Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación en general
Denunciamos que este sábado 16 de abril se cumplen 6 días consecutivos de hostigamiento, por parte de un grupo armado de más de 30 personas, proveniente de la comunidad de Culilápam de Guerrero, quienes han disparado hacia la comunidad de El Rebollero. Incluso, la Guardia Nacional y policía del estado de Oaxaca, subió este mismo sábado a las 12:50 am y se retiró 13:03 pm, permaneció menos de una hora y, entabló comunicación con las personas que han disparado contra habitantes de nuestra comunidad, El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados. Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó
Cabe señalar que, en meses pasados, el gobierno de Oaxaca, a través de Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, nos llamó para entablar un diálogo con
autoridades vecinas de Culilápam de Guerrero, para tratar el tema de nuestras tierras que, sostienen, les pertenece. Nosotros como comunidad decidimos participar en este dialogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de dialogo se suspendía.
Nosotros, nosotras, como comunidad El Rebollero, estuvimos abiertos a compartir la
palabra, porque pensamos como nos han enseñado nuestros ancestros, que la palabra vale. El rompimiento del diálogo no solo viene del gobierno, sino que también, de la comunidad de Cuilapam de Guerrero y del municipio de San Pablo Cuatro Venados al desconocernos.
Además, no solo han traicionado su palabra, sino también a sus propios paisanos de su
comunidad, ya que uno de los objetivos de ocupar nuestras tierras es, la explotación minera, a la cual nos hemos opuesto. Mientras pidieron tregua, estos meses, sin permiso ambiental, comenzaron a realizar exploraciones en una de las tres concesiones mineras que hay en nuestra comunidad. El arroyo que cruza por nuestros poblados y, que tiene como final la comunidad de Cuailpam, ya ha mostrado pigmentaciones de contaminación y esto, no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas.
Vemos una vez más que el gobierno, tanto estatal, como federal, está respaldando a este
grupo de corte paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar
con la explotación minera. Dejamos claro que no cederemos ni un milímetro de nuestro
territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque.
Estos pistoleros están disparando directo hacia los hogares donde hay mujeres y niños.
Responsabilizamos al gobierno de Oaxaca, que encubre y respalda a este grupo armado de
corte paramilitar, así como al gobierno federal, de la escalada de violencia hacia la
comunidad de El Rebollero. También Responsabilizamos a las autoridades de Culilápam de
Guerrero y San Pablo Cuatro Venados y los políticos involucrados, del saldo que pueda
tener esta incursión paramilitar en nuestro territorio.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar estos
atropellos y violación a nuestros derechos humanos y como pueblo zapoteca.
A los medios de comunicación, convocamos a una conferencia de prensa, para este día 20
de abril, a las 2.30 pm, en la Alameda de León, en el centro de Oaxaca. En el marco de la
Caravana por el agua y la vida donde estaremos detallando estas agresiones.
Atentamente Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos ¡Nunca más un México sin nosotros¡
A principios de abril, salió a la luz un impactante video que revela el brutal asesinato de civiles por parte de un ejército de ocupación. Pero es un video del año 2010, no de 2022; los sucesos que muestra sucedieron en Irak, no en Ucrania y los soldados eran estadounidenses, no rusos. El 5 de abril de 2010, el sitio web de denuncias Wikileaks divulgó un video militar clasificado de Estados Unidos al que denominó “Asesinato colateral”. Había sido filmado el 12 de julio de 2007 desde un helicóptero de artillería Apache de las fuerzas armadas estadounidenses que estaba disparando contra una multitud de personas en la ciudad de Bagdad. En el ataque murieron dos empleados de la agencia de noticias Reuters que se encontraban en la calle, justo debajo del helicóptero, y al menos otras ocho personas; dos menores resultaron gravemente heridos. En el video también se puede oír cómo los soldados estadounidenses se ríen y profieren insultos mientras cometen la masacre, así como transmisiones de radio que autorizan los ataques desde la cadena de mando. Al final, solo se procesó a un militar estadounidense por este hecho: la soldado del Ejército Chelsea Manning fue juzgada por un tribunal militar, no por participar en ese ataque contra civiles, sino por revelarlo al mundo.
El video “asesinato colateral” y la serie de documentos que Manning subió a Wikileaks —registros clasificados de las guerras de Irak y Afganistán— describen, en una jerga militar fría, numerosas atrocidades cometidas por Estados Unidos.
En los doce años que han transcurrido desde que se publicó el video, varios conflictos bélicos —y los crímenes inevitables que los acompañan— han hecho estragos en diversas partes del mundo, desde el Congo hasta Sudán, desde Etiopía y Tigray hasta Libia, desde Yemen hasta Birmania y Papúa Occidental, por nombrar solo algunos. En Ucrania, hay un nivel de registro sin precedentes en video y fotografía, así como en imágenes satelitales y de drones que se publican de manera instantánea y se comparten a nivel mundial.
Aún si se cumplieran con todas las medidas de reducción de carbono, puestas en marcha hasta finales de la década de 2020, el mundo seguirá calentándose hasta 3,2 grados centígrados al final de este siglo con catastróficas consecuencias.
Así lo alerta la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por científicos de todo el mundo quienes insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
De no lograrlo, haría que nuestro planeta se viera afectado por olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras y escasez de agua generalizada.
Ahora o nunca, es el tono de diversos autores del informe para tomar acción y evitar la catástrofe climática. “Tenemos que alcanzar el máximo de emisiones de GEI antes de 2025 y, después, reducirlas muy rápidamente”, detalló Heleen De Coninck, catedrática de Innovación Socio-Técnica y Cambio Climático en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y una de los miles de científicos que elaboraron el informe.
Destaca que la publicación del informe se retrasó porque representantes de distintos gobiernos discutieron temas como la financiación de la reducción de emisiones en el mundo en desarrollo, así como la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los científicos subrayaron que el resumen final fue aceptado por 195 gobiernos.
Representantes de 200 pueblos originarios de Brasil viajaron hasta Brasilia, la capital de este país, para sostener manifestaciones del 4 al 14 de abril, contra la política anti indígena que ha marcado el gobierno de Jair Bolsonaro.
Durante el Acampamento Tierra Libre, como ha sido bautizado este conjunto de acciones, afirmaron que el gobierno de Bolsonaro “no demarcó ni un milímetro de tierra indígena”, lo que significa que durante su mandato no ha reconocido, oficialmente, ningún territorio ancestral. El recurso jurídico con el que se debe reconocer estas áreas es “la demarcación”. (Continuar leyendo…)
Las protestas de sindicatos y sectores de la población en el Perú por la subida de precios desencadenaron -en al menos 10 de las 25 regiones del país- un clima de inestabilidad política paralizante, potencialmente conflictiva, autodestructiva para la nación. La represión policial ocasionó cinco muertes -un menor de edad de 13 años entre las víctimas-, en la semana más crítica de los nueve meses de presidencia de Pedro Castillo. De momento se detuvieron las manifestaciones, tras anuncio de medidas de ajustes del Gobierno.
A la vez que reclamos por el incremento del valor de combustibles y fertilizantes, ocasionado por la guerra en Ucrania, los gremios agrarios y de transportistas apuntan a políticas económicas estructurales. Como una segunda reforma agraria y el cambio de la Constitución neoliberal fujimorista, promesas de campaña de Castillo a las que se oponen la mayoría parlamentaria, representante del gran capital y las clases empresariales.
En respuesta a la primera semana de huelgas, bloqueos de carreteras y violencia, a pocas horas del martes 5 de abril, el presidente sorprendió con el anuncio del toque de queda en Lima para ese día, con el fin de evitar actos de vandalismo advertidos por informes de inteligencia, según argumentó.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de abril 2022 Acción Urgente No. 05
El Estado mexicano debe garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población
Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia 170 familias en la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de integrantes de la organización Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), con sede en el municipio de Las Margaritas, Chiapas; que el día 11 de abril de 2022, autoridades locales de la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, privaron de la libertad y golpearon a hombres y mujeres por declararse integrantes de ASSI.
A raíz de diversas violencias por usos y costumbres y violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la asamblea y autoridades comunitarias de Amparo Agua Tinta, 170 familias se declararon integrantes de la organización ASSI, esto por invitación del presidente municipal de Las Margaritas Bladimir Hernández Álvarez, para que el problema se resolviera de manera pronta. El presidente municipal los invitó a ser parte de la organización ASSI.
La situación de abuso y violencia perpetradas por las autoridades locales adheridos a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), habría comenzado desde marzo de 2021, ya que las 170 familias se manifestaron en contra de la retención del personal del Hospital Rural en Amparo Agua Tinta. Las 170 familias argumentaron que “…cansados de tanto abuso, hartos de como se comporta las autoridades locales, con mucha corrupción y violencia, multas excesivas…. es mucha la injusticia y el abuso de poder…” decidieron afiliarse a la ASSI para buscar una protección. El 8 de abril de 2022, las 170 familias dieron a conocer en redes sociales su afiliación, por lo que el 11 de abril de 2022, a las 14.00 hrs., estas familias fueron agredidas y privadas de su libertad, entre ellas se encuentran mujeres ancianas y embarazadas. Las mujeres, hombres y adolescentes fueron obligadas a salir de sus casas, fueron amarradas, golpeadas y castigadas, refieren haber sido torturadas, así como obligadas a firmar un documento donde asumen una sanción correspondiente a trabajos comunitarios y a pagar una multa por la cantidad de 20 mil pesos cada persona. El resultado hasta hoy es que 70 mujeres pagarán una multa de 20 mil pesos cada una y 15 días de trabajo comunitario.
Frente a los hechos de violencia y el abuso de poder hacia estas familias, el Frayba manifiesta su preocupación por la privación arbitraria de libertad y tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a hombres, mujeres y jóvenes en la comunidad de Amparo Agua Tinta, por lo que exigimos al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos de las 170 familias, de manera puntual a las 70 mujeres en riesgo, así como la libertad inmediata de quienes aún se encuentran privadas de la libertad, implemente medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población; así como investigar los hechos y entablar un diálogo para devolver la paz y tranquilidad a las familias agredidas, anulando las sanciones injustas hacia ellas.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:
Desde hace tres semanas, una caravana “por el agua, por la vida y contra el expolio capitalista” recorre las carreteras de México al encuentro de una multitud de luchas. Compartimos algunos retazos de este loco viaje por un país donde la violencia, fruto de años de políticas neoliberales, es omnipresente, pero donde la resistencia al orden capitalista abunda a pesar de todo.
A continuación se exponen y enfocan algunas de las luchas encontradas, así como los retos políticos a los que se enfrenta esta iniciativa.
La convocatoria para la formación de esta caravana se hizo tras las reuniones contra los megaproyectos que reunieron a varias organizaciones indígenas en enero. El programa es ambicioso. Recorrerá 9 estados[1] durante 34 días. Se trata sin duda de la movilización más importante de las bases de la autonomía en México desde la pandemia, si dejamos de lado la masiva y relámpago manifestación del domingo 13 de marzo de varias decenas de miles de zapatistas en Chiapas.
ALTEPELMECALLI: SACAR A DANONE Y ORGANIZARSE
El inicio de la caravana por el agua, por la vida y contra el expolio capitalista tuvo lugar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en un campo de fútbol frente a la planta de embotellamiento de agua de manantial de la empresa Bonafont, filial de Danone. La fábrica ocupada desde hace tiempo, símbolo del acaparamiento de agua, sigue paralizada gracias a la férrea resistencia de la población local. Se iba a utilizar como base para la caravana. El desalojo que tuvo lugar el 15 de febrero no consiguió obstaculizar los planes del grupo de la ocupación que estaba detrás de la convocatoria de la caravana.
En efecto, el lugar fue la incubadora de este movimiento, sobre todo gracias a las numerosas energías que atrajo durante el año en que estuvo okupado y los meses anteriores a la toma de la fábrica.
A continuación, una mirada a la lucha que llevó a la fábrica a convertirse en una “casa del pueblo” o Altepelmecalli en lengua náhuatl.
En portada: Ambientalistas protestan contra la deforestación provocada por las obras del tramo 5 del tren maya.
En el seminario Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron, de nueva cuenta, sobre los riesgos más allá de las vías férreas, con mayor presión sobre los territorios y bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.
“Por esta razón buscamos con este seminario visibilizar la opinión académica sobre la esencia del proyecto del Tren Maya desde una perspectiva efectiva ecológica, social y jurídica”, dijo la investigadora mexicana, Marisa Mazari Hiriart.
El proyecto se anunció en el 2018, días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara al poder. Desde entonces la comunidad académica se pronunció en una carta para detener la velocidad del plan.
Los investigadores hicieron análisis de las primeras manifestaciones de impacto ambiental, además de solicitudes para discutir el tema con distintos organismos del Estado, así como para involucrar a la sociedad. Pero nunca hubo respuesta.
Hasta hace unas semanas, dijo el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, al recordar la campaña de artistas populares que no fue bien tomada por AMLO. “¿Dónde estábamos hace 30 años? Estábamos peleando por la selva Lacandona. Nada más nos descalifican y no hay paso adelante. Que nos ponga a platicar con quienes él considera que son ambientalistas y san, se acabó”, agregó el investigador del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín Legorreta.
No hay plan definido
El Tren Maya recorrerá una distancia de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según la plataforma digital habilitada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para informar, de forma limitada, sobre el proyecto.
Para Medellín Legorreta, los trenes han sido subestimados y sub apoyados por todas las administraciones. La última inversión la hizo Porfirio Díaz en el siglo XX, aún cuando representan una gran posibilidad de detonar el desarrollo sustentable, “si se hace bien”.
Hasta ahora, dijo que no hay un plan definido, no es sustentable ni compatible con el desarrollo socioeconómico de la Península ni con el futuro de sustentabilidad desde el punto de vista de la biodiversidad o de los beneficios de los pueblos mayas.
Académicos participantes del evento convocado por la UNAM
Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplió Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Alanís dijo que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.
Península heterogénea
Cualquier megaproyecto debe ser planeado de acuerdo a las características del territorio, “el flujo del agua, como en cualquier territorio, va ser lo que permita la conexión entre ecosistemas”, dijo la también investigadora del Instituto de Ecología, Luisa Falcón.
Puso el ejemplo del corredor transversal costero del sur de Quintana Roo que representa flujo de agua tanto superficial como subterránea y permite la interacción e interconexión de sitios como Laguna Bacalar a través de una serie de canales de otras lagunas tanto en Chetumal hasta llegar al Mar Caribe.
“Entonces hay desplazamiento de un sinfín de especies muchas de ellas endémicas de la Península de Yucatán que van a desplazarse siguiendo estos flujos hidrológicos”. La región es frágil porque la geología es distinta, “es fantástica”.
Además, explicó que el 50 por ciento de sus manglares están a lo largo del litoral, por ello insistió “se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien antes de ocasionar un mal mayor”.
Uno de los problemas que señalan especialistas y ambientalistas es el daño a la naturaleza debido al cambio de ruta del tramo 5 del Tren May
En este entorno, Ana Esther Ceceña del Observatorio Latinoamerica de Geopolítica, consideró la importancia del peso de los dos trenes, de pasajeros y de carga, en un piso que es calcáreo y quebradizo, “no se han discutido los argumentos que llevamos tres años presentando”.
En el caso de Calakmul, Campeche, existe la cueva más importante de murciélagos en la región Neotropical. En términos de números, se trata del refugio de 3,000,000 quirópteros de mayores dimensiones desde el centro de México hasta Argentina.
Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, aproximadamente. El 70 por ciento de estos invertebrados son plagas de la agricultura, expuso Rodrigo Medellín Legorreta.
“Si tiran eso me voy a ir con todo porque están destruyendo uno de los grandes aliados de la agricultura. Tengo entendido que cambiaron el trazo para pasarlo por detrás del cerro donde está la cueva lo que también va a traer montones de destrozos en un corredor donde sabemos que cruzan jaguares porque es la zona cercana a la reserva de la biosfera de Calakmul”.
En esta parte de Quintana Roo, del tramo cinco, tampoco hay Manifestaciones de Impacto Ambiental que puedan ser consultadas, para que los académicos puedan ver las medidas de mitigación que resuelvan las preocupaciones por el mega proyecto.
Originalmente el trazo estaba planeado para ir entre las carreteras de cuatro carriles que conectan Cancún con Tulum, “luego resultó que, por los hoteleros, no por temas técnicos de ninguna manera, sino por la preocupación de los hoteleros se cambió el trazo para meterse cinco kilómetros dentro de la selva”, agregó Medellín.
La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó artículos que demuestran que la mayor cantidad de jaguares de México están precisamente en la Península de Yucatán. Los investigadores dijeron que, incluso los pasos de fauna, tampoco están bien ideados.
Borrar la historia
En el 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 7,274 puntos de valor arqueológico en esa región. De acuerdo al Fonatur, cuando iniciaron los trabajos del primer tramo del Tren Maya se encontraron 5,300 hallazgos arqueológicos.
En el mapeo, no se muestran todos los vestigios arqueológicos, porque se descubrieron con el avance del proyecto del tren y, hasta ahora, no hay registro. Se trata de piezas pequeñas y grandes edificaciones que, a la fecha, pueden alcanzar las 13,000, descubiertas durante este proyecto de la “cuarta transformación”.
El presidente López Obrador pidió al Ejército la construcción de diversos tramos del Tren Maya
La investigadora Ana Esther Ceceña, consideró que los hallazgos continuarán en la medida que se vaya ‘rascando’ por la zona, “lo que está puesto en riesgo es de enorme importancia y dimensión desde todos los puntos de vista histórico-cultural”.
“Somos un país que en el momento de la conquista le fue borrada su historia y su historia se está recuperando a través de la experiencia de los pueblos, pero también de los hallazgos arqueológicos qué hoy están realmente amenazados”.
Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas que habitan la región, pero al no estar reconocidas en las estadísticas no son consultadas ni visibilizadas, pese a ser parte fundamental de la conservación de la selva.
Ceceña agregó que, de los 68 grupos lingüísticos reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 44 están en esta región que jurídicamente es indispensable que den su consentimiento para el Tren Maya.
Narcotráfico y migración
La académica Ana Esther Ceceña, sumó que no se cuenta con un estudio de factibilidad económica del proyecto, mientras la promoción que se hace del empleo está ligada a la propia construcción de las vías y no al resto de las actividades.
En la zona donde comenzaron los trabajos del tren, existe un incremento de 8% anual de personas asalariadas, pero se trata de trabajo temporal y precario “aunado a esta dinámica urbanizadora, tienden a disminuir la calidad de vida de las personas que están incorporadas”.
Dijo que la región es una de las zonas más ricas del país en la que se pueden generar proyectos sin dañar ni romper las condiciones de sustentabilidad; pero el Tren Maya fue anunciado como proyecto de urbanización.
Recordó que hace 40 años, Cancún tenía 3 mil habitantes y un territorio urbano de mil hectáreas que ahora se extendió a 13 mil, es decir “se comió el área donde se producían alimentos y eso tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de los mismos”.
Esto, a su vez, provoca intensificación de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, la agroindustria que aumenta “el área de colonización urbana”, que contribuye a la contaminación del planeta.
Ceceña explica la importancia geoestratégica de la zona donde se está implementando el megaproyecto
Para la investigadora, a la situación social, económica y ambiental se agrega la presión de Estados Unidos con la política migratoria, pues la zona de detención justamente es la franja transístmica, “además de que Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes del narcotráfico”, con Estados Unidos y Europa, por el lado atlántico.
“En la medida que se va rompiendo el tejido social y la organización comunitaria con todo el contexto tiende hacerse más frágil la defensa de la población frente a estos grupos y quedan en manos del crimen organizado que promueve la trata de personas”.
Ceceña agregó que es un punto estratégico, “habría que imaginar qué pasa si de repente todos los grandes competidores o las grandes licencias del comercio mundial aparecen interesadas en este paso, ¿Qué va pasar con la región? ¿Vamos a entrar en guerra por el territorio o cómo se va diluir el problema?”, cuestionó.
Los investigadores coincidieron que el proceso de restauración ecológica será 10 o 20 veces más caro que la conservación actual del ecosistema, asimismo que el proyecto del tren transístmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, “hay que revisarlo porque también tiene serios problemas”.
La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.
El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.
En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.
La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.
“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.
Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.
En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.
Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.
Una anciana indígena Achí. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
Despojo
El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.
“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.
Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.
Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.
A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.
El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.
“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.
Discriminación
La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.
Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.
“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.
En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.
Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.
Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.
A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.
Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.
En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.
En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.
En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.
“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.
Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.
Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras indígenas. Foto:APIB
Leyes
En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.
En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.
“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.
Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.
Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.
El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.
El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.
En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.
En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.
A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.
El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.
Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.
“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.
Protección
La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.
Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.
El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.
Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.
Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).
“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.
El Comité de Derechos Humanos “Jcanan Lum” El Cuidador del Pueblo de la Parroquia de San Agustín de Hipona, municipio de Teopisca, nos unimos al Viacrusis por la vida, la justicia, la unidad y la dignidad para nuestra madre tierra y expresamos nuestra solidaridad a nuestras hermanas y hermanos del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón, Chiapas. Especialmente al Pueblo Creyente del Centro Pastoral Jet Ha’ en el municipio de Chilón.
Hacemos nuestra la exigencia por la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros defensores del territorio CÉSAR HERNÁNDEZ y JOSÉ LUIS GUTIERREZ, por la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos y nos unimos a la lucha contra la militarización en nuestros pueblos.
CÉSAR HERNÁNDEZ y JOSÉ LUIS GUTIERREZ son defensores comunitarios que se encuentran criminalizados por defender su territorio contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Fueron detenidos arbitrariamente en octubre del 2020, actualmente se encuentran libres pero enfrentan un proceso penal con graves violaciones a derechos humanos, lo que demuestra la represión del Estado contra los pueblos indígenas.
Nos unimos a la exigencia de nuestras hermanas y hermanos defensores de Derechos humanos del municipio de Chilón y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para unir nuestras voces de libertad y justicia.
Fraternalmente,
Comité de Derechos Humanos “Jcanan Lum” El Cuidador del Pueblo
