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Construcción de mayor proyecto solar de México en el Istmo oculta impactos
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
Alberto Hernández Toledo es un zapoteca de 82 años de la comunidad de San Pedro Comitancillo, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la parte sur de México. Es de origen campesino, aprendió con sus padres el cuidado y el trabajo con la tierra, al igual que sus hijos, aunque hoy son profesores.
Hace unos meses el campesino Hernández Toledo recibió en su casa la visita de personas extrañas que le ofrecían “cosas formidables, riqueza, dinero fácil”, como describe el mismo. Buscaban al indígena zapoteca porque es ejidatario de la comunidad y cuenta con las tierras que le heredaron sus padres y sus abuelos.
Las personas que le visitaron se identificaron como representantes de la empresa Helax Istmo, subsidiaria del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
Propusieron al campesino que arrendara sus tierras ejidales para la producción de lo que consideran “energía verde”. La empresa danesa planea construir un parque solar, el más grande de México, en una dimensión que abarca 3 mil 070 hectáreas de Comitancillo, el 40% del territorio de esta comunidad, lo que equivale a más de 750 veces el zócalo de la ciudad de México. Por si fuera poco, será instalado a solo 400 metros del casco urbano del pueblo. “Intentaron, pero no me convencen”, dice el zapoteca.
El polígono del proyecto coincide con la gran mayoría de las tierras fértiles de la comunidad. “Es ahí donde plantamos el ajonjolí orgánico que exportamos”, comenta Luis Vázquez*, otro ejidatario que la empresa también buscó para convencerlo individualmente a rentar sus tierras. “Estas tierras son bastante planas, es lo que necesitan para la instalación de los paneles solares”, dijo.
El parque solar no es un proyecto aislado. Es parte de un complejo de producción de energía e infraestructura – parques eólicos, ductos de gas y agua, almacenes de combustible, terminales en el Puerto de Salina Cruz -, a cargo de Helax Istmo.
El objetivo del complejo es producir lo que ha sido considerado como el combustible del futuro, el hidrógeno verde, en la región del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el tramo donde está fincado Comitancillo.
Helax Istmo planea construir una planta de hidrógeno verde en uno de los diez “polos de desarrollo” previstos a lo largo del corredor industrial del Istmo, específicamente en la comunidad cercana a Comitancillo, Ixtepec.
La idea es que la energía producida por el parque solar en Comitancillo – así como la energía de cinco nuevos parques eólicos en tierras de Ixtepec y Ixtaltepec – alimente la planta de hidrógeno verde en Ixtepec, que necesita de mucha energía y agua para su producción.
La empresa danesa, en presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el 22 de diciembre del 2023 un memorando de entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec – organismo público del gobierno federal creado en 2019 para llevar a cabo el “Proyecto para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” – y con la Marina mexicana para instalar la planta, cuyo hidrógeno verde debe servir para generar “combustible marítimo verde”.
En un comunicado la empresa sostuvo que contribuirá “a los objetivos de desarrollo sostenible de México, así como a la descarbonización de la industria naviera a nivel mundial” proyectada para las miles de embarcaciones que arribaran a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde conecta el Corredor Interoceánico.
Philip Cristiani, socio de CIP, detalló que, “cuando esté plenamente operativa, Helax estará en una posición ideal para atender la creciente demanda de combustibles ecológicos para el transporte marítimo y contribuir de forma significativa a la descarbonización de la industria naviera mundial”.
“Cuando vinieron a mi casa, me trataron de decir las cosas bonitas que su parque nos va a traer. Pero ¿cómo imaginar cosas bonitas en un territorio de más de 3 mil hectáreas tomados por paneles que son como un gran espejo que reflejan los rayos del sol? El calor ya no es como antes, ya no podemos con tanto calor. Vamos a estar más desprotegidos todavía, sin árboles y sin tierras para plantar. No estoy de acuerdo”, insiste el campesino Hernández Toledo.
¿Cómo se produce el “hidrógeno verde”?
La energía eléctrica proveniente del parque solar y de los parques eólicos alimenta el proceso de electrólisis de la planta de hidrógeno, que consiste en utilizar la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, es decir, la molécula H20 (agua) se divide en O2 (oxígeno) y H2 (hidrógeno). Entonces, se le llama “hidrogeno verde” porque la electricidad usada para este proceso se obtiene de “fuentes renovables” y, con el hidrógeno obtenido, se puede producir energía sin emitir dióxido de carbono que contamina la atmósfera, como ocurre con los combustibles fósiles.
Inmoral e ilegal
Helax Istmo ha aumentado su presencia en el territorio de Comitancillo desde finales de 2023, tratando de hablar y convencer a las autoridades locales, ejidatarios y las principales figuras de la comunidad.
La empresa, de acuerdo con vecinos y ejidatarios entrevistados para este reportaje, está dando un manejo político al tema al promover el parque solar como un proyecto impulsado por el presidente de la República.
“Están aprovechando la popularidad o la aceptación que tiene Amlo en los pueblos. Entonces en un primer momento lo plantean como un proyecto del gobierno, para después, decir que es dinero privado”, señala para Avispa Mídia Guillermo Hernández Antonio, hijo de ejidatario, profesor y también campesino que siembra ajonjolí, calabaza y milpa en tierras que coinciden con el polígono del proyecto.
A pesar de la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno federal y la empresa para la construcción de la planta de hidrógeno, hasta el cierre de este reportaje, en la comisaria ejidal de Comitancillo, ningún documento fue firmado con la empresa para la construcción del parque solar, aclaran sus representantes. La empresa aún tiene que contar con la aprobación de la asamblea de ejidatarios de Comitancillo, la máxima autoridad.
En el ámbito de la Secretaría de Energía (Sener), de acuerdo con la solicitud de información (Folio 330026124000211), con respuesta el 8 de abril de 2024, no existe la aprobación de la Evaluación de Impacto Social necesaria para que cualquier empresa desarrolle un proyecto energético.
Integrantes de GeoComunes advierten que mientras no se apruebe este permiso, de acuerdo al artículo 86 del reglamento de la Ley de Industria Eléctrica, “la empresa no tiene autorizado empezar a negociar con los dueños de la tierra; si adelantan este proceso, cometerían una ilegalidad”, señalan.
De acuerdo con el reglamento, los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica, incluidos los relativos a la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, deberán presentar a la Secretaría de Energía la evaluación de impacto social a que se refiere el artículo 120 de la Ley, noventa días antes de su intención de iniciar las negociaciones con los propietarios o poseedores de los terrenos donde se pretenda ubicar el proyecto de que se trate.
Las visitas domiciliarias, para Hernández Antonio, son además inmorales. “Ellos no tienen una autorización para hacerlas”. Dicen que “están haciendo una encuesta, un levantamiento de información para respaldar el proyecto, pero en el fondo es una labor de convencimiento individual a los ejidatarios, preparando el terreno para un posible ejercicio de consulta gubernamental”, sostiene Hernández Antonio, que también ejerció la actividad de coordinador del centro universitario de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) en Comitancillo.
En el mismo pedido de acceso a información, se solicitó la localización, informaciones técnicas y metodológicas de los proyectos – planta de hidrógeno, los parques eólicos y el parque solar -, además de informativos presentados por la empresa al órgano de gobierno. Todos los pedidos fueron negados. Entre las argumentaciones presentadas por la Sener está que “la revelación de la información daña las ventajas comerciales que las empresas poseen frente a sus competidores (…)”. Además, clasifica la información como reservada por un periodo de dos años.
¿Información previa?
Los representantes de Helax Istmo también se presentaron en la asamblea ejidal a finales de enero de 2024 para dar información general sobre el proyecto. “Nos presentaron los beneficios del parque solar”, dice el ejidatario Luis Vázquez. En esta misma ocasión los representantes de la empresa propusieron someter a la consideración de los ejidatarios la aplicación de una consulta indígena a la población en general.
La asamblea llegó a la conclusión de que no era momento de tomar semejante decisión y se determinó que se analizara la posible aplicación de una consulta en una reunión donde no estuvieron los representantes de la empresa.
La reunión fue realizada a mediados de febrero. De acuerdo con el ejidatario Luis Vázquez, se realizó una asamblea extraordinaria y se trató exclusivamente de la aprobación de la consulta. “Después de algunas horas de debate y bajo la presión de algunos ejidatarios, sin un análisis profundo del proyecto y de sus impactos”, por 32 votos a favor y 14 votos en contra se aprobó la realización de la consulta en el pueblo.
De estos 32, más de la tercera parte son ejidatarios que “nunca llegan a las asambleas y que de repente aparecieron; entonces fue que nos percatamos de que habían sido acarreados por la misma empresa Helax”, advierte Hernández Antonio para el equipo de este reportaje.
En el Registro Agrario Nacional están reconocidos 503 ejidatarios en Comitancillo, siendo alrededor de 110 fallecidos. Por lo menos 50% más uno de los ejidatarios tuvo que haber aprobado la realización de la consulta. “Siquiera éramos 50% de los ejidatarios en la asamblea. Éramos muy pocos ejidatarios presentes”, comenta Luis Vázquez.
Para Hernández Antonio, desde el momento en que la empresa inició las visitas individuales a los ejidatarios la consulta dejó de ser libre, previa, informada y culturalmente adecuada, como plantea los estándares internacionales.
“Hay mucha desinformación de lo que realmente significa un proyecto como este en nuestro territorio. Y los que tienen algo de información, pues tienen la información tergiversada que les ha brindado la empresa. Nosotros demandaríamos que el gobierno informe, pero informe bien, que dé la información completa del proyecto y con honestidad. Estamos seguros de que no lo van a hacer”, sostiene, “por eso iniciamos un proceso de informar a la población en general todo lo que implica un proyecto como estos”, analiza Hernández Antonio.
De acuerdo con un documento informativo presentado por la Helax Istmo a las autoridades locales, el cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, el proceso de consulta, planteado por la empresa, se llevaría a cabo entre los meses de marzo y junio de 2024. En este mes de abril, la fase sería informativa y la consulta se realizaría el próximo mes, mayo. También en el documento consta que, antes de la consulta, entre los meses de enero y febrero, se llevaría a cabo preacuerdos colectivos de acceso a la tierra. “Lo que pasa es que ellos están apurados con las elecciones [en junio de 2024]. Quieren garantizar el proyecto antes del cambio de gobierno”, añade Luis Vázquez.
De todas formas, “sabemos que son obligados a hacer la consulta y van a hacerla, hemos visto en otros lugares como son hechas a modo; pero independientemente del resultado, si la asamblea de los ejidatarios no les da permiso para construir el proyecto, no van a poder hacerlo”, sostiene el ejidatario Luis Vázquez.
Agua no, pero dinero sí
Los representantes de Helax Istmo le dijeron al ejidatario Luis Vázquez que, con el proyecto, aunque se escasee el agua, van a tener dinero, refiriéndose a que el ejidatario no dependerá mas del cultivo de sus tierras.
La propuesta planteada a los ejidatarios, que consta de un documento informativo a las autoridades locales, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, es que el proyecto está previsto en tres fases. La primera, de desarrollo, donde hay la reserva y el desmonte de la tierra, por cuatro años, el pago sería de 540 pesos por hectáreas por año. Con la observación de que “los pagos durante esta etapa estarán sujeto a que los ejidatarios deben llevar a cabo la regularización y registro de sus parcelas”, dice el documento.
Para las siguientes fases, la de construcción y operación, que tardarán 33 años, proponen 23 mil pesos por hectárea por cada año.
“¿Qué se hace con el dinero?, el papel no nos va a salvar del calor insoportable, de la falta de agua y de la falta de comida”, señala la posesionaria de tierras Elia Cruz Cruz. “Aquí cada vez hay menos agua y ya nos alertaron que, con los parques como estos, se disminuye aún mas”.
Además, “nosotras que no somos ejidatarias, también tenemos que ser llevadas en consideración”, reclama, “yo sí me fui a la asamblea de los ejidatarios, cuando aprobaron la consulta, a decirles que tienen que considerarnos y pensar en el pueblo como un todo porque los impactos nos afectarán a todos”, arremete la ama de casa.
Elia, de 71 años, es campesina, no es ejidataria, pero posee tierras donde siempre cultivó con su esposo. Desde que quedó viuda cultiva la tierra solita. Todos los días a las 6h30 de la mañana ya está en el campo. En sus tierras mantiene alrededor de 2 mil 750 árboles frutales y maderables, por el programa Sembrando Vida.
Además, planta maíz, frijol, calabaza, ajonjolí. Tiene 854 plantas de nopales y su venta es un importante recurso semanal. “Para el cultivo yo acarreo mi agua como 180 metros del terreno, donde hay agua potable. A veces con la bomba de gasolina, pero cuando está fallando, pues tengo que sacarlo por medio de la carretilla”, explica. “Es mucho trabajo, entonces ¿por qué no hacen un proyecto menor que nos ayude a mantener las tierras verdes, a recuperar el agua?”.
Elvia señala que no se ha dado información de los reales impactos del proyecto y el agua es uno de los temas que más le preocupa. “Si no hay para los ejidatarios, menos hay para nosotros, vecinos y posesionarios. ¿Cómo quieren hacer una consulta que supuestamente será en mayo si la gran parte del pueblo no está enterada? No pueden vender la vida del pueblo. Vamos a estar alertas para lo que venga”, advierte la campesina.
Desierto
“Nada sobrevive alrededor de los paneles solares, ni siquiera pasto. Los animales huyen”, advirtió a los pobladores Julio Ramírez Ortiz del municipio de Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala, donde fue implementado un proyecto de un parque solar de la empresa francesa Engie, en 2019.
La experiencia de Ramírez Ortiz, también ejidatario, se hizo escuchar en un foro informativo realizado en Comitancillo, advirtiendo lo que pasó en su comunidad. “Dejamos que la empresa entrara, no sabíamos de los impactos”. Fue por ello que decidieron organizarse en el Colectivo 16 de octubre, constituido para defender el territorio de la comunidad después de la llegada de la empresa.
En Calpulalpan fueron instalados casi 5 mil paneles solares en 600 hectáreas. En Comitancillo el espacio previsto para el proyecto es cuatro veces mayor, 3 mil hectáreas de tierra, además está a 400 metros del casco urbano.
“La superficie de los megaproyectos solares en México varia entre las 200 y las 1,500 hectáreas. Lo más grande que hay en México es de 2,400 hectáreas, en Villanueva [Coahuila]. La comunidad más próxima a este parque está a 10km de distancia”, subrayan miembros de Geocomunes.
Parque solar en Villanueva, Coahuila
Incluso, sostienen, no hay estudios sobre los impactos de parques de la dimensión que están proponiendo a Comitancillo. “Sabemos de impactos provocados por parques menores. Algunos estudios apuntan, por ejemplo, el aumento mínimo de temperatura entre tres y cuatro grados, además de polvo y el ruido que se genera”.
Lo que es cierto, informan, es que dentro del polígono del parque se quita todo, los árboles, los cultivos, los animales, los caminos comunitarios se desaparecen o se privatizan. “La tierra se queda pelona y sobre ella se instalan los paneles. No queda absolutamente nada de vegetación”, sostienen.
Don Alberto Hernández Toledo posee dos hectáreas de bosque en el polígono pretendido por Helax Istmo. “No logro describirte lo tan tan rica que es esta tierra. Yo tengo guardado un terreno grande con árboles, árboles grandes [guirizhiña, guieniza (mata ratón), bii ́ (mezquite), dxima, gulabere]. Ahí se refugian pájaros, iguanas, toda especie de animales. Soy muy celoso de ella. La protejo hasta de mi propia gente. No me gusta que vayan allá por iguanas”.
Los representantes de Helax Istmo dijeron a don Hernández Toledo que si renta sus tierras van a mantener sus dos hectáreas de bosque que todavía preserva.
A pesar de la promesa, en un documento informativo sobre el proyecto para las autoridades locales, la empresa especifica que para acondicionar el área “el arrendador facultará a Helax para que realice cualquier acto necesario para la obtención de permisos y licencias necesarias para el proyecto, incluyendo el cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat]”.
“No somos ingenuos”, dice para Avispa Mídia el ejidatario, “una vez que aceptemos que entren con su proyecto, van a acabar con todo”.
El polígono donde se pretende construir el parque solar, alrededor del 40%, según diversos ejidatarios entrevistados para este reportaje, es cultivado con recursos provenientes del programa Sembrando Vida. “Muchos de los productores que están en este programa van a verse afectados por este proyecto. Es un contrasentido que ahorita se esté trabajando en la reforestación y mañana ya se esté trabajando en la deforestación para el establecimiento de estos paneles”, sostuvo Hernández Antonio.
“Acondicionar el área” también implica desaparecer con espacios de identidad y de memoria del pueblo. Exactamente en el polígono pretendido para el proyecto están seis parajes de Comitancillo – Guamuchal, Mezquital, El cárcamo, Laguna Hueto, Xirú, La Noria. “Son lugares donde contienen la historia, donde se encuentran los mitos de nuestro pueblo”, resalta.
Además, temen por la desaparición de las costumbres culinarias del pueblo, como el totopo, memelas, tamalitos de elote, frijol andalón, ya que no habrá tierras para cultivar el maíz zapalote chico.
“Yo no pienso en mí. Yo ya viví, ya conocí, ya vi muchas cosas. Yo pienso en los que vienen, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Si dejamos que entre la empresa, ¿qué van a saber los que vienen?, no van a saber a cultivar la tierra, no van a conocer las iguanas, las lagartijas, las mariposas, los pájaros, nuestros árboles. Yo aprendí con mis padres a cuidar estas tierras, por eso las defiendo para los que vienen”, dice don Hernández Toledo, “ya libramos nuestro territorio una vez, cuando intentaron instalar una fábrica de aspas de aerogeneradores en nuestras tierras de uso común, y vamos a continuar haciéndolo”, afirma.<MEDIA>@https://avispa.org
¿Así se combate la crisis climática?
El proyecto de hidrógeno verde será financiado por dos fondos de la Copenhagen Infrastructure Partners – Growth Markets Funds II y CI Energy Transition Fund. Específicamente este último fondo, Fondo de Transición Energética, se centra en proyectos de energías renovables en diversas partes del mundo – Europa Occidental, Norteamérica, Asia y Australia.
Es publicitado como una “inversión sostenible” ya que se inscribe en el artículo 9 del Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR), un marco establecido por la Unión Europa para “crear” una gobernanza mundial en el sector financiero en materia de sustentabilidad y transición energética, cuyos objetivos se vinculan al Acuerdo de París.
La empresa, fundada en 2012, se ha posicionado como la principal gestora de fondos a nivel mundial enfocada en inversiones en energías renovables. Ha captado alrededor de 26 mil millones de euros de más de 150 inversores internacionales para sus proyectos y tiene la ambición de recaudar 100 mil millones de Euros para 2030.
*Por cuestiones de seguridad, el nombre es ficticio.
Fotos cedidas por la comunidad de Comitancillo y por Campo AC.
A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, sentencias de culpables no han sido ratificadas
En portada: Berta Cáceres durante recorrido del territorio Lenca. La también coordinadora del Copinh jugó un papel clave dentro de la organización indígena que detuvo la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Tras más de 8 años del asesinato de la indígena lenca Berta Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), las sentencias condenatorias en contra de siete de los autores materiales y uno de los coautores del crimen siguen sin ser ratificadas por el poder judicial del país centroamericano.
Ante ello, organizaciones sociales, indígenas y feministas han levantado la voz durante las últimas semanas para expresar su preocupación frente a la omisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para la ratificación de las sentencias, esto debido a que, actualmente, se encuentran sin resolución dos recursos de casación presentados por la defensa de los acusados que buscan invalidar las sentencias emitidas en años previos.
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Integrantes de la Misión de observación causa Berta Cáceres calificaron la demora en la ratificación de las sentencias como un “retardo injustificado”, pues consideran que existen elementos para ratificar la culpabilidad de los autores intelectuales y materiales de la defensora lenca.
La misión es una agrupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, internacionales y nacionales, quienes vigilan el respeto al derecho en el debido proceso y por el acceso a la justicia de las víctimas.
“Es totalmente irracional un retardo de más de cuatro años para reafirmar una sentencia por parte de David Castillo, y por más de siete años la sentencia contra los actores materiales”, compartieron mediante conferencia de prensa realizada en Tegucigalpa, donde acompañaron a integrantes del Copinh para denunciar lo que consideran estrategias dilatorias para entorpecer el proceso judicial.
A través de su coordinadora, Bertha Zúñiga, el Copinh afirma que, recientemente, la defensa legal de Castillo ha emprendido una serie de acciones legales y mediáticas cuyo propósito “es maniobrar con la presión política, maniobrar con el tráfico de influencias dentro de las instituciones de justicia” para exculpar y liberar al feminicida de Berta Cáceres, Roberto David Castillo, quien fuera declarado culpable el 5 de julio del 2021.
En concreto, Zúñiga señaló que Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de Castillo, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la perito Brenda Barahona por presunta falsificación de documentos en el proceso penal.
Para la coordinadora del Copinh, se trata de un “intento de criminalización” contra la perito del Ministerio Público, el cual “busca entorpecer el proceso de búsqueda de justicia que nos hemos propuesto las víctimas y las comunidades que aún recordamos la memoria de Berta Caceres”, señaló Zúñiga en entrevista a medios locales.
Cabe destacar que la denuncia de la defensa legal de Castillo fue presentada el 8 de abril pasado, una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público (MP).
Este nombramiento es relevante para el Copinh, pues señalan que Villalobos ha actuado como defensor de Carolina Castillo, abogada de la empresa DESA (propiedad de la familia Atala) en el caso “Fraude en el Gualcarque”, en el cual se alega la existencia de una red de corrupción que favoreció ilegalmente a DESA con el otorgamiento de licencias sobre el uso del río Gualcarque para la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
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El Copinh también destaca que Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción, algunos presentados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), como el caso del expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
La misión de observación condenó el actuar del Estado de Honduras y exigió se dicte la sentencia “definitiva y firme” para obtener justicia en el caso de la luchadora social asesinada en marzo del 2016.
Mientras tanto, el Copinh convoca movilizaciones para el próximo viernes 3 de mayo, con la idea de montar un plantón en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa, para exigir un fallo condenatorio en el caso Fraude sobre el Gualcarque, donde se vincula a la familia Atala con una red de corrupción en el proyecto hidroeléctrico al cual Berta Cáceres se opuso en vida.
