A los pueblos y gobiernos del mundo

Desde las tierras sagradas de San Diego Xayakalan, territorio comunal de Santa María Ostula y como desde hace 12 años, nos hemos dado cita para conmemorar que, por acuerdo de la asamblea general de comuneros, recuperáramos mediante una fuerte movilización de la policía comunitaria y la guardia comunal más de mil hectáreas, que habían sido invadidas con violencia por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, que se valieron de errores técnicos en el plano definitivo de Ostula, que sobrepuso supuestas pequeñas propiedades con las tierras comunales.

Pese a que nuestras tierras están protegidas por la propiedad agraria, con este despojo pretenden tratar la superficie en conflicto como si fueran pequeñas propiedades, para que sirvan a los intereses capitalistas de grupos delictivos y empresariales, que sometieron durante años a nuestra madre tierra para verla como una fuente de minerales, destruyendo las montañas y contaminando los ríos, la ven como maderas preciosas que se venden, con la ayuda desvergonzada del gobierno, a los mercados orientales, pasando por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. La ven, por su colindancia con el océano pacífico, como un espacio propicio para el trasiego de armas y drogas.

Todo esto los gobiernos, empresarios y criminales lo miden en millones de dólares, pero nosotros lo medimos en el sufrimiento y la sangre de nuestro pueblo, pues nos han arrebatado a 41 comuneros (entre ellos dos menores de edad), que han sido asesinados o desaparecidos por los grupos militares o criminales con completa impunidad.

Pero para la comunidad, es y será siempre nuestra tierra, la misma por la que lucharon los padres y abuelos de los que estamos hoy, la misma que sembramos y honramos en nuestras fiestas tradicionales.

El gobierno federal ha faltado gravemente a su responsabilidad constitucional de brindarnos, como pueblo originario, instrumentos legales que nos permitan defender lo que es nuestro y que fué reconocido en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Misma que va delimitando el territorio en la colindancia con el océano pacífico hasta la mojonera que se conoce como Las Majahuas, así como en los puntos inamovibles de los cerros de Mancira, La Lagunita, San Franciscote y Tepataxte, cuya localización no ha sido reconocida en el juicio por límites del expediente 78/2004 del Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de Colima.

Es por eso que el pasado 21 de junio, junto con nuestro equipo jurídico, interpusimos una petición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraiga el caso y se pronuncie sobre la “adecuada demarcación, delimitación y protección jurídica efectiva de las tierras comunales y estándares probatorios en casos de invasión de propiedades comunales por parte de pequeños propietarios particulares”, ya que las instancias legales se han valido del plano definitivo cuyas deficiencias técnicas fueron señaladas por el revisor de la Secretaría de Reforma Agraria, el Ing. Fracisco Osorio Labastida en el año de 1958, sin que se hubieran corregido antes de la Resolución Presidencial. Errores que fueron documentados y señalados por el Tribunal Superior Agrario, quien ordenó el perfeccionamiento pericial, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento a dicho requerimiento.

Es por eso que hoy, 29 de junio de 2021, a doce años de la recuperación de nuestros terrenos comunales, decimos claro que no daremos un paso atrás en la protección y defensa del territorio. Nuestros muertos y desaparecidos son la convicción más grande que tenemos para no permitir que nos arrebaten un centímetro cuadrado más, pues entre mayor sea el ataque a nuestra madre tierra, mayor será nuestra organización y respuesta.

Por último, mandamos un saludo fraterno a todas y todos quienes han levantado la voz en favor de esta lucha, quienes han exigido justicia junto a nosotros. Les pedimos que empuñemos nuevamente la palabra, que escribamos y difundamos la razón que poderosos intereses han querido silenciar. Les pedimos que estemos atentos a la palabra de nuestra comunidad para participar en la campaña de solidaridad que hemos emprendido para evitar que se cometa una nueva injusticia, ya que sería el inicio de una nueva escalada violenta, cuyas consecuencias pueden ser peores que la estela de sangre que hemos vivido estos doce años.

A 29 de junio de 2021.

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Comunidad Indígena de Santa María Ostula

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo indígena de Gobierno
A los pueblos de México y el mundo
A NUESTROS HERMANOS DE GUERRERO

27 de junio del 2021, Tepetixtla, Coyuca de Benítez.

Nosotros hombres y mujeres de los pueblos campesinos de la Costa Grande del estado de Guerrero, que nacimos de la historia de dignidad que nos enseñaron los generales Morelos, Guerrero, y Zapata.

Hoy en tiempos de pandemia y elecciones. De vacunas y millones de pesos gastados en vanidades políticas. Con evidente presencia de la delincuencia organizada, que amplió el abanico de sus colores y en varios casos abiertamente se dice “morenista”.

Con un claro reciclamiento de individuos que ayer fueron corruptos y represores y hoy les dicen “compañeros”, de partido y que generan desconfianza a más de uno. Desde arriba se habla de cambio de régimen, pero en muchos casos, los impulsores del “nuevo”, nacieron y crecieron políticamente en el régimen anterior. ¿De veras cambiaron su visión política o solo de camiseta?

Los resultados nos hacen pensar que veremos el segundo tiempo del mismo juego. Fortalecer el capitalismo, atraer más capitales, más trasnacionales, más monopolios; más despojos a pueblos y comunidades; vigorizar al estado mexicano, legitimándolo, sin aparente corrupción y adelgazándolo, para que sea mas fácil operar con él; desactivar y deslegitimar los movimientos y la protesta social; seguir linchando a los críticos; negar la existencia de una izquierda, solo hay liberales y conservadores.

Se mantendrán algunos inevitables cambios desde arriba. El agotamiento del neoliberalismo lo impone, hay que revitalizar el capitalismo, para mantener y
recuperar las cuotas de ganancias empresariales. La corrupción agrava la violencia y hace frágiles a las instituciones del Estado y llegó a representar la perdida de hasta el l0% del PIB mexicano.

Pero, de acuerdo a “nuestros datos” la desigualdad social, la pobreza y la violencia generalizada experimentadas en México, no tienen sus raíces en la corrupción, sino en la lógica de acumulación depredadora y excluyente, donde conviven lo
legal y lo ilegal. El combate a la corrupción de los funcionarios es necesario, pero muy insuficiente.

Las grandes obras como el llamado tren maya o el corredor interoceánico, aumentarán el porcentaje de población con “empleo asalariado”, pero esto no
quiere decir que mejorarán sus condiciones de vida. Muchos serán empleos temporales, mal pagados y sin derechos ni prestaciones. También se agudizaron otras contradicciones sociales pues son proyectos basados en la desposesión y despojo de las tierras de las  comunidades y pueblos por dónde pasarán. Habrá más concentración de riqueza en unos cuantos y permitirán que grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumulen más capital y fortalezcan su dominio.

Seguimos creyendo que las transformaciones que México necesita solo serán viables si son cambiadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación, violentas, excluyentes, racistas y patriarcales. Y eso solo se puede hacer desde abajo y a la izquierda.

La vida nos hizo necios, y por más que le buscamos no nos podemos convencer de que solo votando o apoyando al gobierno se van a resolver los problemas sociales. No nos cabe en la cabeza que debemos dejar de luchar, porque es riesgoso protestar, luchar y organizarse. No nos gusta ese atole.

En Guerrero, un nuevo concepto, “torita”, ya no toro, vaca, becerro o becerra. Que anoten los de la Academia de la lengua guerrerense.
No tenemos dudas, mandará el toro. No es discriminación, es jugada política. No creemos que cambiará mucho la situación. Y estaremos, desde nuestras
capacidades, con un ojo al gato y otro al garabato, pues tanto en la Sierra como en otros lugares del estado, la delincuencia organizada hace el trabajo sucio, hostiga, agrede, desaparece y asesina a periodistas honestos y a luchadores sociales.

Nuestra solidaridad para los compañeros del Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata de Guerrero CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena (CNI) que dignamente resisten las nuevas y viejas prácticas políticas neoliberales en la zona de la montaña y en México.

Tenemos que seguir rascándonos con nuestras uñas para defender el bosque, la tierra, el agua, los derechos constitucionales y los derechos humanos de nuestras
compañeras y compañeros.

Pero es 28 de junio, un año más, ya van 26, y la justicia no llega. Siguen sin castigo los responsables de la masacre de Aguas Blancas. Se sigue protegiendo a los principales responsables. Se sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y el “castigo” a encarcelados  ya liberados, chivos expiatorios.
¿Se podrá equiparar la destitución de un cargo público con las muertes de los 17 compañeros y más de 23 heridos? ¿A esto le llaman justicia?
Un año más en que se repite el ritual de la dádiva económica.
Un año más para los golpes de pecho, el llanto y las vestiduras desgarradas de los que vieron los hechos desde lejos, desde la barrera, y ahora se dicen “los verdaderos”, “los directamente” afectados.
Un año más para ver la descomposición de algunos, más interesados en los proyectos gubernamentales que en la organización del pueblo.
Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo.
El principal culpable, el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Otros, el general Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, que fue parte de la planificación y la ejecución; el gabinete gubernamental estatal de entonces; el ex presidente Ernesto Cedillo.
Y los cómplices, un poder legislativo local y federal y un aparato judicial federal y local, que garantizaron la impunidad.
¡Hoy están Impunes! ¡Cuánta podredumbre!, ¡Cuanta miseria humanas!

Mientras estemos vivos seguiremos, exigiendo ¡Justicia en la masacre de Aguas Blancas!
De nuevo recordamos a los compañeros asesinados en Aguas Blancas con el compromiso de seguir luchando.

¡Alto a la represión de las normales!
¡Alto a la deforestación de los bosques!
¡Alto a la agresión de los pueblos y comunidades en tierra caliente!
¡Ya no más desplazados por la violencia la pobreza y el olvido!
¡Castigo para los culpables de la desaparición de los 43 normalistas y sus muertos!
¡Justicia para el compañero SAMIR FLORES!
¡Le exigimos a la nueva gobernadora que lleve a cabo la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos!
Por la unidad de obreros, campesinos y pueblos indígenas

Organización Campesina de la Sierra del Sur
O.C.S.S
¡Nunca más un México sin nosotros!

A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Las comunidades que integramos la asamblea maya Múuch’ Xíinbal manifestamos nuestra
preocupación ante la invasión y destrucción de nuestro territorio, provocado por la construcción del mal llamado tren maya en la Península de Yucatán, Tabasco y Chiapas; levantamos la voz para exigir que nuestra vida sea respetada.

La asamblea maya Múuch’ Xíinbal MANIFIESTA PÚBLICAMENTE que se han encontrado más de 10,000 vestigios arqueológicos en la ruta donde se construyen las vías del tren, denunciamos la opacidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en cuanto al manejo de las piezas encontradas en los 5 tramos donde se está construyendo el mal llamado tren maya, este manejo poco transparente del destino de las piezas que nos han dejado nuestros antepasados, nos recuerda la quema y destrucción de más de 5,000 piezas pertenecientes a nuestra cultura ocurrido en el convento de Maní en el año de 1562, como castigo a los mayas rebeldes que no aceptaron al nuevo Dios; el despojo y la destrucción continúa ahora con un tren que nosotros los mayas no solicitamos, por lo tanto, no lo aceptamos; la historia se repite y el despojo que lleva más de 500 años continúa, ahora solo se moderniza.

MANIFESTAMOS así mismo y responsabilizamos al gobierno federal presidido por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y a su titular el Arquitecto Rogelio Jiménez Pons por las amenazas vertidas recientemente de manera directa al Colectivo Tres Barrios de Campeche, para que los habitantes afectados por la construcción de las vías del tren acepten de manera forzada la “relocalización consensuada” y retiren las demandas de amparo que interpusieron en su legítima defensa ante la decisión de no aceptar la reubicación de sus casas propuesta por ONU – HABITAT, que ha sido contratada por el FONATUR para hacer el trabajo sucio a favor del mal llamado tren maya, por la cantidad de 5 millones de dólares; condenable el vergonzoso actuar de esta oficina internacional al servicio del capitalismo y de las empresas, que se mueve al ritmo de los dólares que les pagan para hacer su “trabajo humanitario
de despojo”.

DENUNCIAMOS la cooptación que el FONATUR está realizando a los grupos y organizaciones que impulsan el turismo comunitario con la intención de arraigar la idea de desarrollo, que las comunidades acepten el proyecto mal llamado tren maya. El pasado 17 de junio en Temozón Yucatán se firmó la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario (APTC) y con el gobierno mexicano, 24 cooperativas algunas de las cuales llevan trabajando el turismo comunitario desde hace muchos años. Según el testimonio de uno de los firmantes de la Alianza que mencionó que “FIRMAMOS DE BUENA FE” porque no entendimos lo que dice el convenio ni las cláusulas del mismo, solo nos dijeron que vamos a poder vender nuestras artesanías en las estaciones del mal llamado tren maya.
Como puede verse en la página web de la Alianza las instituciones involucradas en este monumental engaño a las comunidades mayas son el PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), institución académica de renombre con reconocimiento a nivel nacional e internacional como una de las mejores universidades, pero ahora forma parte de la servidumbre del FONATUR.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, le recuerda al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de este doloroso e injusto país llamado México, quien ha repetido en múltiples ocasiones en su ejercicio de adoctrinamiento masivo que llama “mañanera”, que nadie puede estar sobre la ley ni el estado de derecho en este país; le recordamos que él tampoco. El mal llamado tren maya se está realizando por encima de la legalidad, pues hay que recordar que, a pesar de existir cuando menos 4 suspensiones dictadas por Jueces Federales en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el tramo 3, los trabajos han continuado, lo que evidencia un desafío frontal de FONATUR y el gobierno federal a las determinaciones del Poder Judicial Federal.

Desde la perspectiva de los derechos de los pueblos, nuevamente se parte de un esquema tutelar en donde el gobierno federal sin consultar ni dialogar con los pueblos impone esquemas y modalidades de comercio con el aval de instituciones internacionales que legitiman este actuar.

Reiteramos que la raíz de todo este problema, está en que el proyecto del mal llamado tren maya, con todas sus líneas de acción nunca fue consultado ni dialogado con las comunidades afectadas quienes carecen de la información completa y oportuna para tomar decisiones en torno a este proyecto que está siendo impuesto bajo un manto de democracia inexistente, a todas luces, ilegal.

Por todo lo anterior, las comunidades que integramos la Asamblea Múuch’ Xíinbal y las demás organizaciones firmantes:

EXIGIMOS al gobierno federal que respete nuestro territorio y los recursos naturales que lo integran, que no se continúe con la destrucción de las selvas desplazando animales de su hábitat con el pretexto de desarrollar el sur del país, un falso desarrollo que nos quieren vender como bienestar y justicia social, pero que solo traerá destrucción y más pobreza en las comunidades mayas, ya que este megaproyecto insignia del presente sexenio incluye la construcción de 19 polos de desarrollo, que utilizará grandes cantidades de tierras ejidales y que ya está generando problemas entre los habitantes de las comunidades, ya que utilizan la estrategia de dividir y enfrentar a los ejidatarios entre sí, para facilitar el despojo legal.

EXIGIMOS al gobierno federal y al INAH cuyo titular es el antropólogo Diego Prieto Hernández, que el proceso de hallazgo, documentación y recuperación del patrimonio arqueológico sea transparente con informes cualitativos y cuantitativos de los monumentos y piezas encontradas, que todo este proceso no esté supeditado a los intereses empresariales, EXIGIMOS que las piezas prehispánicas recuperadas sean conservadas en las comunidades y sean regresadas a los dueños y herederos legítimos, que el INAH no se convierta en una agencia de compra venta de piezas arqueológicas del Estado; que estos hallazgos sean suficientes para la cancelación del proyecto mal llamado tren maya, priorizar la vida y la cultura y no los intereses económicos de un grupo de
empresarios, el INAH tiene la oportunidad histórica de reivindicarse para lo que originalmente fue creada, tal como puede leerse en la misión que aparece en su página web: “El Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta”.

EXIGIMOS al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con el mandato de la carta magna y las leyes que de ella emanan, ya que a la fecha hay suspensiones definitivas del proyecto mal llamado tren maya en favor de las comunidades, dictaminadas por juzgados federales y que no están siendo respetadas por el poder ejecutivo.

EXIGIMOS al gobierno federal y al FONATUR que cesen las agresiones y amenazas a los colectivos y personas que no estamos de acuerdo con el proyecto mal llamado tren maya o que se resisten a la “relocalización consensuada”, RESPONSABILIZAMOS al gobierno federal, ONU – HABITAT, a FONATUR y las empresas contratadas para negociar el pago de los terrenos como Barrientos y asociados S.A de C.V. de las agresiones y amenazas que sufren las comunidades donde existe resistencia a la construcción del mal llamado tren maya.

EXIGIMOS al gobierno federal y al FONATUR que transparenten la información y cesen los engaños a las comunidades para manipular la aceptación del proyecto tren maya, que dejen de engañar a la gente con una falsa idea de justicia social y bienestar, ya que los 19 polos de desarrollo que se tienen programados no incluyen la participación de las comunidades mayas mas que para despojarlos de sus tierras.

EXIGIMOS que se cancele el proyecto mal llamado tren maya, ya que la especulación inmobiliaria y la desinformación origina afectaciones directas que se traducen en conflictos ejidales, tal es el caso de la comisaría de San Antonio Chun que corresponde al municipio de Umán en Yucatán, en donde los que se oponen a la venta de la totalidad de su ejido han recibido insultos y amenazas.

EXIGIMOS que se cancele el proyecto mal llamado tren maya y que el presupuesto aprobado que es alrededor de 170 mil millones de pesos se destine a la construcción de hospitales y compra de medicamentos para atender la pandemia de COVID-19, priorizar la vida y no los intereses de un grupo de empresas extranjeras. El presupuesto destinado a turismo y al mal llamado tren maya tuvo un incremento del 700% en comparación con el 2020, mientras que el sector salud tuvo un incremento del 9.1 % en comparación con el año pasado; así de lamentable es la austeridad republicana que limita el acceso a la salud como un derecho consagrado en el artículo  constitucional, pero da rienda suelta con el presupuesto en beneficio de empresas y consorcios que construyen su tren que le han mal llamado maya.

LA TIERRA MAYA NO SE VENDE NI SE RENTA.
ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH XÍINBAL
YUCATAN, MEXICO, 23 DE JUNIO DE 2021.
Adhesiones de organizaciones y personas
Articulación Yucatán
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Aventura Telá
CNI Yucatán
Magdalena Gómez
Violeta Nuñez
Ana Esther Ceceña
Jaime Quintana Guerrero, periodista Radio educación.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Escuadrón 421
A los medios libres e independientes

Reunidos y reunidas en las tierras en resistencia del Rebollero, del municipio de Cuatro Venados, Oaxaca, pueblos, organizaciones, colectivos e individualidades, les saludamos y compartimos nuestros sentires.

Preocupados por el escenario que ha provocado la pandemia de la Covid-19, como las limitaciones para ejercer nuestras asambleas, el avance silencioso de los proyectos del gran capital y la reorganización de nuestra movilidad y de nuestros territorios, nos pronunciamos.

Presentes este 19 de junio, reafirmamos nuestro rechazo tajante ante el avance de los proyectos mineros en todo el estado de Oaxaca, sabiendo que son al menos 355 concesiones emitidas hasta este año 2021. Por ello, desde estas tierras, dónde se han identificado al menos tres concesiones para extraer oro y plata, que abarcan más de 6 mil hectáreas, hacemos un llamado a todos los pueblos para estar atentos. En San Pablo Cuatro Venados de igual manera se denuncian las agresiones constantes de grupos armados, que han detonado armas de alto poder, y que mediante actos de violencia pretenden despojarnos de nuestro territorio y dar paso a la fase de explotación de las tres concesiones mineras.

También en la comunidad de San José del Progreso y comunidades aledañas avanza el proceso de explotación de oro y plata de la compañía minera Cuzcatlán quien tiene en su poder 31 concesiones que abarcan 64 mil hectáreas. De la misma forma, la Asamblea del pueblo Chontal, denuncia la concesión Minera Zapotitlan1, que viene amenazando toda la región. También en la Sierra Sur están concesionadas más de 120 mil hectáreas a la empresa Altos Hornos de México, en un área compuesta por diversas comunidades, considerada el segundo yacimiento de hierro más grande del mundo.

Además de las concesiones mineras también se suma la llamada “energía limpia” que viene dejando tras de sí muerte y destrucción, como los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reyna”, en la Sierra Sur y en el Río Cajonos, en la región Chinantla, donde se tienen proyectadas seis presas hidroeléctricas y nueve en el Río La Lana.

Otras comunidades están corriendo con la misma suerte, con otros proyectos, como las exploraciones y la biopiratería practicada por equipos multidisciplinarios que llegan a las comunidades para apropiarse del conocimiento milenario. Este es el caso de la Sierra Mazateca, dónde diversos grupos extranjeros han hecho acto de presencia. También, esta región se encuentra en alerta máxima por la presencia de organizaciones paramilitares que funcionan como brazo armado de ciertos intereses partidistas en la región.

Nos pronunciamos también porque todo el estado de Oaxaca y todo el país está sufriendo un proceso de reorganización territorial mediante programas de regularización de la tierra como PROCEDE, FANAR, RAJA, así como las áreas naturales protegidas y de conservación donde muchas veces nuestros estatutos comunales quedan invalidados.

En el caso del Istmo de Tehuantepec varias comunidades, que en un primer momento aceptaron los proyectos eólicos han sido orilladas a conflictos agrarios. En esta región el gran capital avanza a marcha forzada. El Tren Interoceánico, que conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, es tan solo una parte, detrás de ello, se tienen proyectados, al menos, 10 parques industriales, más parques eólicos y una reorganización de nuestras comunidades para que caminen a la velocidad del mercado y el capital. Desde este espacio denunciamos que se han liberado al menos cuatro ordenes de aprehensión, para cuatro compañeros que han resistido a la imposición de un parque industrial en la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa. Por ello, exigimos, que se cancelen estas órdenes y cese el hostigamiento hacia otros hermanos que resisten a la imposición de megaproyectos en Oaxaca y el resto del país.

Quienes participamos y compartimos nuestros dolores y resistencias pertenecientes a las lenguas: Chatino, Chinanteco, Chontal, Mazateco, Mixteco, Triqui, Zapoteco del Valle y Zapoteco del Istmo, nos sumamos al proceso de resistencia que sostienen los pueblos originarios de México y el mundo y saludamos la gran travesía que han emprendido nuestras hermanas y hermanos zapatistas en la Europa de abajo, quienes llevan nuestra palabra y nuestro corazón. Repudiamos el racismo y desprecio institucional de quienes han negado el pasaporte a nuestros hermanos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena.

¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertad a Fidencio Aldama y Freddie García!
¡Alto a la militarización y paramilitarización de los pueblos originarios!

Nunca más un México sin nosotros

Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero

CERESO Numero 5
San Cristóbal de las Casas

Querido compañero Fidencio Aldama esperamos que tenga salud estable y con mucho animo, mucha fuerza y coraje para seguir luchando en contra de las injusticias que se vive y vivimos en nuestro país México y en el Mundo entero. Te envió mis saludos cordiales desde el CERESO numero 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México de parte de Adrián Gómez Jiménez, preso en lucha e indígena perteneciente de la entina tzotsil.

Desde este CERESO # nuestra trinchera de lucha te escribo una carta sobre la campaña que están realizando o convocatoria de cartas y trabajo artístico en solidaridad hacia a ti. Sabemos que los poderosos de arriba siempre han tratado de quitar las tierras que nos pertenecen y eso ha sido tu caso, a travez de la carta que y comunicado que ha difundido las Redes de Resistencia y Solidaridad pues me he enterado un poco sobre tu caso, más que nada te escribo para solidarizarme para exigir tu libertad ante el gobierno que le compete dar tu libertad, por eso desde este CERESO numero 5 escribo esta carta para exigir y sea escuchado tu exigencia de libertad ante el gobierno, para esta campaña que estas realizando tus compañeras y compañeros de lucha y resistencia.

¡Libertad para el compa preso político yaqui Fidencio Aldama!

¡Libertad inmediata!

¡Nunca más las injusticias y encarcelamiento injusto!

El mal gobierno causa tantas injusticias de parte de personas que luchan por una causas justa y por una vida mejor.

El mal gobierno a cometido muchas atrocidades, asesinatos, desapariciones forzadas y encarcelamiento.

Aunque existe muchos atropellos, pero tenemos mucho coraje para seguir luchando por una causa, por una vida mejor, por un futuro mejor para las y los hijas e hijos la lucha sigue hasta conseguir.

Compañero Fidencio Aldama no tengo más palabras que decirte pero te digo mucha fuerza, mucho animo, mucha valentía.

Uniendo nuestras voces y fuerzas de las y los pueblos mexicanos y mexicanas, triunfaran las verdaderas justicias.

Respetusamente

Adrián Gómez Jiménez

Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán a 21 de junio de 2021

A la sociedad civil
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones sociales, colectivos y grupos de trabajo
A los organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones civiles
A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A quien corresponda

Hoy, la comunidad de Santa María Ostula llevó a cabo la reactivación de la lucha jurídica para defender y proteger el territorio en donde se asienta la encargatura de Xayacalan. Tenemos conciencia de que apelar a la máxima instancia de aplicación de justicia en México es la última puerta que podemos tocar para que las instituciones mexicanas reconozcan en los títulos de propiedad lo que hemos hecho desde hace cientos de años: trabajar la tierra comunalmente.

Nuestro equipo jurídico elaboró junto con la comunidad, un documento de suma relevancia solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga y resuelva el dilatado juicio agrario en el que se dirime el lindero de nuestras tierras comunales con supuestos pequeños propietarios de La Placita.

Esta es una petición que esperamos sea recibida, analizada, revisada y en su caso cotejada con el amplio expediente que un tribunal agrario fue construyendo a través de mentiras, corrupciones y de apoyos a los supuestos pequeños propietarios que disputan las tierras que hemos recuperado desde 2009, por la vía de los hechos.

Esperamos que las y los magistrados lleven a cabo su trabajo sin dejarse influenciar por los
criminales que nos han asesinado y pretenden despojarnos. Basta ver la historia de cada una de esas personas para saber que alguien que pretende destruir el medio ambiente con minas y centros turísticos o a quien está en la cárcel acusado de decenas de crímenes, no pueden ser dueños de estas tierras que le pertenecen a la comunidad de Ostula.

Sabemos que el camino es largo, pero hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las redes de apoyo, a la gente que conoce nuestra comunidad y que sabe el esfuerzo que hemos dado para defenderla, para que siga nuestros pasos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales a que documenten y hagan sus materiales periodísticos al respecto. Nuestro mensaje es claro: no vamos a dejar nuestro territorio, vamos a defender las tierras recuperadas, apelamos a las leyes agrarias a defender este territorio al que tenemos derecho. No vamos a permitir que criminales se apropien de las tierras en las que se desarrolla la vida de nuestra comunidad.

Seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones comunales, desarrollando proyectos de vida al interior de Ostula, buscando lo mejor para las personas que habitan cada una de las encargaturas, vamos a cuidar los recursos, reforestar el bosque, cuidar el mar, cuidar nuestras costumbres para sembrar la tierra y disfrutar de nuestras fiestas tradicionales, pero también mantendremos firmes nuestra seguridad a través de la Guardia Comunal.

Como dijo, en nahuatl, uno de nuestros comuneros asesinados: nokni amo ximuyolpacho (No se rindan compañerxs).

Nunca más un México sin nosotros
Atentamente
Comunidad nahua de Santa María Ostula

Reunidos en la comunidad Binnizá de Puente Madera, San Blas Atempa, los días 19 y 20 de junio, con el acompañamiento representativo de las comunidades indígenas de San Blas Atempa, Matías Romero, Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, Álvaro Obregón, La Ventosa, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Jalapa de Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa Maria Xadani, Ixtepec, Ixtaltepec, San Juan Guichicovi, Ixhuatán, Reforma de Pineda, Zanatepec, Tapanatepec, Santa María Petapa, Congregación Comunal La Libertad, Eloxochitlán de Flores Magón, Cuatro Venados, Cuilapam de Guerrero, Tatahuicapan, El Salitre, Cuautla, Huexca, Ocotepec, y de las organizaciones, centros de derechos humanos y colectivxs de los distintos estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México.

Ante el llamado al “Encuentro por la Vida: El Istmo es Nuestro”, nos encontramos, en el marco de la imposición del Macroproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para denunciar estos proyectos de despojo que no son de hoy, que vienen desde la llegada de los conquistadores, pasando por los gobiernos liberales y Neoliberales en la actualidad. Nos hemos reunido para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país y para fortalecer, en especial, las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

DENUNCIAMOS que el actual gobierno pretende transformar esta región en un inmenso corredor de manufactura, ensamblaje y transporte de mercancías en manos del capital estadounidense e internacional y que al mismo tiempo funcionará como un muro de contención de los procesos migratorios desde centroamérica. También pretenden la instalación de 10 parques industriales en Oaxaca y Veracruz en las comunidades de Salina Cruz, Puente Madera, Mixtequilla, Ixtepec, Ixtaltepec, Barrio la Soledad, San Juan Evangelista, Texistepec y Coatzacoalcos; así como la modernización y ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y de las vías del Tren Transístmico, así como la instalación de una serie de gasoductos paralelos a las vías del tren. Mostrándonos así que el Transístmico es mucho más que un simple tren, es un proyecto de producción y transporte de mercancías que surge de la necesidad de insertar a la región en la relación de producción, circulación y consumo de la naturaleza, energía fósil y mano de obra barata al servicio del capital internacional, mediante las redes de transporte que pretenden imponer en las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. No obstante, la actual administración del señor Andrés Manuel López Obrador ha intentado justificar la entrega de este territorio mediante una serie de Consultas Indígenas en las comunidades de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y está por iniciarse en Asunción Ixtaltepec, llevadas a cabo como meros procesos burocráticos y simulatorios, violando y pisoteando el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

En este contexto de imposición, las comunidades del Istmo estamos enfrentando distintos procesos de despojo y violación de nuestros derechos es por eso que:

DENUNCIAMOS

• La instalación del Parque Industrial en tierras de uso común en el Pitayal.
• La utilización del Derecho a la Consulta como instrumento para el despojo de los territorios.
• A la Procuraduría Agraria, que se encuentra coludida con intereses de diversos grupos políticos y empresariales para despojar de su territorio a la comunidad de Jalapa del Marqués, así como la tala de hectáreas de bosques para la generación de monocultivos de Agave.
• Que existe una falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales, culturales del macroproyecto del Corredor Interoceánico y demás proyectos vinculados a él.
• Que en la comunidad de San Mateo del Mar se enfrentan a una serie de acciones de imposición del sistema de elecciones partidistas mediante el fomento de la división y violencia intracomunitaria, sin respetar su sistema normativo.
• Las agresiones armadas y el desplazamiento forzado a la comunidad del Rebollero y Río Minas, Cuatro Venados, en medio de intereses de dos concesiones mineras con una extensión total de 1532 Ha.
• A la diputada Elisa Zepeda por el clima de violencia que ha generado en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.
• La imposición del Proyecto Integral Morelos así como las líneas de Gasoductos que se están proyectando en todo el territorio nacional.

EXIGIMOS

• La cancelación de las denuncias judiciales contra los compañeros David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa, defensores del territorio de Puente Madera por parte de la SCT y el municipio de San Blas Atempa.
• Solución a los amparos agrarios y controversia constitucional frente a la impune invasión de talamontes y ganaderos impulsado por el gobierno de Chiapas, en territorio comunal Zoque de los Chimalapas.
• Cancelación de las concesiones mineras en las comunidades de Zanatepec, San Miguel Chimalapa y La Ventosa Juchitán.
• Cese inmediato a la represión contra las Escuelas Normales Rurales, alto a la represión contra la Normal de Mactumatza, Chiapas y la Normal Teteles, Puebla.
• Castigo a los responsables por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
• Exigimos el precio justo de las altas tarifas de energía eléctrica y el reconocimiento de la energía eléctrica como un Derecho Humano.
• Cancelación de las dos subestaciones eléctricas en territorios de pueblo popolucas y nahuas así como el cese a cualquier trabajo de exploración y extracción de los bienes naturales de la Sierra de Santa Martha, Veracruz.
• Cese a la represión contra los integrantes del Consejo Indigena y Popular de Guerrero- CIPOG
• Justicia por el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes.
• La libertad inmediata de los presos políticos Fredy Garcia del CODEDI, de Eloxochitlán de Flores Magón y de Fidencio Aldama de la tribu Yaqui.

Acordamos seguir en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos que somos y las diversas organizaciones sociales y territorialidades, para demostrar que la solidaridad entre quienes defendemos la vida no es palabra escrita solamente, así seguiremos llamando a la organización y defensa del territorio.

Como pueblos, nuestrxs abuelxs nos enseñaron a luchar y a defender el mar, el viento y el territorio.

Por lo tanto:

“Somos conscientes de que existe una guerra entre el sistema y la naturaleza, esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza. O con la muerte o con la vida”.

RECHAZAMOS EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y TODOS LOS MEGAPROYECTOS
IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN.

NO NEGOCIAMOS, NI NOS RENDIMOS.

REITERAMOS
EL ISTMO ES NUESTRO
de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano
no de las empresas, ni de los gobiernos.

A, por cierto. ¡LLEGAMOS!…421

Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán a 21 de junio de 2021

A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales
A la sociedad civil
A las organizaciones sociales, colectivos y grupos de trabajo
A los organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones civiles
A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A quien corresponda

La comunidad de Santa María Ostula anuncia en conferencia de prensa que, a través de su equipo de asesoría jurídica, hará entrega del recurso de amparo directo 203/2020 al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, así como al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que esta última instancia federal atraiga el juicio agrario 78/2004 y resuelva favorablemente a los intereses de defensa de la propiedad comunal.

Es preciso recordar que desde el año 2004, supuestos pequeños propietarios reclamaron a través de una demanda en el Tribunal Unitario Agrario No.38, la propiedad de las tierras que en aquel entonces se conocían como la Canaguancera y en donde hoy está construida la localidad de San Diego Xayacalan, gracias al esfuerzo de muchos comuneros y comuneras que han luchado e incluso han perdido la vida a manos de la violencia organizada.

Quienes interpusieron esta demanda quieren la propiedad legal de esta tierra para poder operar libremente y llevar a cabo diferentes proyectos entre los que se encuentran la ampliación de la mina de la empresa Ternium (ubicada en la cabecera municipal de Aquila); la posibilidad de un desarrollo turístico, ya que estas tierras tienen alrededor de 2 km de playa vírgen; además de retomar las actividades de descarga de drogas y empaque para ser trasladadas por tierra a otros rutas de trasiego.

En décadas recientes es con algunos habitantes de un poblado vecino llamado La Placita con quienes hemos tenido conflicto. Se trata de un grupo de personas que dicen ser propietarios de más de mil 250 hectáreas de nuestro territorio. Ahora estamos iniciando una nueva etapa en este juicio agrario. Durante todos estos años, los que se nombran pequeños propietarios no sólo han intentado construir casas o vender pedazos de tierra, también han conformado grupos armados para intimidarnos.

Nuestra lucha viene de muy atrás, hemos siempre procurado que nuestro territorio esté libre de explotación y de destrozos, nos preocupamos porque quienes habitan la comunidad tengan una vida tranquila, que disfruten de las cosas bellas que tenemos y puedan contar con un desarrollo laboral, cultural y educativo pleno. No es fácil siendo una comunidad nahua en un país que desprecia a los pueblos originarios y los trata de exterminar, o de convertir en mano de obra barata, un país que nos roba nuestros recursos naturales, que nos asesina y que protege y fortalece a grupos criminales. Podemos decir, con toda seguridad, que quienes nos matan y nos amenazan son quienes conforman la violencia organizada: funcionarios, partidos políticos, empresarios, traficantes de madera, de estupefacientes y mineras.

A través de un comunicado sellado por las autoridades civiles y comunales de Zirahuén, acompañado por los sellos y firmas de 25 comunidades indígenas, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM dio a conocer que la comunidad de Zirahuén, estableció barricadas con el objetivo de defender su territorio comunal.

Manifestó que en el año del 2004 se creó en Zirahuén el primer Caracol Zapatista fuera de Chiapas, denominado Caracol «Erupción en rebeldía en el lago azul de Zirahuén», y que posteriormente en abril del 2006, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) visitaron la comunidad y expresaron el respaldo a los comuneros en defensa de los bosques y el lago.

Declararon que el día de hoy, la lucha por el territorio, los bosques y la vida realizada por los comuneros de Zirahuén, continúa, argumentaron que la comunidad posee títulos virreinales y la posesión colectiva de las tierras, sin embargo, denunciaron públicamente que particulares en contubernio con el Poder Judicial de Michoacán, pretenden despojarlos de su territorio comunal conocido como “Tepamio”, lugar que la comunidad ha reforestado durante los últimos 40 años.

Revelaron que recientemente, el Poder Judicial resolvió entregar provisionalmente a particulares el territorio comunal de “Tepamio”, sin que la comunidad pudiera ejercer su derecho a una defensa legal apropiada y oportuna, por lo que en respuesta, la comunidad de Zirahuén, se ha mantenido en resistencia y lucha desde el pasado 10 de junio, instaurando barricadas en la comunidad para impedir la posesión provisional de particulares que pretenden imponer megaproyectos turísticos en una zona comunal de reforestación.

Finalmente exigieron el alto a la criminalización de la defensa del territorio de Zirahuén y el alto al despojo de su territorio comunal, haciendo un llamado atento y respetuoso a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles e indígenas para que por favor brinden apoyo y acompañamiento a esta digna lucha histórica por la defensa del territorio, los bosques y la vida de Zirahuén.
Por decisión de asamblea general de autoridades que conforman el CSIM, se prevé que los próximos días se realicen tomas de carreteras en todo el estado.

A continuación, el comunicado completo:

¡VIVA LA LUCHA DE ZIRAHUÉN POR SU TERRITORIO COMUNAL!

AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MICHOACÁN

Comunidades P’urhépecha a 14 de Junio del 2021.

El significado de Zirahuén, proviene de Ts’irauani que en idioma p’urhépecha significa: lugar de aguas profundas. Esta comunidad indígena ubicada en el milenario lago que lleva su nombre, se encuentra asentada en la zona desde antes del arribo de los españoles y hoy en día lucha por defender su territorio comunal.

En tiempos contemporáneos, en el año del 2004 se creó en Zirahuén el primer Caracol Zapatista fuera de Chiapas, denominado Caracol «Erupción en rebeldía en el lago azul de Zirahuén», posteriormente en abril del 2006, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) visitaron la comunidad y expresaron el respaldo a los comuneros en defensa de los bosques y el lago, a continuación en julio del 2006 se realizó también en Zirahuén el II Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio, con la presencia de 70 organizaciones, ejidos y comunidades.

Hoy, la lucha por el territorio, los bosques y la vida realizada por los comuneros de Zirahuén, continúa, la comunidad posee títulos virreinales y la posesión colectiva de las tierras, sin embargo, particulares, en contubernio con el Poder Judicial de Michoacán, quieren despojarlos de su territorio comunal conocido como “Tepamio”, lugar que la comunidad ha reforestado durante los últimos 40 años.

Recientemente, el Poder Judicial, resolvió entregar provisionalmente a particulares el territorio comunal de “Tepamio”, sin que la comunidad pudiera ejercer su derecho a una defensa legal apropiada y oportuna, por lo que en respuesta, la comunidad de Zirahuén, se ha mantenido en resistencia y lucha desde el pasado 10 de junio, instaurando barricadas en la comunidad para impedir la posesión provisional de particulares que pretenden imponer megaproyectos turísticos en una zona comunal de reforestación.

Desde aquí exigimos el alto a la criminalización de la defensa del territorio de Zirahuén y el alto al despojo de su territorio comunal, haciendo un llamado atento y respetuoso a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles e indígenas para que por favor brinden apoyo y acompañamiento a esta digna lucha histórica por la defensa del territorio, los bosques y la vida de Zirahuén.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

#CSIM #JucháriUinápekua