En portada: Ambientalistas protestan contra la deforestación provocada por las obras del tramo 5 del tren maya.

En el seminario Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron, de nueva cuenta, sobre los riesgos más allá de las vías férreas, con mayor presión sobre los territorios y bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.

“Por esta razón buscamos con este seminario visibilizar la opinión académica sobre la esencia del proyecto del Tren Maya desde una perspectiva efectiva ecológica, social y jurídica”, dijo la investigadora mexicana, Marisa Mazari Hiriart.

El proyecto se anunció en el 2018, días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara al poder. Desde entonces la comunidad académica se pronunció en una carta para detener la velocidad del plan.

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Los investigadores hicieron análisis de las primeras manifestaciones de impacto ambiental, además de solicitudes para discutir el tema con distintos organismos del Estado, así como para involucrar a la sociedad. Pero nunca hubo respuesta.

Hasta hace unas semanas, dijo el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, al recordar la campaña de artistas populares que no fue bien tomada por AMLO. “¿Dónde estábamos hace 30 años? Estábamos peleando por la selva Lacandona. Nada más nos descalifican y no hay paso adelante. Que nos ponga a platicar con quienes él considera que son ambientalistas y san, se acabó”, agregó el investigador del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín Legorreta.

No hay plan definido 

El Tren Maya recorrerá una distancia de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según la plataforma digital habilitada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para informar, de forma limitada, sobre el proyecto.

Para Medellín Legorreta, los trenes han sido subestimados y sub apoyados por todas las administraciones. La última inversión la hizo Porfirio Díaz en el siglo XX, aún cuando representan una gran posibilidad de detonar el desarrollo sustentable, “si se hace bien”.

Hasta ahora, dijo que no hay un plan definido, no es sustentable ni compatible con el desarrollo socioeconómico de la Península ni con el futuro de sustentabilidad desde el punto de vista de la biodiversidad o de los beneficios de los pueblos mayas.

Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplió Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

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Alanís dijo que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.

Península heterogénea  

Cualquier megaproyecto debe ser planeado de acuerdo a las características del territorio, “el flujo del agua, como en cualquier territorio, va ser lo que permita la conexión entre ecosistemas”, dijo la también investigadora del Instituto de Ecología, Luisa Falcón.

Puso el ejemplo del corredor transversal costero del sur de Quintana Roo que representa flujo de agua tanto superficial como subterránea y permite la interacción e interconexión de sitios como Laguna Bacalar a través de una serie de canales de otras lagunas tanto en Chetumal hasta llegar al Mar Caribe.

“Entonces hay desplazamiento de un sinfín de especies muchas de ellas endémicas de la Península de Yucatán que van a desplazarse siguiendo estos flujos hidrológicos”. La región es frágil porque la geología es distinta, “es fantástica”.

Además, explicó que el 50 por ciento de sus manglares están a lo largo del litoral, por ello insistió “se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien antes de ocasionar un mal mayor”.

En este entorno, Ana Esther Ceceña del Observatorio Latinoamerica de Geopolítica, consideró la importancia del peso de los dos trenes, de pasajeros y de carga, en un piso que es calcáreo y quebradizo, “no se han discutido los argumentos que llevamos tres años presentando”.

En el caso de Calakmul, Campeche, existe la cueva más importante de murciélagos en la región Neotropical. En términos de números, se trata del refugio de 3,000,000 quirópteros de mayores dimensiones desde el centro de México hasta Argentina.

Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, aproximadamente. El 70 por ciento de estos invertebrados son plagas de la agricultura, expuso Rodrigo Medellín Legorreta.

“Si tiran eso me voy a ir con todo porque están destruyendo uno de los grandes aliados de la agricultura. Tengo entendido que cambiaron el trazo para pasarlo por detrás del cerro donde está la cueva lo que también va a traer montones de destrozos en un corredor donde sabemos que cruzan jaguares porque es la zona cercana a la reserva de la biosfera de Calakmul”.

En esta parte de Quintana Roo, del tramo cinco, tampoco hay Manifestaciones de Impacto Ambiental que puedan ser consultadas, para que los académicos puedan ver las medidas de mitigación que resuelvan las preocupaciones por el mega proyecto.

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Originalmente el trazo estaba planeado para ir entre las carreteras de cuatro carriles que conectan Cancún con Tulum, “luego resultó que, por los hoteleros, no por temas técnicos de ninguna manera, sino por la preocupación de los hoteleros se cambió el trazo para meterse cinco kilómetros dentro de la selva”, agregó Medellín.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó artículos que demuestran que la mayor cantidad de jaguares de México están precisamente en la Península de Yucatán. Los investigadores dijeron que, incluso los pasos de fauna, tampoco están bien ideados.

Borrar la historia  

En el 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 7,274 puntos de valor arqueológico en esa región. De acuerdo al Fonatur, cuando iniciaron los trabajos del primer tramo del Tren Maya se encontraron 5,300 hallazgos arqueológicos.

En el mapeo, no se muestran todos los vestigios arqueológicos, porque se descubrieron con el avance del proyecto del tren y, hasta ahora, no hay registro. Se trata de piezas pequeñas y grandes edificaciones que, a la fecha, pueden alcanzar las 13,000, descubiertas durante este proyecto de la “cuarta transformación”.

La investigadora Ana Esther Ceceña, consideró que los hallazgos continuarán en la medida que se vaya ‘rascando’ por la zona, “lo que está puesto en riesgo es de enorme importancia y dimensión desde todos los puntos de vista histórico-cultural”.

“Somos un país que en el momento de la conquista le fue borrada su historia y su historia se está recuperando a través de la experiencia de los pueblos, pero también de los hallazgos arqueológicos qué hoy están realmente amenazados”.

Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas que habitan la región, pero al no estar reconocidas en las estadísticas no son consultadas ni visibilizadas, pese a ser parte fundamental de la conservación de la selva.

Ceceña agregó que, de los 68 grupos lingüísticos reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 44 están en esta región que jurídicamente es indispensable que den su consentimiento para el Tren Maya.

Narcotráfico y migración

La académica Ana Esther Ceceña, sumó que no se cuenta con un estudio de factibilidad económica del proyecto, mientras la promoción que se hace del empleo está ligada a la propia construcción de las vías y no al resto de las actividades.

En la zona donde comenzaron los trabajos del tren, existe un incremento de 8% anual de personas asalariadas, pero se trata de trabajo temporal y precario “aunado a esta dinámica urbanizadora, tienden a disminuir la calidad de vida de las personas que están incorporadas”.

Dijo que la región es una de las zonas más ricas del país en la que se pueden generar proyectos sin dañar ni romper las condiciones de sustentabilidad; pero el Tren Maya fue anunciado como proyecto de urbanización.

Recordó que hace 40 años, Cancún tenía 3 mil habitantes y un territorio urbano de mil hectáreas que ahora se extendió a 13 mil, es decir “se comió el área donde se producían alimentos y eso tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de los mismos”.

Esto, a su vez, provoca intensificación de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, la agroindustria que aumenta “el área de colonización urbana”, que contribuye a la contaminación del planeta.

Para la investigadora, a la situación social, económica y ambiental se agrega la presión de Estados Unidos con la política migratoria, pues la zona de detención justamente es la franja transístmica, “además de que Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes del narcotráfico”, con Estados Unidos y Europa, por el lado atlántico.

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“En la medida que se va rompiendo el tejido social y la organización comunitaria con todo el contexto tiende hacerse más frágil la defensa de la población frente a estos grupos y quedan en manos del crimen organizado que promueve la trata de personas”.

Ceceña agregó que es un punto estratégico, “habría que imaginar qué pasa si de repente todos los grandes competidores o las grandes licencias del comercio mundial aparecen interesadas en este paso, ¿Qué va pasar con la región? ¿Vamos a entrar en guerra por el territorio o cómo se va diluir el problema?”, cuestionó.

Los investigadores coincidieron que el proceso de restauración ecológica será 10 o 20 veces más caro que la conservación actual del ecosistema, asimismo que el proyecto del tren transístmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, “hay que revisarlo porque también tiene serios problemas”.

La Suprema Corte de Justicia canceló los permisos ambientales emitidos para la planta de Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán, Proman AG, quien tiene proyectado una inversión de 100,000 millones de pesos para la producción de agroquímicos en Topolobampo, Sinaloa, norte de México.

Yasmín Equivel Mossa, ministra de la Segunda Sala, encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral, llevó a votación ante el Pleno de la Segunda Sala de la Corte y, por unanimidad de cinco votos, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que reiniciar el proceso para los permisos ambientales.

El amparo 528/2018, fue interpuesto por pescadores indígenas yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas en el año 2018, contra los permisos que emitió la Semarnat, el 21 de abril de 2014, para la instalación de la planta de amoniaco.

Estos pueblos indígenas apelaron a que, tanto autoridades ambientales como la empresa, pasaron por alto realizar la respectiva consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho indígena, del cual es signatario el Estado mexicano.

La sentencia que se desprende del amparo 528/2018, atraído por el ministro Alberto Pérez Dayán, también dictaminó amparar y proteger a los pueblos originarios que promovieron este recurso jurídico, esto implica, por derecho, que se les realice la respectiva consulta indígena, considerando los posibles impactos hacia sus comunidades y áreas de supervivencia.

Por ello, la Corte resolvió dejar sin materia el amparo de revisión que promovió la Semarnat a favor de los permisos emitidos para la empresa.

Proman AG

Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente es la filial mexicana de Proman AG, dirigida en México por Arturo Moya Hurtado. Esta empresa pretende producir 2,200 toneladas por día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, destinado para los agricultores mexicanos y el resto de Latinoamérica.

Se ha decidido elegir esta región, según la empresa, “porque aquí es dónde tenemos acceso a gas natural y transporte terrestre y marítimo”.

La construcción de esta planta esta proyectada para realizarse en tres fases que incluye, una planta de amoniaco, la producción de 2,200 toneladas de amoniaco diariamente y, la puesta en operación de una tercera planta, donde se producirá metanol. “Garantizamos la seguridad de todas y todos como lo hemos hecho en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos”, anuncia la empresa.

Esta empresa está recibiendo el apoyo del gobierno de Alemania y, entre sus carteras de servicios, también están proyectos derivados del gas natural. Este conglomerado suizo-alemán no solo ha violado el derecho de consulta de los pueblos yoreme, sino que también, la construcción y operación de su terminal portuaria para el transporte de amoniaco se encuentra ubicada en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este puerto, el proyecto considera que dentro de un sitio Ramsar puede “haber unidades de manejo, zonificación y zonas de amortiguamiento que permiten el desarrollo de otras actividades adicionales a la conservación”. Desde el año 2016, el Senado de la República ya había alertado a las autoridades ambientales que, “desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal”.

El territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika en San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha sido invadido por el Servicio Geológico Mexicano. Desde por lo menos noviembre de 2021, sin la autorización de la comunidad, han realizado trabajos de prospección minera.

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Durante varias semanas, a finales de 2021, la comunidad registró vuelos de helicóptero, del cual se colgaba un magnetómetro. “Empezamos a ver un helicóptero volar en la zona de lugares sagrados que tenemos en la comunidad. Nos llamó la atención. Empezamos a verlo seguido, día tras día”, dijo el secretario del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de la comunidad, Mario González.

Después de los vuelos vinieron las incursiones, en los mismos lugares sagrados para los Tepehuana y Wixárikas, de camionetas con la identificación del Servicio Geológico Mexicano. “Empezamos a ver personas en vehículos que trabajaban recolectando materiales en nuestros lugares sagrados”, cuenta González.

De acuerdo con el relato de Andrés Plateado, indígena de la comunidad, los funcionarios han entrado en sus lugares sagrados, “mueven cosas donde hacemos ceremonias que nos enseñaron nuestros ancestros; es una ofensa para nosotros”.

Sin información por parte de instancias del gobierno, la asamblea de la comunidad, el día 13 de marzo, ordenó que se investigara quién eran estas personas y lo qué hacían.  “¿Cómo?,  deteniendo una camioneta para que nos digan qué es lo que están haciendo, qué estudios están haciendo”, explicó González.

El 15 de marzo se detuvo una camioneta del Servicio Geológico Mexicano, la cual permanece hasta hoy bajo el resguardo de la comunidad.

Fue entonces que se demandó una reunión con distintas instancias del Estado con el objetivo de tener informaciones sobre la motivación de las incursiones, sin permiso, al territorio Tepehuana y Wixárikas.

La reunión ocurrió el 6 de abril entre autoridades comunales, instancias federales y estatales. En el mismo día la comunidad hizo público el contenido de la reunión y los acuerdos por medio de una conferencia de prensa.

De acuerdo con los voceros de la comunidad, representantes del Servicio Geológico Mexicano negaron que hayan hecho sobrevuelos en el territorio Tepehuana y Wixárika, “señalan que [el registro] no está en ninguna de sus bitácoras; literalmente nos dijeron que ‘quizás algún minero se aprovechó que estábamos haciendo el servicio geológico’”, señaló Cristian Chávez, asesor de la comunidad.

Representantes del órgano del gobierno federal también se comprometieron a tener los trabajos de prospección minera, pero irónicamente, cuenta Chávez, que cuando la comunidad detuvo la camioneta el 15 de marzo, “habían dicho que ya se había terminado el trabajo de campo”.

Los representantes del Servicio Geológico no informaron cuáles minerales estaban buscando. “Nos dijeron que están buscando salmueras en el país, buscando sales, no nos aclararon cuáles serían”, contó Chávez. Tampoco han informado sobre el proyecto minero Amonitas que estaría por detrás de la prospección.

El día 8 de mayo las instancias gubernamentales se comprometieron a ir hasta la comunidad para informar sobre el objetivo, promovente y descripción del proyecto minero Amonita.

Otro de los acuerdos es que el Servicio Geológico va a desistir de la denuncia que hizo en el Ministerio Público de Villa Guerrero contra la comunidad por detener el vehículo, “una vez que haya recibido el vehículo y haya informado a la comunidad los pormenores que está solicitando sobre el proyecto minero Amonitas”, explicó Chávez.

Venta de tierra

El ejido de San Lorenzo Azqueltán es colindante con los bienes comunales de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. De acuerdo con los voceros de la comunidad, fueron las autoridades del ejido que dieron el permiso a Servicios Geológicos para la prospección.

Los trabajos de prospección se basan en un “ilegal permiso otorgado por personas ajenas a nuestra comunidad, representantes de un ejido que nada tiene que ver con la superficie donde se realiza la prospección minera”, denunció la comunidad en un comunicado.

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El conflicto no es de ahora. “Las autoridades ejidales han viniendo rentando y vendiendo terrenos fuera de su propiedad agraria; eso ha sido el motor de una violencia sistemática durante los últimos años que ha resultado en ataques armados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, y numerosos despojos contra la comunidad”, explica Chávez.

De acuerdo con él, “el permiso otorgado por autoridades ejidales al Servicio Geológico fue la gota que derramó el vaso de una serie de despojo de venta de tierra hecha por autoridades ejidales fuera de terrenos ejidales. La comunidad hace años denuncia estas ventas fraudulentas, solicitando la intervención de las instancias federales y estatales”, dijo Chávez.

Representantes de la Procuraduría Agraria, también presentes en la reunión, se comprometieron a advertir a las autoridades ejidales a no realizar ventas y rentas de tierra fuera de sus límites agrarios.

^{En portada: Una protesta contra el Ejército, en Acapulco. Bernardo Hernández (Cuartoscuro)}

8 de septiembre, 2020. Agricultores protestan para exigir el cierre de la presa La Boquilla en Chihuahua. Están enfurecid@s, pues en medio de una temporada de sequia, exigen detener el flujo del agua que va del embalse en México con dirección hacia los EEUU.

Tras las manifestaciones, se retiran, pero son vigilados de cerca por elementos de la Guardia Nacional (GN). Jessica Silva viaja en camioneta con su esposo después de que ambos participaron en la manifestación. A la altura del municipio de Delicias, una camioneta de la GN les da alcance y sin previa advertencia, dispara en su contra, provocando la muerte a Silva e hiriendo a su acompañante.

Los primeros reportes de la GN divulgaron que sus elementos dispararon como respuesta a una agresión, “por lo que su personal se vio obligado a aplicar medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza”, refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en informe obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los elementos de la GN elaboraron una narrativa en la que ellos fueron objeto de un ataque e incluso reportaron heridos. Todo era mentira.

Más tarde, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento de la GN lesionado o fallecido. Además, en la carpeta de investigación del caso no existen elementos que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas, lo cual de acuerdo a la CNDH constituyó un uso excesivo de la fuerza.

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Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, institución responsable por la GN, aunque el control operativo cotidiano recae en el Ejército.

Mediante evidencias recabadas, testimonios de los propios elementos de la GN y de testigos que presenciaron la agresión, la Recomendación concluye que los integrantes del cuerpo de seguridad militar hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego que derivó en la ejecución arbitraria de Silva.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, la Sedena y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A casi tres años de su creación y pese a registrar casi 5 mil reportes de violencia en su unidad de control interno, hasta junio del 2021, ésta es la primera recomendación emitida por la CNDH que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.

Investigarse a sí mismo

El artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que el cuerpo de seguridad militar contará con áreas especializadas como la Unidad de Asuntos Internos.

Según el Reglamento de dicha ley, le corresponde a esta unidad la realización de actividades de supervisión e inspección generales, tales como la recepción e investigación de quejas, y en su caso, la presentación de casos ante el presidente del Consejo de Carrera o a los Consejos de Disciplina. Estos últimos,conforme a los artículos 70 y 71, están compuestos por los propios mandos de la Guardia Nacional, en quienes recae la facultad de resolución definitiva de las denuncias.

Voces que han cuestionado el proceso de militarización en México por más de dos sexenios, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critican que esta normatividad excluye la posibilidad de contar con mecanismos independientes y externos de supervisión para atender las quejas por abuso y violencia de los elementos de la GN.

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Además, en el informe “Poder Militar”, el Centro Prodh detalla que “la Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos como lo es la Policía Judicial Militar. No es claro, además, que en efecto el nombramiento haya sido realizado desde la Presidencia”.

Esta es una referencia a David Enrique Velarde Sigüenza, titular de la Unidad desde enero de 2021 y sobre quien pesan acusaciones de tortura, retención arbitraria y detención ilegal. Acorde a la norma, el titular “contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento”.

El Centro Prodh lamenta que, aún cuando la ley buscaba que quien ocupara esta posición fuera un civil que sirviera de contrapeso independiente de las Fuerzas Armadas, esto no ocurriera así. “El caso de la Unidad de Asuntos Internos es especialmente delicado pues la Ley de la Guardia Nacional dispone que ésta sea prácticamente el único control interno relevante”, advierte la organización de derechos humanos.

La reflexión cobra sentido ante el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, como fue prometido en el momento de su creación en 2019, pues prácticamente el 75% de los elementos que la integran son de extracción castrense.

Para febrero del 2022, la misma Guardia Nacional reporta que cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional.

Miles de denuncias

Un análisis realizado por el Centro Prodh del periodo comprendido del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 arroja que se han iniciado 4,867 expedientes de investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, órgano de control interno del cuerpo de seguridad militar.

De estas carpetas, 3,483 se encontraban en trámite hasta junio del año pasado y de las 1,370 concluidas, solo 39 fueron declaradas procedentes para iniciar los procedimientos administrativos ante la Dirección General de Consejos Superiores.

Entre las conductas que registran los expedientes procedentes se encuentran: Incumplimiento a los requisitos de permanencia (no aprobar las evaluaciones de permanencia); vínculos con delincuencia organizada; conductas que desacreditan la imagen de la institución; toxicológico positivo en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.

“El que un cuerpo colegiado de oficiales de la propia Guardia Nacional, que actualmente –hay que insistir– sería de extracción predominantemente castrense, resuelva en definitiva sobre estas conductas tampoco asegura ni debido proceso para los acusados ni exhaustividad en el análisis”, argumenta el informe del Centro Prodh.

Aunado a ello, el Centro también resalta que, de acuerdo con la información brindada por la propia Guardia Nacional a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, los Consejos son incipientes, pues o no cuentan con información de sus actividades o han sesionado en pocas ocasiones.

Por otro lado, la ley de la GN obliga a dicho organismo a registrar los eventos en que se hizo uso de la fuerza. En respuesta a solicitud de información, la Guardia Nacional refiere que de 2019 a 2021 registró 161 eventos con uso de fuerza y armas de fuego, mientras que señala la inexistencia de casos con determinación de exceso de la fuerza.

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“Que no se reporten casos con determinación de exceso de uso de la fuerza en un contexto en el que es la propia Guardia Nacional la que realiza la investigación y en un entorno en el que se reportan 161 eventos de uso de la fuerza no resulta convincente. Máxime cuando la propia Guardia Nacional reportó que cuenta al menos con 33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, cuestiona el Centro Prodh, a quien se le negó el acceso a los reportes pormenorizados pues la GN reservó la información por cinco años.

Para el Centro Prodh, la composición castrense de la Unidad de Asuntos Internos incide en la repetición de conductas de las instituciones militares, quienes al indagar denuncias relacionadas con militares no realizan su labor con exhaustividad.

“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes”, alerta el Centro, en referencia a que la GN indague conductas como los vínculos con delincuencia organizada.

Abuso de la fuerza

Intersecta es una organización feminista que ha documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.

Un reporte de esta organización señala que desde 2019 existen indicadores que muestran un crecimiento en el abuso de la fuerza en los “enfrentamientos” del ejército mexicano.

En 2020, se registraron 260 enfrentamientos con involucramiento de elementos de la SEDENA con un saldo de 237 civiles muertos y apenas 6 militares fallecidos. “Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta”, señala el informe De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece.

De acuerdo al Centro Prodh, en estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas quienes reportan los eventos, sin que ninguna de las instituciones externas de control, como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones al respecto de los casos y denuncias.

“El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, señala el documento del Centro Prodh.

Según los registros de la GN, hasta mediados de 2021, sus elementos han privado de la vida a 94 personas, de las cuales sólo cinco son reconocidas como civiles, mientras 89 son catalogadas como “agresores”, una identificación en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones.

“Es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, destaca el informe “Poder Militar”. Para el Centro Prodh, resulta previsible que sigan ocurriendo las violaciones a derechos humanos “considerando la forma en que las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza arraigaron en las instituciones de seguridad desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Por otro lado, frente a la comisión de éstas no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aun cuando en nuestra historia reciente ese proceder ha desembocado siempre en la impunidad.