Por Lola Dolor

Hace un año, miles de mujeres salimos a marchar en contra de las violencias machistas en más de 40 ciudades. Al grito de ¡Vivas nos queremos!, miles de feministas y mujeres aliadas exigíamos un alto a los feminicidios y llamábamos a una emergencia nacional. Nos conocimos, nos encontramos, nos vimos las caras e hicimos consciencia de la inmensa diversidad y grandeza del movimiento feminista en México.

El día de ayer, 24 de abril de 2017, aproximadamente doscientas personas, en su mayoría mujeres y personas de la disidencia sexo genérica, nos dimos cita en el Ángel de la Independencia atendiendo al primer aniversario de la histórica movilización #24A.

A la par, un grupo de mujeres partió del metro Universidad hacia San Cristóbal Ecatepec, municipio que ha registrado los índices más altos de feminicidio y violencia doméstica en los últimos años. Las compañeras hicieron ‘metro popular’ y, a lo largo de su camino, fueron lanzando consignas que exigían un alto a los feminicidios y a la violencia generalizada ejercida diariamente sobre las mujeres.

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Por Dante A. Saucedo y Regina López

El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».

En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.

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EL INICIO…

Por Mumia Abu-Jamal

Ya se inició.

Hoy marca mi segundo día en el régimen de tratamiento con las drogas anti-virales de acción directa (DAADs), diseñadas a eliminar la Hepatitis C de mi sistema.

Ustedes del pueblo lo hicieron posible.

Ustedes del pueblo llenaron dos salas de un tribunal en Scranton, Pensilvania, en diciembre de 2015.

Ustedes del pueblo apoyaron a nuestros abogados ––Bret Grote del Abolitionist Law Center (Centro de Derecho Abolicionista) de Pittsburgh, y Bob Boyle, de la Ciudad de Nueva York––, y también al Dr. Joseph Harris, quien me diagnosticó la Hepatitis C cuando yo estaba cabeceando en una silla de ruedas en la sala de visitas de la prisión, y después se presentó como un testigo experto en nuestras audiencias en Scranton.

Ustedes del pueblo nos enviaron amor, oraciones, cartas, postales, dinero y fuerza. Me parece que las palabras “Les agradezco” palidecen ante todo esto.

Aun así, les agradezco.

La lucha no se ha terminado, pero esto es un gran inicio.

Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

–©’17maj

7 de abril de 2017

Desmentimos engaños e información falsa del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa

COMUNICADO DEL EJIDO TILA

EJIDO DE TILA CHIAPAS, MEXICO, a 18 de abril del 2017

A la opinión publica
A la prensa nacional e internacional
A los medios libres e independientes
A los defensores de derechos humanos no gubernamentales independientes
A los adherentes a la Sexta de la selva lacandona
A los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indigena
A la Comisión Sexta del EZLN
A los compañeros y compañeras de los diferentes pueblos y organizaciones que luchan por justicia y dignidad de México y el Mundo.

Les saludamos a todas las personas y organizaciones de parte de los compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejido de Tila, Chiapas, México; deseándoles mucho ánimo en la lucha por el derecho a la vida, a la tierra y por un mundo mejor.

Desmentimos públicamente lo que han estado circulando en las redes sociales hace unos días y en donde también el “Comite de de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa” que ha lanzado un comunicado contra nuestro ejido y autoridades con una información totalmente falsa donde supuestamente que ejidatarios y pobladores en el Ejido Tila han informado que se les ha violado sus derechos humanos cuando realmente son ejidatarios que se han aislado y únicamente se dedican a vender sus tierras porque dependen de las migajas que reciben por ser aviadores de partidos políticos y se han olvidado del valor de la madre tierra y que son los que están desestabilizando la paz de nuestras comunidades en el ejido.

Queremos hacerles saber que la autonomía del ejido no es buscar ningún derramamiento de sangre, ni es secuestradora y mucho menos esta para violar los derechos humanos; sino que, se traduce en respetarlas todas las garantías individuales y colectivas que enmana nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos, y lo que se busca es la armonía sin distinción alguna que sea pareja para todas y todos en favor de la paz.

Hemos estado amenazados por la intromisión de paramilitares organizado por un grupo de interesados en coordinación del ayuntamiento por intereses de ellos mismos y no para beneficio de la sociedad. se expulso el ayuntamiento porque lleva setenta y dos años que nos quiere arrebatar 130 hectáreas de terrenos ejidales que es el poblado de tila y sus alrededores y así poder nulificar nuestros documentos presidenciales, porque estaba asentada ilegalmente en terrenos ejidales asi como nuestros documentos nos respalda. Por eso como pueblos indígenas se retoma la autonomía y la autodeterminación de nuestro régimen de gobierno sustentada en el convenio 169 de la OIT sobre derechos y cultura indígena, al artículo 2 constitucional y en base al artículo 39 de la Constitución modificamos la forma de gobierno de autogobernarnos como asamblea por ser totalmente ejido bien documentado nuestro derecho.

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

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Por Mumia Abu-Jamal

En el inframundo de las prisiones de Estados Unidos, hay que deshacerse de todas las suposiciones médicas que uno trae del llamado mundo libre. Hemos sido condicionados a ver a las enfermeras como dulces fuentes de consuelo y a los doctores como personas dedicadas a curar a los enfermos y aliviar nuestro dolor.

En prisión, nuevas reglas rigen la medicina y la atención médica. Aquí el dinero manda. Las personas enfermas son prácticamente ignoradas.

Esto puede parecer severo, pero les aseguro que la realidad es aún más severa.

Hace poco escribí sobre un abogado autodidacta en prisión que se llama Dennis ‘Solo’ McKeithan y su batalla para recibir tratamiento para el doloroso trastorno nervioso conocido como culebrilla. Mientras leí la transcripción del proceso, encontré los notables comentarios y preguntas del juez instructivos. Él preguntó esencialmente si la empresa contratada por el Departamento de Correcciones (DOC) para proporcionar atención médica tendría un conflicto, porque como una empresa privada, sus intereses eran ganar dinero al negarse a proveer los medicamentos que los presos necesitaban. El testigo negó la sugerencia, pero el juez había tocado un nervio.

Desde el año 2015 hasta la fecha, mis abogados y yo hemos estado exigiendo un tratamiento verdadero para mi infección de Hepatitis C. Inicialmente el DOC presentó una falsa declaración jurada para justificar que un magistrado federal desechara mi demanda. El DOC argumentó que mi Hepatitis iba bien, que podría durar años sin tratamiento.

Un juez federal no estaba de acuerdo con esto y celebró una audiencia que demostró la falsedad de la declaración jurada. Unos meses después, el mismo juez declaró que el protocolo del DOC era anti-constitucional.

El DOC respondió que mi Hepatitis C estaba en un nivel bajo. De nuevo, el juez discrepó, declaró anti-constitucional el protocolo por segunda vez y ordenó mi tratamiento. El DOC esencialmente hizo caso omiso del dictamen durante casi dos meses.

A principios de esta semana, me hicieron análisis adicionales. Los resultados acaban de llegar. No sólo tengo Hepatitis C muy avanzada, sino también cirrosis del hígado, llamado F4, porque el DOC no quería gastar el dinero para tratar mi infección. El DOC dijo que le costaría seis cientos millones de dólares.

A mí solo me puede costar la vida.

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

–©’17maj

31 de marzo de 2017

Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México

Información vía Somos el medio (Heidi Sebastián); Vídeo vía Centro de Medios Libres:

Ciudad de México, 5 de abril 2017. Este miércoles elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 38 personas provenientes de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, cuando ingresaban a Morelia a bordo de un autobús presuntamente robado. Estas personas pretendían manifestarse frente a Casa de Gobierno.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades, además los mantuvieron incomunicados, entre ellos dos personas con diabetes que requerían urgentemente de medicamentos. Este conflicto agrario que comenzó por los límites entre las comunidades indígenas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Capacuaro, municipio de Uruapan, exigen al gobierno que se respete un acuerdo que se llevó a cabo desde 1941.

La comunidad había accedido a negociar con el gobierno. Se realizó una mesa de negociación con 13 comuneros y el subsecretario Armando Hurtado en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Mientras tanto policías partieron rumbo a la comunidad indígena a reventar las manifestaciones, 150 oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) con uniformes de granaderos llegaron a quitar a los manifestantes de la comunidad indígena, aprovechando que 20 comuneros se manifestaban frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),13 más estaban negociando y otros 38 ya habían sido arrestados.

La SSP mantiene operativos de vigilancia fuertemente armados en todo el municipio, en la meseta purépecha y en las carreteras de la zona. Hasta el momento se tiene confirmado que hay 4 muertos, entre ellos estudiantes normalistas y por lo menos otras 12 personas más heridas por arma de fuego, luego de la intervención de la Policía Michoacán, la Policía Ministerial y Fuerzas Federales.

Sección XVIII SNTE Michoacán acusó al Gobierno de Silvano Aureoles Conejo de “represor por activar a la fuerza represiva en contra de las comunidades indígenas, los federales irrumpieron en la comunidad de Arantepacua y violentaron los hogares deteniendo, golpeando y asesinando a comuneros, artesanos y maestros de esa localidad. Las fuerzas represivas de Silvano Aureoles entraron a los hogares y sacaron por la fuerza a sus habitantes”. Exigieron al Gobierno del Estado de Michoacán detenga la represión, libere a los detenidos y detenga a los culpables de los asesinatos.

Documental vía Somos el medio.-“El siguiente trabajo documental es un trabajo realizado por la fotógrafa estadounidense Emily Pederson y producido por Field of Visión, quien documentó por más de cinco meses a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Más de dos años después de que 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecido en México, a sus seres queridos siguen buscando justicia y cierre.”

Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1],  es catalogada como  zona estratégica:

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Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias.
19 de marzo de 2017

Después de nueve meses de la represión sufrida por parte de las fuerzas federales y estatales contra los habitantes de la comunidad de Asunción Nochixtlan, los medios libres, comunitarios o como se llamen, nos hemos dado a la tarea de reunirnos para el Tercer encuentro nacional de radios comunitarias y medios libres. Cuyo objetivo, al igual que en sus dos reuniones anteriores, ha sido Conservarlos, promoverlos y desarrollarlos, tejiendo redes de solidaridad y apoyo mutuo que busquen unir problemas y esperanzas afines, entre las comunidades y los comunicadores que la integran.

Se  decidió que  la comunidad de Asunción Nochixtlan fuera la sede para dar el  apoyo y cobertura a los compañeros en resistencia, quienes han sido víctimas de la agresión cobarde del mal gobierno; es una comunidad que ha mantenido su duelo, pero también su organización y su rebeldía. Su Radio Comunitaria: La Combativa, es espacio para la palabra de abajo. Ellas y ellos, compas de los rebeldes pueblos oaxaqueños son sede de este tejemedios donde se busca compartir los saberes, colectivizarlos; enlazar redes de afinidad fortaleciendo la comunicación independiente, desde abajo.

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