Este 2 de mayo, en Ciudad de México, fue recibida la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, para continuar con la iniciativa migratoria acordada en enero pasado por los mandatarios de ambos países, Andrés López Obrador y Joe Biden. Tras esta reunión, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas para atender los flujos migratorios y el crimen organizado en la región, así como nuevos proyectos estratégicos.

Desde la Casa Blanca se anuncia que lo que se pretende, en primer lugar, es incrementar las “acciones conjuntas para contrarrestar a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes”.

Estas medidas se complementan con la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente entre Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién y el flujo de drogas. “Hemos realizado más de 10 mil arrestos de situaciones de contrabando desde abril del año pasado (2022) e incautado más de 47 millones de dólares en bienes y productos financieros ilícitos de los contrabandistas”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en relación a esta campaña.

En segundo lugar, ambos países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en América Central para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las rutas migratorias laborales.

Estos acuerdos se dan justo a unos días de que finalice el Título 42, por disposición de una orden judicial de la unión americana. Este título de salud pública de Estados Unidos –decreto sanitario para evitar la propagación de la pandemia de COVID 19– fue implementado durante el gobierno de Donald Trump. Bajo esta ley EEUU expulsó, hacia territorio mexicano, a un aproximado de 2.5 millones de personas.

La nueva ley con la que se atenderá el flujo migratorio hacia EEUU será el Título 8. “Prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal. El restablecimiento de la tramitación de migrantes conforme a las facultades del Título 8 operará de manera rápida e inmediata”, sostiene el secretario Mayorkas.

Esta ley, que ya se ha usado con gobiernos anteriores, mantendrá los procesos de permisos humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero establece que quienes no cumplan con el debido procedimiento burocrático para el acceso legal, serán deportados inmediatamente. Así mismo, si el acceso a EEUU se califica como ilegal, se implementará una expulsión acelerada, además, “las personas expulsadas no podrán ingresar en Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal”, arguye el secretario.

Militarización de la frontera con México

Tras el fin del Título 42, el gobierno de Biden ha ordenado que el Departamento de Defensa movilice a 1,500 militares hacia la frontera con México para atender el flujo migratorio y la contención del flujo de drogas. De acuerdo con el secretario de Prensa del Pentágono, el General de Brigada de las Fuerzas Aéreas Pat Ryder, ya hay 2,500 miembros de la Guardia Nacional ayudando en estos casos.

Según el general, los militares realizarán actividades de apoyo por un periodo de 90 días vía terrestre, hasta que sean reemplazados por otras fuerzas armadas que, posiblemente, sean militares de reserva.

“En preparación del regreso a la aplicación del Título 8 de inmigración, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están implementando medidas radicales con nuestros socios regionales para reducir la migración irregular, garantizar un procesamiento seguro, ordenado y eficiente, y expulsar rápidamente a las personas sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional el pasado martes (2), justo cuando se realizaba la reunión en Ciudad de México.

Migrantes

Ciudadanos de origen mexicano fueron los principales expulsados bajo el Título 42, contabilizando más de 1.5 millones de personas.

Por otra parte, en las diversas reuniones entre ambos gobiernos no se ha tratado el tema de casi 11 millones de mexicanos que residen en EEUU sin documentos que acrediten su estancia legal. Lo que sí ha reconocido el gobierno de López Obrador, es el flujo de remesas que generan estos trabajadores y trabajadoras en el país vecino y que son enviados a México, del cual se han beneficiado varios bancos y empresas intermediarias.

Según datos del Banco de México, tan solo en 2022, el país recibió casi 60 mil millones de dólares provenientes de familias mexicanas en EEUU, monto que creció un 13.4% respecto a lo registrado en 2021, cuando representó el 4% del PIB nacional.

Proyectos estratégicos

En la reunión del pasado 2 de mayo, el mandatario mexicano también hizo público que la empresa estadounidense Pacific Limited, de Houston, Texas, invertirá aproximadamente 14 mil millones de dólares en la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción que ya estaba prevista construirse en el Puerto Libertad, en Sonora.

A través de estos complejos, México importará gas (extraído con el método de fractura hidráulica) de productores estadounidenses y, posteriormente, se exportará a la región de Asia.

López Obrador también entabló un dialogó con directivos de las compañías ferroviarias Canadian Pacific-Kansas City Southern (CPKC), recientemente fusionadas, para establecer una asociación con el gobierno mexicano y ampliar las conexiones que ya están establecidas desde Canadá y EEUU con aproximadamente 35 mil kilómetros de vías en total.

Lo que se pretende es conectar el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Actualmente, ya existe una conexión ferroviaria hasta el centro de México y los países del norte. “Al presidente le gustaría que (la red ferroviaria del CPKC) conectara con el sur del país”, advirtió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Esta conexión entre los tres países permitirá un servicio ininterrumpido del trasporte de materias primas y mercancías que cruzarán entre el Atlántico y el Pacífico para atender los diversos mercados globales.

^{En portada: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal}

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

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La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

^{Translated by Elizabeth L. T. Moore}

Patagonia, southern Argentina, ancestral territory claimed by the Mapuche village and fought-over by transnational companies that combust hydrocarbons. Even though the land is quite far from the military conflict between Russia and Ukraine, energy price volatility has put them on the geopolitical map for being the second world reserve of unconventional gas and fourth in crude oil of the same origin.

Here, almost 28 thousand m³ of oil and 44 thousand m³ of gas is extracted daily, even though almost nobody talks about the impacts it leaves on the communities that live in this area.

It was in 2019, in a civil court in Santiago de Chile, when the Mapuche village presented cases of environmental damage and violations of human rights in Argentina by the exploitation of oil and unconventional gas, extracted by the method known as hydraulic fracturing (fracking), a technique that, according to the Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), has been used in the country since 1959.

Fracking consists of injecting additive fluids at a very high pressure to generate cracks in the bedrock, thus allowing the hydrocarbon to flow to the well. The mixture is “basically formed by water (more than 90%) and some sand,” announces the IAPG platform.

The country’s Ministerio de Economía has documented, this year in 2023, in its report Argentina Productiva 2030 Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico, that “in an unconventional well, 60 million liters of water and 10 thousand tons of sand are injected.”

Three years after the Mapuche village’s complaint, between March 29 and April 5 of this year, various environmentalists from the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza conducted an inspection in the Neuquén and Río Negro region, where Cuenca Neuquina is found, that makes up the main hydrocarbon producer of the country, better known as Vaca Muerta. The delegation managed to verify and document several environmental impacts and human rights violations that fracking has caused.

One of the main problems the delegation has focused on has been water use. Environmentalists warn that the region is already experiencing a water crisis, when barely five of the 31 companies that have concessions in the the region are in the exploitation phase. Meanwhile, this year the demand for water could possibly double. Furthermore, this is added to the storage of the toxic waste left by the extraction of these energies.

Environmentalists have registered the presence of oil landfills, trash containers and mountains of waste accumulation, products of drilling the wells, which do not have any security measures. This has led observers to conclude that the authorities are complicit.

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“Without a shadow of a doubt, there are institutions in charge of controlling all these activities. But they’re on the edge, or they’re total accomplices of what’s happening. It would be enough to look at the open-air landfills of accumulated petroleum,” said Alberto Acosta, former presidential candidate of Ecuador, who has also been part of the environmental delegation in Neuquén.

Since 2020, the Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas has promoted before the law an order to enter the plants where they are depositing the petroleum waste from Vaca Muerta. It criminally accused the company Comarsa for accumulating and concentrating toxic waste in its installations. It denounced petroleum companies like YPF, Shell, Chevron, among others, for producing these residues in the drilling marks.

Among the irregularities the lawyers registered, they found what they classified as “petroleum trash.” Trash that, they declared in a statement, “contains radioactive remains and heavy metals. Also found was ground contaminated by petroleum, liquids with oil and liquids with petroleum, whose origins are not found registered.”

The spokesperson of the Argentinian lawyers, who has also joined the delegation that has reviewed the south of the country, affirmed/stated/claimed that only the company Comarsa, between 2016 and 2019, assembled/gathered around 720 thousand metric tons of toxic trash in open-air.

Acosta, the Ecuadorian, has warned that what’s currently happening on these lands is a huge social environmental disaster. “This region is literally drying up. A region where rural inhabitants, above all, the indigenous Mapuche villages, are being robbed of the rivers. The rivers are disappearing and that water goes to extractivist activities,” the Ecuadorian affirmed and added that “only a well can use up to 90 million m³.”

The observer team concluded that “what’s more, the Mapuches were not consulted, even though the country ratified Convenio 169 of the OIT which establishes the requirement of free and informed enquiry and the need for consent from indigenous villages. Not only that, they’ve been victims of other forms of violence. They even try to deny their ancestral presence in said territories,” it recorded.

Furthermore, it’s not just the use of millions of cubic meters of water, but also the quantity of toxic chemical products that are filtered from the well and affect the flow of underground water. “Añelo (department) is one of the clearest examples. It’s the petroleum capital of the region, and water can’t be consumed there,” says the first recommendation conducted by the members of the Argentinian government delegation.

The observers have also documented a large quantity of seismic movement in the area, highlighting furthermore that cancer indications are on the rise, just like diseases caused by heavy metals in the blood.

More petroleum to get out of poverty

When the exploitation of Vaca Muerta was beginning, they promised there would be energy autonomy, external debt and poverty in the country would be over. One decade later, in Argentina “40% of the population lives in poverty, at least 4 million people live in destitution, which represents 8% of the population,” detailed Natalia Greene, secretary of the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

The same discourse gained strength again in 2023. The country’s Ministerio de Economía clearly affirms in its document called Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico 2030 that “the context of the war between Russia and Ukraine has opened a new opportunity for Argentina to earn participation in the global energy markets. The maturation of the Vaca Muerta oil field coincides with this setting,” through which it will be possible to generate quality jobs and lower poverty.

It even justifies the exploitation of the Cuenca del Neuquén, considering that this gas is considered clean and necessary for the so-called energy transition. “We’re sure it’s possible to double exportations: the energy transition brings us a favorable backdrop so we can develop the potential Vaca Muerta exporter, of low-emission hydrogen and minerals like lithium or copper,” points out the development plan.

The environmentalist Greene strongly affirms that these discussions that justify extractivism to deal with poverty, “that run across Latin America from top down, from north to south, from east to west, are always false.”

Court

This court made up of prominent figures in the care of the environment was born in Quito, Ecuador, in 2014 as a space of civil society that judges the cases of violation of rights of nature and environmentalists. In this way, it considers Nature as a legal subject with rights equal to humans.

Those who join the court have traveled various countries documenting and denouncing the affectations to nature, mainly, the conflicts caused by the exploitation of hydrocarbons and megaprojects.

In this instance, they’ve traversed not only the area exploited by fracking in the Argentine Patagonia, but also they’ve joined government representatives, oil companies, social organizations and communities affected by the activity.

The environmental delegation will present a report that will be analyzed by a panel of more than 60 judges that make up part of the court, elected by their career path, like the Hindu doctor, physicist, philosopher and writer Vandana Shiva, to present the relevant recommendations.
Although it’s not binding, it is a precedent to be consider by the rulers in office. “We hope this sentence serves, in one sense, to provoke society’s conscience, to mobilize in something the conscience of the rulers, which is often difficult, if not impossible. Above all, we hope that it will serve as an element for the communities’ struggles”, said the Ecuadorian economist Acosta.

^{En portada: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal}

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

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La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

Tras casi una década de batallas legales, la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, logró la cancelación de dos concesiones que permitían a la empresa canadiense Almaden Minerals explotar una mina del municipio.

De acuerdo con Fundar y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el 12 de abril un juzgado determinó —acatando una sentencia de la corte— que “no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.

El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla declaró cumplida la Sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 9 de febrero en cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.

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El juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, reconociendo que, “(…) la autoridad responsable –Secretaría de Economía – consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena (…)”.

“Con este acuerdo cierra la batalla legal que Tecoltemi mantuvo durante 8 años en defensa de sus derechos y su territorio. La lucha de Tecoltemi derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios”, sostuvo la comunidad en un comunicado.

Además, recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.