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(Español) Guardia Nacional contiene a la caravana migrante mediante violaciones de derechos humanos y abuso de la fuerza
- Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
- Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
- El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
México. 24 de enero de 2020.

Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.
Ayer, alrededor de 2000 personas (entre las que había mujeres, niñas niños y adolescentes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad) salieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate buscando una alternativa por el puente “Suchiate II” y se internaron en territorio mexicano sobre la carretera Ciudad Hidalgo – Tapachula, en el estado de Chiapas. En lo que identificamos como actos de intimidación, hostigamiento y persuasión, durante varios kilómetros la caravana estuvo flanqueada por elementos y vehículos de las fuerzas militares. Finalmente, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo, tras caminar diez kilómetros a pleno sol, se encontraron con el operativo liderado por la Guardia Nacional, basado en el abuso de la fuerza y con el objetivo de contener y detener a todas las personas integrantes de la caravana, omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez.
Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés. El operativo causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión. (Continuar leyendo…)
The Tropic of Torture, from Guantanamo to Washington
By Amy Goodman & Denis Moynihan | Democracy Now!
All eyes are on the U.S. Senate this week for the impeachment trial of President Donald J. Trump, only the third presidential impeachment trial in U.S. history. But another important trial is happening at the same time, far from the eyes of the public, at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba. Behind the razor-wire fencing of “Camp Justice,” five of the remaining 41 Guantanamo prisoners sit through more pretrial hearings, almost 20 years after the Sept. 11, 2001, attacks they are charged with perpetrating.
One witness this week is Dr. James E. Mitchell, a retired Air Force psychologist who, with his partner, psychologist John “Bruce” Jessen, developed and then implemented the CIA’s post-9/11 torture program. Mitchell and Jessen actively participated in torture sessions at CIA black sites. Both have long maintained that they were only contractors, taking orders from the CIA. Despite having no prior experience with interrogation, they were paid handsomely, receiving at least $81 million in taxpayer dollars from the U.S. government for their work on the torture program. Torture is a war crime, and those who torture should be prosecuted. But Mitchell is not the one on trial this week. Indeed, he defiantly said in court this week, “I’d get up today and do it again.” Mitchell was sitting in the courtroom, not far from his torture victims.



















