Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Desde la izquierda, Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña en la cumbre de Mercosur en Montevideo el viernes 6 de diciembre del 2024. Foto: Santiago Mazzarovich}

Líderes de la Unión Europea (UE) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) – formado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina – anunciaron en diciembre pasado durante la 65ª Cúpula de Jefes de Estado del Mercosur, en Montevideo, la conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial entre las dos regiones, después de 25 años de negociaciones. 

En 2019, durante el gobierno del brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, hubo un primer cierre de las negociaciones, pero con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula de Silva, en 2023, las negociaciones fueron reabiertas, por solicitud del nuevo gobierno brasileño. 

En líneas generales, el acuerdo concluido mantiene aspectos fundamentales que caracterizaron el texto base de 1999, señala el asesor de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip), Adhemar Minero, que ha acompañado el proceso desde su inicio, hace más de dos décadas. “Los países de América Latina seden sus riquezas minerales y agrícolas y reciben productos manufacturados de los europeos. Entonces la esencia del acuerdo es esta. La estructura es una estructura neocolonial”, sostiene el asesor para Avispa Mídia.

Además de esta lógica desigual que prevaleció en el cierre de las negociaciones, la investigadora del Transnational Institute (TNI), Luciana Ghiotto, apunta que fueron añadidos nuevos elementos para atender urgencias europeas como por ejemplo la política de transición energética impulsada por la Unión Europea, intensificada después de la pandemia. 

En este sentido, el acuerdo garantiza la exportación de varios minerales críticos para la transición de la matriz tecnológica de la Unión Europea como níquel, cobre, aluminio y acero y flexibiliza la aplicación de impuestos a las exportaciones de estos minerales. “Si Brasil adoptara un impuesto a la exportación de estos productos, la tasa aplicable a la UE debería ser inferior a la aplicable a otros destinos, y tampoco debería superar el 25%”, sostiene el texto del acuerdo. Hoy el gobierno puede tributar exportaciones sin restricciones.

Brasil se perfila como uno de los principales productores de minerales críticos, tan es así que, su gobierno “anunció recientemente el lanzamiento del Fondo de Inversión en Minerales Estratégicos, que pretende recaudar más de 200 millones de dólares para promover nuevas empresas de minerales esenciales para la transición energética, la descarbonización y la producción sostenible de alimentos”, destaca el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), llamado Perspectivas de la tecnología energética 2024.

Garantizar el acceso a los minerales críticos es esencial para el dominio del mercado de productos industrializados relacionados a las energías consideradas renovables y la producción de las baterías de iones de litio que se utilizan en los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes y las tabletas, en los vehículos híbridos y eléctricos. Este mercado está siendo disputado principalmente entre Unión Europea, Estados Unidos y China.

De acuerdo con proyecciones de la AIE, para sostener la transición energética, en 2050 la demanda por el litio, por ejemplo, podría aumentar más de un 1500%, así como la demanda por níquel, cobalto y cobre.

La importancia de los minerales para Europa quedó evidente en el énfasis dado al sector en el corto discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante rueda de prensa que anunció el acuerdo. “El acuerdo facilitará la inversión europea en industrias estratégicas en todos los países del Mercosur, como es la minería sostenible, productos forestales sostenibles solo para mencionar algunos”, dijo.

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En un informe, el Parlamento Europeo admite la vulnerabilidad europea por la “elevada dependencia” de materias primas estratégicas procedentes de países con los que la UE no está estratégicamente alineada, lo que representa alrededor de la mitad de estas importaciones. China, por ejemplo, suministra el 100% de los elementos de tierras raras y el 97 % del magnesio. 

Los países europeos remarcan su preocupación en cuanto a la expansión de China. El país “está reforzando su dominio mundial en el ámbito de las tecnologías estratégicas y emergentes, aumentando continuamente su presencia en los mercados internacionales, aumentando continuamente su presencia en América Latina (y África)”, contextualiza el documento.

De manera que, diversificar las importaciones europeas de materias primas estratégicas es “clave para dominar la transición limpia de la economía europea, mitigar los riesgos de la cadena de suministro”, sostiene el informe.

La diversificación de las importaciones de materias primas estratégicas también es uno de los objetivos clave de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, que entró en vigor en mayo de 2024. “Para 2030, no más del 65% del consumo anual de la UE de cada materia prima estratégica en cualquier fase pertinente de su transformación debe proceder de un único país”, dice el informe.

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América Latina, en particular América del Sur, es principalmente rica en litio y cobre. Además, la región cuenta también con las mayores reservas de niobio, grafito natural, fluorita y elementos de tierras raras. 

De acuerdo con un estudio de la Comisión Europea sobre minerales críticos, Brasil es, con más del 90%, el mayor proveedor mundial de niobio, un metal utilizado principalmente para la resistencia, flexibilidad y flexibilidad y ligereza. Además del litio, producido por Argentina, y teniendo Brasil reservas potenciales en el llamado Valle del Litio.

A esto se suma que Brasil también apuntala en la exportación de otros metales. “Brasil es sólo un ejemplo potencial de socio estratégico para la Unión Europea en la cadena de valor del hierro y el acero”, advierte el informe de la AIE. 

La región es considerada por la UE como estrategia. Su diplomacia ha trabajado en América Latina para establecer acuerdos en relación a los minerales estratégicos y el establecido entre el Mercosur y la UE es uno de ellos. 

“Dado que Argentina y Brasil, en particular, son importantes productores de materias primas críticas, el acuerdo contribuirá a garantizar un suministro de eficiente, fiable y seguroy sostenible para la transición ecológica mundial, reduciendo o eliminando impuestos a la exportación y eliminando las restricciones y los monopolios a la exportación”, considera el informe del Parlamento Europeo.

Transición vía mercado

Uno de los pilares de la disputa por la economía mundial, en el marco de la transición energética propuesta por los países del norte, es el sector automovilístico. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías. El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos, como reveló un reportaje de Avispa Mídia.

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Así que Europa trató de garantizar su mercado en los países del Mercosur. El acuerdo prevé la eliminación progresiva de los aranceles en un período de 18 años para los carros eléctricos e híbridos europeos. En el caso de los vehículos a hidrógeno, la eliminación se dará progresivamente en un plazo de 25 años. 

Además, se agrega la mano de obra barata en la región, motivo por el cual Brasil, así como México, se posiciona para establecer nuevas ensambladoras de automoviles europeos, estadounidenses, japonenes y chinos, puntualiza el informe de la AIE.

Más allá del discurso de sostenibilidad

Otro punto que vincula el acuerdo al Green Deal europeo, es decir el plan de descarbonización de las economías europeas, es el capítulo y anexos dedicados de Comercio y Desarrollo Sostenible, que establece criterios de “sostenibilidad”, como la restricción de las importaciones de productos del Mercosur cultivados en tierras deforestadas. 

Los países que son parte del acuerdo también deben seguir el Acuerdo de París, adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “con los países desarrollados asumiendo el liderazgo”, dice el acuerdo.

Además, la Unión Europea apoyará con 1,800 millones de euros la “transición ecológica y digital” en los países del Mercosur, como parte de la Global Gateway.

Durante el proceso de negociación Xiana Mendez, entonces secretaria de Estado de Comercio de España, sostuvo que el objetivo de la Unión Europea es “ayudar otros países a ser tan sostenibles cuanto nosotros”. 

Pero lo que el acuerdo pone sobre la mesa va más allá del discurso ambientalmente responsable y la importación y exportación de productos. Está en juego la posibilidad de integración de cadenas de valor industriales “descarbonizadas”, lo que serviría a los objetivos europeos de ser la primera región del mundo climáticamente neutra hasta 2050. 

Analistas con corte liberal defienden que el acuerdo puede representar una oportunidad estratégica para esta integración.

Por ejemplo, Uruguay y Paraguay poseen matrices eléctricas consideradas prácticamente 100% verdes, mientras Brasil posee 85%, niveles muy superiores a los de la Unión Europa, que es de 39%. Para el profesor de economía y ex vice-presidente del sector privado del CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), Jorge Arbache, “con esta matriz, la región es altamente atractiva para el powershoring, la estrategia empresarial de localización geográfica de la producción asociada a la disponibilidad de energía verde, segura, barata y abundante”, dijo en un artículo publicado en la página web del banco. 

Destaca, por ejemplo, el posible impacto para la “descarbonización” de Europa, al acceder a “acero verde” producido con energía considerada limpia por países del Mercosur. “Con este conjunto único de atributos, el Mercosur puede producir bienes con mucho menos emisiones que Europa y con un time-to-market y estructura de costos sin comparación”, sostiene.

Además, enumera el especialista otros atractivos del Mercosur interesantes a la UE: los países del Mercosur tienen potencial de producción de hidrógeno verde a precios muy competitivos, es líder global en tecnologías, modelos de negocios y producción de biocombustibles, poseen agua dulce en abundancia, y muchos biomas y bosques con potencial para la bioeconomía, tierras fértiles disponibles, mucha biomasa e incomparable potencial para expandir el mercado de carbono.

Para Arbache, el Mercosur se presenta al mundo como una fuente de soluciones para la descarbonización.

Próximos pasos

La firma del acuerdo aún no se da. Los textos deben pasar por una revisión jurídica por parte de los países miembros y deben ser traducidos a los idiomas oficiales de cada país. 

El acuerdo también debe pasar por un proceso interno de aprobación, en el caso de Brasil involucra la aprobación del texto por el Congreso Nacional. 

De acuerdo con Adhemar Minero, diversos países europeos manifestaron restricciones al acuerdo, como es el caso de Francia. “Puede ser que todavía se reabran estas pláticas de negociación, a partir de la oposición de algunos países de la Unión Europea”, evalúa.  

Parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante el anunció del acuerdo, fue direccionado a los sectores económicos europeos que haciendo oposición al acuerdo. “Es una ganancia para Europa. 60 mil empresas están exportando al Mercosur, 30 mil son pequeñas y mediana empresas se benefician de aranceles reducidos, procesos aduaneros mas sencillos, y también acceso preferencial a materias primas fundamentales. Este acuerdo lleva a que las empresas europeas ahorren 4 mil millones de euros, a la vez que expanden nuestros mercados”, argumentó.

El acuerdo es compuesto por 20 capítulos, además de anexos, y trata de temas como Comercio de Bienes, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa, Comercial y Salvaguardias Bilaterales, Facilitación del Comercio, Comercio de Servicios, Compras Gubernamentales, Propiedad Intelectual,  Política de Competencia, Empresas del Estado, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia y Solución de Controversias

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.} 

En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.

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Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT.  Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas. 

A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.

Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.

Persecución

Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.

El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).

Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.

Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”. 

Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.

ASESINATO

La tarde de este martes (21) se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Arnoldo Nicolás Romero, quien fungía como comisariado ejidal de la comunidad de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi. 

Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.

Abusos, ignorados por la CNDH

Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.

La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.

Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.

En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.

A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.

Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.

Mercancías, por encima de derechos humanos

La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.

Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.

Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.

Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025.  Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. 

Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.

Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.

El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.

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A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo. 

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Un reciente informe presentado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos revela el impactante flujo ilegal de armas de fuego, sobre todo, hacia México. Entre 2017 y 2021, la ATF rastreó más de 129 mil armas en más de 70 países; el 74% de ellas fueron internadas a territorio mexicano. 

En el año 2023 la administración del presidente estadounidense Joe Biden llegó a un acuerdo con México para combatir el tráfico de armas de fuego a través de la cooperación bilateral. Tras este compromiso se aprobó la asignación de recursos para la llamada “Operación Southbound”, mediante la cual se implementó el uso del software denominado eTrace, que permite rastrear información relacionada con todo tipo de delitos cometidos en los Estados Unidos con armas de fuego, pero también en diversos países con quienes han implementado este trabajo conjunto. 

A través del sistema eTrace, la ATF ha podido rastrear armas recuperadas en delitos y de la misma forma ha localizado a los compradores. Es así como México se destacó como el país con el mayor volumen de armas de fuego recuperadas, representando el 74% de los rastreos internacionales, con un total de 33 mil 088 armas proveniente de los Estados Unidos. De ellas, solo el 2% se comercializaron de forma legal.

El fiscal general de la ATF, Merrick B. Garland, declaró que “el uso ampliado del rastreo de armas de fuego y de la Red Nacional Integrada de Información Balística de la ATF ha proporcionado más pistas de investigación que nunca sobre delitos violentos con armas de fuego, ha mejorado la inteligencia estratégica sobre bandas violentas y ha mejorado la detención y el procesamiento de delincuentes violentos”.

De acuerdo con el informe de esta institución, el 43% de las armas rastreadas provienen del estado de Texas, sumando un total de 14 mil 216 de ellas. De ahí le sigue Arizona, California, Nuevo México y Florida. Estos cinco estados en su conjunto representaron el 79% del total de las armas recuperadas en México. El tráfico de armas desde estos estados hacia México está vinculado principalmente a los cárteles y grupos delictivos que operan en la región.

Lo que llama la atención es que, según el informe, la mayoría de las armas recuperadas fueron robadas o perdidas en incidentes relacionados con el Instituto FFL (Licencias Federales de Armas de Fuego) de Estados Unidos.

Tipos de Armas 

De acuerdo con el documento de la ATF, las armas más comunes que fueron rastreadas fueron las cortas, representando el 61% del total. Como segundo lugar están las armas largas, ocupando el 26% de los rifles rastreados. En el resto figuran revolver y escopetas.

La ATF solo logró rastrear el 27% de las armas recuperadas hasta su comprador en EEUU. Esta instancia señala que entre las barreras para rastrear a sus compradores está la fabricación de armas fuera de territorio estadounidense, la falta de registros y las exportaciones a distribuidores extranjeros. 

Doble mercado

De acuerdo con los datos abiertos del gobierno de México, Estados Unidos es su principal proveedor de armas y equipamiento militar. Solo en 2023 las compras que hizo el gobierno mexicano con el país vecino llegaron a la cantidad 35.5 millones de dólares. Así la industria armamentista estadounidense se beneficia de las ventas legales e ilegales.

Aunque la venta ilegal de armas beneficia principalmente a los grupos del crimen organizado en México, también las empresas armamentistas de EEUU se benefician, pero no se menciona en los informes. “Esto ha dado lugar a la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con sede en Estados Unidos perpetrados por comerciantes ilícitos de armas de fuego, individuos y otros grupos criminales que capitalizan la demanda siempre presente”, dijo el agente especial adjunto de la ATF, Robert Topper.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, acudió a Chiapas para reunirse con las integrantes del Colectivo Madres en Resistencia y la nueva directora de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, para coordinar los próximos trabajos de búsqueda y transparentar el uso de recursos.

Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres desaparecida forzadamente, e integrante del colectivo, destaca para Avispa Mídia que en el conversatorio realizado el 17 de enero, la Comisión Nacional reconoció que, durante un periodo de cinco años – desde que inició funciones la CEB, en 2019, a 2024 – envió más de 48 millones de pesos para la búsqueda de personas en Chiapas.

Además del citado recurso, de acuerdo la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda también recibió 2,647,188.34 de pesos en 2021; 2,610,346.06 en 2022; para 2023 fueron 4,409,737.17 y 7,830,224.82 de pesos en 2024 del Presupuesto de Egresos del Estado. 

En el 2024, la CNB también envió cinco escáneres portátiles de huellas dactilares para identificación humana, tres llegaron al área de peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dos para la CEB.  

Estos dispositivos son parte de una donación de 300 escáneres que hizo Alemania, a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 86 se entregaron a las comisiones estatales y 149 a las fiscalías locales para abonar a la identificación rápida de cuerpos y a la búsqueda en vida. El escáner registra la huella y se envía al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encarga de la identificación en un periodo aproximado de tres días. 

“Cuestionamos por qué no han usado los escáneres y a dónde se fueron los 48 millones porque en las búsquedas no. En la primera búsqueda que se hizo de mi hija Cassandra la directora de Búsqueda (Rosa Elena Vela Govea) levantó un palo para poder buscar entre el monte y, en la última vez (Emiliano Zapata), no llevaron ni una pala para poder escarbar”, lamenta Isabel Torres. 

Reyes Sahagún les aseguró que ya está pidiendo cuentas a la Comisión Estatal sobre los recursos. Dijo a las madres que ahora los gastos deberán justificarse debidamente. Este 2025 se prevé más apoyo para las búsquedas, aunque no dio la cifra. Además, la CNB enviará a más personal para las labores de búsqueda, pues, en la actualidad la comisión local cuenta con dos buscadores y una persona en informática. 

La directora de la Comisión Estatal, que entró en funciones el pasado 3 de enero, se comprometió a trabajar de cerca y sin intermediarios con las madres y familias buscadoras. En este primer encuentro, tanto la comisionada como la directora acordaron dar seguimiento a las pautas. 

La CNB informará al colectivo sobre los planes de búsqueda y respetará el derecho de las familias de documentar el trabajo de las autoridades con sus teléfonos móviles. Serán las únicas autorizadas para usarlos. 

Vicky Garay Cazares del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, en Nayarit, explica que siempre ha existido mucho problema con los recursos destinados a las comisiones locales, “cuando los dan no verifican al 100 por ciento en qué se gastó”. 

Con base en su experiencia, la CNB y el Estado no verifican qué falta en las comisiones locales, en qué se gastó el recurso o cómo lo gastaron. En el caso de Nayarit, las colectivas han solicitado, incluso por escrito, que se realicen auditorías a las comisiones locales.

Vicky insiste en que las búsquedas dependen del manejo y el trabajo que tenga la comisión local. “Debemos presionar, hay que trabajar con la Comisión Estatal”, dice. Considera, además, que se debe crear el Consejo Ciudadano de dichas comisiones.  

En el conversatorio también estuvieron presentes representantes de la Colectiva Cereza, que son acompañantes de la lucha de Madres en Resistencia, así como de la Protección Civil y del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las madres ya habían denunciado

“Lo que ahorita está haciendo la Fiscalía se había solicitado desde mucho porque varios casos del Colectivo la geolocalización apuntaba a la misma dirección, en ese rancho [de San Isidro, en Emiliano Zapata]”, dice Adriana Gómez al referirse a los recientes operativos realizados por el gobierno de Chiapas, a partir de los cuales se anunció el hallazgo de diversas fosas. 

Los teléfonos celulares de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, Néctar Galdámez Chandomí, Victor Chavarría y Cassandra Arias Torres, desparecidos en diferentes momentos y lugares, estuvieron en San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. 

La geolocalización que realizó la Fiscalía de Chiapas del dispositivo de Cassandra Arias Torres, desaparecida forzadamente el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, arrojó una ubicación en el municipio de Emiliano Zapata y, desde ese momento, el colectivo solicitó la búsqueda, pero la autoridad no hizo nada. 

Dos años después, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los operativos de la estrategia de seguridad del estado chiapaneco han reportado hallazgos de 27 fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a unas 40 personas en los municipios de Suchiate, Palenque, Emiliano Zapata y La Concordia, según la información difundida por la FGE. El material genético fue enviado a la Ciudad de México para su estudio.

Los operativos coincidieron con la huelga de hambre que sostenían las Madres en Resistencia en Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez, que por meses se negó a atender y reconocer el tema de la desaparición de personas. 

Tras días de protestas, las madres fueron recibidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a quien le solicitaron una nueva búsqueda en el rancho de San Isidro en Emiliano Zapata. 

El 8 de enero fueron citadas a las 6 horas, pero los elementos de la Fiscalía y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron tres horas tarde. “Nos tuvieron paradas en la carretera esperándolos y cuando llegan se bajan inmediatamente a tapar la vialidad, de forma innecesaria. Luego nos fuimos a la búsqueda donde iniciamos casi las 10 de la mañana”, recuerda Adriana Gómez. 

También acudieron profesionales de Protección Civil (PC) con el área Canina, de la CEB y tres madres del Colectivo. “Nos dividimos porque ellos querían sacar el agua de una laguna con una bomba, nosotras dijimos que buscaríamos por otro lado o ahí se nos iría todo el día y son pocas las oportunidades de búsqueda que nos dan”.

Los de PC se metieron al agua a buscar, los demás fueron sus observadores alrededor de la laguna, relata Adriana. Observó un rancho con una casa lujosa de ventanales de cristal, varias habitaciones y en una de las paredes vio dibujos que parecían hechos por niñeces. 

“Dicen que había un área de tortura que a mí ya no me tocó ver, pero sí vimos una mesa de billar y una alberca grande. Habían varios pozos de cemento, con agua y en uno había una escalera grande, y ahí se necesitaba una revisión minuciosa. Pero ellos (autoridades) no buscan, llegan un rato medio observan y buscan una sombra para tomarse un refresco y comer sus frituras o su pollito”, lamenta Adriana.

Pero las integrantes del colectivo saben que deben poner mucha atención en el suelo que pisan y los detalles, “vamos revisando con nuestro pie para saber si la tierra está suelta”. Eso hacían el 8 de enero en San Isidro cuando les llamó la atención un corral de cemento para cerdos. 

“Aún había deshechos en el suelo y había un tubo de PBC que llevaba su descarga a una fosa séptica de cemento, parecía un tanque. Pertenecía al rancho pero como tenía el alambrado daba la impresión que era otro predio”, describe Adriana. 

Las madres cruzaron ese alambrado y los representantes de la fiscalía les insistieron que ahí ya habían revisado, “pero cada vez que decían eso nosotras volvíamos a revisar y nos metimos las tres madres al alambrado, nos agachamos para ver la fosa séptica con nuestra lámpara, porque ellos ni eso llevaban, y ahí vimos la osamenta”, describe. 

Dieron parte al personal de la Fiscalía, pero éste no llevaba guantes ni personal capacitado para introducirse al reducido espacio. Fue un policía que sacó los restos, pero antes retiraron a las madres buscadoras del lugar. “El policía dijo que eran de tres cuerpos, pero no sabemos en realidad cuántos sacaron”. 

“Ellos no querían aceptar el hallazgo que hicimos porque ya habían buscado ahí y de hecho le echaron la culpa al canino de Protección Civil, pero el perro no identificó los restos porque estaban en el excremento, ya no tenían ni tejido. Incluso, en ese rancho también hay una laguna y no sabemos si ahí también podrían haber cuerpos”. 

El colectivo ha expresado en diferentes momentos su preocupación por la incapacidad y falta de profesionalismo con la que las autoridades atienden la búsqueda de personas, pues consideran que tras un hallazgo, mientras la autoridad correspondiente realiza la documentación, los demás elementos deben continuar con los trabajos. 

“Cuando encuentran dejan de trabajar. No se les está pidiendo algo que no exista, la búsqueda es un derecho que tenemos. La fiscalía debería actuar rápido, hay una ley y dice que en esos casos la geolocalización debe ser rápida y parece que aquí hacen las cosas al revés”, insiste Adriana. 

Redes

El Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas sólo espera que los acuerdos que adquirieron con las comisiones no sean momentáneos. Hasta ahora, todo lo que obra en las carpetas de investigación de los casos que acompañan ha sido trabajo del Colectivo. 

Adriana Gómez, fundadora del Colectivo, recuerda que al no tener acceso a la justicia hace tres años se vio en la necesidad de aprender, tejer redes y surgir como Colectivo. Después comenzaron a llegar las denuncias sobre desapariciones a las redes sociales de las Madres en Resistencia.

Se aliaron a otras madres buscadoras de Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez quienes les dieron recomendaciones para pedir las búsquedas ante la CEB y la fiscalía, les explicaron sobre la geolocalización de los dispositivos móviles y cómo solicitarla. “Se necesitaba el acompañamiento y nosotras iniciamos solas”.

Al Colectivo se acercaron estudiantes de Derecho y abogadas de profesión, que las acompañan en las actividades. En la huelga que realizaron a finales de diciembre de 2024, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también brindaron acompañamiento. 

Cuando el Colectivo tomó fuerza, Jorge Luis Llaven Abarca, que entonces también era Fiscal General, intentó dividirlas, “pero no lo consiguió porque nos conocemos y conocemos todos los casos, leemos las carpetas y no confiamos en las autoridades”. 

También investigaron sobre las herramientas que podían conseguir con sus propios recursos como las varillas de hierro, las mandaron a hacer de cinco centímetros de grosor, aproximadamente, con punta para atravesar la tierra y un gancho para sostener la varilla sin que resbale al empujarla con fuerza. 

“Cuando buscamos llevamos palas, picos y las varillas. Identificamos si la tierra está suelta, amontonada o si está fresca, eso se identifica rápido. Metemos la varilla, si entra al sacarla la olemos, no somos expertas pero hemos ido al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar y se identifica el olor. Al igual observamos si hay ropa tirada y también nos guiamos del presentimiento para saber dónde a escarbar”, explica Adriana. 

Todxs cuentan

El país entero tiene la problemática de la desaparición, en Chiapas pasaba menos, señala Voces Mesoamericanas que acompaña casos de personas migrantes de Chiapas desparecidas en el norte del país. 

Considera que los obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes es la falta de información para que una persona sepa qué hacer ante una desaparición. Pero cuando las personas ya saben qué hacer se encuentran con que las instituciones no levantan las carpetas de investigación por desaparición y solo inician registros de atención. 

También recurren a la revictimización y en las fiscalías les dicen que esperen porque sus familiares van a regresar porque quizá se fugaron con la pareja y de esa forma minimizan la situación para que no haya un registro real de cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas, explica Voces Mesoamericanas.

Una vez que la familia pudo denunciar, el problema es la falta de acceso a la justicia, al debido proceso, a ser escuchada, a la reparación de daño, por lo complicado que es ingresar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Si se trata de una persona migrante desaparecida en Chiapas, para que la familia pueda entrar a México a hacer las denuncias o los seguimientos, necesita visas y no están a disposición, tiene que hacer el mismo proceso que los demás y esperar. 

“No hay políticas públicas que atienda la desaparición en contextos de movilidad humana, es decir, personas en situación migratoria y personas en situación de desplazamiento forzado”, insistió la organización que acompaña al Colectivo Junax Ko’tantik, integrado por familias chiapanecas que buscan a migrantes desparecidos en el norte del país y Estados Unidos. 

Para Voces Mesoamericanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas tiene muchos vacíos y no hay claridad sobre las personas que la integran y los nombramientos los realizan sin una consulta pública como lo establece la ley local y sin priorizar las características del perfil seleccionado. 

Incluso, a cinco años de la CEB iniciar funciones, no ha emitido la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda para ser vigilante de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas.

Otra ausencia en la CEB es el registro de personas desaparecidas en territorio chiapaneco y personas desaparecidas de origen extranjero, y chiapanecos migrantes desaparecidos en otro lugar. La organización cuestiona y lamenta que tampoco exista un mecanismo de búsqueda de personas, tanto en búsqueda inmediata o de larga data, en situaciones migratorias, y desde una perspectiva diferenciada. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 110,668 personas están desaparecidas y 1482 son de Chiapas. En el desglose, en 2019 existe un registro de 68 personas desaparecidas y no localizadas, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022, cifras también plasmadas en el informe Tocar el Vacío, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

En el estudio, Frayba hace referencia al aumento de 358% de las desapariciones en el periodo entre 2019 y 2022. 

¿Qué hacer?

Hasta ahora solo organizaciones como Fundación para la Justicia cuenta con información en su plataforma digital sobre qué hacer si una persona desaparece. Aclara que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar o denunciar su desaparición. 

El reporte puede ser ante la CNB o ante la Comisión Estatal de Búsqueda, pero si se desconoce el estado donde desapareció la persona el reporte es al +52 55 1309 9024 o desde el extranjero a la lada gratuita 185 52 62 31 09.

Por su parte la fiscalía de Chiapas aseguró que cuenta con protocolo de atención en el que recomiendan realizar la denuncia ante la autoridad ministerial más cercana y toda autoridad debe iniciar la denuncia correspondiente “ya sea registro de atención por la no localización de la persona o en su caso carpeta de investigación por la desaparición”.

El denunciante debe presentar documento que acredite personalidad, en caso que la víctima sea menor de edad presentar acta de nacimiento que acredite parentesco. Sin importar la edad de la víctima presentar fotografía reciente, sin manipular.

En caso de menores de edad se activa la alerta Amber, en mujeres mayores de edad se activa Protocolo Alba y en hombres se activa ¿Has visto a? 

Una vez iniciada la denuncia se giran los oficios correspondientes a las corporaciones policiacas, instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a la fiscalía se deben hacer brigadas de búsqueda en diversos puntos de la zona en la que fue vista por última vez la víctima. 

Si la persona desaparecida es migrante y fue víctima de un delito federal, se puede denunciar la desaparición en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes al correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx

La Fiscalía General de la República fue contactada para solicitar el protocolo de atención en caso de víctimas de desaparición forzada pero dijo no tener información al respecto, únicamente a través de las líneas telefónicas. 

El próximo 21 de enero Eduardo Ramírez se comprometió a atender a las madres buscadoras y el 24 de enero dialogarán con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. 

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.

Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas. 

El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital. 

La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.

Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica. 

En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac. 

Omisión en estudio de impacto ambiental

El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua. 

En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos. 

Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.

A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.

Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.  

Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana. 

La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción. 

Historial de contaminación

Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche. 

La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año. 

Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”. 

La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).

Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura} 

Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. 

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

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Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias

Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica. 

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño. 

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Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. 

Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.  

A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. 

Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo. 

La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield. 

Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.

“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.

Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo. 

Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.  

Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”. 

“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene. 

Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas. 

“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.

Preocupación internacional 

El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.

Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.

En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante. 

En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.

Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.

Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan. 

Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho. 

A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.

De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción. 

Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. 

Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.

Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días. 

Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán. 

En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.

Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.

Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.

Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.

Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.

La industria 

Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.

Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”. 

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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.

Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.

Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó. 

Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”. 

Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.

Agudización de la crisis climática

Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.

Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.

Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.

Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.

En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas. 

Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones. 

Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.

Fuente: Avispa

^{Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva}

^{Foto de portada: Roxana Sposaro}

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

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^{Cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica, Agencia Presentes y Agencia Tierra Viva}

^{Edición: María Eugenia Ludueña}

^{Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis}

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Trabajadores de Tesla en Suecia iniciaron una huelga durante el invierno del 2023 que se extendió a toda la región escandinavia.}

La denominada transición energética aún va comenzando y ya se perfilan las ventajas comparativas de cada país, donde unos avanzan y otros se quedan satelizando la nueva economía. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías, ya que según la Agencia Internacional de Energía (EIA) casi 14 millones de unidades fueron producidas en 2023. Este mercadose mantiene concentrado en un 85% por China, la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto, mientras que los países emergentes o en vías de desarrollo se enfocan al extractivismo de minerales y producción de energía limpia. 

El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos. Solo en 2023 el aumento de la demanda de litio subió el 30%, el níquel, cobalto, grafito y elementos de tierras raras oscilaron entre el 8% y el 15%. “Las ventas de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023, un aumento interanual del 35%, y se prevé un crecimiento acelerado a medida que avancen los principales mercados y aumente la adopción en las economías emergentes”, resalta el informe de AIE llamado Perspectivas mundiales de los minerales críticos 2024.

El economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Willebaldo Gómez Zuppa, argumenta que, si el modelo de desarrollo que se quiere vender al mundo es el de China, Estados Unidos y la Unión Europea, “el mundo lo vamos a terminar de devastar en un par de décadas. Porque, un ejemplo es China, que ha crecido muchísimo desarrollando una buena técnica de producción, pero es mucho más contaminante en términos ambientales, además de su proceso de súper explotación de la fuerza de trabajo que le ha permitido tener altas tasas de rentabilidad al tiempo que reduce costos de venta”.   

El profesor de la UNAM sostiene tajantemente que lo que está haciendo el capitalismo verde “es una falacia, ya que, el consumidor piensa que deja de contaminar al comprar un auto de este tipo; lo que sucede es que la contaminación deja de ser visible”. Solo el proceso para producir baterías viene “provocando una devastación muy importante en los lugares de donde se están extrayendo los minerales necesarios como el litio; casi el 40% del peso del auto es por sus baterías y esto el consumidor no lo sabe”, dijo para Avispa Mídia el economista Gómez.

La carrera por dominar el mercado de las nuevas tecnologías depende en gran medida del suministro de minerales convencionales, así como los que son críticos por su escasez y las tierras raras, entre ellos figura el: iridio, plomo, magnesio, molibdeno, niobio, metales del grupo del platino, selenio, silicio, plata, tantalio, telurio, estaño, titanio, wolframio, vanadio, zinc, cobre y aluminio. “Desde África hasta Indonesia y la República Popular China, el aumento de la nueva oferta (de minerales) ha superado el crecimiento de la demanda en los dos últimos años”, resalta el informe de la AIE presentado a finales del 2024.

De acuerdo con la EIA se espera que la demanda, solo de litio, aumente cuatro veces hacia 2040 mediante las políticas presentadas en posibles escenarios: Escenario de Políticas Establecidas (STEPS, por sus siglas en inglés), el Escenario de Compromisos Anunciados (APS) y el Escenario de Emisiones Netas (NZE), alcanzando casi 40 millones de toneladas solo de litio para atender la producción de 58 millones de automóviles proyectados para ese año pico.

Según el informe de la EIA, los “beneficios de la expansión del mercado de las energías limpias y de automóviles se reparten entre las distintas regiones”, sobre todo en relación a la minería. “América Latina acapara la mayor cantidad de valor de mercado para la producción minera, con alrededor de 120.000 millones de USD para 2030. Indonesia registra el crecimiento más rápido, duplicando su valor de mercado para 2030 debido a su floreciente producción de níquel. África registra un aumento del 65% en valor de mercado para 2030. Casi el 50% del valor de mercado del refinado se concentrará en China en 2030”, sostiene el documento.

Las tecnologías y el poder

El profesor de la UNAM, especialista en la industria automotriz, anuncia que lo que se perfila con el nuevo esquema de producción es un nuevo paradigma de poder, donde no solo se posicionan las economías avanzadas, sino que, también, las corporaciones que tienen en sus manos la cadena productiva. “Hoy quien detenta la articulación de estas tecnologías, empieza a situarse como un elemento de poder. Sobre cualquier proceso, no solo productivo, político, sino también social”.  

Por un lado, señala el economista, se observa una fuerte competencia del lado asiático con China a la cabeza y por otro lado están los Estados Unidos y Rusia en las nuevas áreas tecnológicas que, incluso, se expanden o desprenden del complejo industrial militar.  “Ahí vamos a ver el ascenso de algunas empresas vinculadas a los grandes aparatos corporativos financieros que van a tener un ascenso vertiginoso y que van a poder dominar muchísimas áreas y regiones a escala planetaria. Estamos en una fase de ver quien acumula más poder”, dice el profesor. 

En esta carrera por el dominio del mercado de la nueva matriz tecnológica, de la producción de automóviles eléctricos, microchips, el control de los minerales y todas las cadenas productivas, “observamos una rivalidad entre estas potencias y nuevamente vamos observar países dependientes que no lograrán desarrollar sus propias bases tecnológicas y que estarán bajo la egida de estos entes de poder”, acrecienta el investigador.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía afirma, en su documento llamado Perspectivas Tecnológicas de la Energía 2024, que los países en vías de desarrollo cuentan con oportunidades. “Más allá de la minería y el procesamiento de minerales críticos, los países de África, América Latina y el Sudeste Asiático tienen perspectivas de impulsar sus ventajas competitivas y ascender en la cadena de valor”, sostiene el informe. Para ello se plantea la creación de más infraestructura de energías limpias, tendidos eléctricos de alta tensión, puertos y gasoductos.

https://avispa.org/europa-avida-de-materias-primas-promueve-el-despojo-a-nivel-global/embed/#?secret=OJFnzYpmp1#?secret=LOAcrSfRu6

La lógica de la AIE es que, a través de esta infraestructura, los países emergentes puedan colocarse en algún eslabón de las cadenas productivas, sobre todo con más exportaciones de componentes, como Brasil, quien “está dotado de abundantes recursos energéticos renovables, que constituyen una buena base para las exportaciones de amoníaco, hierro y acero con emisiones próximas a cero a mercados en los que la producción de estas materias primas es más costosa, como Europa y Japón”.

Para establecer las ensambladoras de autos se pretende que sea en países con salarios bajos, con acceso a minerales, agua y demás recursos necesarios, como el norte de África, donde se va establecer “un centro de fabricación de vehículos eléctricos. La inversión ya está en marcha y, si la región es capaz de alcanzar su potencial en consonancia con la consecución de cero emisiones netas en 2050 a escala mundial, el norte de África exportará en 2035 casi la mitad de los 3,7 millones de vehículos eléctricos que produzca para entonces, en su mayoría a la Unión Europea”, anuncia el documento de la AIE.

África al igual que China, Canadá y Brasil concentran grandes yacimientos de espodumeno (mineral que contiene litio, aluminio y silicio, y es una fuente de materiales cerámicos) los cuales según la Agencia de Energía “también están en condiciones de registrar un fuerte crecimiento”, además de otros yacimientos que solo contienen litio en Argentina, Australia y China.  

Más allá del dióxido de carbono

Está claro que la narrativa sobre la crisis climática se ha centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO₂) pero, dice el investigador de la UNAM, tenemos que ver más allá y poner atención en lo que implica la aceleración del extractivismo justificado para la economía verde. “Solo el uso de agua que requiere la extracción de los minerales para los michochips son monstruosos. Es por ello que están establecidos en Corea del Sur y en California, porque son los que tienen agua disponible. Entonces cuando nos venden la alternativa con el automóvil eléctrico nos están vendiendo una gran mentira, porque siguen afectado el metabolismo de la naturaleza”. 

Además, agrega el profesor, “sumamos los componentes de polímero, derivados de los hidrocarburos. La contaminación va quedando en la cadena de valor, en los procesos previos. Ahí hay que colocar el acento”.

En el fondo “la economía verde busca una tasa de ganancia cada vez más alta. Y un producto novedoso, con el plus de la no contaminación, esto está generando grandes ganancias, pero sigue siendo contaminante. Ya no vamos a ver el humo, pero veremos más geografías devastadas”.

Es así que el problema de la crisis climática se está atendiendo con la venta de nuevas tecnologías y nuevas cadenas productivas, en especial, la del automóvil eléctrico particular, cuando tal vez se debería atender las alternativas de transporte colectivo. “Es importante cobrar conciencia de este modo de vida y de consumo, porque es insostenible para la naturaleza y tenemos que pensar en otra forma de vida”, concluye el economista.