A quienes no ven la guerra con indiferencia

“Chiapas al borde de la Guerra Civil” fue el título del comunicado del EZLN del 19 de septiembre de 2021, hoy Chiapas es un campo de Guerra Civil. Según acaba de denunciar el propio EZLN el pasado 16 de octubre, desde hace semanas pobladores de la comunidad llamada Palestina en Chiapas han amenazado a los habitantes del poblado Zapatista “6 de octubre” con armas de alto poder, violaciones de mujeres, quema de casas y el robo de sus pertenencias cosechas y animales para desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan en forma pacífica, desde hace más de 30 años.

Los pobladores de esa comunidad llamada Palestina han señalado que hay presiones del crimen organizado para que sean desalojados las y los compañeros zapatistas y que existe un acuerdo del crimen organizado con los distintos niveles de gobierno para dar carácter de “legal” a este despojo.

Desde 2021 el EZLN ya había advertido de los vínculos entre el gobierno de Chiapas con los cárteles de la droga y denunciaban desde entonces el crecimiento del narcoparamilitarismo que tiene ahora a Chiapas sumergido en la más sangrienta violencia. En Chiapas el narcoparamilitarismo está despojando el territorio y como lo mencionan loas compañeroas Zapatistas opera junto con los diversos niveles de gobierno para legalizar estos despojos. Las mismas tierras que el EZLN liberó de manos de los finqueros en 1994 son las que ahora los gobiernos de los tres niveles pretenden, favoreciendo pasiva o activamente los despojos y la violencia, poner nuevamente en manos de criminales.

En México la guerra no solo no terminó, se ha recrudecido en algunos estados y uno de ellos es Chiapas, la gestión de la guerra que está haciendo el gobierno ha consistido en el despojo del territorio, en la criminalización de la rebeldía y claro, en un discurso que minimiza las atrocidades y justifica el creciente e ineficaz militarismo, como lo ha probado la ininterrumpida militarización en Chiapas. La guerra del narco que ensangrentó la frontera norte de México y poco a poco todo el país, ahora se extiende hacia el sureste y la frontera sur, y ahí los intereses criminales extractivistas, narcoeconómicos y contrainsurgentes de arriba confluyen y se convierten en una guerra narcoparamilitar particularmente hostil en contra de las Comunidades Zapatistas, mientras la Guardia Nacional y el resto de las Fuerzas Armadas no solo solapan estas prácticas criminales sino que las protegen y por otro lado asesinan a migrantes.

Como lo dice el Subcomandante Moisés en el más reciente comunicado del EZLN, la situación es más grave de lo que lo que se alcanza a ver, el riesgo que implican estas amenazas les ha llevado a suspender todo tipo de comunicaciones y a contemplar la cancelación de los encuentros que habían anunciado para éste y el próximo año.

El 18 de octubre de 2024, individuos y colectivos que se dieron cita en la Secretaría de Gobernación denunciaron que la presencia de paramilitares es con anuencia de los tres niveles de gobierno para dar carácter “legal” al despojo. EL grupo les hace responsables de lo que pase a l@s zapatistas.

Acción parte de la Jornada de lucha contra la guerra a los pueblos Zapatistas.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

20 de octubre de 2024.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
A la mamá, papá y familiares del Padre Marcelo

Hermanas y hermanos:

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal junto con las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, desde Acteal Tierra Sagrada, con dolor e indignación expresamos nuestra
condena enérgica del vergonzoso y cobarde asesinato de nuestro hermano el Padre Marcelo Pérez Pérez en un contexto de violencia desbordada en el estado de Chiapas.

El Padre Marcelo, trabajó 10 años aquí en la Parroquia de Chenalhó, y estuvo acompañándonos en nuestra lucha No-violenta además en la búsqueda de justicia verdadera de la Masacre de Acteal. Durante su misión pastoral aquí en Chenalhó, recibió varias amenazas de muerte por su compromiso verdadero y abierto en denunciar las injusticias y violencias en ese entonces. Ante estas amenazas fue que se trasladó a la parroquia de Simojovel, Chiapas en donde también siguió denunciando las injusticias y al crimen organizado y enseguida los caciques y políticos de ese municipio lo empezaron a hostigar y amenazaron de muerte; en ese contexto organizó junto con el pueblo creyente de Simojovel la Magna Peregrinación Viacrucis-cuaresmal desde esa parroquia hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en la cual participamos en el año de 2015, para exigirle al gobierno de Chiapas el cese de la violencia en ese municipio. Sin embargo, la indiferencia y la falta de voluntad de los malos gobiernos de Chiapas y México en establecer la paz y las garantías a la integridad física del Padre Marcelo, de nueva cuenta fue trasladado por la Diócesis de San Cristobal de Las Casas a la parroquia de Guadalupe en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En julio de 2021, cuando desbordó la violencia en Pantelhó, el Padre Marcelo, fue acusado falsamente de ser responsable de la desaparición de 21 personas en este municipio, cuando en realidad su trabajo fue a favor de la paz y del diálogo por la vida, reconocido a nivel nacional e internacional.

Tanto el crimen organizado como el gobierno de Chiapas en lugar de agradecerle el trabajo realizado por el Padre Marcelo en la pacificación de nuestras comunidades y en Chiapas, le pagan con cárcel y muerte, fue así que cínicamente el gobierno de Chiapas a través de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), el pasado 21 de junio de 2022, solicitó orden de aprehensión al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas.

Hoy, El 20 de octubre de 2024 , los mensajeros de la muerte, le quitaron la vida al Padre Marcelo después de, “celebrar la eucaristía por la mañana en la iglesia del Barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, al terminar la misa se dirigió a su camioneta, estacionada en la Calle de La Pera, para dirigirse a la Parroquia de Guadalupe cuando a las 7:45 a.m. dos hombres en motocicleta se acercaron a su vehículo y abrieron fuego, privándolo de la vida de inmediato”, así lo denunció la Red de Organismos de Derechos Humanos, (RED TDT).

Las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, nos encontramos en este momento en Tierra Sagrada para recordar su memoria y trabajo con nosotros el Padre Marcelo, en varias ocasiones platicaba con nosotras y nosotros que hemos sido sus maestras y maestros de la No-violencia y de la construcción de la Paz y de la Defensa de la Vida, nos decía:  “No debo tener miedo a las amenazas de muerte, si huyo de todo esto, habré desobedecido el ejemplo de Alonso Vázquez Gómez [catequista y mártir de Acteal].”

Aunque hayan asesinado al padre Marcelo, como a nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos y a nuestro compañero y hermano Simón Pedro, sólo su cuerpo pereció, pero su memoria, sus palabras, su fiel convicción a nuestra lucha No-violenta, nunca los olvidaremos.

Ciudad de México, 20 de octubre de 2024
Comunicado 008

Con profunda rabia e indignación condenamos el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco indígena tsotsil de la Parroquía de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quien el día de hoy fue ejecutado a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta en esa misma Ciudad. El Padre Marcelo tenía Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2015 siendo el Estado Mexicano el responsable de implementar las medidas de protección para salvaguardar su vida e integridad física.

Las 87 organizaciones de derechos humanos que integramos la Red TDT, en 23 estados de la república mexicana, nos unimos al clamor de justicia y verdad ante el asesinato del Padre Marcelo Pérez quien dedicó su vida a defender a los pueblos indígenas y acompañar a una diversidad de víctimas de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, masacres, violencia feminicida, así como señalar la violencia desmedida del crimen organizado en diversas regiones de Chiapas. Su compromiso inquebrantable con las poblaciones en riesgo y su firme lucha contra las injusticias en Chiapas lo convirtieron en un pilar fundamental de la comunidad en la lucha por la paz.

El 20 de octubre de 2024 el padre Marcelo celebró la eucaristía por la mañana en la iglesia del Barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, al terminar la misa se dirigió a su camioneta, estacionada en la Calle de La Pera, para dirigirse a la Parroquia de Guadalupe cuando a las 7:45 a.m. dos hombres en motocicleta se acercaron a su vehículo y abrieron fuego, privandolo de la vida de inmediato, de acuerdo con lo documentado por las organizaciones de la entidad.

Este crimen no sólo arrebata la vida de un líder espiritual y defensor de derechos humanos, también es símbolo patente del aumento de la violencia generalizada contra la población y la impunidad que asola el sureste mexicano, este situación la hemos denunciado en otras regiones de México sin que hasta hoy las autoridades responsables garanticen condiciones de protección a la vida e integridad de personas en riesgo en un contexto en donde el crimen organizado es perpetrador de asesinatos contra personas defensoras, periodistas y población en general.

El asesinato del padre Marcelo cimbra los procesos de construcción de paz, defensa de los bienes comunes y la vida digna en México y América Latina, nuestra exigencia para que se esclarezca la ejecución del padre Marcelo se suma a las demandas urgentes de paz, justicia, restauración del tejido social, protección a la vida y verdad ante los crímenes cometidos frente a la violencia desbordada que hemos documentado en Chiapas.

Como antecedente, diversas organizaciones civiles de derechos humanos hicimos llamados previos denunciando la situación de riesgo que enfrentaba el Padre Marcelo, desde grupos delincuenciales que lo amenazaban hasta la propia Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) que el pasado 21 de junio de 2022 solicitó orden de aprehensión al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas.

Señalamos la ineficacia de los mecanismos de protección en México. El padre Marcelo contaba  con medidas cautelares bajo el No. 506-14 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Resolución 30/2015, ordenando al Estado Mexicano garantizar la vida, la integridad y seguridad. Este crimen de lesa humanidad devela lo insuficientes que resultan estas acciones ante la creciente violencia en México.

Exigimos a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva, que se identifique y se castigue a los responsables, y se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de nuestra comunidad y de quienes luchan por la justicia.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
^{Foto de portada: Santiago Navarro F}

Cobijados por el humo del incienso se reconocen en la memoria espiritual y en la resistencia. Una a una fue llegando las delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Honduras, Bolivia, Perú y Brasil, para reunirse en uno de los puntos del llamado Corredor Interoceánico, en el sur de México. Aquí intercambiaron sus reflexiones y experiencias los Wet’suwet’en, Otomís, Zapotecos, Wixárikas, junto a mujeres Lakotas y Dakotas, también de la región andina, entre otras.

Durante tres días – 10, 11, 12 de octubre -, en el centro agroecológico Yajxonax, en la comunidad de Tierra Bonita, próxima a la ciudad de Matías Romero Avendaño, en el Istmo de Tehuantepec, a través de mesas informativas y de discusión se vertieron diversas problemáticas en torno a los gasoductos en Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Perú y otros países. También se abordaron otros megaproyectos que aquejan distintos pueblos, como las granjas de cerdo en Yucatán, los monocultivos de soja y la minería, así como el litio en Bolivia. 

Participaron delegados de 11 naciones. Desde distintas entidades de México llegaron 374 representantes entre pueblos indígenas, organizaciones, ambientalistas, académicos y comunicadores.

Acudieron al llamado Encuentro Continental Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios. Un evento autofinanciado que pudo llevarse acabo con la solidaridad de las propias comunidades quienes aportaron los alimentos y el espacio, así como la colaboración de distintas organizaciones.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Habitantes de la región Libres Oriental, en Puebla, clausuraron de manera simbólica una de las instalaciones de Granjas Carroll, propiedad de Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo.}

En las últimas dos décadas, la producción industrial y el consumo mundial de carne han experimentado un crecimiento acelerado, aumentando un 53% a nivel mundial, con el pollo, el cerdo y la res representando casi el 90% del total, proyectándose un aumento del 76% para 2050, alerta un estudio de la organización ambientalista GRAIN.

La creciente demanda mundial de carne, impulsada por países del norte global, ha intensificado la cría industrial en América Latina, contribuyendo a la deforestación y al cambio climático, sostiene la organización. “Este modelo industrial de producción de carne desplaza los sistemas alimentarios tradicionales, se establece en territorios indígenas y campesinos, y provoca la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ecosistemas, y la degradación del suelo. Además, agrava los problemas de salud pública y exacerba los conflictos por la tierra, alimentando un círculo vicioso de desigualdad y violencia”, subraya en el informe.

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Un pequeño grupo de empresas ha controlado gran parte del mercado. Las principales corporaciones que operan en América Latina son la JBS y BRF, ambas de Brasil; Tyson Foods, de Estados Unidos; la Smithfield Foods, de China;Minerva S.A., de Brasil; Hormel Foods Corporation y Conagra, ambas de Estados Unidos. 

Excelentísimo Sr. Embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel

Madrid, a 17 de octubre de 2024

Sr. Embajador:

Nuevamente nos dirigimos a ustedpara que, por su medio, haga llegar al gobierno de su país nuestra más enérgica protesta por las acciones que se vienen llevando a cabo en Chiapas y que ponen en riesgo las pertenencias, la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas, bases de apoyo zapatistas, que habitan en la comunidad 6 de Ooctubre, en el municipio oficial de Ocosingo.

No han pasado casi ni quince dias desde que Claudia Sheinbaum tomó posesión de su cargo como nueva presidenta del país, y ya se han vuelto a producir agresiones por parte de personas armadas a una comunidad zapatista, intentando apropiarse de un territorio que no les pertenece.

La continuidad de las agresiones a las bases de apoyo zapatistas tienen su correlación de la continuidad de la política de la Sra. Sheinbaum, en relación con el gobierno anterior: ignorar sistemáticamente el derecho de los habitantes de su país a vivir en paz, así como las numerosas denuncias realizadas sobre este particular.

Desde el 5 de septiembre, y como bien han documentado organizaciones de Derechos Humanos, las diferentes autoridades del Estado mexicano son conocedoras de la situación de la comunidad de 6 de Octubre sin que, hasta el momento, se hayan tomado medidas para atender esta situación, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que los agresores dicen contar con el beneplácito de las autoridades municipales de Ocosingo y del Gobierno del Estado de Chiapas, PVEM y Morena respectivamente.

Es urgente que se realicen las acciones necesarias para garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal de los habitantes de 6 de Octubre, que se investigue e identifique a las personas responsables, y que se desarticulen y desarmen al grupo o grupos que operan en la zona, tanto si están vinculados al narcotráfico, como si no lo están.

Atentamente,

Centro de Documentación sobre el Zapatismo
Y Retiemble! Espacio de Apoyo al Congreso Nacional Indígena (México) y al EZLN desde Madrid

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Incendios forestales se multiplican en toda la región amazónica. En el Perú, donde miles de hectáreas han sido destruidas, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal aprobada en enero del 2024. Foto: Aidesep.}

Los incendios forestales en la Amazonía peruana devastaron, entre agosto y septiembre, miles de hectáreas de bosques ante la inacción del Gobierno. La catástrofe ambiental, que deja 20 personas fallecidas, no se explica solo por la sequía y el calentamiento global: detrás hay políticas denunciadas por los pueblos originarios.

En territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en conjunto, se perdieron millones de hectáreas en las últimas semanas. Brasil es el mayor afectado, con siete millones de hectáreas quemadas. 

No se trata de quema de pastos fuera de control. La agricultura y la ganadería, principales causas de deforestación de la Amazonía, arrasan con inmensas áreas de selva tropical para plantaciones y pastoreo. El fuego también está consumiendo extensas zonas de vegetación en Paraguay y Argentina. 

De acuerdo a un reporte publicado en julio por el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP), más de 106 millones de hectáreas de la región, equivalentes al 13% del bioma amazónico, están cubiertas de cultivos. Mientras que el pasto para ganado abarca 76,3 millones de hectáreas, de las cuales Brasil concentra el 92%. La ganadería ocupa el 9% del bioma amazónico. 

En el Perú, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal, aprobada por el Congreso en enero de este año mediante procedimientos irregulares. Los cambios en la norma, propuestos por sectores políticos aliados a empresas extractivistas, permiten el saneamiento de terrenos deforestados. 

Ley antiforestal le llaman las comunidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas contra la disposición, pues en la práctica se formaliza la deforestación de bosques amazónicos, favoreciendo a los monocultivos (palma aceitera, cacao, café), la tala, tráfico de terrenos, minería (legal e ilegal) y narcotráfico. 

Publicado en Camino al Andar
Por Claire Marie

El 16 de septiembre, un derrame de petróleo se expande hacia el arroyo de Ojital, un pueblo situado cerca de Papantla. La lava negra hubiera podido ser detenida si PEMEX, la empresa petrolera responsable, hubiera tomado las medidas necesarias ante la fuga de un oleoducto situado aguas arriba del arroyo, denunciada por los habitantes un mes antes. Lejos de ser un caso especial, Ojital muestra el cotidiano de los Totonacos que luchan por permanecer en un territorio devastado por la extracción ilimitada de sus recursos subterráneos. 

*

 En este 16 de septiembre de 2024, don Rogelio se levanta para un nuevo día de trabajo. Sus clientes no tardarán en esperar para pedirle el desayuno. Su puesto de tacos está arriba de la comunidad, en la carretera principal, entre Papantla y Poza Rica, la mayor ciudad petrolera del estado de Veracruz. 

Don Rogeliio se apresura para llenar su traste con agua del pozo. Se la echa en la cara para despertarse, pero da marcha atrás: “Ahora el agua huele a petróleo…” murmura, aún dormido.  Da unos pasos para arrojar el contenido de la tinaja al arroyo que corre junto a su casa. Pero sus ojos se detienen de repente. El agua es negra. La tierra es negra. El horizonte es negro. A donde van sus ojos, todo está negro de petróleo. 

A la orilla del arroyo, los habitantes de Ojital se despiertan con la misma pesadilla. Anoche, un fuerte aguacero desprendió todo el petróleo que quedaba estancado en una presa aguas arriba. El caudal alcanzó más de 12 kilómetros de arroyo, afectando a las comunidades vecinas de Troncones y Chote Coatzintla.