerales Occidente (Minosa), filial de la canadiense Aura Minerals, en la Comunidad de Azacualpa, en el municipio de la Unión, Honduras. Foto Renata Bessi
El informe advierte que cualquier escasez de estos minerales pondrá en jaque la implementación en escala mundial de las tecnologías consideradas verdes. De manera que, para incentivar la explotación de estos minerales, el Banco Mundial lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, dice el informe.
Para la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora y investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hablar de minería sostenible es una incongruencia. “La tecnología utilizada en la explotación minera continúa siendo depredadora, porque continúa utilizando productos químicos, metales pesados en su proceso, además de grandes cantidades de agua y energía para obtener el metal puro. Además, van modificando ecosistemas completos”, explica para Avispa Midia.
Debido al agotamiento de los metales, cada vez se obtienen menos cantidades de minerales por cada tonelada extraída de material pétreo del subsuelo. “Eso demanda métodos más refinados, pero no significa que dañe menos el ambiente”, sostiene la bióloga, “además la explotación se está dando en escalas nunca antes vistas”.
La inversión prevista para lo que el Banco considera como ‘minería climáticamente inteligente’ es de 50 millones de dólares en un plazo de 5 años para acelerar el extractivismo de más minerales. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.
Actualmente el reemplazo de las energías renovables marcha a una velocidad acelerada, no obstante, de acuerdo con datos el BM, hasta 2017 tan solo se había alcanzado un reemplazo del 17% de la generación de energía mundial.
Foto: Renata Bessi
Mapeo de los minerales
El Banco Mundial también realizó un mapeo de la producción y de las reservas de minerales a nivel mundial. América Latina es considerada por el organismo financiero como una de las principales fuentes de minerales para la llamada transición energética global, siendo Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Perú los principales países. Los minerales claves en esta región son el litio, cobre, hierro, plata, aluminio, níquel, manganeso y zinc.
Asia es otra región estratégica para esta transición en lo que respecta a los minerales de tierras raras, una lista de 17 elementos químicos necesarios para la fabricación de motores eléctricos, smartphones o paneles solares. Además, la India domina el hierro, el acero y el titanio, e Indonesia cuenta con bauxita y níquel, al igual que Malasia y Filipinas —con cobalto— en menor medida.
África es estratégica con sus reservas de platino, manganeso, bauxita y cromo. Finalmente, en Oceanía, se destacan las enormes reservas de níquel.
Papel de la China
El informe del Banco Mundial subraya el dominio global de la China sobre la explotación de los metales. “China seguirá desempeñando un papel de liderazgo en la producción y en los niveles de reservas en prácticamente todos los metales clave necesarios en escenarios de bajas emisiones de carbono”, sostiene el documento.
¿Quién domina las informaciones?
De acuerdo con el informe del Banco Mundial, el Servicio Geológico de los Estados Unidos proporciona la información más sofisticada y actualizada disponible públicamente sobre la producción y las reservas de minerales en el mundo. Además, de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón también han establecido programas que rastrean la disponibilidad de estos metales.
¿Quién paga el costo?
El centro mundial de la explotación minera está en el sur global, en los países con los mayores índices de extrema pobreza, que el organismo nombra como ‘países en desarrollo ricos en recursos’. “Los recursos minerales no renovables desempeñan un papel dominante en 81 países que en conjunto representan una cuarta parte del PIB mundial, la mitad de la población mundial y casi el 70 por ciento de los que viven en la pobreza extrema”, dice su informe.
Mientras el Banco Mundial entabla el viejo discurso de las posibilidades de desarrollo de los países y de una minería amigable con el medio ambiente, la realidad en los territorios indígenas y campesino es otra. “Sabemos que los procesos de extracción minera generan enormes impactos en los territorios”, sostiene para Avispa Midia Claudia Ramos, de la Organización Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. “Conllevan enormes riesgos y violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígena”, señala.
El hondureño José Armando Acosta Contreras, de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de la Unión, Honduras, trabajó alrededor de 20 años para la minera Minerales Occidente (Minosa), filial de la canadiense Aura Minerals, que explota a cielo abierto diversos minerales de su comunidad, como el oro, plata, cobre y el bronce. Contreras tiene la sangre contaminada por los metales pesados como arsénico, mercurio y plomo y sufre las consecuencias en su salud por esta contaminación. A él la empresa lo despidió acusado de actuar en su contra, por defender el cementerio de su comunidad, la última franja de tierra a ser devastada por esta minera.
La Minosa, que desplazó a la comunidad de San Andrés y parte de las comunidades de San Miguel y Azacualpa, sostiene que sus negocios están “enfocados en el desarrollo sostenible”. Para Contreras no existe minería ambientalmente responsable. ‘Desarrollo sostenible’, para él que conoce los procesos mineros desde adentro, es puramente un juego de palabras. “Sino no harían daño a los bosques, tampoco mataría los animalitos. Antes existían muchos animales en estos cerros, pajaritos de todas las clases, ardillas, venados, hasta coyotes. Además, las cinco fuentes de agua que teníamos ya no existen. Todo eso la empresa poco a poco lo destruyó”, comenta para Avispa Midia.
La comunidad está sentada sobre lo que resta de una gran montaña que ha sido devorada por la maquinaria pesada de la minera. “Estamos sentados sobre los minerales. Si Minosa continúa la explotación nos va a derribar de aquí. Somos de acá, tenemos nuestras raíces acá y a nosotros no nos pueden dañar en nuestro propio territorio”, sostiene.
Foto: Renata Bessi
La llamada minería verde, añade Ramos, “es seguir con el ciclo de negocios que alimenta empresas extractivas que tanto despojo, violencia y muerte genera en nuestros territorios”.
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Por Avispa
Foto de Portada: Santiago Navarro F.
PorDavid Cervantes
Con un aumento del 20% en la producción anual, a pesar de una crisis mundial generalizada, el mezcal se ha convertido en una bebida que está conquistando los mercados de todo el planeta, siendo el segundo destilado con mayor producción en México, con aproximadamente 7 millones de litros anuales. En el último registro disponible (año 2019), las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron un 50% superando incluso el consumo que se tiene en nuestro país.
En tanto, la producción de esta bebida se distribuye en México de la siguiente manera, un 90% se produce en el estado de Oaxaca, 2.5% en el estado de Puebla y el resto en Guerrero, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, generando ganancias por más de 3 mil millones de dólares anuales y más de 45 mil empleos a lo largo de la cadena (Excélsior, 2018).
Sin embargo, al interior de este paisaje aparente de crecimiento económico se desarrollan una serie de relaciones desiguales que ponen en riesgo no solamente la originalidad de la bebida sino también a regiones enteras de nuestro país, especialmente las zonas donde crece el agave (materia prima para la producción de mezcal) y donde se destila.
De ser una bebida que hasta hace menos de 20 años era despreciada por gran parte de la población, la producción de mezcal pasó a convertirse en agroindustria que va abriendo nuevos mercados para la reproducción de capital en México, configurando territorios, destruyendo las antiguas formas de producción de mezcal y modificando las relaciones sociales dentro de las comunidades. Lo anterior podría desembocar en un proceso parecido al ocurrido en Jalisco con la industria de tequila o a lo que se vive en Colombia con los monocultivos de palma.
La mezcalinización de la Mixteca
La región Mixteca de Oaxaca y Puebla es un espacio de gran valor para la humanidad por su gran diversidad biológica y cultural, a través de millones de años la vida en sus múltiples manifestaciones ha evolucionado y diversificado en ecosistemas muy complejos que hasta ahora habían mantenido estable su metabolismo.
Tan solo para darnos una idea, en esta región habita un 70 por ciento de las familias de plantas vasculares de todo el mundo, es un centro de diversificación de agaves con 34 de las 159 que existen en el país, 15 de ellos utilizados para la producción de mezcal las cuales son: A. Americana, A. Macrocantha, A. Angustifolia, A. Karwinsky, A. Angustiarum, A. Lurida, A. Mapisaga, A. Marmotata, A. Potatorum, A. Salmiana, A. Scaposa, A. Titanota, A. Nusaviorum, A. Lyobaa y A. Convallis, lo que significa que casi cualquier agave mezcalero puede encontrarse en esta parte de México y algunos de ellos solo aquí, sin mencionar la gran diversidad de agaves híbridos producto de la polinización entre distintas especies.
Es también un lugar donde habitan 47 de las 140 especies de murciélagos, principalmente los del Género Leptonycteris que son fundamentales para la polinización de agaves silvestres y la mayor parte de las familias de plantas “siendo el municipio de Santiago Chazumba uno de los mayores refugios de esta especie en México” (Reyes Fernando, 2020).
En Diciembre de 2019, Miguel Barbosa gobernador del estado de Puebla anunció la creación de lo que pretenden sea la “planta destiladora de mezcal más grande de América Latina” proyecto desarrollado por tequila Don Ramón filial del agro industrial The iidea Company.
The iidea Company es una empresa transnacional que produce derivados de agave, principalmente azúcares y recientemente tequila y mezcal con la adquisición de la marca “Don Ramón”. La empresa perteneciente a Álvaro Cetto Garollo ha financiado investigaciones para generar mecanismos de extracción y conservación de azúcares de agave que permitan la producción de tequila y subproductos sin necesidad de la piña. Dichas azúcares derivadas de los agaves han tenido un gran éxito en el mercado debido a la facilidad con la cual el cuerpo la absorbe y la cantidad de fructuosa que contiene al estar terminada, lo que la convierte en un producto “orgánico” frente a un mercado acusado de causar más de 3 millones de muertes anuales en el mundo y provocar enfermedades como la diabetes.
La demanda mundial de azúcar llevó a la compañía a procesar 50 toneladas de agave al día para el 2011, lo que resultaba en aproximadamente 10 toneladas de jarabe de agave. Sin embargo el mismo Álvaro Cetto aseguró en ese año que estaban trabajando en el desarrollo de un proyecto con mayor inversión para poder logar una planta que produjera hasta 200 toneladas diarias de azúcar de agave aproximadamente mil toneladas de agave cada 24 horas (Expansión, 2011). “Lo que se pretende alentar es la inversión en el campo, a fin de tener asegurada suficiente materia prima. De hecho, su plan es presentar ante el gobierno estatal y federal un programa que apoye la siembra de 50,000 hectáreas de agave al año hasta llegar, en una década, a 500,000 hectáreas. Toda esa producción puede transformarse en miel y puede exportarse a los mercados mundiales; existe la demanda”, aseguró en una entrevista (Expansión, 2011).
En este contexto, la empresa busca rentar 40 mil hectáreas de tierra para convertir a la región mixteca de Puebla en una fábrica de agave que abone a las necesidades del mercado mundial del azúcar y los destilados.
Considerando que la industria tequilera (cuya materia prima también es el agave) se abastece de 70 mil hectáreas de tierra de 5 estados del país, la siembra de este monocultivo de proporciones similares a las plantaciones industriales de palma en Colombia transformaría el paisaje mixteco para siempre, llevando a la región a una crisis climática y social sin precedentes.
Por otro lado, el boom del mezcal en la mixteca poblana ha llamado el interés de otros personajes algunos de la política mexicana como es el caso de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, quien compraría el rancho “El gallo” de San Nicolás Huajuapan, Puebla, el cual produce aproximadamente 5 mil litros de mezcal mensuales y que ha sido acusado de centralizar y lucrar con los programas sociales para familias mezcaleras en la región mixteca de Puebla, así como de haber comprado la denominación de origen en ciertos estados de la república con el objetivo de acceder a las reservas de agave silvestre (Proceso, 2019).
Un interesado más en las reservas de agave y la tierra de la mixteca ha sido el corporativo José Cuervo a través de su firma mezcalera “400 conejos”, la cual llegó a la región de San Martin Atexcal, hace aproximadamente 2 años, para impulsar monocultivos de agave en las comunidades del municipio, pagando 4 mil pesos anuales por hectárea y generando contratos por 20 años.
El riesgo de convertir a esta región de México en una enorme fábrica de agave aumenta con el programa del gobierno federal “Sembrando Vida”, el cual considera a la región mixteca como una zona árida de baja productividad, en la cual una alternativa para “detonar el desarrollo” es la siembra de agave en monocultivo.
Para 2020 se esperaba que el cambio de uso de suelo se efectuara en una extensión de 25 mil hectáreas, capacitando a más de 10 mil sembradores en la Mixteca. En dicho programa se capacita a familias campesinas para la construcción de semilleros donde se germinara la planta, así como también se ofrece planta lista para la siembra y capacitación para el manejo de las plantaciones.
La siembra de agave en la mixteca definitivamente no obedece a necesidades locales que tienen los campesinos, sino a las necesidades de una industria que necesita de la planta para la producción de mezcal, una industria que ha despojado a los pueblos de su tradición, que ha roto los ciclos tradicionales de producción y ha convertido al mezcal en una bebida procesada como cualquier refresco o producto de supermercado.
Los proyectos de plantaciones impulsados por los gobiernos estatal y federal no son más que una estrategia que beneficia con materia prima y mano de obra barata a corporativos como José Cuervo, The iidea Company, Coca-Cola Company y otras agroindustrias productoras de azúcar, destilados y biocombustibles.
Foto: contraste entre los nuevos terrenos deforestados para la siembra de agave (arriba) y el estado silvestre de los ecosistemas (abajo) en San Martin Atexcal Puebla.
Foto: monocultivos de agave en Tepeji de Rodríguez. Fuente: Google Eart.
La cara oculta de la biotecnología aplicada en el agave
En 2020 la Fundación Produce Puebla y Produce Sinaloa firmaron un convenio, en coordinación con la Universidad de Chapingo, para desarrollar un banco de germoplasma de agave, dicho proyecto se suma al que se desarrolla en Tlaxcala desde el 2015. Los desarrolladores afirman que estos proyectos garantizarán la conservación de la diversidad de agaves amenazados por la industria del mezcal.
Sin embargo, no se puede garantizar que el banco de germoplasma tenga sus únicos objetivos en la conservación del agave silvestre. Hoy en día “la bioeconomía está generando un mayor interés en el germoplasma vegetal como fuente de genes y rasgos que pueden ser explotados para producir materias primas de alto rendimiento destinadas a la producción de alimentos, combustibles, sustancias químicas y fármacos.” (ETC GROUP).
Para el año 2009, el mercado mundial de semillas y recursos fitogenéticos estaba valuado en 20,062 millones de dólares, para el 2022 su valor habrá ascendido a los 121 mil millones de dólares (El Exportador, 2016).
En el año 2017, CONACyT junto a Clarke, Modet & Co llevaron a cabo una investigación titulada “Uso industrial del agave en sectores agricultura, manejo integral de residuos, medicina y químico” con el objetivo de darle a conocer al Gobierno Mexicano las oportunidades de negocio que la agro industria del agave puede abrir en México. En un reportaje realizado por Expansión, se menciona incluso que ya existen inversionistas interesados en la inyección de capital entre las cuales se encuentra, Thyssen Krupp AG, PISA, Abengoa bioenergy (biocombustibles), Plastinova, Soluciones biodegradables, Plastinova, African Sisal, L´Oréal y Mascoma, las cuales tienen el objetivo de producir derivados de agave para la industria agroalimentaria, farmacéutica, biocombustibles y para el uso cosmético.“El estudio permitió identificar que actualmente hay 542 patentes de diferentes países, relacionadas con productos elaborados con agave o con procesos y técnicas industriales para aprovechamiento de diferentes componentes de la planta, desde azúcares hasta fibras. Sus autores consideran que el número de patentes podría crecer más de tres veces si la industria mexicana descubre que hay una gran oportunidad de negocios en el uso ordenado de este vegetal” (Expansión, 2017).
En este sentido, los bancos de germoplasma funcionan como laboratorios para producir tipos de semilla que modificada puede aumentar la producción en condiciones climáticas específicas. Los bancos de germoplasma están íntimamente ligados a la industria de agroquímicos y al mercado de patentes y propiedad intelectual, los cuales podrían restringir el uso tradicional de las semillas. “En otras palabras, las semillas son ahora como teléfonos celulares o computadoras portátiles- recipientes que contienen tecnología patentada” (ETC GROUP, 2017).
En la última década los avances tecnológicos han llevado a que la industria de la bio tecnología pueda apropiarse de los códigos genéticos sin necesidad del ADN original de las plantas. Lo anterior permite construir digitalmente organismos vivos con ADN sintético, diseñarlos al gusto o las necesidades del mercado y mercantilizarlos a través del internet como cualquier otra mercancía con la opción de comprarla y descargarla para posteriormente darle vida en cualquier laboratorio del mundo.
Estos intereses quedan aún más claros a través de una historia que narra un campesino de San Juan Raya, Puebla. Hacia el año 2014, una investigación financiada por la farmacéutica Bayer extrajo de la reserva de la biosfera Tehuacán – Cuicatlán material fitogenético con el objetivo de desarrollar proyectos de conservación de germoplasma y cultivo in vitro ex situ. El campesino San Juanense me cuenta: “nos dijeron que con las plantas iban a crear nuevas medicinas y que nosotros íbamos a ganar mucho dinero si les permitíamos extraer especies, dicen que de San Martin se llevaron varias.”
Apocalipsis para los ecosistemas de Tehuacán – Cuicatlán
Al interior de estos proyectos, que la industria visualiza para el futuro en la región, hay algo de que no se habla, incluso se niega. La crisis ambiental.
En el año 2018, fue publicado un programa de adaptación al cambio climático de la reserva de la biósfera Tehuacán – Cuicatlán, financiado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo mundial para el Medio Ambiente (GEF), en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
En el documento de 166 páginas, no se hace mención de la presión que la industria está generando en los ecosistemas de la región ni de cómo esta presión es causa del cambio climático en la zona. Básicamente este programa se encarga de justificar cómo las comunidades rurales campesinas e indígenas de la reserva, a través de sus actividades de subsistencia, están cambiando el clima y de cómo tendrán que adaptarse a condiciones climáticas apocalípticas en un futuro cercano.
Independientemente de esto, el programa genera información relevante a través de un pronóstico de variabilidad climática que consta de 3 periodos de análisis (1951-1980), (1961 – 2000), (1981-2014) y 2 ventanas de tiempo (2015-2039) y (2075-2100).
De acuerdo al análisis, de 1951 al año 2014, la temperatura de la región aumentó 0,67 grados centígrados, la precipitación pluvial disminuyó 16 mm y la concentración de dióxido de carbono se elevó de 385 ppm a 410 ppm [1], lo que significa que el clima de la región presenta una tendencia a ser cada vez más seco y a tener una mayor pérdida de vegetación y humedad, menor precipitación, mayor escases de agua, perdidas en la agricultura, más incendios forestales y plagas.
Foto: Santiago Navarro F.
Para el año 2009 los registros de sequías en la región pasaron de 10 a 50, rebasando además en ese mismo año el registro histórico de temperatura máxima. Así mismo la temporada de lluvia lleva una tendencia a ser cada año más corta y con lluvias más intensas. En 2009 los eventos de lluvias intensas en la región pasaron de 5 a 25 y para el año 2012 aumento a 90 registros. Al traducir lo anterior en pérdidas para la agricultura (actividad fundamental para las comunidades) en la Mixteca se está generando una pérdida anual de más de 100 mil hectáreas de cultivo de temporal, más de 20 millones de pesos. (PACC-RBTC).
Para las ventanas de tiempo (2015-2100) el pronóstico climático nos alerta de un aumento en la concentración de CO2 en la atmosfera que puede alcanzar las 936 ppm y en la temperatura un aumento de 4.23 grados. En lo que corresponde a la precipitación, el pronóstico para finales de siglo indica una disminución de 161 mm lo que representa una disminución del 20% del volumen total de agua que tenemos hoy.
En los próximos 80 años, la crisis ambiental se verá reflejada socialmente en la falta de acceso a la alimentación y al agua potable lo que a su vez traerá un aumento de enfermedades, la pobreza extrema aumentará y con ello los índices de migración llevando consigo a los primeros grupos de desplazados climáticos de la región.
En los ecosistemas, el avance de la desertificación, la erosión, la perdida de humedad, las plagas y el aumento de temperaturas pueden llevar a la extinción de especies polinizadoras y esto a su vez la extinción masiva de especies de flora endémica.
Bajo estas condiciones, la vida silvestre y de las poblaciones humanas será cada día más difícil, lo que llevará a una mayor disputa por el control y abastecimiento de recursos.
Articulación de las comunidades será decisiva
The iidea Company, Coca-Cola, José Cuervo y todos los convenios que se derivan de empresas como estas vienen acompañados históricamente de un discurso de desarrollo social – sustentable que promete todo tipo de beneficios a cambio de firmar engañosos contratos de arrendamiento de territorios comunales, ejidales y también de pequeñas propiedades privadas.
Esto representa un espejismo en tanto las declaraciones del gobernador de Puebla y las transnacionales auguran inversiones multimillonarias y aseguran que el agave es el nuevo “oro verde” para la región. Pero se oculta tras los discursos la forma de distribución de la riqueza, el impacto ecosistémico que representa reconvertir más de 50 mil hectáreas de bosque nativo en plantaciones y el despojo de recursos que traería consigo.
En las reglas de contratación de estas empresas, se pagan hasta 4 mil pesos anuales por hectárea a campesino, se solicitan los desmontes de dichos terrenos y se siembran hasta 5 mil plantas por hectárea. La mayoría de estos contratos se firman por 20 años, un tiempo en el que la tierra queda sin nutrientes e impide la posibilidad de volver a sembrar algo más.
La instalación de la planta destiladora más grande de México y el avance de monocultivos de José Cuervo y Tequila Don Ramón generará una demanda de agua para alimentar los procesos industriales de producción en la planta tequilera, así como para el funcionamiento de sus sistemas industriales de riego en más de 50 mil hectáreas, introducirá nuevas especies de agave y habrá un aumento en la perforación de pozos de agua lo cual aumentará el desabasto de las comunidades.
Cada ecosistema de nuestro planeta se encuentra conformado por cientos de miles de seres vivos, micro organismos, plantas, animales que conforman una cadena perfectamente equilibrada a través de intercambios bioquímicos y energéticos entre los que la componen. A este funcionamiento de la naturaleza podemos llamarle metabolismo.
Los planes agroindustriales para la región Mixteca, además de detonar un incremento exponencial en la tendencia del calentamiento atmosférico y el estrés hídrico en la región, van a generar una fractura en el proceso metabólico de los ecosistemas desencadenando una serie de eventos biológicos al interior de estos que pondrían en riesgo el tan elogiado patrimonio mixto de la humanidad.
Por último, la producción de mezcal exige formas planificadas de manejo forestal que estén diseñadas de acuerdo a la capacidad para la regeneración de los ecosistemas. Que sean administradas y organizadas por mujeres y hombres que habitan los territorios no por Coca-Cola Company o tequila Don Ramón, que sean pensadas y escritas combinando el conocimiento campesino y el de científicos militantes o no militantes, pero conscientes de la importancia de la tierra y las distintas formas de vida.
En este contexto, la articulación, la organización y la movilización de las comunidades de la reserva de la biosfera y de la región Mixteca, para impedir el avance de los monocultivos y detener la construcción de las plantas destiladoras, serán decisivas para asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural de nuestros pueblos, así como el acceso al agua.
Notas
[1] Partículas Por Millón. Se refiere a una unidad de medida con la que se mide la concentración. Determina un rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto.
Vargas Heber, “Existen 47 especies de murciélagos en la RBTC; solo una se alimenta de sangre”, 29 de junio de 2020, Primera Línea, recuperado de: http://primeralinea.com.mx/web/noticia/13016.
ETC GROUP, “¿Quién controla la economía verde?, documento sin fecha ni lugar, pp.68.
Sobre el autor:
David Cervantes es estudiante de antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y defensor del medio ambiente, se ha centrado en investigaciones sobre el avance de megaproyectos y cambio climático en la región de la Mixteca Oaxaqueña y Poblana, ha trabajado con comunidades de la región de la reserva de la biosfera Tehuacán – Cuicatlán en procesos de defensa del territorio y construcción de autonomía.
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Fiscalía de Alto Impacto fabrica culpables
El 29 de octubre de 2019, Julia Hernández Hernández de 44 años de edad (Julia) y Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) de 37 años de edad quienes llevan viviendo 7 años en unión libre fueron privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes sometieron tortura a Julia y Carlos Antonio para autoinculpase por un delito. Carlos Antonio mantiene graves secuelas a consecuencia de la tortura que pone en riesgo su vida.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado. En la fiscalía, lo llevaron a un sótano, le pusieron sobre un colchón y lo golpearon como una hora “…me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estomago…” Carlos Antonio fue obligado a firmar un documento que desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas.
Julia fue trasladada en otro vehículo, mientras les estuvieron dando vueltas por la ciudad y al llegar a la fiscalía aproximadamente las 20:00 horas, la sentaron en una silla, le dijeron que hablara “les dije que no sabía de qué me estaban hablando… comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaba las armas y la droga y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura, me decían que si no hablada me echarían agua. Había una mujer güera policía entre los hombres, me decía que si no hablaba empezarían con mi esposo y como no dije nada es que comenzaron a torturar a mi esposo. Sólo escuchaba que se quejaba.” Julia fue puesta en libertad el día 31 de octubre de 2019, aproximadamente las 2:00 horas, 32 horas después de su detención, amenazándola con volver a detenerla si presentaba alguna denuncia.
El 30 de octubre de 2019, aproximadamente las 4:00 horas, Carlos Antonio fue trasladado al Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza» de Tuxtla Gutiérrez, en donde lo intervinieron quirúrgicamente realizándole una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura. Después de dos días de hospitalización, Carlos Antonio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se pretendió el no ingreso debido al estado grave de su salud, hasta el momento no cuenta con el seguimiento médico adecuado frente a su situación y su salud esta en riesgo.
El Juez de Control mediante exámenes médicos constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la Tortura y a pesar de eso lo vinculó a proceso. La investigación por Tortura no tiene ningún avance hasta el día de hoy. Julia denunció públicamente los hechos, por lo que en diferentes ocasiones ha recibido amenazas y hostigamiento por policías de la Fiscalía de Alto Impacto.
Carlos Antonio ha permanecido un año y tres meses en prisión preventiva,1 es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa hechos que se darían en un asalto cometido el día 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, cuando fueron asaltados pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) custodiados por policías. Desde marzo de 2020, se espera la audiencia intermedia. Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, los casos donde existen violaciones graves a derechos humanos no tienen el carácter de urgente o prioritario2 y los Jueces no garantizan el debido proceso y el derecho a un juicio justo excluyendo pruebas obtenidas por medio de Tortura a pesar de que desde junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.
Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura. Debido a las omisiones y la impunidad que prevalece el presente caso, el día 9 de febrero de 2021, el Frayba solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.
El Frayba exige al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Julia Hernández Hernández y Carlos Antonio López Robles víctimas de Tortura; garantizar el acceso a la justicia sin ninguna discriminación e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en nuestro país.
1 El plazo máximo para que una persona sea juzgada es de un año, artículo 20 Inciso B Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acuerdo General No. 03/2020 ante la contingencia de salud. Disponible en: https://bit.ly/3bunI3f
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2021
