Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestación frente al Congreso de El Salvador para exigir la prohibición de la minería metálica. Marzo, 2017. Foto: Marvin Recinos.}

Una docena de organizaciones salvadoreñas se posicionaron el pasado martes (3) contra las intenciones del presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, de reactivar la industria minera impedida mediante la aprobación de Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ocurrida el 29 de marzo de 2017, tras una larga lucha social de 12 años.

Aglutinados en la Mesa Nacional Frente a la Minería, las organizaciones compartieron argumentos para desmontar el discurso del presidente quien, mediante sus redes sociales, aseguró que reactivar dicha industria de manera “sostenible” repercutirá en la creación de miles de empleos y el desarrollo del país.

“Ni responsable, ni verde, la minería metálica es más inviable que nunca”, argumentaron las organizaciones salvadoreñas mediante comunicado difundido en una rueda de prensa. Para los movimientos ambientalistas y sociales del país centroamericano, los principales daños de la minería son la escasez y contaminación del agua derivadas del proceso de lixiviación del oro, para el cual se utilizan grandes cantidades del líquido mezclado con cianuro y otros químicos tóxicos que generan drenajes ácidos, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa Lima, departamento de La Unión.

Vidalina Morales, líder ambientalista, aseveró que es en la región norte de El Salvador (los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión) donde se encuentran los principales yacimientos de oro, pero que esa misma zona es un área frágil en relación al agua, pues es donde nacen y fluyen los ríos tributarios del Río Lempa, arteria principal que drena dos terceras partes del país centroamericano y del cual depende el abastecimiento del agua potable.

Un ejemplo de la afectación al ambiente es que, aún en su fase de exploración, la empresa minera de capital canadiense-australiana Pacific Rim/Oceana Gold secó fuentes de agua. Incluso, esta empresa declaraba en su estudio de factibilidad que utilizaría casi un millón de litros de agua diarios para la extracción de oro. 

“Estudios de organismos internacionales han revelado que el 87.7% del territorio está bajo riesgo y en él vive el 95.4% de la población. De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente y más deforestado del continente, solo después de Haití”, detalló la lideresa sobre la situación crítica del medio ambiente salvadoreño. 

Según los datos recopilados por la Mesa, en El Salvador exiten menos de 1,700 metros cúbicos de agua disponibles por persona al año, lo cual significa que es una región con elevado estrés hídrico. “Implementar la minería metálica en el país sería el toque de gracia para nuestro medio ambiente”, detalla el documento.

Morales también enfatizó que son las mujeres que representan el 52.8% de la población salvadoreña, el sector de la población que se verá mayormente afectado por la industria minera. “Al afectar el bien hídrico y la biodiversidad se impacta principalmente a las mujeres que asumen el trabajo del cuidado y administración del agua en sus hogares”, aseveró.

Con estos argumentos, las organizaciones sociales sostienen que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, “pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad”, subrayan en su pronuniciamiento.

Cabañas, lucha histórica

Alfredo Leiva es originario de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una comunidad desplazada durante el conflicto armado de los ochentas, y cuya población retornó en 1987 para recuperar sus tierras.

En el año 1993, ante el abandono estatal, los habitantes de Santa Marta fundaron la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) una organización enfocada en resolver las necesidades más básicas de la comunidad. Así, a través de la autogestión y la cooperación solidaria sus habitantes han emprendido programas de educación, salud, vivienda, agua potable, entre otras. 

En este contexto, la ADES de Santa Marta ha destacado por ser una de las organizaciones más visibles contra la extracción minera que se desarrolló desde finales de los años noventa en la región y cuya lucha social alcanzó el consenso entre otros sectores de la población que derivó en la promulgación de la ley para prohibir la minería en 2017.

En entrevista con Avispa Mídia, Leiva comparte que existen razones de peso para oponerse a la industria extractiva. Además de la destrucción ambiental que haría insostenible la vida en el país centroamericano, rememora la persecución que derivó de la lucha social y cuya mayor expresión de violencia ocurrió en el año 2009 con los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán, ambientalistas opositores a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim.

Para el integrante de la ADES Santa Marta, el anuncio reciente de Bukele para reactivar la minería solo confirma lo que desde hace más de dos años su organización ha venido alertando. Leiva refiere que existieron varias señales sobre la intención gubernamental para la reactivación de la industria tales como la adhesión de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible en 2021.

Además, en 2022 se creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, organismo que cuenta con la facultad de tramitar las concesiones -previo a la aprobación de la Asamblea Legislativa, bajo control total del partido de Bukele, Nuevas Ideas- para la explotación de recursos mineros en El Salvador.

“En esa misma lógica, en 2023, para el presupuesto de ese año se le asignaron más de 4 millones de dólares a esta dirección para que analice y pueda proponer la reformulación de la ley que prohíbe la minería”, detalla Leiva. 

A las acciones gubernamentales, el integrante de la ADES señala que se suman los trabajos de consultores peruanos, vinculados a la empresa de capital estadounidense Titan Resources -trasnacional minera con presencia en Honduras y Perú-, quienes visitaron comunidades de los municipios de San Isidro, Sensutepeque, Guacotecti e Ilobasco para ofrecer pequeños proyectos de cultivos de hortalizas, captación de agua de lluvias, entre otros, los cuales despertaron la sospecha de los habitantes sobre las intenciones tras las dádivas.

Leiva refiere que la vinculación de la empresa norteamericana se conoció debido a una investigación periodística, pero con el pretexto de la permanencia del régimen de excepción existe “un cierre total del acceso a la información”, por lo cual se desconoce si hay más empresas interesadas en la reactivación de la minería, o si existen trámites para concesiones y explotación en curso.

Más importante para Leiva, en medio de estas acciones, es que se dio la persecución y criminalización de cinco integrantes de la ADES, cuyo caso legal aún mantiene en vilo su libertad.

Minería, con o sin ley

Para el integrante de la ADES Santa Marta, la reactivación de la minería puede suceder con o sin la necesidad de la derogación de la ley que la prohíbe. Esto, detalla, se debe a que existen otras normativas que lo permitirían. Por ejemplo, menciona las facultades dentro de la Ley de Zonas Económicas Especiales que, acorde a Leiva, “considera que si un territorio es apto para el desarrollo económico, entonces lo declaran zona económica especial y en ese espacio de territorio no inciden las leyes nacionales”.

También menciona la Ley Especial de Extinción de Dominio pues, según su análisis, “no importa si las personas dueñas de la tierra no quieren vender, a través de esa ley, pueden expropiar y pueden desarrollar estos proyectos”. 

Según la Mesa Nacional Frente a la Minería también existen amenazas en torno a la prevalencia jurídica de tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el cual permite que corporaciones mineras, amparadas en tratados bilaterales o regionales, puedan reactivar las actividades de exploración y explotación minera metálica en el territorio salvadoreño.

“Lo último sería una acción más política: derogar la ley (de prohibición de minería), pero con ley o sin ley hay probabilidades de que se desarrolle esa actividad”, alerta Leiva.

Ante las intenciones de reactivación minera, las organizaciones exigen al presidente Nayib Bukele “a no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar oro, no para beneficio de los sectores empobrecidos de El Salvador sino para proteger los intereses de los países ricos”, sostienen. De lo contrario, aseguran que la contaminación “podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente y de habitar”.

A la opinión pública. 

En respuesta al llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas del día 5 de diciembre y a los diversos mensajes desde las comunidades afectadas, las organizaciones que firmamos el presente comunicado queremos informar acerca de hechos de suma importancia y gravedad relativos al inicio de un nuevo episodio de violencia en la región indígena de los Altos de Chiapas, en particular en el municipio de Pantelhó.

Pantelhó se encuentra en la región de los Altos de Chiapas y tiene presencia predominante del pueblo maya tzeltal y tsotsil. Es una zona marcada por la violencia y la resistencia. Desde el año 2021 se han registrado varios episodios de violencia armada que han tenido como consecuencia diversos grupos de personas indígenas víctimas de desplazamiento forzado. 

De acuerdo a la información recibida, el 3 de diciembre en la madrugada uno de los grupos armados que disputa el control de la región atacó a las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar, desplegando armas de grueso calibre e incluso detonando bombas. Horas después, el ataque se extendió a las comunidades de La Esperanza, Xixetik, y San José del Carmen.

Los testimonios señalan repetidamente: “Hasta acá se escucha la balacera”; “Escuchamos muchas explosiones”; “Escuchamos que son bombas”; “Tenemos miedo de que entren a la comunidad tirando balas”. Esto además de videos y audios que circulan en los medios de comunicación y a los que hemos tenido acceso que confirman la situación. 

En respuesta a las agresiones, el día 4 de diciembre el grupo rival ingresó a la cabecera municipal de Pantelhó y tomó el palacio municipal.

Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte.  De acuerdo al CDH FrayBa únicamente entre enero de 2023 y junio de 2024 ha habido 15, 780 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas.

Sumado a lo anterior están los impactos psicosociales en una población que de manera reiterada ha estado expuesta a estas situaciones de violencia; particularmente llamamos la atención sobre el daño que esto provoca entre las infancias. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) estima que en la primera mitad de 2024, 4 mil 300 infantes y adolescentes fueron desplazados por la violencia en el estado. 

En los Altos de Chiapas existen numerosos colectivos y personas que defienden derechos humanos, entre ellos Las Abejas de Acteal, cuya vida y labor es puesta en riesgo por el actuar de los grupos armados. Desde el conjunto de organizaciones de Derechos Humanos y de construcción de paz que firmamos este comunicado queremos destacar nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad en la región Altos de Chiapas y llamamos a la opinión pública a estar atenta a lo que está ocurriendo. 

Exigimos a las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para proteger a la población civil y construir las medidas necesarias para detener estos episodios de violencia. 

Solicitamos: 

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Fuente: Avispa Midia
^{Por CrimethInc. / Traducción por A Planeta}

En el siguiente análisis, exploramos qué podemos esperar del segundo mandato de Donald Trump y cómo podemos prepararnos para afrontarlo. Si sólo tienes tiempo para leer una parte, lee las propuestas para saber qué podemos hacer para resistir.

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Es comprensible que mucha gente se sienta agotada ante la perspectiva de una segunda era Trump. Es fácil querer desconectar y disociarse. ¿Qué podemos hacer?.

Pero no sabemos cómo habría ido la primera era Trump si no hubiera sido por las formas en que millones de personas participaron en diversas formas de resistencia. Por difícil que fuera, podría haber sido mucho peor. No derrocamos el capitalismo ni abolimos la policía, pero evitamos que los fascistas tomaran las calles, e impedimos que Trump y sus partidarios llevaran a cabo gran parte de su agenda. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de ocultar nuestro poder colectivo.

Mientras confiamos en nuestra propia fuerza, nos hicimos personas más y más poderosas. Nuestras protestas impulsaron a otros a la acción, mostrando lo que estaba en juego y dónde era vulnerable el régimen. Nuestras acciones dieron forma a las narrativas públicas, contrarrestando los esfuerzos de Trump para determinar el discurso popular. Los disturbios resultantes dieron a la clase capitalista la impresión de que el reinado de Trump era malo para los negocios, minando su apoyo. Solo después de que aparentemente hubiéramos expulsado a Trump del escenario de la historia bajamos la guardia, permitiendo que nuestros movimientos sociales menguaran y creando una situación en la que el Partido Demócrata podría ceder el poder una vez más.

La lección está clara. Solo conseguiremos lo que ganemos con nuestro propio esfuerzo. La era Trump no fue una anomalía histórica. No ha quedado atrás. Seguimos en ella, y solo podremos superarla luchando.

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Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: La deforestación y el uso masivo de agrotóxicos son las principales amenazas para la supervivencia de las abejas en Campeche. En la imagen, apicultores muestran la muerte masiva de estos insectos. Foto: Colectivo Maya de los Chenes.}

Apicultores mayas de Hopelchén, municipio del estado de Campeche, en la Península de Yucatán, obtuvieron una sentencia histórica la cual reconoce que las abejas poseen un valor en sí mismas por desempeñar un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. Además, reconoce que las polinizadoras hacen parte del legado biocultural de los pueblos mayas, quienes han practicado la apicultura desde tiempos prehispánicos en la Península de Yucatán. El juicio de amparo fue presentado el 19 de mayo de 2023, en el marco del Día Mundial de las Abejas.

En su fallo, la jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, reconoció que las abejas tienen “un papel preponderante en la reproducción de plantas y son vitales para los sistemas agrícolas de producción de alimentos. (…) Y que los pueblos y comunidades indígenas han convivido por cientos y miles de años con distintos tipos de vegetación en un proceso de intervención constante de recolección, semidomesticación y domesticación”.

De acuerdo con el asesor jurídico de los apicultores mayas, Jorge Fernández Mendiburu, perteneciente al Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, no existe ninguna otra sentencia en el país que reconozca que la abeja merece una protección. “Eso es lo novedoso”, dijo.

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A la 4a Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del Agua y la Vida

Compañeras y compañeros

Desde los pueblos, comunidades, organizaciones y personas que conformamos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) les enviamos un saludo a quienes se reúnen hoy en esta asamblea, a sus pueblos, comunidades y familias.

Por donde corre el agua que baja del volcán Popocatepetl junto con la que nace de manantiales y ameyales hemos visto cómo crece una lucha digna en defensa de la vida. Vimos cómo esa lucha que liberó el agua que tenían secuestrada Bonafont y Danone se entreteje con aquella que trata de evitar que el basurero de PRO-FAJ la siga envenenando y con aquellas que ya no están dispuestas a que esa agua se siga usando como mercancía y como privilegio de los centros comerciales y fraccionamientos de lujo que han invadido tierras agrícolas y territorios que son fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas y nuestra vida comunitaria.

Vimos también cómo ha caminado esta asamblea desde las tierras que resisten a la depredación urbana en Cholula y Coronango, luego hacia esas tierras donde por el saqueo y el engaño apenas logra sobrevivir ese hermano mayor que es el Ahuehuete de Acuexcomac, y ahora aquí en Nealtican, sobre los pies de Don Goyo donde esperamos que su rugido se una a nuestro grito de resistencia que dice: ¡Ya basta de saqueo!

La resistencia es un camino difícil, peligroso, lleno de negociaciones mentirosas y palabras engañosas de los malos gobiernos y de quienes trabajan para ellos. Los engaños y simulaciones siempre se nos ponen como obstáculo, pero sabemos que la sabiduría de los pueblos siempre puede pasar por encima de eso.

Nosotras, nosotros, nosotroas en la ANAVI creemos que nuestro camino para resistir debe siempre llevar nuestro paso, el de la autonomía y la rebeldía, y nuestra mirada, esa mirada que ponemos sobre el horizonte de ese otro mundo que queremos, uno más digno para todo aquello que vive en este planeta. En ese camino que hacemos con cada paso de nuestra lucha y que hemos aprendido a caminar con personas y pueblos que luchan y que son nuestros referentes como los que forman parte del Congreso Nacional Indígena o como nuestras hermanas, hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

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Santa Fe de la Laguna a 4 de diciembre del 2024

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A CLAUDIA SHEIBAUN PRESIDENTA DE MEXICO
A ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA GOBERNADOR DE MICHOACAN
AL CONSEJO SUPREMO INDIGENA DE MICHOACAN
AL CONGRESO DEL ESTADO

Quienes suscribimos, autoridades comunales, civiles y tradicionales de la comunidad originaria de Santa Fe de la Laguna, manifestamos que nuestra comunidad no ha sido consultada respecto a la iniciativa de reforma que recientemente ha presentado el gobernado. Asimismo, desconocemos un comunicado firmado por la coordinación comunal el día de ayer 3 de diciembre en donde se hacen pasar como autoridades de nuestra comunidad, ya que nuestra asamblea general, máxima autoridad de nuestra comunidad, no ha sido consultada.

Por lo anterior, aclaramos lo siguiente:

1. La coordinación comunal es únicamente un grupo administrativo y no tiene el carácter de autoridades, por lo tanto, carece de legitimidad para aceptar o respaldar propuestas que puedan afectar los intereses de nuestra comunidad.

2. Nuestra comunidad, en ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación, exige que cualquier propuesta que nos afecte sea previamente sometida a consulta en nuestra asamblea general, conforme a nuestros usos y costumbres.

3.. Solicitamos al congreso del estado que antes de aprobar cualquier iniciativa, consulte a todas las comunidades originarias de acuerdo a las normativas vigentes y con apego a los derechos humanos, solicitamos una verdadera consulta que sea libre, previa, informada,de buena fe, culturalmente adecuada, vinculatoria, con miras a un consentimiento o a un no consentimiento. De no ser así, cualquier reforma será ilegal, no aplicable e ilegítima dentro de nuestros territorios indigenas

Sustento Jurídico:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):

Artículo 2: XIV. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

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Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.}

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre. 

Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial. 

Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador. 

“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó. 

Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.

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Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López}

En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.

Las tierras fueron recuperadas por los comuneros de Ostula en el año 2009, las cuales estaban en manos de jefes del crimen organizado y de los “supuestos pequeños propietarios”, mismas que hoy la comunidad Nahua pide que se reconozcan legalmente como parte de su territorio.

Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.

González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad. 

En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.

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Fuente: Caminoalandar.org

A las madres y familias buscadoras

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

A las personas y organizaciones firmantes de la Declaración por la Vida

A las personas de buen corazón en México y el mundo

Arriba, el odio y la avaricia guían las decisiones de los señores de la guerra y del dinero. Nos amenazan con deportaciones masivas, genocidios, violencia feminicida y la devastación de la naturaleza. Imponen en nuestro horizonte la posibilidad de una guerra mundial con armas de destrucción masiva.

En México, esos mismos señores de la guerra con sus operadores políticos, llevan la situación al desastre: 117 mil personas desaparecidas, 13 feminicidios diarios, 6 mil fosas clandestinas, 261 personas defensoras del territorio asesinadas y 93 desaparecidas, e incontables proyectos de muerte como el mal llamado Tren Maya y el corredor Transístmico.

Hay quienes atraviesan día a día las caras más crueles de esta Tormenta, se ha derramado ya mucha sangre, se han arrebatado muchas vidas, desde México hasta Palestina.

En estas condiciones, madres y familias salen a buscar a sus seres queridos. Junto con organizaciones y colectivas exigen justicia y resisten a lo largo del tiempo y frente a los malos gobiernos de LA POLÍTICA DEL DESAPARECER. Sabemos que, entre las mentiras y eternas promesas, mantener la esperanza no es fácil. Pero ustedes han demostrado que el ejercicio de memoria no es resignación, es lucha contra el olvido, es desnormalizar algo que se ha normalizado.

En medio de la destrucción, los pueblos defienden la vida y el territorio. Como desde esta ciudad, la Toma del INPI nos enseña cómo Samir se ha vuelto semilla. Desde el sureste, el EZLN también nos llama a “buscar a las buscadoras”…  y hacerles saber que “No están sol@s. Su dolor es nuestro dolor. Nuestra es también su digna rabia”.

La sociedad mexicana, pensamos, está llamada a cambiar la mirada, a ver el desastre y actuar frente a él, a recuperar la dignidad en todas las geografías, y organizarnos por la vida. Resistamos la inercia de la normalización de la guerra guiad@s por las madres buscadoras y los pueblos originarios.

El Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas fue posible por el trabajo de muchas personas que pensamos es urgente actuar. Con dicho evento volvimos a confirmar lo que las y los compañeros zapatistas nos han dicho por mucho tiempo: en la organización de abajo y a la izquierda está la vida. Por ello queremos decir gracias.

A las madres y familias buscadoras: ustedes representan la dignidad en este país tan lastimado, y la multiplican por todas las geografías que recorren buscando a sus seres queridos. Les decimos gracias por responder a nuestra convocatoria y darse cita en Plaza Tlaxcoaque. Gracias por regalarnos, en medio de tanto dolor, una sonrisa, un baile, un abrazo y su alegre rebeldía.

A los pueblos zapatistas y pueblos del Congreso Nacional Indígena, gracias por alumbrarnos con su saber y resistencia. Ustedes son la luz que alumbra el andar en estos momentos de oscuridad para la humanidad.

A tod@s l@s artistas que se sumaron a este memorial musical: gracias porque con su arte hicieron de este abrazo colectivo un gesto más amoroso, más solidario.

A l@s compas de la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, de la Brigada Marabunta, de Cooperativa desde el nido del Colibrí y de Bamboo Salud Integral Cooperativa: gracias por su trabajo comprometido, su paso firme, su presencia organizada, sus manos sanadoras. Con ustedes, todo.

A la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, gracias por acompañar la iniciativa desde el primer día, por hacerla suya y convertirnos en un gran nosotr@s. Solo en común naceremos mundos nuevos.

Gracias a todas las personas que hicieron posible le mercadita, haciendo de la autogestión una ruta a seguir. Gracias a las compas de la Kocina Komunitaria (KOKO) de la comunidad de Xochitlanezi, por mantener las barrigas llenas y los corazones contentos. Gracias al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana por toda la solidaridad.

Gracias a quienes guiaron y participaron del momento espiritual, enseñándonos otra interpretación de la comunión. Gracias a quienes asistieron, a quienes apoyaron económicamente, quienes pegaron un cartel o repartieron volantes, a quienes se sumaron a los equipos de apoyo. Todo ayudó. Gracias por hacer posible el Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial Musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.

 

Porque l@s desaparecid@s nos faltan a tod@s

Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.

RED UNIVERSITARIA ANTICAPITALISTA

27 de noviembre de 2024

 

PD. Falta lo que falta. Les estaremos informando.