Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

“Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

^{En portada: Activistas mantienen la resistencia activa contra el desalojo del pueblo de Lützerath}

La gigante energética RWE quiere ampliar una de las mayores minas a cielo abierto de Europa, localizada en Garzweiler, noroeste de Alemania, para la extracción de carbón y, para ello, considera arrasar en su totalidad al pueblo de Lützerath.

No obstante, la resistencia integrada por movimientos ecologistas planea impedirlo. Afirman que el argumento del gobierno alemán sobre “el peligro para la seguridad del abastecimiento energético” es injustificado y ni siquiera está avalada por ningún estudio.

Hace dos años, la multinacional alemana demolió una carretera y comenzó a talar árboles alrededor del pueblo parcialmente abandonado, aún cuando había prometido no incursionar en territorio de Lützerath. Esta comunidad es sólo una de una docena de pueblos que han sido expropiados y demolidos, algunos reconstruidos a varios kilómetros de distancia para dar paso a la extracción de carbón.

Desde entonces, activistas operan bajo la iniciativa Lützerath Bleibt (Lützerath se queda) para permanecer en el pueblo, convirtiéndolo en un lugar de resistencia. Ahí trabajan junto a la población local como Eckardt Heukamp -el último agricultor que permaneció- y otras organizaciones para evitar el arrasamiento del pueblo.

“En estos tiempos de múltiples crisis, los que menos tienen son siempre los que más sufren. Todo ello mientras las empresas de combustibles fósiles obtienen más beneficios que nunca y son las mayores contaminadoras del planeta. Sólo 100 empresas de combustibles fósiles son responsables del 71% de las emisiones globales – la empresa alemana de combustibles fósiles RWE, propietaria de la mina de carbón junto a Lützerath, es una de ellas”, aseveran los miembros de Lützerath Bleibt mediante una declaración internacional.

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Este lunes (2), la policía realizó un primer intento para incursionar en el pueblo, pero fue recibida con resistencia de los activistas quienes han colocado barricadas que impidieron el avance de los cuerpos de seguridad. Las imágenes difundidas por los ecologistas muestran una resistencia pacífica.

El martes (3) también se registró otro intento de incursión, esta vez contra los árboles del pueblo, pero los activistas volvieron a resistir a la operación policial.

El gobierno local ordenó la evacuación del pueblo y ha autorizado a la actuación de la policía a partir del 10 de enero. Al mismo tiempo, continúa el arribo de personas a Lützerath para detener el avance de las máquinas e incluso se ha programado la realización de un festival para este fin de semana.

Sumado a ello, entre los días miércoles (4) y viernes (6) se han anunciado más de una veintena de protestas en diversas ciudades de Alemania para condenar el desalojo contra Lützerath.

Compromisos de papel

En diciembre del 2022, después de un acuerdo entre RWE y el Ministerio del Medio Ambiente del estado de Renania del Norte-Westfalia, respaldado por la aprobación en el Parlamento federal, la policía dio a conocer que el desalojo de la resistencia en Lützerath se realizará el fin de semana del 14 y 15 de enero.

La mina de lignito -material utilizado como carbón fósil- es considerada como la más contaminante de Europa. Con su ampliación, el gobierno alemán pretende extraer hasta 280 millones de toneladas adicionales de carbón, lo que representa cuatro veces más de lo que prometió reducir en emisiones contaminantes mediante el Acuerdo de París, firmado en 2015.

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Según el acuerdo de finales de 2022, la eliminación progresiva del carbón en Alemania se adelantará a 2030, en lugar de 2038, y varios pueblos se salvarán de la destrucción, pero no es el caso de Lützerath.

En un contexto donde Alemania reduce su dependencia al gas y el petróleo ruso, las autoridades advierten que el carbón tendrá que seguir siendo fuente de energía durante varios años más.

“Después de docenas, incluso cientos de años de acción climática liderada por los pueblos indígenas del Sur Global, después de un desastre climático tras otro, estamos al borde de puntos de inflexión de destrucción climática que no podemos revertir”, sostienen los activistas ante la inminencia del desalojo.

“Europa ya ha destruido bastante. Hay que parar. Paren los megaproyectos, paren el acaparamiento de tierras en todo el mundo, paren las cooperaciones con empresas de combustibles fósiles como RWE y empiecen a usar menos energía. El mundo está mirando y no aceptaremos más esta destrucción”, es el llamado de la organización en Lützerath.

^{En portada: Según análisis, los experimentosde geoingeniería al aire libre sólo deben permitirse si aportan conocimientos fundamentales que no puedan obtenerse por otros medios.}

Una incipiente empresa de los Estados Unidos, Make Sunsets, fundada apenas en octubre del 2022 dice que ha lanzado globos meteorológicos que contienen partículas de dióxido de azufre a la estratosfera en un intento de manipular artificialmente el clima, según informa Technology Review. El sitio web de Make Sunsets ha enunciado sus actividades como “activismo de geoingeniería”.

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La compañía lanzó “nubes” con dióxido de azufre, un aerosol que podría reflejar la radiación del sol de regreso al espacio. Los dos primeros lanzamientos de globos fueron muy rudimentarios y ocurrieron en abril de 2022 en algún lugar del estado de Baja California, norte de México, meses antes de que Make Sunsets se constituyera en sociedad.

Concretamente, la compañía bombeó gramos de dióxido de azufre en globos meteorológicos y añadió lo que estimó que sería la cantidad adecuada de helio para llevarlos a la estratosfera. Pero no se sabe si el globo estalló ni donde fueron derivadas las partículas porque no había equipos de control en los globos.

La técnica utilizada intenta manipular el clima reflejando más luz solar hacia el espacio, imitando un proceso natural que se produce tras grandes erupciones volcánicas. En teoría, rociar azufre y partículas similares en cantidades suficientes podría contrarrestar el calentamiento global.

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Estas prácticas abren un amplio debate sobre las implicaciones que podrían acarrear. No se reconoce los efectos en el mundo real de tales intervenciones a gran escala, con efectos secundarios que podrían resultar peligrosos. Podría poner en riesgo a la Tierra y a la humanidad al alterar la capa de ozono, lo que podría generar lluvia ácida y causar enfermedades respiratorias.

Según revela el medio, algunos investigadores que llevan mucho tiempo estudiando esta tecnología están preocupados porque la empresa Make Sunsets parece haber seguido adelante con los lanzamientos desde un emplazamiento en México sin ningún control.

La empresa está intentando vender “créditos de enfriamiento” para futuros vuelos de globos que podrían transportar cargas útiles mayores. Ofrece a la venta créditos de 10 dólares por liberar un gramo de partículas en la estratosfera, suficientes, según la empresa, para compensar el efecto de calentamiento de una tonelada de carbono durante un año.

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Technology Review contactó a varios científicos quienes condenaron el esfuerzo por comercializar la geoingeniería en esta fase inicial. Como informó este medio, la administración Biden está desarrollando un plan federal de investigación que guiaría la forma en que los científicos deben proceder con los estudios de geoingeniería.

^{En portada: Miembros del pueblo tribal Jenu Kuruba sostienen pancartas durante su protesta en el Parque Nacional de Nagarhole, en la India, donde han sido desalojados en nombre de la “conservación”.}

Mientras representantes de casi 200 países y miembros de la ONU celebran la finalización de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), realizada en Canadá del 7 al 19 de diciembre, con la adopción del pacto Kunming-Montreal, organizaciones aseveran que éste representa un peligro para los derechos de los pueblos indígenas.

El acuerdo final, cuyo objetivo es convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030, ha sido criticado por pueblos indígenas y organizaciones como Survival International, quien ha alertado que, de adoptarse esta política, se convertirá en el mayor acaparamiento de tierras en la historia.

Actualmente, 17% de la tierra y aproximadamente el 8% de los océanos del planeta se gestionan bajo esquemas de áreas protegidas, las cuales cuentan con restricciones a actividades como la pesca, la agricultura y la minería.

“No conseguimos detener la adopción del 30%, impulsado como estaba por las fuerzas más poderosas del mundo: incluidos los gobiernos del Norte Global y la industria de la conservación”, detalla la organización mediante comunicado.

En su posicionamiento, establece que el modelo de “conservación fortaleza” implementado en áreas protegidas ha demostrado ser un peligro para los pueblos indígenas del mundo. Como evidencia se registra la expulsión de al menos 14 millones de personas sólo en África debido a la promoción de desalojos de comunidades y abusos de los derechos humanos con el pretexto de la conservación de la naturaleza.

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Por su parte, Amnistía Internacional reconoce que el acuerdo derivado de la COP15, pese a contar con una serie de objetivos medioambientales y salvaguardas de derechos humanos, “no protege ni defiende plenamente los derechos de los pueblos indígenas”, como ha manifestado Chris Chapman, integrante de la organización.

Para Chapman, el problema radica en que, dentro del acuerdo Kunming-Montreal, los Estados no reconocen explícitamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas como una categoría separada de zona conservada, lo que coloca sus territorios en peligro ante las depredaciones que a menudo sufren en zonas como los parques nacionales gestionados por el Estado.

En específico, este objetivo desde la propuesta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad fue rechazada principalmente por los países europeos. La incorporación de los territorios indígenas como categoría propia habría incluido la soberanía indígena al plan, facultando a las naciones indígenas para autodeterminarse en sus propios territorios. Sin esa categoría adicional, los esfuerzos de conservación dirigidos por los indígenas se consideran áreas protegidas, sobre las que los Estados tienen el control en última instancia.

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“En consecuencia, los Estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, exponiéndolos a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos”, afirmó Chapman.

A pesar de constituir sólo el 5% de la población mundial, las tierras de los pueblos indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta.

Otras organizaciones indígenas como Indigenous Climate Action, a través de su director ejecutivo, Eriel Tchekwie Deranger, expresaron preocupación debido a que, sin normas sólidas tras el acuerdo, peligre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios tradicionales y sus formas de preservar la naturaleza.

Impulso a SBN

Por su parte, Survival International manifestó el peligro de que el acuerdo Kunming-Montreal incluye la promoción de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).

Específicamente, los objetivos 8 y 11 del pacto promueven la implementación de las SBN para minimizar el impacto del cambio climático en cuestiones como la acidificación de los océanos, así como para restaurar ecosistemas y reducir el riesgo de desastres.

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Para la organización, el impulso a las SBN que proviene principalmente de países europeos representa más acaparamientos de tierras y abusos de los derechos humanos sin que se materialicen acciones para contrarrestar el cambio climático.

“El Norte Global, como de costumbre, no ha asumido ninguna responsabilidad por la destrucción del medio ambiente y ha hecho recaer la carga sobre el Sur Global, ayudado en esto por la industria de la conservación que tiene todo que ganar con el dinero desplegado para ‘más Áreas Protegidas y falsas soluciones basadas en la Naturaleza’”, acusa Survival International.

Horas después de la adopción del acuerdo Kunming-Montreal, la “Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas” (HAC, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de un plan conjunto para alcanzar el objetivo de convertir el 30% del planeta en áreas protegidas, popularmente conocido como 30 x 30.

La coalición, que integra 116 países, difundió su compromiso para apoyar a los países con acciones concretas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas y otras medidas de conservación.

Para ello The Bezos Earth Fund, propiedad de Jeff Bezos, dueño de la empresa Amazon – responsable por la generación anual de más de 200 mil toneladas de residuos plásticos que amenazan principalmente ecosistemas marinos –, junto a Bloomberg Philanthropies y Rainforest Trust, se comprometió a aportar 3 millones de dólares en los próximos tres años para apoyar los objetivos de HAC.

“Con ello se pondrá en marcha una nueva fase crítica de implementación de la coalición para ayudar a mantener el compromiso político, implementar planes de conservación, apoyar el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, organizar la asistencia técnica y movilizar recursos para alcanzar los objetivos 30×30 en todo el mundo”, anuncio la coalición.

Esta inversión se suma al financiamiento acordado por los países que acordaron el pacto Kunming-Montreal, cuyo objetivo es duplicar la inversión hasta los 200,000 millones de dólares anuales; aunque dichos compromisos financieros no son jurídicamente vinculantes.