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El 24 de mayo de 2018 fue asesinado por la policía boliviana el estudiante Jhonatan Quispe Vila, de la Universidad Pública de El Alto UPEA, ubicada en la ciudad de El Alto en el Departamento de La Paz, en una movilización docente-estudiantil que exigía una modificación de la Ley 195 que otorgue una mayor asignación presupuestaria con la cual resolver verdadera y definitivamente la crisis financiera por la cual atraviesa la universidad. Este episodio nos acerca a la comprensión de las maneras en que el gobierno boliviano, en un contexto de grave declinación de legitimidad y de oposición cada vez más generalizada, viene confrontando las movilizaciones populares, pues no fueron solamente los estudiantes de esta universidad los que experimentaron las formas represivas del poder de un gobierno que, para la más cruel de la ironías, se autodenomina del pueblo, “de los movimientos sociales”.
Los estudiantes se miraban entre ellos y decían “nunca nos había pasado esto, ni con Goni”[1]. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros –“a él le gustaba cantar el Achuhuete[2]” dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían “está cansada”, “están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro”, “claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto”, “pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado”, “murió como valiente”, “gobierno asesino” dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto (UPEA) este es el Mayo de Jhonatan Quispe Vila, estudiante de la Carrera de Comunicación Social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarada y cuyo arbitrario tratamiento ha generado indignación en la población boliviana.
Ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía, todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de elite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayoritariamente femenina[3], tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes, y aunque un gran porcentaje reside en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de origen.
Modus operandi del “gobierno de los movimientos sociales”
En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha quedado en evidencia algo del complejo modus operandi de la red de aparatos de inteligencia y represión del estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los “servidores” públicos. El estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas tratativas burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. Cuando hay un muerto de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de “esclarecimiento” que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada.
Desde el año 2014 la UPEA protagonizó manifestaciones para exigir más presupuesto al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Cada año ocurría casi lo mismo, después de semanas de movilización y de producir un escenario de fuerzas que le fuera favorable, el gobierno cedía un apoyo económico que paliaba temporalmente el problema y luego el próximo año volvían las marchas –por eso la comunidad upeista siente que la tratan como a “un limosnero”-. Este 2018 es diferente, se quiere una solución definitiva y se retoma la bandera de la modificación de una ley –la 195-, para subsanar el problema de manera permanente. La muerte de Jhonatan Quispe hace que los universitarios abran los ojos y adquieran una convicción: “si con un muerto no nos hacen caso ¿qué pasará luego?, no queremos más muertos. Es ahora o nunca”.
La convocatoria a mesas de negociación con el gobierno ha servido como otra maniobra de desgaste, que dilata tiempos y se enreda en tecnicismos pretendiendo agotar a los movilizados. Si alguien quiere saber qué tanto se ha descolonizado el estado boliviano con un indígena al mando, puede hacer el seguimiento del desarrollo de las mesas de negociación de la UPEA y saldrá impresionado por la mezcla de autoritarismo, paternalismo y desprecio con que los operadores del gobierno tratan a su contraparte –basta con ver cómo fue expulsado el comité de negociaciones de la UPEA que se declaró en huelga de hambre en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, habiendo sufrido el corte de electricidad y la prohibición de que reciban asistencia médica o vituallas-[4]. Simultáneamente el gobierno recurre a un ataque mediático dirigido a desacreditar a los sectores no oficialistas que lo interpelan con sus demandas: andanada de spots difamatorios, esbirros informáticos contratados para sembrar confusión en los movilizados[5] y programas de “opinión” en los medios de comunicación que oficial o solapadamente le son funcionales y muestran para lo que han sido hechos. También están los oscuros personajes de contrainteligencia que se dedican al matonaje y el amedrentamiento –amenazas telefónicas, acoso y golpizas- de quienes se destacan en las movilizaciones, así como dirigencias mercenarias que se declaran en estado de apronte y amenazan con enfrentar físicamente a los estudiantes rebeldes. El chantaje de inducir a guardar silencio para no ser afrentados por el soso maniqueísmo de ser incluidos en el eje del mal, llamado “la derecha”, “la oposición”, “el imperialismo”, ha pretendido inútilmente callar a la UPEA pues ya se ha hecho de sentido común no creerle a un gobierno cuyas acciones represivas desmienten lo que demagógicamente declara.
La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras –“flojos”, “borrachos”, “chupeas”, “violentos”, “aprendan a vestirse”, “mediocres”, “los de la UPEA abstenerse”, “la peor universidad”, “indios”, “váyanse a El Alto”- porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. La llamada educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para guardiar los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas –desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios- papel que sigue cumpliendo actualmente, por eso las dudas que el gobierno pretende sembrar en la población no tienen que ver con un debate serio sobre los fundamentos, medios y fines de la educación, sino con los supuestos selectivos que la rodean, a ver si los upeístas damos la talla para osar pedir más recursos y para considerarnos dignos de pertenecer a ese mundo donde cultura es sinónimo de superioridad racial.
El Problema
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