Fuente: Avispa Midia

Por Rocío Heredia

Saúl Rosales Meléndez es un líder indígena y defensor del bosque, originario de la comunidad nahua San Pedro Tlalcuapan, localidad perteneciente al municipio de Chiautempan en el estado de Tlaxcala. Antes de su aprehensión, hace tres años, Saúl habitaba en las faldas de Matlalcuéyetl, una preponderante montaña en el centro-oriente de la ciudad. Desde ahí, Saúl se dedicaba a trabajar la tierra y a su tienda de abarrotes además de integrar el grupo de guardabosques de su comunidad, nombrado Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRMT). Debido a su ardua labor comunitaria, en 2022 fue electo como presidente de San Pedro.

Alicia Meléndez, esposa del defensor territorial, originaria de San Pedro y dedicada a las labores del hogar, comparte para Avispa Mídia que poco después de la elección de su esposo como presidente, el 15 de abril del 2022, mientras en la comunidad celebraban el “Viernes Santo” – día clave en la celebración cristiana de la Semana Santa -, sobre la calle Constancia, dos personas intentaron robar una vivienda. Pobladores lograron detener a uno y lo llevaron a la presidencia, pero debido a los ánimos del momento, lo sacaron para después lincharlo entre aproximadamente 400 personas. Fue la primera vez que en la comunidad recurrieron a ese tipo de solución para un conflicto.

Rosales no se encontraba en la localidad hasta que recibió una llamada por parte de su secretaria, quien le informó sobre la detención de un presunto ladrón. De camino a San Pedro, Rosales se comunicó con el director de seguridad del municipio para solicitar apoyo. En la comunidad la gente estaba alterada al punto de sustraer al acusado y desconocer a Saúl como presidente para luego retenerlo en la presidencia. Horas más tarde lo liberaron y se entera del linchamiento.

Tres meses después de los hechos, Saúl fue detenido bajo el cargo de homicidio calificado y preso en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, pues le impidieron llevar su proceso penal en libertad el cual duró 1 año y 8 meses.

El 25 de marzo del 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sentenció a Saúl a 20 años de prisión luego de un juicio lleno de irregularidades: tomaron testimonio de dos policías y un comandante de la policía municipal que afirmaron la presencia de un grupo conformado por al menos 400 personas y la nula actuación de las autoridades ante el temor de ser agredidas. También omitieron tres testimonios más donde afirmaron que Saúl trató de calmar a la multitud y entregar a la persona detenida, pero esto fue imposible debido al coraje e intensidad de la gente.

Posterior al dictamen del Tribunal de Enjuiciamiento, el 8 de julio de 2024, Rosales apeló la sentencia condenatoria. No obstante, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó el veredicto sin advertir violaciones procesales ni de derechos humanos en el caso.

Una de las últimas acciones legales que tomó Rosales fue que, ante la falta de opciones para su defensa, el 23 de diciembre de 2024, presentó una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, a la cual se le dio el número de amparo directo 5/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

Falta de perspectiva intercultural

Las juezas que dictaminaron la sentencia de Rosales se basaron en la idea estereotipada de que el ‘acto de linchar’ forma parte de los usos y costumbres del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan. En suma, y pese a no contar con pruebas suficientes, de acuerdo a la defensa jurídica de Rosales, las juezas afirmaron que el defensor ambiental no actuó de manera diligente para evitar el homicidio de la persona y que, por el contrario, este auxilió al grupo de personas reunidas al exterior de la presidencia de la comunidad.

Familiares de Rosales aseguran que las autoridades judiciales no realizaron una investigación efectiva para recabar pruebas que les hicieran saber cuáles son los usos y costumbres de San Pedro Tlalcuapan y sus formas de resolución de conflictos, por lo que se confirma que hubo una ausencia de perspectiva intercultural en el caso.

Alicia ha observado que las instancias encargadas de impartir justicia en Tlaxcala, “no cuentan con personas preparadas o con el conocimiento sobre la perspectiva intercultural” y, además, afirma que la negativa de incluir esta perspectiva en el proceso de Rosales, responde a la conveniencia de las autoridades, pues de “aplicarla él saldría libre”.

A lo largo de los tres años que la comunidad lleva buscando justicia para Saúl, ha aprendido que hay una situación permanente de falta de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, discriminación y persecución sobre todo para quienes defienden sus territorios, comparte la esposa del defensor territorial.

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Un pretexto para frenar la defensa territorial

Rosales ha sido uno de los líderes en la defensa de La Malinche, una zona reconocida como Área Natural Protegida desde 1938, que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con su programa de manejo. En 2019, los guardabosques comunitarios solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para mitigar la plaga del escarabajo descortezador, pero no hubo atención al caso y San Pedro Tlalcuapan perdió aproximadamente el 80% de su bosque.

De acuerdo con el CSRMT, hubo empresas contratadas por el gobierno estatal para aprovechar la plaga y talar árboles con fines comerciales. Dicha situación generó un ambiente tenso entre autoridades y guardabosques.

Culpar a Rosales de homicidio en un linchamiento cometido colectivamente, fue tan sólo un pretexto para llevarlo a prisión por su labor como defensor territorial y de su comunidad, afirma Alicia.

Además de Rosales, el tiaxca (servidor comunitario) y defensor territorial Raymundo Cahuantzi también fue detenido. En marzo del 2024 Cahuantzi fue puesto en libertad después de permanecer en prisión un año y 7 meses junto a Saúl.

Sobre la repercusión que la detención de Saúl generó en el pueblo, Alicia considera que “afectó a la comunidad ya que el era nuestro representante, y pareciera que fue un escarmiento a los pueblos y/o colectivos por levantar la voz y defender el territorio”.

Solidaridad con Rosales

La lucha por la justicia y libertad para Saúl Rosales ha sido acompañada por la solidaridad de varios colectivos y organizaciones. Alicia reconoce que “son diversos colectivos y organizaciones a nivel local, nacional e internacional” quienes los han apoyado, entre estos: “el Centro Fray Julián Garcés, el Centro Prodh, la red TDT, La RAE, Geo-grafías comunitarias, Territorios de Paz de Colombia, entre otros, así como diversas comunidades de Tlaxcala y de toda la república”.

Frente al temor de que la resolución para Saúl se retrase más tiempo debido a que con las elecciones judiciales, del pasado 1 de junio, la conformación del Tribunal Colegiado cambiará en el mes de septiembre de este año, familiares e integrantes del CSRMT realizaron la mañana del pasado martes (5) una manifestación pacífica a las afueras de Ciudad Judicial en Tlaxcala, para exigir una inmediata resolución.

Al calor de la manifestación, Marisol Flores García directora del “Centro ‘Fray Julián Garcés’ Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.” emitió un oficio dirigido a los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, documento en el que expone las irregularidades en el caso de Rosales y exhorta a los magistrados a emitir un resolutivo con base en la aplicación de “los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”.

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan, grupos solidarios y familiares de Saúl continuarán organizándose para la planeación de diversas acciones en busca de justicia. Alicia invita a la sociedad en general a sumarse a la exigencia de libertad para Rosales y a no callar ante las injusticias.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

El defensor de los derechos humanos de la comunidad migrante en Chiapas, Luis García Villagrán, fue detenido el martes (5) y trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, un día antes de la salida del éxodo de personas con necesidades de protección internacional. A las 7h de este miércoles (6) se confirmó la salida de la nueva caravana desde Tapachula hacia el centro del país. 

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Según las primeras versiones, este martes (5) Villagrán asistió a una asamblea para ultimar detalles del inicio del “Éxodo de la justicia”, desde el parque Bicentenario, en Tapachula. El grupo busca acceder a los trámites para el refugio y visas humanitarias en México.

Posteriormente, nadie tuvo contacto con él hasta que se comunicó con su familia para confirmar la detención por presunto tráfico de personas. “Esto fue repentino”, señalaron familiares en entrevista con Avispa Mídia.

Las autoridades continúan sin informar sobre los fundamentos legales del arresto de García Villagrán, pese al despliegue de un operativo militar que permaneció vigilante en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal, por la posibilidad de protestas por parte de la comunidad en movilidad humana.

La familia solo recibió un boletín informativo del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), donde se lee que el defensor fue detenido cerca del parque Bicentenario. 

“Pero no hemos tenido más información. Solo sabemos que es obra del gobierno traidor; el gobierno sigue fabricando delitos y se está ensañando con él”, dijeron los familiares y recordaron que no es la primera vez que García Villagrán es acusado de delitos que no cometió.

Sigue la transmisión de los Medios Libres desde el Encuentro de Resistencias y Rebeldías, algunas partes del todo, desde el Caracol Morelia, Chiapas.

Mesa 1: https://www.facebook.com/share/v/1At6inKu6B/

Mesa 2 Youtube: https://youtube.com/live/fNhLTODGi1o?feature=share
Mesa 2 FB: https://www.facebook.com/noticiasdeabajo/videos/1106975918028015/
Audio mp3 a través de espora: https://stream.espora.org/resistencia

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Las tasas de desnutrición están aumentando en Gaza. Foto: Mohammed Nateel}

Durante la última semana de julio de este año 15 países occidentales llamaron a reconocer un Estado de Palestina, situación que desató una discusión entre ministros a través de plataformas virtuales, mientras la población gazatí es amenazada mortalmente por el hambre.

Actualmente el Estado de Palestina tiene un estatus de “Estado Observador” no miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior significa que puede participar en la mayoría de los procedimientos de la ONU, pero no puede votar en la Asamblea General ni presentarse a órganos de esta asociación. 

Al finalizar una conferencia ministerial para la solución de dos estados (palestino e israelí), realizada el pasado 28 de julio en la ONU con sede New York, cancilleres de 15 países firmaron un comunicado titulado “Llamado de New York”, en el que expresan su voluntad de reconocer el Estado de Palestina e invitan al resto de países a sumarse. 

Cuatro días antes, Emmanuel Macron, presidente en Francia, compartió a través de redes sociales su intención por reconocer oficialmente al Estado palestino en la próxima Asamblea Generalde la ONU, a realizarse en septiembre de este año.

Fuente: Avispa Midia
Por Isabel Ortega

_{En portada: Una trabajadora de Google laborando al interior de un centro de datos ubicado en EEUU. Cada vez más, esta infraestructura está siendo construida en otros países latinoamericanos.}

A través del informe Acciones para la justicia ambiental desde infraestructuras tecnológicas autónomas y comunitarias, organizaciones y colectivas que trabajan para construir alternativas dentro del internet denunciaron los impactos ambientales y sociales del actuar de las corporaciones tecnológicas y sus infraestructuras.

El pasado 17 de julio, se presentó este trabajo, resultado de una investigación participativa llevada a cabo por Sursiendoy Mayfirst Movement Technology, dos organizaciones que trabajan por los derechos digitales colectivos a través del acompañamiento y la provisión de servicios digitales a organizaciones y defensores del territorio y de derechos humanos.

Bajo la premisa de que “no hay centros de datos sin tierra ni agua”, el informe describe cómo las infraestructuras tecnológicas, como los centros de datos, impactan los territorios y las comunidades locales a través de la extracción de recursos y la degradación ambiental.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.

En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.

De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia. 

“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia

Ejidatarios de los municipios de Jiménez de Teúl y Sombrerete en el estado de Zacatecas denunciaron a  autoridades federales, estatales y municipales por realizar una reunión a sus espaldas, donde trataron el tema de la presaMilpillas,que pretende desviar 47 millones de metros cúbicos de agua anuales para abastecer la zona urbana industrial del Estado.

Presa Milpilllas es uno de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico, que pretende entrar en acción bajo una inversión greenfield, es decir, una forma de inversión foránea directa en el país, que se refiere a la creación o instalación de un proyecto desde cero, que no depende de infraestructura existente. Tiene una inversión estimada en $9,117,230,000 (MXN), según la plataforma oficial “Proyectos México”, que vincula proyectos de infraestructura y energía con inversionistas nacionales y extranjeros.

El motivo oficial para construir la presa es llevar agua, durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para un mayor consumo de agua en beneficio de 514 mil habitantes, así como disminuir la sobreexplotación de acuíferos por parte del sector público-urbano. La situación actual del proyecto se encuentra en la  etapa de “pre-inversión” y en sub-etapa de “preparación”. Los inicios de operatividad están previstos para el 2028. 

Aunque presa Milpillas es un proyecto anunciado desde 2015 por el ex gobernador priista en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue hasta abril de este año que el tema volvió a cobrar vida. En abril de este año (2025), por acuerdo del gobernador actual, David Monreal, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presa está incluida en el Plan México.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Renata Bessi}

Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad. 

La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.

Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.