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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

CIPOG-EZ: Estamos siendo embestidos por el grupo paramilitar Los Ardillos

Al EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES.

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA SOLIDARIAS

A TODOS LOS PUEBLOS DE MEXICO Y EL MUNDO.

PRESENTE.

Hacemos de su conocimiento que hoy 26 de junio estamos siendo embestidos por el grupo narco paramilitar “LOS ARDILLOS”, están atacando en estos momentos a la comunidad de Tula, los disparos con arma de fuego, artefactos explosivos en por vía aérea, llevan cerca de 30 minutos, sin cese al fuego.

Hermanos, hermanas les pedimos que difundan esta información, el Consejo indígena y Popular de guerrero Emiliano Zapata y las policías comunitarias, estamos resistiendo, mas sin embargo esta situación lleva más de una semana NO CONTAMOS CON EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, NI MUNICIPAL, solo son simples espectadores de lo que ocurre en Las Comunidades de la Montaña Baja, haciéndonos blanco de crímenes de Lesa Humanidad.

Nos es inconcebible que el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, haya visitado el estado de Guerrero, haciendo creer que su mandato va viento en popa, sea oídos sordos, palabras mudas para lo que está ocurriendo en las comunidades más pobres del país.
Es por ello que solicitamos la intervención de todos los colectivos de luchas sociales, que esta información llegue a los más altos estándares internacionales, ya que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos es incompetente para dar el seguimiento a todos los crímenes perpetrados a los pobladores y llevar acabo la orden de aprensión emitida en el año 2018 en contra los hermanos Celso Ortega Líderes del grupo delincuencial “LOS ARDILLOS” y es incapaz de hacer valer un estado de derecho.

¡NO CLAUDICAMOS, NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS!

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

Comunicado de la comunidad de Tula Guerrero, municipio Chilapa de Álvarez, Estado de Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACION LIBRES.

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA SOLIDARIAS

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

AL PUEBLO DE MEXICO.

PRESENTE.

 

Antes que nada queremos AGRADECERLES a tod@s por el apoyo brindado, el acompañamiento y la difusión, en estos momentos inciertos que sufrimos los pobladores las comunidades pertenecientes al  de Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y policías comunitarios de las CRAF-PC-PF, derivado del apoyo solidario recibido el día de ayer veintitrés de junio, ceso la incursión que tenían planeada realizar los sicarios de los Ardillos, liderados por los Hermanos Celso Ortega, a Torres intelectuales de todos nuestros más de cincuenta muertos, desapariciones forzadas ,  desplazamientos , ataques y demas delitos contra nuestras comunidades  .

 

Hacemos de su conocimiento que los ataque por el grupo delincuencial con tácticas paramilitares “LOS ARDILLOS”, siguen atacando las comunidades, con armas de fuego, así como con drones y artefactos explosivos los cuales cada vez tiene mayor rango de alcalde , generando un radio de destrucción mayor, creando paico colectivo, a todas horas y en especial por la noche, por tal motivo acudimos al destacamento del ejército mexicano que se encuentra en la Base de Operaciones Mixtas BOM, para que constatara los que hemos estado denunciando, mas sin embargo no hacen nada, son simples espectadores, recogiendo el material remanente de dichos artefactos.

 

El día de hoy estos elemento del ejército mexicano, tenían la consigna de recorrer la  ZONA que resguardamos, organizados en policías comunitarios, que hemos sabido defender, a lo cual les respondimos que el conflicto viene del cerro donde están atrincherados LOS ARDILLOS, que es ese lugar el que deben recorrer ya que ellos son los generadores de esta ofensiva.

 

Nuevamente las autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y  pobladores de las comunidades perteneciente al CIPOG-EZ les  SOLICITAMOS SE ENCUENTREN ALERTA, no sabemos en qué momento  LOS ARDILLOS  realizaran ataque ofensivo en nuestra contra, siguen los ataques cada vez con mayor intensidad y al gobierno de la cuatro “t” no le interesa la inseguridad en que vivimos los pueblos originarios, siendo esto lo responsables de todos nuestros muertos, de la región de la montaña baja, el corredor de valle de la Salud, Tixtla, Chilpancingo y demás zonas que intentan controlar.

 

Mientras tanto seguimos resistiendo, ya que EL GOBIERNO DE GUERRERO ES INCOMPETENTE, enviando a personas que solo vienen hacer acto de presencia porque su cargo así lo requiere, pero en realidad no les importa lo que nos ocurra, mientras ellos sigan cobrando por tomarse la foto y hacer como que trabajan, es por eso que le decimos a la MAL LLAMADA GOBERNADORA DE GUERRERO EVELYN SALGADO PINEDA, que no vuelva a enviar A SU COMPINCHE FRANCISCO CISNEROS RODRIGUEZ, quien manipulo la información, si quiere diálogo preséntese en la comunidad e invite a gobierno Federal y Municipal  si tienen miedo nosotros la cuidamos como lo hacemos día a día por nuestras familias. 

 

Lo anterior  a  casi una semana de los ataques con armas de grueso calibre, drones, artefactos explosivos, donde no recibimos respuesta contundente, solo nos envían espectadores, solicitamos de manera urgente al Estado Mexicano para que adopte todas las medidas que sean necesarias con el fin de prevenir  un daño irreparable.

 

Así mismo externamos nuestra preocupación ante la falta de medidas que garanticen la vida e integridad personal, por parte del Estado Fallido y todas sus instituciones, la asamblea de nuestras comunidades  ha tomado la decisión  de bloquear de manera indefinida la carretera a la cabecera municipal de Chilapa y José Joaquín de Herrera, no se permitirá la circulación a ningún tipo de vehículo, hasta que se presenten el representante del poder ejecutivo en el estado, de la fiscalía de justicia y de la secretaria de gobernación .

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Abejas de Acteal: Hermanos Jesuitas Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de junio de 2022
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:
Seguimos luchando en este mes de junio, que marca la mitad del año en que cumpliremos 30 años de caminar como organización independiente y 25 de exigir justicia para la terrible Masacre que se cometió aquí. Estamos reunidos a unos cuantos días de honrar como cada año a nuestro Padre San Pedro, que vio con dolor cómo los tres niveles de gobierno se coordinaron en 1997 para crear, entrenar y dirigir en su pueblo de Chenalhó a los grupos paramilitares que luego llegaron a matar a nuestros 45 hermanos y hermanas inocentes y pacifistas, más nuestros 4 hermanitos bebés que aún no habían nacido, un día 22 como hoy, con el fin de crear terror entre los hermanos zapatistas que se habían alzado en armas contra el gobierno tres años antes.

Foto por: Área de Comunicación de Las Abejas

Hoy le decimos al mismo mal gobierno que planeó, financió, coordinó, felicitó, defendió, protegió, y sigue encubriendo y premiando a los autores materiales de la Masacre, que no vamos a parar hasta que se reconozca la verdad y sean castigados todos los responsables, todos los que tuvieron la posibilidad de parar este crimen de lesa humanidad y no lo hicieron, todos los que pudieron haber ayudado a hacer verdadera justicia para los mártires y sobrevivientes de esta Masacre y no lo hicieron, pues han preferido seguir con la política de división y debilitamiento de nuestra organización y de las comunidades que fueron violentadas por este crimen de estado. Por eso, todos los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal seguimos esperando el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sabemos que es la única manera de que la impunidad no triunfe en Chenalhó y que se reduzca la probabilidad de que los grupos de corte paramilitar sigan actuando con la complicidad de las autoridades, para que no se vuelva a repetir una masacre parecida en Chiapas.

Nos anima saber que existen muchos hermanos que están dispuestos a luchar por esta justicia, aunque tarde mucho en llegar. Tal como lo dijo el papá de uno de los 8 hermanos masacrados en Nochixtlán, Oaxaca, hace 6 años por la Policía Federal en el desalojo forzado que había solicitado el entonces gobernador Gabino Cué, que dispararon contra maestros y padres de familia que protestaban sin armas contra la reforma educativa de Peña Nieto: familiares y víctimas no buscan dinero, sino la verdad y justicia, saber quiénes dieron las órdenes que terminaron con las ocho muertes, incluida la de su hijo, y que se les castigue con todo el peso de la ley, pues hasta ahora solamente han sido aprehendidos tres mandos policiacos.

De la misma forma, seguiremos presionando, junto con todas las mujeres y hombres de buena voluntad que tienen corazón de apoyarnos, para exigir que se haga verdadera justicia por el asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro Pérez López. Este 30 de junio se reanudará en Cintalapa la Segunda Audiencia para la presentación de pruebas que demuestran la culpabilidad de su asesino material, que ya está detenido, y seguiremos pidiendo que se juzgue y castigue también a los que le dieron la orden de asesinarlo. Algunos días después, acompañaremos a su familia y a su comunidad en Ejido Israelita del municipio de Simojovel, para conmemorar el Primer Aniversario de la entrega de su vida, que le fue arrebatada un 5 de julio por buscar caminos de paz en la realidad de violencia generalizada que vivimos en nuestro país; situación que viene haciéndose cada vez más grave en Chiapas por la actuación impune de grupos armados vinculados al crimen organizado y a las mafias en el gobierno que los protegen y utilizan.

Ante esto, es por la misma responsabilidad que aprendemos en la Palabra de Dios y con el ejemplo de nuestros mártires, que no podemos callar ni ser indiferentes al sufrimiento, y tal como lo hizo nuestro hermano Simón Pedro, necesitamos solidarizarnos con las víctimas y luchar activamente para construir la paz. Es el mismo espíritu que movió al Padre Marcelo a convocar la Marcha-Peregrinación por la Paz el pasado jueves de Copus Cristi, donde muchos creyentes en San Cristóbal de las Casas pidieron por las víctimas de la violencia de los graves hechos ocurridos en el Mercado de la Zona Norte el pasado 14 de junio, en un enfrentamiento donde a plena luz del día se dispararon armas de alto poder. La peregrinación se organizó también para orar por los perpetradores de la violencia y quienes han fomentado la formación de grupos armados vinculados al crimen organizado en San Cristóbal, es decir para “pedir que acabe la violencia estructural, recuperar la conciencia de que todos somos seres humanos. Todos pedimos por la paz, todos somos humanos y si no hay paz, los que toman las armas tampoco van a estar en paz”.

Y es el mismo espíritu que movió a nuestros hermanos Jesuitas Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar, a defender a un hermano que se refugió antier en su parroquia de San Francisco Javier de Cerocahui en la Sierra Taraumara, cuando era perseguido por sicarios que terminaron asesinándolo a él y a los dos padres, robando además sus cuerpos. Nos llena de dolor e indignación esta situación de agravamiento de la violencia en nuestro país, que está cobrando cada vez más vidas inocentes. Nuestro corazón se entristece pero también se contagia con el ejemplo de estos padres que dieron toda una vida de servicio a los hermanos rarámuri, luchando por construir espacios organizados de lucha por la vida y la justicia, denunciando valientemente la terrible violencia que tienen décadas sufriendo nuestros hermanos en Chihuahua. Le pedimos a nuestro Dios Padre-Madre que los reciba y que su sacrificio sea ofrenda que ayude a traer paz, fortaleciéndonos para seguir luchando por ella, iluminando nuestro camino que parece a veces tan oscuro por el dolor y la impunidad.Asimismo, pedimos por nuestros pastores y servidores de la Diócesis de San Cristóbal que han sido amenazados por el crimen organizado, para que sean librados de todo mal y sigan luchando con valentía del lado de los oprimidos para transformar todo lo que trae muerte y destrucción al pueblo.

Así también le pedimos a Dios que siga fortaleciendo a los hermanos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, que enfrentan ataques permanentes del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” con la protección de los tres niveles de gobierno.

Por último, queremos decirles a nuestros hermanos de Pueblo Creyente en San Juan Cancuc que los que conformamos la Organización Sociedad Civil Las Abejas Acteal entendemos bien la terrible injusticia que están enfrentando desde el pasado 6 de junio que les encarcelaron injustamente a los 5 compañeros: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, cuyo único pecado ha sido defender la vida y el territorio de 45 comunidades indígenas tseltales que se han declarado en contra de la autopista que han querido construir de San Cristóbal a Palenque. También fueron 5 nuestros compañeros que en 1992 habían sido inculpados con puras mentiras en un asesinato donde habían acudido a socorrer a la víctima, todo por ser molestos para el gobierno que los quería presos para que dejaran de hablar claro sobre las injusticias que se cometían en nuestras comunidades y les tenían mucho coraje por no venderse con los partidos políticos. La movilización de los servidores y creyentes de las Parroquias de Chenalhó y pueblos vecinos, junto con el apoyo de la Diócesis de San Cristóbal con plantones, peregrinaciones, oraciones y ayunos, logró sacar a los inocentes de la cárcel y dio como resultado la fundación de nuestra organización. Cuenten con nosotros para seguir el mismo camino para combatir la vergonzosa maquinaria de injusticia que sigue siendo el poder judicial en Chiapas, fabricando delitos y comprando jueces para paralizar a los defensores de los pueblos que resultan incómodos para los poderosos.

Hermanas y hermanos, les pedimos que sigan caminando con nosotros estos caminos de denuncia y anuncio, de dignidad y esperanza en la necia lucha por la justicia en la verdad.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:

Manuel Pèrez Jiménez                                Antonio Ramírez Pérez
Presidente                                                                      Secretario

Victor Manuel López Gòmez                                   Mariano Sanchez Diaz
Tesorero                                                                    Sub Secretario

Foto por: Área de Comunicación de las Abejas
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Comité 68 ProLibertades Democráticas

Comité 68: Reprobamos cualquier acto que pretenda convertir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en héroes

Ciudad de México, a 22 de junio de 2022.

Hoy, 22 de junio del presente año, se inauguró en el Campo Militar número 1, el plan de trabajo y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.”

En esta ceremonia protocolaria, se justificaron los actos de represión de los gobiernos de 1965 a 1990, argumentando de que fueron “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el restablecimiento del estado de derecho”, y se anunció que “el Presidente de la república autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas”.

Lo cierto es que el ejército siempre actuó reprimiendo a los movimientos sociales y organizaciones que luchaban por la justicia y por las libertades democráticas, su actuación nada tuvo que ver con grarantizar la seguridad nacional o restablecer el orden constitucional, porque como es sabido, atacó a multitudes desarmadas, como el 2 de octubre en Tlatelolco cometiendo un genocidio, el 10 de junio entrenando a los cuerpos paramilitares que atacaron a los estudiantes desarmados, o el período de la guerra sucia en que desapareció a cientos de activistas opositores al gobierno; así como las masacres en Acteal, Chiapas, en Agusa Blancas, Guerrero, en el Bosque, Chiapas, en el Charco, Guerrero, la masacre de la Unión Cívica Leonesa en León, Guanajuato, la masacre de los campesinos copreros en Acapulco, Guerrero, la masacre a la Familia Jaramillo en Tlaquiltenango, Morelos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y muchos crímenes más.

Ahora, se aduce que los soldados actuaron por ordenes superiores y esgrimen como justificación la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para ejecutar ordenes criminales  que atentan contra los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y que ordena respetar la vida, la dignidad humana, la soberanía del pueblo y las garantías de libertad de expresión, de reunión y libre manifestación de las ideas. Pero la Ley de las Fuerzas Armadasm no está por encima de la Constitución; además, atentan contra las normas del derecho universal o internacional, que no reconocen las leyes de obediencia debida en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ningún militar está obligado a cumplir órdens que violenten los derechos humanos y sus garantías que se establecen en nuestra ley fundamental. Por lo que, ningún militar puede ser declarado héroe por asesinar a su pueblo.

Lo acontecido, hoy, en el Campo Militar Número 1, es una deshonra cometida en contra de las vpictimas del Estado Mexicano durante el período que pretende investigar la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclrecimiento Histŕocio y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.” Y desde luego, pone en duda la actuación y el alcance de lostrabajos de dicha Comisión.

Condenamos enŕegicamente la intención de implementar la “teoría de los dos demonios” porque nunca hubo confrontaciones entre dos fuerzas, sino actos de represión del Estado en contra de los movimientos y organizaciones sociales que luchaban por un país más justo.

Ante este hecho, mantenemos nuestra exigencia de justicia a secas, justicia plena, y reprobamos cualquier acto que pretenda convertir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en héroes, pues con ello se atenta contra el derecho a la verdad y la justicia.

Que quede claro, no puede haber reconciliación social, verdad y memoria, sin justicia.

 

¡Por la Verdad y la Justicia contra la Impunidad!

Comité 68 ProLibertades Democráticas

 

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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

CIPOG-EZ emite alerta máxima ante movilización masiva de sicarios

COMUNICADO 23-06-2022

ASUNTO: ALERTA DE ATAQUE

COMUNIDAD DE ALCOZACAN, MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ, ESTADO DE GUERRERO.

Al EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES.

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

AL PUEBLO DE MEXICO.

PRESENTE.

Derivado de los recientes acontecimientos suscitados en las comunidades que integran  El Consejo Indígena Popular y de Gobierno Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y  pobladores de las comunidades les  SOLICITAMOS SE ENCUENTREN ALERTA y se preste especial atención en próximas horas a los actos realizados por el grupo narco paramilitar conocido como Los ARDILLOS, en contra de las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ, miembros de los pueblos na savi, me pháá, ñamnkue, nahua, Afromexicanos y mestizo de Guerrero, pertenecientes a los pueblos nahuas, tlapanecos y mixtecos.

Lo anterior a raíz de los ataques perpetrados  a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, después de que la policía comunitaria de las comunidades recupero el territorio robado por el grupo delincuencial, y ahora se encuentran resistiendo la ofensiva por retomar el control de los campamentos, trincheras y fortificaciones que fueron tomadas del grupo criminal de “los Ardillos”.

Durante casi una semana nos han atacado con armas de grueso calibre, drones, artefactos explosivos, y EN ESTE MOMENTO AMENAZANDO CON LANZAR UNA OFENSIVA CON EL GRUESO DE SUS SICARIOS

Por tal motivo denunciamos una inminente agresión por parte de dicho grupo delictivo y exigimos de las autoridades actúen de acuerdo a su nivel de responsabilidad,  a la respuesta del grupo narco paramilitar LOS ARDILLOS y se dé especial atención a esta denuncia formulada con antelación  y solicitamos de manera urgente al Estado Mexicano para que adopte todas las medidas que sean necesarias con el fin de prevenir  un daño irreparable, a pesar de la comunicación que se ha sostenido con diversas  autoridades de los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal,  han sido omisos en dar una respuesta satisfactoria.

Así mismo externamos nuestra preocupación ante la falta de medidas que garanticen la vida e integridad personal, por parte del Estado Fallido y todas sus instituciones.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ

Comunicado del CIPOG-EZ luego de 3 días de ataques narcoparamilitares

A 4 AÑOS DE GOBIERNO DE LA 4T., AMLO NUEVAMENTE VISITA GUERRERO DONDE LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA SE MANTIENE Y CRECE MIENTRAS LA GOBERNADORA EVELYN SALGADO SIMULA LOGROS EN SU GOBIERNO.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A todos los medios de comunicación.

A los pueblos y al movimiento social de Guerrero.

junio de 2022.

“No nos confunda señor, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de “Bienestar”, motivo por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco-paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Sí, así es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque  hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos”. Son las palabras que el pasado 16 de julio de 2021 le hicimos llegar a usted Andrés Manuel López Obrador, cuando vino al  municipio de Chilapa en el estado de Guerrero. Tras esas palabras -donde también le dijimos que no estábamos de acuerdo con las migajas que venía a dar-, la violencia sigue en nuestro estado, la violencia sigue acechando a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero: asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y más delitos de lesa humanidad. Aunado a ello, la pobreza continúa, la educación, salud, trabajo, son sólo palabras que utilizan ustedes para ganar votantes, porque la realidad de las comunidades es que no existen las condiciones para que se desarrollen esos aspectos en nuestras comunidades y en muchas otras del estado de Guerrero, donde los grupos delincuenciales controlan y operan con total impunidad. Hace más de 6 años en Chilapa y Tlapa, sin ser presidente aún, usted dijo que para acabar con la violencia se tenía que acabar con la pobreza, para que los jóvenes no se fueran a las filas de las bandas criminales. Nosotras y nosotros notamos que hay una mentira y un error en sus palabras. La mentira es que ni se ha buscado acabar con la pobreza en el Estado, por lo que no terminará la violencia (según su lógica), pues los programas asistencialistas no erradican la pobreza, sólo crean una ilusión para el pueblo pero en la realidad ayudan a mantener en el poder al “cártel en el poder”. El error, es creer que teniendo trabajo la gente no se meterá a las filas de los grupos delincuenciales, ya que es la gente con poder, dinero, influencia, la que controla a los grupos delincuenciales, para ejemplo está el señor Bernardo Ortega Jiménez, líder del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” y diputado por el PRD en el estado de Guerrero. Entonces el trabajo no quita lo mañoso o mejor dicho en el caso de Bernardo Ortega, lo asesino. Y no se espante con eso del cártel en el poder; esas palabras las utilizó usted Andrés Manuel aquí en el municipio de Chilapa y Tlapa en 2015, donde dijo que“para resolver el problema de las bandas delincuenciales establecidas en México, primero se tiene que terminar con la banda más peligrosa, la que más roba, la que más daña al país que es “El Cártel de Los Pinos”, que encabeza Enrique Peña Nieto y después todos los demás, limpiar de arriba hacia abajo, porque si no, es juego de niños, atole con el dedo.” Hoy en día vemos que sí es atole con el dedo. Ya sacó al “Cártel de los Pinos”, pero se construye uno nuevo, ahora encabezado por la 4T, con nombres distintos, o iguales, pero operan exactamente de la misma manera: discursos donde el pueblo es el centro de atención, pero en la realidad le entregan el país al capital nacional y extranjero, así como a los grupos de la delincuencia organizada. Como dijera el maestro Galeano “toman el violín con la mano izquierda, pero lo tocan con la derecha”. Queremos ser insistentes: “No nos trate de engañar, que nuestros dolores y demandas no están para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y más, Jóvenes escribiendo el futuro, Crédito ganadero a la palabra, Jóvenes construyendo el futuro y otros tantos más. Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla”. Son las mismas palabras del año pasado, cuando usted vino a nuestro estado y pasa que nosotros y nosotras no olvidamos, porque no se puede estar pasando de una agenda a otra, así como ustedes los políticos profesionales acostumbran, valiéndose de las coyunturas se acomodan para seguir acumulando poder. Nosotras y nosotros, mantenemos nuestras demandas bien claras, nuestra lucha por la vida no se presta a negociación, no se cambia por una foto o un cargo público, por dinero ni por despensa ni mucho menos se inscribe en los calendarios del poder, de los tiempos electorales. Vamos siendo más claros para que no se presten a interpretaciones y cambie nuestras palabras por otras que no corresponden. 

  • El gobierno del estado de Guerrero, hoy encabezado por Evelyn Salgado, del nuevo cártel de la 4T, se ha dedicado a simular diálogo con nosotras y nosotros. Enviando gente sin capacidad resolutiva, convocando a reuniones y reuniones en las que no nos escuchan, pero sacan minutas como si realmente hubiera diálogo y claro, no puede faltar, la foto y el twitazo de que ya se reunieron con nosotros y nosotras. Puras mentiras. 
  • El grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, sigue operando con total impunidad. El señor Bernardo Ortega sigue como diputado del PRD y como líder de “Los Ardillos”, aprovechando su influencia para controlar a la fiscalía y a presidentes municipales de distintos municipios, así como a las policías municipales del Municipio de  Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de José Joaquín de Herrera; se sabe de sobra que están coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar “Los Ardillos”. Por ejemplo, el 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hernández Sánchez de la comunidad de Zacapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueron detenidos por la policía municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, hasta la fecha no sabemos nada de ellos, pero sí que la policía de Atlixtac fue la que los detuvo y desapareció. 
  • La Guardia Nacional, la Sedena, la policía estatal y demás corporaciones, no han intervenido cuando “Los Ardillos” dispara contra nuestras comunidades, lo más reciente fueron los 3 días de disparos y drones con explosivos lanzados contra nuestras comunidades. En los 3 días, no se pararon en Tula y Xicotlán, comunidades atacadas por más de 300 personas pertenecientes a “Los Ardillos”. Agregamos que el cuarto día después de iniciadas las agresiones en nuestra contra, personal de los 3 niveles de gobierno se presentaron en la comunidad de Colotepec, controlada por “Los Ardillos”, para ver qué estaba pasando. Es decir, fueron a visitar y dialogar con los agresores, con los victimarios mientras que para nosotros y nosotras sólo hay desprecio. 
  • La pobreza es una constante histórica en nuestras comunidades, mientras que los presidentes municipales se apropian de los recursos destinados a las comunidades. 
  • El gobierno del estado ha cerrado todo diálogo con nuestras comunidades mientras que nuestras vidas peligran. 

Por lo tanto:

  • Responsabilizamos a su gobierno, señor Andrés Manuel López Obrador, así como al de Evelyn Salgado y los municipios, por la sangre que ha corrido y correrá si mantienen su indiferencia hacia nuestras comunidades.
  • Les exigimos que la palabra sea prioritaria y que se sienten a escuchar nuestras necesidades, con la presencia de autoridades que no simulen escuchar. 
  • Exigimos la detención de Bernardo Ortega, así como la desarticulación del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”.
  • Exigimos que las corporaciones que se supone deberían brindar seguridad a la población, hagan su trabajo, para evitar más muertes, para evitar más sangre. 

Reiteramos: “Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla”. Nuestra lucha es por la vida. No nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos. 

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ATENTAMENTE

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ

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Avispa Midia

Continúan ataques armados contra zapotecas mientras minería avanza

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.

Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.

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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.

El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.

Habitantes de El Rebollero rescatan lo que pueden de la milpa destruida por los paramilitares

Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.

“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.

Minería, detrás de los ataques

Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.

“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.

Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.

Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.

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Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.

Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.

Reconstrucción interrumpida

“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.

Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.

Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.

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Avispa Midia

Arrecia represión contra autoridades Q’eqchi’ que resisten a minería en El Estor

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Cristóbal Pop y Roque Sut Cucul detenidos por la PNC de Guatemala. Foto: Juan Rosales / Prensa Comunitaria

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

Detención de Cristobal Pop. Foto: Simón Antonio / Prensa Comunitaria

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

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Avispa Midia

Dictan sentencia de prisión a coautor del asesinato de Berta Cáceres

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.

El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.

Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.

Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.

A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.

Faltan los autores intelectuales

El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.

Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.

Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

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En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.

La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.

También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.

Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

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Avispa Midia

Defensoría respalda privatización de Ley de Agua en Querétaro

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco

Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.

El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.

Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.

Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.

“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.

“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.

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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.

La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.

Agua como mercancía

El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.

Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).

Las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.

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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.

De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.

Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.

Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.

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