CNI
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, ante las complicidades, la impunidad estructural y los objetivos del asesinato de Marcos Aguilar Rojas
¡MARCOS VIVE, LA LUCHA SIGUE!
- La comunidad recupera el predio en conflicto El Caracol
- Marcos fue asesinado por órdenes de caciques regionales para arrebatarnos el territorio.
COMUNICADO URGENTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN, ANTE LAS COMPLICIDADES, LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL Y LOS OBJETIVOS DEL ASESINATO DE MARCOS AGUILAR ROJAS
A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios libres y honestos de comunicación
A las organizaciones solidarias con los pueblos originarios
Nuestra comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha denunciado ya públicamente el asesinato de nuestro hermano y autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, así como la grave lesión del compañero comunero Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal de El Caracol.
Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor, ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió —y sigue permitiendo— que este crimen ocurriera, por lo que decimos, con humildad, con dignidad y con respeto que:
1. Es un crimen político y territorial, no un hecho aislado
El asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán.
El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado:
fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales.
Negarlo —como lo intentó hacer el fiscal del estado de Jalisco, reduciendo todo a “problemas entre vecinos”— es participar en el crimen, que recuerda el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo, y mediante el terror, acabar con la organización indígena.
Según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunieron el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol, en esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez “La Polla” y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Izolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros.
2. Hay una red de complicidad en la que participan fiscales, policías, caciques y operadores judiciales
Las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón y un mismo grupo de agresores, que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos siete años de ataques documentados.
Durante la integración de la carpeta 468/2025 5-J originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros: el más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, Administrador Distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, Jalisco, en virtud de que tras los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba “inconsciente”, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el Juzgado, fue dicho Administrador Distrital quien —de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores— rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades.
Acción hecha para favorecer directamente al pistolero Manuel Aguilar Herrera, y nuevamente garantizarle impunidad, luego de los múltiples antecedentes conocidos y documentados: como golpear ancianos para despojarlos de su tierra, allanar viviendas para amenazar, amedrentar a una niña con involucrar a la delincuencia organizada si no abandonaba su tierra y participar en el despojo armado del territorio, además de formar parte de la misma red de impunidad que también ha protegido a Favio Flores Sánchez “La Polla”, cuyo ataque armado contra autoridades autónomas fue degradado por el mismo Juzgado penal de Colotlán a simples “lesiones” con una reparación ridícula, torciendo la ley para garantizar la impunidad de quienes buscan exterminarnos y arrebatarnos el territorio.
El reciente encubrimiento —comprobado por la actuación ilegal del Administrador Distrital que bloqueó la toma de pruebas al homicida— demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial, han sido engranes activos de la maquinaria de impunidad.
Todo está documentado
Todo está en las carpetas de investigación
Todo está en los testimonios
3. El objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un «problema entre vecinos”
Lo que quieren no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios, con una economía pudiente en la región, han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora, con este crimen, han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace siglos.
Lo señalamos el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando denunciamos públicamente el hostigamiento en contra de nuestros comuneros por parte de supuestos policías de investigación de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco; quienes afirmaron:
que les “vale madre el juicio agrario”,
que si corremos “nos quiebran”,
que van a entrar con policías y con armas.
El asesinato de Marcos es solo un paso más en ese plan.
4. La responsabilidad histórica es del Estado mexicano
El Estado mexicano es el responsable por acción, por omisión y por negligencia histórica.
Es responsable porque:
No ha garantizado seguridad a la comunidad pese a denuncias formales y repetidas.
Permitió que operadores judiciales obstaculizaran la investigación.
Lleva décadas negando el reconocimiento jurídico pleno del territorio tepecano, abriendo la puerta a invasores, caciques y violencia armada.
La negligencia de los gobiernos —municipales, estatales y federales— ha costado vidas y si no actúan, seguirá costándolas.
5. Ante la gravedad de los hechos, ante el peligro que vivimos, exigimos al Gobierno Federal
La emisión inmediata de un DECRETO PRESIDENCIAL que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Sin este reconocimiento jurídico pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes.
El Gobierno Federal debe entender que su responsabilidad es directa.
No puede seguir ignorando que la vida de un pueblo originario depende de decisiones que solo puede tomar el Ejecutivo.
Si el gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales.
6. Para que no quede duda
Nosotros, como comunidad indígena autónoma, aunque nos maten, no vamos a abandonar nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestra identidad tepehuana y wixárika y no vamos a ceder frente a los asesinos ni a los caciques.
Anunciamos a los pueblos y gobiernos de México y fuera de estas fronteras que el día de hoy, y tras el artero ataque armado, la comunidad recuperó, mediante movilización, el predio El Caracol, ambicionado por personas ajenas a la comunidad, y sitio donde fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas.
Estamos dispuestos a seguir defendiendo la vida y el territorio, así que, por primera vez escuchen bien quienes gobiernan:
Sobre la responsabilidad de ustedes caerá cada gota de sangre que se derrame por incapacidad, negligencia o complicidad.
El Estado mexicano tiene en sus manos la posibilidad de detener esta guerra o de profundizarla y será su decisión de qué lado de la historia quieren estar. Esa no la olvidamos ni olvidaremos, así pasen mil años.
7. Hacemos un llamado a los pueblos y a las conciencias de esta humanidad.
Llamamos a los pueblos del mundo a mantenerse alertas, a las organizaciones de derechos humanos a vigilar y acompañar a la comunidad, haciendo eco de nuestras exigencias.
Llamamos a los medios honestos a romper el cerco de silencio que protege a los responsables.
Nosotras y nosotros, como pueblo, hemos resistido cientos de años y resistiremos cientos más si es necesario.
Pero que quede claro:
No nos rendiremos
No nos venderemos
No claudicaremos
Porque Marcos Vive y La Lucha Sigue
Desde el fondo del cañón de Bolaños
Comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco
Foto de portada: CELEBRACIÓN. Participantes de una ceremonia nocturna en San Lorenzo Azqueltán, durante el 5º aniversario del nombramiento de autoridades tradicionales en 2018. ©ScottBrennanphoto.
[:es]El CNI denuncia el asesinato del defensor Marcos Aguilar Rojas, de la comunidad indígena de Azqueltán[:en]The National Indigenous Congress denounces the murder of Marcos Aguilar Rojas, from the Indigenous community of San Lorenzo de Azqueltán[:]
[:es]
PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN
Denunciamos con indignación, rabia y profunda preocupación el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, así como las lesiones por arma de fuego infligidas a su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena. El ataque fue perpetrado este 26 de noviembre de 2025 por los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes huyeron en un automóvil gris en dirección a Villa Guerrero o Mezquitic.
El cobarde ataque ocurrió en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo de estas mismas personas, quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad.
Responsabilizamos al gobierno federal por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán; al gobierno del estado de Jalisco por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad; y directamente a los asesinos Manuel y Esteban Aguilar Herrera y Victor Hugo Pérez cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios.
Hoy, como Congreso Nacional Indígena, decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder —sea gubernamental, económico o criminal— ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. No aceptaremos que el asesinato de nuestro compañero quede impune, ni permitiremos que la dignidad de Azqueltán sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada.
Exigimos justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales, y garantías reales de seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.
Desde la rabia y dolor que hacemos propia abrazamos a la comunidad y a su familia.
¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena
November 26, 2025
We denounce with indignation, rage, and deep concern the murder of our comrade Marcos Aguilar Rojas, agrarian representative of the community of San Lorenzo de Azqueltán, as well as the gunshot wounds inflicted on his brother Gabriel Aguilar Rojas, delegate of the National Indigenous Congress.
The attack was carried out on November 26, 2025, by the assailants Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez, and Abraham Pérez, all of whom are linked to the local caciques–or political bosses–and small landowners of the municipality of Villa Guerrero, Jalisco. They fled in a gray car toward either Villa Guerrero or Mezquitic.
The cowardly attack occurred on the communal land of El Caracol, a territory that the Azqueltán community has collectively defended against previous attempts at dispossession by these same individuals, who have acted under the protection of the systematic impunity granted to them by the Jalisco State Judiciary and Prosecutor’s Office. These institutions have repeatedly protected those who violate, threaten, and attack the Indigenous community, deepening the violence through their omission, silence, and complicity.
We hold the federal government responsible for denying agrarian recognition to the Indigenous community of Azqueltán; the government of the state of Jalisco for the impunity it guarantees to the criminals who have historically attacked the community; and we hold directly responsible the murderers Manuel and Esteban Aguilar Herrera and Victor Hugo Pérez, whose acts form part of a permanent strategy of dispossession and aggression against native peoples.
Today, as the National Indigenous Congress, we declare loud and clear: the violence against Azqueltán is not an isolated incident, but part of a national pattern in which power—whether governmental, economic, or criminal—attacks Indigenous communities when they defend their territory and their lives. We will not accept that the murder of our comrade goes unpunished, nor will we allow the dignity of Azqueltán to be trampled upon by the interests of local bosses, corporations, governments, or organized crime.
We demand full justice, immediate punishment for those materially and intellectually responsible, and a real guarantee of security for the community of San Lorenzo de Azqueltán.
From the rage and pain that we make our own, we embrace the community and its family.
Never again a Mexico without us!
National Indigenous Congress
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