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Frayba: Se reactivan acciones de contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
10 de octubre de 2026
Boletín No. 16
Se reactivan acciones de contrainsurgencia contra los pueblos zapatistas
- Hostigamiento, detenciones arbitrarias y ataques a la educación autónoma
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó las agresiones de contrainsurgencia en contra de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) del ejido La Culebra, perteneciente al Caracol 9, Nueva Jerusalén, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
Del 3 al 6 de octubre de 2026, hemos registrado actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, amenazas y acoso en contra de BAEZLN, con la finalidad de quebrar la autonomía zapatista e imponer el control político y territorial en la región.
Las BAEZLN denuncian que, el programa federal “La Escuela es Nuestra”, está siendo utilizado como mecanismo de presión que obliga a aumentar la matrícula en la escuela oficial para recibir mayores recursos económicos, lo que incentiva a autoridades comunitarias a amedrentar a las familias zapatistas que sostienen su educación autónoma.
El 3 de octubre, aproximadamente a las 15:13 horas, fue detenido y privado de su libertad Sebastián Pérez Gutiérrez, BAEZLN del ejido La Culebra. Su detención responde a la inconformidad de madres y padres zapatistas de inscribir a sus hijas e hijos en la escuela oficial, ejerciendo su derecho a la educación autónoma. Sebastián permaneció 24 horas en la cárcel comunitaria y, al rechazar el pago de una multa impuesta de manera arbitraria, fue nuevamente privado de su libertad.
El 4 de octubre, alrededor de las 17:09 horas, fue detenido Daniel López Aguilar, también BAEZLN, bajo la misma acusación y acción represiva para castigar la decisión de las familias zapatistas de impulsar su propio sistema educativo.
El mismo día, 4 de octubre, compañeras BAEZLN fueron llamadas de manera individual por el comisariado ejidal, quien las acusó de “que habían cometido un error” y de “decir mentiras” ante sus autoridades autónomas, y que por ello debía aceptar una multa de $500,00 pesos. Frente a la resistencia, las compañeras fueron sometidas a humillaciones, coaccionadas y amenazadas de ser llevadas a la asamblea ejidal si no cedían. Ante este clima de hostigamiento, ellas aceptaron bajo presión, solicitar un plazo de 20 días para cubrir la multa, en un contexto que evidencia la violencia patriarcal y en contra de su autonomía.
El 6 de octubre, durante una asamblea comunitaria, fueron detenidos Marcos López Mendoza, Mariano Pérez López y Antonio Pérez López. Más tarde, a las 9:21 horas, se reportó la detención de Miguel Ángel Cruz Díaz.
Al momento de la publicación de este boletín, las seis personas, integrantes de las BAEZLN han sido liberadas, aunque el ejido mantiene multas injustas que ascienden a $48,450 pesos, dirigidas tanto a las personas detenidas como a otras familias zapatistas, las cuales responden a un patrón de castigo, que vienen desde las estructuras del poder de los partidos políticos y de los programas sociales de desarrollo gubernamental, en su afán de control, cooptación y manipulación hacia las comunidades.Finalmente, las familias han reafirmado su derecho a la educación de sus hijas e hijos según sus propias formas de organización y autonomía.
Estos hechos ocurren en el marco de los preparativos de la “Gira por la Vida: Capítulo México”, en la que integrantes del EZLN viajarán a la Ciudad de México para reunirse con Grupos, Colectivas, Colectivos, Organizaciones y Movimientos de Familias buscadoras. La reactivación de agresiones contra las comunidades zapatistas se inscribe en un contexto más amplio de acciones contrainsurgentes, toleradas o permitidas por autoridades municipales, estatales y federales, que buscan debilitar la organización autónoma y la defensa territorial.
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De Madrid a São Paulo y las barricadas de la democracia, una resistencia pacífica contra la fascistización global
Fuente: Festivales Media
Acá una conclusión anticipada: en el otoño de 2026, desde las protestas por la vivienda en España hasta los bloqueos de institutos en Francia, pasando por las concentraciones prodemocráticas de estudiantes en Brasil, tres movimientos juveniles aparentemente aislados dibujan juntos un panorama claro: cuando el neofascismo se expande globalmente bajo una forma compuesta de elecciones, capital y gobernanza autoritaria, la línea de defensa de la democracia se está desplazando desde las urnas hacia las calles.
Que el desalojo forzoso de Maricarmen se haya convertido en un acontecimiento simbólico se debe precisamente a que expone la fragilidad del “sistema democrático” ante la lógica del capital: una mujer de 87 años con discapacidad fue expulsada de la casa en la que vivió durante setenta años, no porque violara la ley, sino porque la ley misma fue redactada para favorecer a los “fondos buitre”.
Al mismo tiempo, estudiantes de secundaria en Lyon, Francia levantan carteles que dicen “Juventud enfadada, no facha” (Jeunesse fâchée, pas facho), y universitarios en Recife, Brasil gritan en defensa de la democracia y la educación pública tras las elecciones. Lo que estos actos tienen en común es que rechazan reducir la “democracia” a un ritual periódico de votación, y la redefinen como una práctica política viva que debe defenderse cada día en las calles, los campus y las comunidades.
España, cuando el “derecho a la vivienda” se convierte en piedra de toque de la democracia
A principios de octubre de 2026, más de 50 ciudades españolas fueron escenario de las protestas por el derecho a la vivienda más masivas en décadas. El detonante fue el rechazo del Congreso a dos decretos de vivienda, pero la ira más profunda procedía de un mercado sistemáticamente distorsionado por los “fondos buitre” y los especuladores inmobiliarios. Entre los manifestantes aparecieron numerosos jóvenes con títulos universitarios y empleo que descubrieron que su “patrimonio neto” era de “cero habitaciones”, según rezaba textualmente un cartel en la manifestación de Cádiz.
El caso de Maricarmen materializa esa violencia estructural. Esta mujer de 87 años vivió más de setenta años en un piso del distrito madrileño de Retiro. La vivienda cambió de manos varias veces hasta acabar en poder de la SOCIMI (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Urbagestión. La empresa le exigió un alquiler mensual de 1.650 euros, cuando su única fuente de ingresos era una pensión de 1.450 euros. Un juez ordenó el desalojo y el 23 de septiembre de 2026, fue sacada de su casa en camilla y trasladada a un hospital.
La carga simbólica de este episodio desborda con creces la tragedia individual. La modificación de 1994 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) española eliminó ciertas protecciones de subrogación para inquilinos de larga duración, y Maricarmen fue precisamente una víctima de ese cambio legal. Su abogado señaló que Urbagestión “nunca quiso negociar”, ni siquiera cuando ella se ofreció a pagar la renta exigida. El Defensor del Pueblo español calificó públicamente el caso como “el símbolo de algo que nunca debería haber ocurrido” y señaló que expone “deficiencias en el plano legal”.
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