^{En portada: Celebración de José Antonio Kast, candidato de utraderecha, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile}

El sorprendente triunfo en la primera vuelta presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, por sobre el candidato Gabriel Boric, no solo pone en jaque la posibilidad de un futuro gobierno de corte transformador en Chile, sino que pone en riesgo el mismo proceso constituyente en curso en el país.

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La verdad es que cuesta mucho entender lo que pasó en Chile aquel día, ya que veíamos el ascenso de la ultraderecha negacionista como una amenaza que no llegaría tan pronto, considerando todo lo que ha pasado en el país y el derrumbe del gobierno de Sebastián Piñera, luego de la revuelta social y la instalación de la Convención Constitucional.

Si bien el porcentaje de votos alcanzado por Kast no es muy alto (27, 91%), el problema mayor es lo poco que sacó el candidato de Apruebo Dignidad (25, 83), el cual obtuvo prácticamente lo mismo que sacó en primarias (sumado a los votos de Daniel Jadue), lo que refleja que su candidatura convocó muy por debajo de lo que se esperaba.

Las causas de la baja votación de Gabriel Boric son seguramente múltiples y responden a distintos factores internos y externos de la campaña, pero lo que está claro, es que para obtener un triunfo en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, tendrá que inevitablemente ceder mucho de su programa de gobierno antineoliberal y hacer alianzas con sectores de izquierda más conservadores, como es el caso de los partidos de la ex concertación.

Asimismo, pareciera que también tendrá que dar respuesta al discurso impulsado por Kast, centrado en el miedo y en el orden público,  en donde la delincuencia, el narcotráfico y la falta de certeza económica, pareciera que serán los temas que instalarán los grandes medios de información para los próximos debates entre los dos candidatos.

De ahí que Boric, haya entendido que la seguridad sea un tema central para las próximas semanas, y que esté adaptando su discurso de campaña, lo que obviamente es un riesgo, ya que puede ser visto como algo no creíble a estas alturas, pudiendo ser incluso contraproducente.

Por lo mismo, el haber sumado a Eduardo Vergara, como encargado de seguridad en su comando, es un acierto, considerando que no bastará con que hable del tema, en la medida que no plantee un discurso que se diferencie de la ultraderecha, cuestionando así fuertemente el populismo penal y la guerra contra las drogas de Kast, y proponga una alternativa sin complejos desde la izquierda, que vaya mucho más allá de lo punitivo.

Lo mismo con respecto al ámbito económico, el cual debiera volcarse al chileno y chilena promedio, los cuales han sido abandonados por un Estado negligente y abusados por grandes sectores empresariales, haciendo que las familias vivan completamente bancarizadas, a través del crédito, mientras el Estado goza de grandes reservas en el extranjero.

Ante esto, sería interesante incorporar también en el comando al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien mejor que nadie en el país, ha desmontado empíricamente el mito de la llamada clase media, la cual no es otra cosa que una construcción de las elites, que ha permitido instalar un discurso del esfuerzo individual, de la meritocracia y del emprendimiento.

No obstante, más allá de estas estrategias de campaña para la segunda vuelta, lo que más debiera preocuparnos, en el caso de ganar José Antonio Kast la presidencia, no es su gobierno propiamente tal, el cual estará limitado al no tener la mayoría en el congreso, sino en el uso de su cargo para hacer una campaña desde el ejecutivo contra la Convención Constitucional.

El candidato del Partido Republicano ya ha manifestado explícitamente que de ser presidente, y no estar de acuerdo con el texto constitucional que se escriba, lo que seguramente será así, levantará la bandera del rechazo para el plebiscito de salida del año 2022, siendo su gobierno un mero instrumento para una restauración conservadora.

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Un escenario así, de confrontación entre José Antonio Kast y la Convención Constitucional, no solo le haría un daño gigantesco a la democracia del país, sino que podría generar un clima de violencia política de alcances insospechados, trayendo consigo mucha sangre y una fractura total en el país.

En consecuencia, Kast de manera irresponsable estará usando su cargo de presidente para destruir la paz social que tanto dice defender, pasando por encima todo lo que se está intentando construir institucionalmente para el país, dejando en evidencia que más que el bien en Chile, está preocupado de mantener el orden autoritario, haciendo fracasar el proceso constituyente, para mantener a cualquier precio la constitución de 1980.

Frente a todo lo señalado, el triunfo de Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre, es mucho más que el triunfo de un candidato en particular, del Pacto Apruebo Dignidad o de un sector político determinado. Tiene relación con cuidar la convivencia en el país y la defensa de un proceso inédito, que fue llevado por millones de chilenos, que creyeron que se podía hacer una constitución de manera distinta, después de más de 200 años de historia.

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

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De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que para concretar la transición energética mundial hacia energías consideradas ‘limpias’, prevista en el Acuerdo de París de 2015, será necesario cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040.

Litio, cobre, grafito, cobalto, níquel y tierras raras son los seis minerales claves para la fabricación de tecnologías eólicas, solar, redes eléctricas y vehículos eléctricos que requieren, por ejemplo, seis veces más metales y minerales que un coche convencional.

Los mecanismos para acelerar la extracción de estos minerales están siendo puestos en marcha especialmente por organismos supranacionales. El Banco Mundial, por ejemplo, lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, menciona la institución en un informe.

La inversión inicial prevista por el Banco Mundial es de 50 millones de dólares en un plazo de cinco años. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

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Pero, como sostienen empresas mineras, Estados y organismos de financiamiento, ¿los impactos sociales y ambientales de la minería climáticamente inteligente o minería verde, como también es llamada, son menores cuando son comparados a la minería que hasta ahora se realiza?

Un mapeo colaborativo realizado por comunidades afectadas en nueve países de las Américas -Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos y Canadá- y los equipos del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá revela que no.

“(…) Estos proyectos no son distintos, en su tamaño, ni técnicas previstas de extracción y procesamiento de minerales -o sus modos de gestión y relacionamiento comunitaria- que las grandes minas ya existentes en el continente para la extracción de minerales ‘tradicionales’ como el oro, la plata o el mismo cobre, que ya han generado graves impactos socioambientales”, revela el estudio, en el cual fueron analizados 25 casos distintos.

Algunos de los proyectos de litio o grafito analizados en el estudio pretenden, por ejemplo, hacerse en depósitos de roca, con minería a cielo abierto. Un ejemplo de ello es la mina Sonora Lithium en México, la cual será a tajo abierto (129 hectáreas) que generará 131 millones de toneladas de residuos durante los 20 años de producción, así como 25 millones de toneladas de relaves húmedos.

Además, las políticas de la transición energética están expandiendo la frontera de extracción hacia ecosistemas frágiles y poco conocidos tales como salares y lagunas altoandinas y aumentando la presión extractiva en ecosistemas y áreas especialmente sensibles y biodiversas como la Amazonía, bosques húmedos, lagunas, valles y montañas. “Este proceso tiene lugar de forma atropellada, sin respeto a los derechos del ambiente y de las comunidades que habitan los territorios”, dice el estudio.

No importa lo ‘verde’ que se pinte el mineral extraído. “El hecho de extraer litio o grafito, en lugar de oro, plata o carbón, no vuelven esos proyectos más verdes o sustentables. Son proyectos que usan grandes cantidades de agua, materiales y energía y que generan grandes cantidades de residuos mineros. Existe mucha opacidad e incertidumbres sobre la gestión y tratamiento de los residuos mineros, especialmente en el largo plazo. Estos generalmente quedan enterrados como una ‘bomba de tiempo’ por siglos”.

Violencia

Los casos documentados evidencian las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre las comunidades que se oponen al avance de la frontera extractiva en sus territorios.

“Desde la violencia sobre los cuerpos (contaminación del agua), impactos sociales (llegada masiva de trabajadores mineros, aumento de alcoholismo y prostitución, etc.), la falta de reconocimiento de las comunidades y sus cosmovisiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, falsas acusaciones y denuncias sobre defensoras, así como enjuiciamientos y encarcelamientos con procedimientos legales opacos. Las comunidades también señalan procesos de cooptación, división comunitaria impulsadas desde los sectores promotores de la minería”.

Un patrón recurrente en los proyectos mineros documentados es la poca información que se ofrece a las comunidades, con omisiones en algunos casos, así como la falta de espacios de participación.

¿Dónde están los minerales?

El continente americano, especialmente la región latinoamericana, tiene una posición estratégica para la extracción y las reservas de estos minerales.

De acuerdo con el estudio, en el caso del litio, por ejemplo, Chile (22%), Argentina (7,5%) y Brasil (2,3%) concentran casi un tercio de la extracción global actual. Bolivia, Argentina y Chile poseen el 58% de las reservas estimadas de litio y si se suman las reservas de EEUU, Canadá, México y Perú, el continente americano concentra tres cuartas partes de las reservas mundiales de litio.

En el caso del cobre, el mineral con mayor demanda estimada, el 40% de la extracción mundial actual está repartida entre Chile y Perú. Si sumamos a estos dos países la extracción en los EEUU, en Canadá y en México, América concentra más de la mitad de la extracción mundial de cobre.

Esos países concentran también casi la mitad de las reservas, principalmente Chile y Perú. Destaca también la presencia de otros metales y minerales en el continente americano. Los EEUU extraen el 15% de las tierras raras en el mundo y Brasil concentra el 17% de sus reservas mundiales.

En el caso del grafito, Brasil extrae el 8,6% y posee el 21,6% de las reservas mundiales. Y para el níquel, Canadá extrae el 6% y Brasil posee el 17% de las reservas. En este sentido cabe destacar que este informe no ha documentado adecuadamente la alta conflictividad minera en Brasil, que sí puede observarse en el mapa interactivo que acompaña este reporte.

Acumulación por descarbonización

La propuesta de transición energética gubernamental y corporativa representa más bien, alerta el estudio, “una transición de mercado que está creando nuevos procesos especulativos, diversificando los nichos y movimientos de capitales en un nuevo proceso de ‘acumulación por descarbonización’”.

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Por otra parte, los pueblos son claros: “No existe justicia climática si es extractivista”.

Aquí puedes checar el mapa interactivo, resultado del trabajo de mapeo, que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la minería de litio, cobre y grafito en los países estudiados.

^{En portada: Pese a la presencia de autoridades locales, personas agredieron físicamente a participantes de asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal.}

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y las Guardianas del Río Metlapanapa, junto con decenas de organizaciones y colectivos, denunciaron la detención arbitraria y actos de violencia en contra de defensores comunitarios, en el contesto de la lucha por defender el agua de la extracción y contaminación por parte de empresas multinacionales en esta región volcánica del estado de Puebla.

En la mañana del domingo (21), la policía municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, detuvo a Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec y de Pueblos Unidos. De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, la detención ocurrió cuando se salió de control la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, con el fin de discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.

Cabe recordar que la población cerró la alcaldía en febrero de 2020, para protestar en contra de la decisión de las autoridades comunitarias de permitir que las empresas vertieran residuos industriales tóxicos en el río Metlapanapa.

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Pueblos Unidos denuncia que el edil acudió a la reunión con un grupo de choque, compuesto por “un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes”.

Hubo un enfrentamiento físico durante la asamblea que tuvo como saldo varias personas golpeadas y heridas, de acuerdo con el comunicado. Pueblos Unidos señala que el presidente municipal, quien acaba de tomar posesión el 15 de octubre con la promesa de “estar del lado del pueblo”, no intentó controlar la violencia, sino que continuó la asamblea y reabrió la presidencia auxiliar “por la fuerza”.

La asamblea fue resultado de un acuerdo tomado entre Cinto Bernal y las Guardianas del Río Metlapanapa –organización que también participa en el frente de comunidades Pueblos Unidos, que lucha contra la empresa embotelladora Bonafont–, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.

El edil fue acompañado por personal del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas), aunque el asunto está fuera del ámbito de competencia de esta última, de acuerdo con la información recabada por Somos el Medio.

La Ceas, junto con las autoridades locales, apoyó a las empresas para que iniciaran la construcción de un sistema de drenaje que descargaría los desechos industriales en el río Metlapanapa, a pesar de que el proyecto carecía de permisos de la Conagua o la Semarnat, de acuerdo con funcionarios de las mismas dependencias. Las comunidades afectadas por el proyecto también denunciaron que el titular de la Comisión de Agua en ese momento, Alfredo Ávila Salazar, se desempeñó posteriormente como representante e ingeniero de la obra de drenaje.

Antes del mediodía, los defensores detenidos fueron liberados por las y los pobladores, quienes bloquearon el paso de la patrulla. Desde Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, el comunicador liberado, Alejandro Chocolatl, se pronunció: “Como Radio Comunitaria Zacatepec, estabamos dando transmisión…de todo este evento, y también no nos libramos de ser golpeados, de ser perseguidos, de ser humillados. Porque a mi me tiraron, me golpearon, me dieron de patadas en las costillas, que esto lo voy a denunciar en la Fiscalía”.

Pueblos Unidos agregó en su comunicado: “Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria”. Y continua: “Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará”.

^{En portada: Derrumbe en la Esperanza tramo Rayón-Pantepec sepultó caminos que conectan con comunidades la Soledad, el Cacate y Zacatal. En el lugar fallecieron dos personas. Ante la inacción gubernamental, los habitantes se organizaron para remover los escombros. Foto: Centro de Lengua y Cultura Zoque}

Los estragos tras el paso del huracán Eta entre octubre y noviembre del 2020, el cual afectó a millones de personas en el sur de México, Caribe y Centroamérica, aún se perciben en la situación de abandono que viven familias desplazadas de la región zoque, agravados por la indiferencia e inacción gubernamental.

Hace un año, las tormentas provocaron afectaciones en 54 municipios del estado, equivalente a 43% del territorio chiapaneco, así como la muerte de 20 personas. Específicamente, los impactos del huracán en la región zoque, al norte de Chiapas, se registraron en los municipios de Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Ixhuatán, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán y Solosuchiapa.

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De acuerdo a un estudio realizado por Tlalli: Colectivo para la Evaluación y Prevención de Riesgos Geológicos y el Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas, el huracán Eta arrojó un saldo de 95 puntos colapsados, lo que impactó en una superficie de 150 hectáreas donde ocurrieron tres deslizamientos masivos, provocando tres muertes, así como la destrucción de viviendas habitadas por 60 familias de tres comunidades zoques.

Devastación

Pese a la gravedad de la situación, en la actualidad las comunidades zoques continúan vulnerables, sobre todo ante el periodo de lluvias, las cuales aumentan el riesgo de las poblaciones.

“Llovió casi 15 días, sin parar noche y día y es lo que nos vino afectar”, refieren testimonios de las y los afectados recopilados en un audio reportaje elaborado por la Red de Comunicadoras y Comunidadores Boca de Polen. Sobre la devastación acontecida un año atrás, enfatizan la indiferencia gubernamental, pues las personas de las comunidades realizaron labores de rescate, mientras las iglesias y organizaciones sociales dirigieron centros de acopio y albergues, así como el mapeo de las poblaciones afectadas.

Las familias zoques afectadas pertenecen a las comunidades de San Vicente y Santa Cruz en Tapilula, San Antonio el Canelar en Rayón, Carmen Tonapac en Chapultenango y Candelaria en Francisco León.

Hasta la actualidad, familias de la comunidad de Canelar se encuentran en el abandono, desatendidas por los tres niveles de gobierno. Tras a las fuertes tormentas de noviembre del año pasado, los terrenos de Canelar comenzaron a agrietarse y ante el riesgo de hundimientos, 22 familias se desplazaron para evitar quedar sepultadas. Después de salir con pocas pertenencias, las familias habitaron durante meses un ex albergue en la cabecera municipal de Rayón, donde denunciaron la precariedad del lugar.

“Nosotros teníamos nuestra escuela, teníamos cancha, teníamos un lugar donde se almacenaba el agua, tanque, teníamos nuestra capilla”, rememora Don Tomás sobre la experiencia en la comunidad que antes habitaban decenas de familias. “Allá estábamos felices, teníamos todo y aquí no estamos en nuestra casa, de mi parte yo estoy triste”, relata el testimonio de un niño zoque desplazado.

En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, también en el municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Múltiples parcelas de cultivo presentaron deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza de un total de 232 campesinos.

Por otra pare, 36 familias zoques pertenecientes al poblado de Candelaria continúan refugiadas en el ejido San José Maspac, municipio de Francisco León, luego de la destrucción de sus casas y la pérdida de sus parcelas y ganado.

En el ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, 17 familias construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos. Mientras, en el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. En dicho poblado, la escuela secundaria colapsó y la estructura del puente se encuentra con el riesgo de también colapsar.

Debido a la omisión de los gobiernos local, estatal y federal las comunidades zoques se han organizado para visibilizar y denunciar la situación. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Canelar, las familias han solicitado una dotación de tres hectáreas de tierra para reconstruir su comunidad, pero su demanda no ha sido resuelta y mientras continúan viviendo en un terreno de una hectárea, el cual no cuenta con un plan de reconstrucción de viviendas ni de servicios básicos.

“La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país”, señalan a través de una nota publicada por Radio Zapatista, mientras continúan denunciando la situación que a un año de la tormenta, aún sigue sin ser atendida.

Con información del Centro de Lengua y Cultura Zoque, Radio Zapatista y Boca de Polen