Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Vanessa Garcìa Navarro
En enero de este año, mientras el capitolio se bañaba en la luz de azul, roja y blanca de los juegos artificiales, para recibir al actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el corazón de miles de migrantes centroamericanos se agitaba con la esperanza de encontrar más y mejores oportunidades para obtener asilo en USA. No obstante, las promesas que el ex-candidato demócrata hizo durante su campaña electoral solo parecían posibles al principio de su presidencia, porque hoy en día toman un camino que se tuerce distante.
Apenas en junio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, suspendía definitivamente el programa “Quédate en México”, formalmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que el ex-presidente Donald Trump había implementado durante su gobierno.
Sin embargo, los estados de Texas y Missouri ejercieron presión a través de demandas en juzgados federales para que se reanudara el MMP. El 24 de agosto, el juez del distrito de Texas, Matthew Kacsmaryk, respaldado por la mayoría de los votos en la corte, dio su fallo a la reanudación del MPP, argumentando que la suspensión del programa no había sido justificada debidamente.
Ahora, pese a que el MPP fue suspendido hace menos de medio año, además de ser calificado como “inadecuado e insostenible”, se espera que este engranaje migratorio vuelva a activarse a mediados de noviembre. Jen Psanki, la portavoz de la Casa Blanca, ha indicado que el actual gobierno únicamente sigue orden judicial de la Suprema Corte, pese a oponerse a ella.
La postura de México
Desde un inicio el programa “Quédate en México” fue agresivamente forzado en México, cuando Trump amenazó con subir los aranceles al país de no formar parte de este mecanismo migratorio. Fue así como desde 2019 alrededor de 70 mil centroamericanos fueron enviados a México para esperar la resolución de sus casos de solicitud de asilo.
México todavía no ha tomado una decisión. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta oficial de Twitter: “México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente de aceptar el retorno de individuos en caso de alguna reimplementación del MPP. Esa decisión no ha sido tomada. Las discusiones con el gobierno mexicano prosiguen.”
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México espera que el gobierno de EE. UU. trate el caso de los migrantes que esperan en la frontera en un promedio de seis meses. Así también, el gobierno mexicano espera algo tan fundamental como que se le informe de manera adecuada a los solicitantes de asilo el lugar, fecha y hora de sus audiencias. Igualmente, espera que se les de asesoría legal, dado que ostentan una posición vulnerable.
La indignación
Durante una reunión virtual con el gobierno de Biden, activistas realizaron una declaración en contra del regreso del programa “Quédate en México”, que decía: “No es posible hacer que lo inhumano sea humano, que lo injusto sea justo, o dar vida a un programa mortífero”. Acto seguido, se desconectaron de la reunión virtual a manera de protesta, recalcando otro punto de su pronunciamiento: Nos negamos a ser cómplices de las políticas fronterizas basadas en la disuasión”.
Las negociaciones diplomáticas entre EE.UU. y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mantienen la moneda en el aire.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Aldo Santiago
En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago
Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.
“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.
En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.
De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.
Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.
Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.
“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.
Inversiones para el despojo
Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.
Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.
También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.
Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.
Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.
“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.
Casos
Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:
El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN, antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Sare Frabes
Hoy, 21 de octubre, cumple cinco años del ataque a la tribu Yaqui de Loma de Bácum, en el estado de Sonora, y de la detención del indígena Fidencio Adama. En 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del Gasoducto Sonora, que la empresa Sempra Energy pretende construir en su territorio.
El ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Aldama, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado del asesinato.
Tras un juicio “plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra”, como lo define el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, en 2018 el indígena fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de 75 mil pesos. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.
Desde entonces la violencia en el territorio Yaqui se ha recrudecido. El 14 de julio del 2021 fueron secuestradas diez personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los indígenas.
El 19 de septiembre, la fiscalía del estado informó el hallazgo de cinco cuerpos pertenecientes a los desaparecidos. Aún se esperan peritajes autónomos, “pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado”, sostiene el grupo de apoyo.
“Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad”.
Semana de Solidaridad
Entre los días 21 y 27 de octubre se convoca a la jornada de solidaridad con la tribu Yaqui de Loma de Bácum, por la libertad de Fidencio Aldama y por la presentación con vida de los desaparecidos.
El objetivo es que cada colectivo, organización e individuo, desde su lugar y forma, promuevan acciones que visibilicen la situación vivida por los indígenas, ya sea con impactos visuales en las calles, pega de carteles, llenando las redes con los hashtags #FidencioAldamaLibertad #SolidariedadConBácum #PresentaciónConVidaYa, por ejemplo.
Para más información o para enviar un informe de las acciones, está el correo electrónico fidenciolibre@protonmail.com. También se llama a participar con donaciones que pueden ser realizadas aquí.
“Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad de Fidencio”, avisa la tribu Yaqui de Loma de Bácum.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por R. Aída Hernández Castillo
Fotos: Cecilia Lobato, Colectivo Regresando a Casa Morelos.
El domingo 17 de octubre tuvo lugar en Oaxtepec Morelos, un encuentro histórico entre los colectivos de familiares de desaparecidos articulados en la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de dos de los movimientos sociales más importantes del país, en defensa de la vida. Desde distintas estrategias y espacios de resistencia, estos hombres y mujeres se han convertido en el principal contrapeso a las violencias múltiples que están destruyendo el tejido social de nuestras comunidades.
Haciendo eco a la iniciativa lanzada en julio pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de promover una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, el CNI se acercó a los colectivos de familiares de desaparecidos que se encuentran en Morelos en el marco de la VI Brigada Nacional de Búsqueda. El 31 de julio pasado 756 comunidades zapatistas se pronunciaron por el SI, como respuesta a la pregunta de si “estaban o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia”. Este llamado nos planteó el reto de imaginar y promover dicha campaña, desde movimientos que no siempre comparten sus perspectivas políticas, ni estrategias de lucha, pero que coinciden en denunciar los entramados de violencias y las complicidades estatales con las mismas, así como en apostarle al trabajo de reconstrucción y fortalecimiento de los tejidos comunitarios.
Si bien en varios espacios de encuentro organizados por los zapatistas habían participado familiares de personas desaparecidas –como fue el caso del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en diciembre del 2019– se trata de la primera vez que el EZLN hace un llamado a una campaña nacional de apoyo a las luchas de estos colectivos.
Por su parte del Congreso Nacional Indígena, ha venido denunciando la desaparición y asesinato de varios de sus líderes en distintas regiones del país, como fue el caso del dirigente yaqui Tomás Rojo, desaparecido el 27 de mayo de mayo de este año, y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Vicam, Sonora, unos días después. Así como los asesinatos de los activistas yaquis Luis Urbano y Agustín Valdez durante ese mismo mes. También se movilizaron en torno a la desaparición en septiembre pasado de JoséAntonioSánchezJuárezySebastiánNúñezPérez, bases de apoyo zapatistas e integrantes de una JuntadeBuenGobierno,quienesaparecieronconvidadespuésdehabersidosecuestradosporgruposparamilitaresvinculadosala Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Sin embargo, existen cientos o miles de desaparecidos indígenas en el país, que no tienen militancias políticas ni vínculos con el CNI, cuyas familias no han contado con las redes de apoyo para denunciar ampliamente estas violencias. Sus nombres y casos se han perdido en el anonimato, y hasta ahora el movimiento indígena en el país no ha logrado documentar, ni denunciar los nombres de los miles de desaparecidos y desaparecidas, cuyas vidas han sido truncadas por las violencias extremas, muchas veces perpetradas por actores estatales que deberían de protegerlos.
Por el lado de los colectivos de familiares de desaparecidxs en el país, tampoco se ha visibilizado la identidad étnico-cultural de las personas cuyos cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas, ni de los familiares que buscan a sus hijos e hijas en regiones indígenas. Es decir que la desaparición de personas, se ha diluido en los múltiples agravios denunciados por el CNI, a la vez que la identidad indígena, tampoco ha sido considerada ni en las bases de datos oficiales, ni en las de los colectivos de familiares. Es por esto que el encuentro entre el CNI y la Brigada Nacional de Búsqueda, no solo representa un momento histórico en la articulación de dos luchas que resultan fundamentales para el país, sino que también abre la posibilidad de visibilizar las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidxs.(Las múltiples ausencias de los indígenas desaparecidos en México – A dónde van los desaparecidos (adondevanlosdesaparecidos.org)
Elencuentro
En una hermosa noche de luna llena, representantes del CNI de distintas regiones del país levantaron sus voces con consignas de apoyo a los familiares de desaparecidos. Integrantes del CNI de Morelos dieron la bienvenida y hablaron de sus luchas contra el Proyecto Integral Morelos, recordándonos que la muerte del activista indígena Samir Flores continúa impune. Las mujeres otomíes de la comunidad migrante a la ciudad de México, que han convertido las antiguas instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la CasadelosPueblosylasComunidadesIndígenasSamirFloresSoberanes, hablaron con la fuerza verbal que las caracteriza haciendo suyo el dolor de las madres, esposas, hermanas de personas desaparecidas. Las Organización de Pueblos Unidos por la Vida de Puebla, que desde marzo pasado mantienen cerrada la embotelladora de agua Bonafont, hablaron del vínculo que existe entre la defensa del agua y la defensa de la vida. Los compañeros de la región totonaca de Veracruz, compartieron los impactos que la desaparición de personas y la violencia del crimen organizado han tenido en sus comunidades. Las presentaciones fueron acompañadas por consignas que hermanaban sus luchas.
Por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda se aprovechó para presentar el informe de la Quinta Brigada que se realizó en los municipios de Poza Rica y Papantla en febrero del 2020. Después se les explicó a los representantes del CNI en que consiste esta estrategia de lucha que combina la búsqueda de los y las desaparecidas, con la información y sensibilización de la sociedad civil. Se trata de un movimiento de familiares de personas desaparecidas que desde el 2016 harealizadoseisbrigadasenlosestadosdeVeracruz,Sinaloa,Guerrero, conelacompañamientodeactivistassolidariosquehanhechosuyosudolorysusluchas.Vinodespuésunarondadepresentacionesenlaque representantesde distintosestadosdierontestimoniodelosagravioscometidoscontraellas,susfamiliasysuscomunidades. Nofueposibleque hablaranrepresentantesdelos160organizacionesqueparticipanenestaocasión,peroquieneshablaronlohicierondesdeunavozcolectiva,pueslosylasdesaparecidassonahorahijosehijasdetodas.
Seexplicólaestrategiadetrabajo,atravésdedistintosejesquehanllevadosusvocesacatorcemunicipiosmorelenses.Unas visitan escuelas y con la fuerza de su testimonio contribuyen a la construcción de una cultura de paz con las nuevas generaciones; otras trabajan desde el eje de Iglesias que articula a una comunidad ecuménica, que se propone re-educar y sensibilizar a sus propias autoridades eclesiásticas y comunidades de fe, que en la mayoría de los casos no han estado a la altura de la crisis de derechos humanos que enfrentamos; Sin perder la esperanza de que sus familiares puedan estar vivos, se realizan búsquedas en penales, en donde también se llama a los y las internas a compartir cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. “No se buscan culpables, solo buscamos a nuestros tesoros” repiten una y otra vez, tratando de apelar a la conciencia de quienes pudieran tener información.
Otras más han tomado picos y palas, para hacer lo que han venido haciendo a todo lo largo y ancho del país: buscar a “sus tesoros” en cañadas, arroyos, terrenos baldíos. Han sido ellas, quienes sin ninguna certificación, se han convertido en expertas forenses y han encontrado muchas de las 4mil806fosasclandestinascon8mil202cuerpos,quereportórecientementelaComisiónNacionaldeBúsqueda.Otrogrupohaconcentradosutrabajoenfiscalizarlosprocesosdeidentificaciónhumana,queenesteestadohansidounejemplonacionaldeineficienciaycomplicidadconlasfosasdeJojutlayTetelcingo.https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/015a1pol.
Los representantes del CNI también compartieron la historia de 25 años de lucha, durante los cuales han enfrentado los discursos y prácticas que en nombre de un supuesto “progreso y desarrollo” pretenden despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Era evidente que en ambas luchas se ha enfrentado una necropolítica que ha tenido continuidad, sin importar el color de los partidos que nos gobiernan. Cerrar la primera semana de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda, con un diálogo con el CNI, visibilizó la estrecha relación que hay entre las políticas de muerte que se apropian de los territorios y recursos de los pueblos indígenas y las que han convertido el país en una gran fosa clandestina. Los pueblos indígenas articulados en el CNI y las familias de la Brigada están tejiendo una red de resistencias en defensa de la vida que confronta silenciamientos y complicidades estatales.
Como Colectivo por el Florecimiento de los Pueblos, nos hemos unido también al llamado del EZLN a articular esfuerzos en una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia, creando espacios de encuentro entre distintos movimientos que luchan por la defensa de la vida a través de la SerieDiálogosdeResistencias, que co-organizamos con Mujeres y Sexta. En este espacio han participado también familiares de personas desaparecidas, representantes del CNI, defensoras de migrantes, familiares de víctimas de feminicidio, defensoras del territorio (https://www.facebook.com/ColectivoCaminoalandar/videos/255793346431186/). Sabemos que hay aún mucho camino por andar, pero estamos seguras de que estos primeros diálogos son ya la semilla de las comunidades de resistencia que nos urge construir para confrontar las políticas de muerte que atentan contra nuestros cuerpos y territorios.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Ñanì Pinto
La Comunidad Autónoma Wixárika-Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, convoca a las jornadas por la vida que ocurrirán entre 5 y 7 noviembre, en la misma comunidad, en conmemoración de los 8 años del nombramiento y reconocimiento de sus autoridades agrarias autónomas.
“El 10 de noviembre de 2013, pueblos originarios de diversas geografías de la región occidente de México, se dieron cita en nuestra comunidad para celebrar la asamblea regional del Congreso Nacional Indígena, en la cual, mediante un acta, fue reconocido nuestro gobierno agrario autónomo, por las autoridades de los pueblos ahí presentes, fecha que hemos conmemorado pagando a nuestra madre tierra y pidiendo por la vida del territorio”, expresan los pueblos en un comunicado.
Durante las jornadas habrá la inauguración de la clínica autónoma de la comunidad. Por medio de la solidaridad, la comunidad obtuvo apoyo para la construcción y obtención de equipamiento. “Hemos nombrado promotores y promotoras de salud que se capacitarán para salvar vidas, atender emergencias médicas y conocer del uso tanto de la medicina de bata blanca, como la medicina tradicional y herbolaria”, dice la comunidad en el comunicado.
Para eso se conformó una brigada de salud con personas que vienen de distintas partes del mundo, como Irán, La India, Cuba, Los Angeles- California, Nueva York, Chicago -Illinois, Seattle -Washington, Oakland-California, Tucson-Arizona, Skatin Nations/Sts’Ailes- Canadá, El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), Mexicali, Guerrero, Yucatán, Ciudad de México, Ecatepec (Edo). Mex y Puebla. De las lenguas Afro descendientes, Maya, P’urhepecha, Mixteca, Huasteca, Binniza, Persa de Shiraz, Nahua, Japones, Inglés, Árabe, Yoreme, Wixarika y Tepehuano.
“Hemos visto como la salud no es un derecho que podamos tener los pueblos originaros; la atención médica siempre es un privilegio y las enfermedades prevenibles o tratables serían letales sin el conocimiento de la medicina tradicional de las y los mayores”.
Durante las jornadas también se dará la clausura de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, iniciada en abril de 2021, donde se promovieron diversas acciones para exigir, entre otros puntos, el castigo a los responsables de las agresiones y despojos que se han realizado en el territorio del pueblo Tepehuano y Wixárika, además del respeto a su gobierno comunitario.
Conflicto Agrario
Los indígenas de la comunidad autónoma Wixarika-Tepehuan sostienen una lucha para recuperar 38 mil hectáreas de tierras de las 94 mil que aparecen en el título virreinal del año 1777, que les acredita legalmente ser los dueños de su territorio.
El título fue declarado auténtico el 15 de diciembre de 1954 por el Departamento Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero el gobierno nunca concluyó la Confirmación y Titulación de los Bienes Comunales y actualmente el trámite se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, en Guadalajara, Jalisco.
El contexto de agresión contra esta comunidad se remontan a un conflicto agrario en la región donde diversas personas, ajenas a estas comunidades, se asumen como propietarias de ciertas fracciones de tierras comunales. A estos hechos suman otras acciones como la desaparición forzada, agresiones físicas y la violación de los derechos humanos.
Incluso en el año 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su preocupación desde Ginebra, Suiza, señalando que el gobierno mexicano debería de dar un cumplimiento ejemplar al Estado de derecho que marca la prevalencia de los títulos virreinales de estas tierras.
“Con la bendición de nuestros dioses, estamos listos para no dar un paso atrás en la recuperación de las tierras invadidas y el reconocimiento legal agrario”.
La Jornada
Las actividades serán las siguientes:
• Talleres de formación, capacitación y consultas médicas sobre diversas áreas de la salud comunitaria a integrantes de la comunidad
• Toma de protesta de los promotores de salud e inauguración de la clínica autónoma comunitaria.
• Ceremonia espiritual tradicional.
• Inauguración de la clínica autónoma.
• Intercambio cultural y artístico (la comunidad contará con música y artesanía tradicional)
• Intervención de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
• Pronunciamiento público en conmemoración del octavo aniversario del gobierno agrario autónomo y la clausura de la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
A LAS PERSONAS ABAJO Y A LA IZQUIERDA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LXS LIBERTARIXS DEL MUNDO
AL PUEBLO EN GENERAL
Desde el año 2015 la Tribu Yaqui en Loma de Bácum en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídico política en contra del megaproyecto.
El 21 de octubre de 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 FIDENCIO ALDAMA fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de $75,000. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.
El 14 de julio del año en curso fueron «levantadas» 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la fiscalía del estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado.
El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la Tribu Yaqui en Loma de Bácum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso, y a cinco años del ataque a Bácum y la detención de Fidencio Aldama,
C O N V O C A M O S:
A UNA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON LA TRIBU YAQUI DE LOMA DE BÁCUM, POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS Y POR LA LIBERTAD DE FIDENCIO ALDAMA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE, EN DONDE CADA COLECTIVO, ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO-AS DESDE SU LUGAR Y FORMA ALCEMOS LA VOZ CON IMPACTOS VISUALES EN LAS CALLES, PEGA DE CARTELES, LLENANDO LAS REDES CON LOS #FIDENCIOALDAMALIBERTAD #SOLIDARIDADCONBÁCUM #PRESENTACIÓNCONVIDAYA, CON TODAS LAS MUESTRAS PÚBLICAS QUE EN SU IMAGINACIÓN QUEPAN. Cobijemos a la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y demostrémosles que no están solos. La solidaridad en hechos es fundamental en un país azotado por la guerra diaria del narco gobierno y el poder empresarial, SOLIDARICEMONOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS, EXIJAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE FIDENCIO ALDAMA QUIEN ESTA PRESO SÓLO POR LUCHAR Y DEFENDER LA VIDA Y TERRITORIO YAQUI. Para más información o para enviarnos un informe de sus acciones puede ponerse en contacto con nosotros aquí: fidenciolibre@protonmail.com. También les convocamos a participar con donaciones ya que siempre es una necesidad para sostener los gastos de difusión, jurídicos y de la propia prisión. Pueden donar aquí: https://fidencioaldama.org/donar/
Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad del compañero FIDENCIO ALDAMA PÉREZ.
¡LA LIBERTAD NO SE LAS VAMOS A PEDIR SE LAS VAMOS A ARREBATAR!
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Vanessa Garcìa Navarro
Foto por Santiago Navarro F
Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.
Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).
Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.
La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.
La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).
Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de octubre de 2021
Pronunciamiento Conjunto
Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.
A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).
Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.
César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.
A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.
Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.
Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021 Boletín No. 13
Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.
Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.
Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.
Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.
Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.
Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.
El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
11 de octubre de 2021.
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.
Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.
Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.
Nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agostopresentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.
Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.
Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.
Por ahora es todo.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.