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(Español) Francia amordaza los vídeos de denuncia de la violencia policial
La Asamblea Nacional francesa aprueba la ley de “seguridad global”, que restringe la difusión de imágenes de la policía, pese a multitudinarias protestas como la de este sábado. Un texto simbólico de la deriva liberticida de Macron.
Enrics Bonet
@EnricQuart
29 NOV 2020
Unas 130.000 personas, según la Policía, y 500.000, según organizadores, marcharon por las calles de varias ciudades de Francia contra la nueva Ley de Seguridad Integral el sábado 28 de noviembre. En París, la “marcha de las libertades contra las leyes liberticidas” congregó a un total aproximado de 46.000 manifestantes. Allí se repitieron las imágenes de cargas policiales y fotoperiodistas heridos.
La policía francesa protagonizó otro vergonzoso episodio de uso abusivo de la fuerza el la noche del lunes 23 de noviembre en París. La ocupación pacífica de la céntrica plaza de la República por la asociación Utopia 56 y decenas de migrantes degeneró en un brutal desalojo. “Unas imágenes chocantes”, reconoció el mismo ministro del Interior, Gérald Darmanin, sin ruborizarse por la hipocresía de sus palabras.
Otro vídeo desvelado el jueves por el digital Loopsider acentuó la indignación por los abusos policiales. Grabado por las cámaras del acomodado distrito XVII de París, en él se veía a tres agentes dando una paliza a un joven negro. La víctima fue un productor de música que recibió insultos racistas y lo detuvieron con una violencia gratuita por el simple hecho de no llevar la mascarilla. Los episodios de uso indebido de la fuerza policial no resultan ninguna novedad en Francia. Pero esta sucesión de casos se produce en un momento en que el gobierno impulsa una ley para limitar la difusión de imágenes de las acciones policiales. ¿Abusos como los de esta semana se podrán seguir denunciando en las redes? ¿Cómo el ejecutivo macronista quiere enmordazar estas imágenes de denuncia?
La Asamblea Nacional aprobó el martes por la tarde la ley de “seguridad global”, que abre la puerta a sancionar la publicación de imágenes o vídeos no difuminados de agentes. Pese a la fuerte contestación en la calle, esta fue aprobada con 308 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones, gracias al apoyo de diputados macronistas, de Los Republicanos (socios del PP en Francia) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional. Bautizado con este nombre con tintes orwellianos, este texto legisla aspectos variopintos de la seguridad, desde la creación de un cuerpo de policía municipal en París hasta el refuerzo de las competencias de las agencias privadas.
La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24 que prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales
Su elaboración indignó, sin embargo, a la izquierda francesa al restringir derechos fundamentales, como el de manifestarse o la libertad de prensa. La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24. Este prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales que perjudiquen de “manera manifiesta” la “integridad física o psíquica” de un agente. Contempla penas de hasta un año de prisión y multas de un máximo de 45.000 euros con las que podrán sancionarse estas publicaciones. Además, el texto favorece el uso de drones y cámaras por los antidisturbios para grabar manifestaciones.
Aunque la presión social obligó al ejecutivo a introducir una enmienda en el último momento para garantizar el “derecho a informar”, esto no evitó la lluvia de críticas a nivel internacional, desde Amnistía hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Incluso la Comisión Europea recordó el lunes a las autoridades francesas el principio de la “libertad de prensa” y dijo que “seguía la situación de cerca”.
La “ley mordaza” francesa
“El artículo 24 sitúa la legislación francesa en una zona gris que permitirá a los policías detener de manera preventiva a aquellos manifestantes o reporteros que los graben”, asegura a El Salto Fabien Jobard, especialista en temas policiales. “Los agentes se convencerán a partir de ahora de que cualquiera que saque su cámara o teléfono en una protesta representa una amenaza y un posible delincuente”, advierte este sociólogo. Aunque muchas de estas hipotéticas detenciones no acaben en condenas ante la dificultad de demostrar que se perjudicó la integridad del agente, estas detenciones preventivas “ya supondrán un obstáculo al derecho de manifestarse”.
Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos
Este experto del prestigioso Centro de investigación científica (CNRS) observa similitudes evidentes entre la nueva ley de “seguridad global” y la ley mordaza: “El único país de Europa en que existe un dispositivo similar es España”. En el caso de la legislación española, “la policía española la ha utilizado en numerosas ocasiones”, recuerda Jobard, quien teme que en Francia se reproduzca una situación similar, aunque en este caso con una multiplicación de las detenciones preventivas y de agresiones contra periodistas o manifestantes que graben. Al otro lado de los Pirineos serán los jueces los encargados de dictar las multas.
Elaborada para contentar a los sindicatos de policías —mayoritariamente conservadores, o incluso ultraderechistas—, esta “ley mordaza” francesa amenaza con silenciar el principal medio de denuncia de los abusos de las fuerzas de seguridad. Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos. Más de 2.200 manifestantes heridos, 308 de ellos con heridas en la cabeza, 24 perdieron un ojo, cinco se quedaron sin una mano… Un balance escalofriante silenciado por los grandes medios en los primeros meses de protestas.
También fue gracias a un vídeo del militante Taha Bouhafs, ahora convertido en un influyente reportero, que salió a la luz el caso Benalla, el escándalo del ex guardaespaldas de Macron que pegó a manifestantes el 1 de mayo de 2018 en París. Además, estas imágenes resultan claves para denunciar la violencia policial enquistada en la “banlieue”. Así lo reflejan iniciativas como la aplicación UVP para difundir en directo en las redes los abusos de las fuerzas de seguridad.
Deriva autoritaria de Macron
“En realidad, no deberíamos grabar a la policía. Pero como hay tantos abusos, no nos queda otro remedio”, defiende Clara François, de 24 años, una estudiante universitaria de un máster de cine presente el sábado en la multitudinaria concentración parisina en la Plaza de Trocadero contra la ley de “seguridad global”. Según las fuerzas de seguridad, unas 22.000 personas se manifestaron ese día en el conjunto de Francia. Unas protestas nada despreciables teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia y el segundo confinamiento, que perdurará en Francia hasta el 15 de diciembre.
Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad
“El hecho de que la policía pueda utilizar drones para grabar protestas y que estas imágenes dispongan de reconocimiento facial hará que la gente tenga aún más miedo para grabar protestas”, lamentaba François. Mientras se restringirá la posibilidad de los ciudadanos de difundir imágenes, se facilitará la capacidad de los policías para grabar sus acciones y a los manifestantes, tanto con drones como con cámaras normales.
“Utilizarán sus imágenes para dar su versión de los hechos y así influir en la opinión pública”, advierte Jobard. Este experto sostiene que “no conozco ningún caso en que un policía haya sido amenazado físicamente por un vídeo grabado por manifestantes, pero estas imágenes sí que son utilizadas por la justicia para identificar a agentes que cometen abusos durante sus intervenciones u otras personas que cometen delitos durante las protestas”.
“Aprovechan que la gente está aterrorizada por el covid-19 para aprobar este tipo de leyes liberticidas. Me parece vergonzoso”, declaraba a este periódico Laure, de 30 años, una actriz que dijo “manifestarse por primera vez” durante la concentración contra el proyecto de ley en los aledaños de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre. Ese día empezaron los debates parlamentarios coincidiendo con el segundo aniversario del inicio del movimiento de los chalecos amarillos. Tras haber reunido a varios miles de manifestantes bajo un ambiente pacífico, esta degeneró en enfrentamientos con agentes antidisturbios, que detuvieron a dos fotoperiodistas. El ambiente se caldeó aún más después de que el día siguiente el ministro Darmanin afirmara que los periodistas deben acreditarse para cubrir las manifestaciones.
Ante la presión social, el primer ministro Jean Castex anunció este jueves la creación de una comisión para revisar la redacción del artículo 24. Un movimiento que suscita desconfianza en el conglomerado de asociaciones y sindicatos que impulsan las protestas.
Deriva liberticida
Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad. También generó indignación su voluntad de aprovechar los recientes atentados para ilegalizar asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia de Francia (CCIF), que poco tienen que ver con el yihadismo.
“La lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades. Porque están siendo quebrantadas”, aseguraba la semana pasada Macron en una entrevista para la revista digital Grand Continent. Numerosos periodistas y analistas internacionales criticaron las contradicciones de estas palabras. La misma prensa mainstream, especialmente los medios anglosajones, que elevó a los altares al joven dirigente en 2017 ahora expresa su preocupación ante su deriva islamófoba y autoritaria.
“Macron presume de la libertad de prensa francesa ante los países musulmanes, donde esta no existe. No solo no ha podido convencerles, sino que da la impresión de que se ha convencido de la superioridad de sus leyes liberticidas y securitarias”, defendía la semana pasada en un editorial Dov Alfon, director del diario progresista Libération y exjefe de redacción del rotativo israelí Haaretz. Más que una deriva securitaria, la ley de “seguridad global” refleja la apuesta del presidente de mirar hacia la derecha en los asuntos “regalianos”, es decir las vinculadas a la administración de justicia, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Y así disputarle el mismo terreno a la ultraderechista Reagrupación Nacional.
Su gobierno ya impulsó en noviembre de 2017 una ley antiterrorista que introdujo en el derecho común la mayoría de los dispositivos excepcionales del estado de emergencia, que llevaba dos años en vigor. Un año después aprobó una dura ley migratoria que aceleró la expulsión de refugiados y migrantes. La violencia policial contra los chalecos amarillos fue criticada por el Consejo de Europa y la ONU. Y ahora amordaza los vídeos de denuncia de estos abusos de las fuerzas de seguridad. Un balance más bien digno de dirigentes neoconservadores, como el austríaco Kurz o el húngaro Orbán, que de un defensor de las libertades en Europa.
(Español) Madruguetes y traiciones para imponer la termoeléctrica y el PIM
Por Daliri Oropeza
El gobierno de la autonombrada 4T cree que con madruguetes y con la imposición de la termoeléctrica de Huexca a través de una serie de traiciones va a activar el Proyecto Integral Morelos, que abarca Puebla y Tlaxcala también.
Un megaproyecto meramente energético. Justifican la entrada de la Guardia Nacional en pos de resguardar la soberanía energética. No hablan que detrás hay empresas extranjeras. No hablan del gasoducto y las zonas industriales proyectadas alrededor del Volcán Popocatépetl.
Ignoran que las y los ejidatarios de Cuautla, activistas y pueblos afectados están reorganizando su lucha contra este megaproyecto industrial. Los ejidatarios tomaron las oficinas de la asociación civil Asurco (concesionaria del río Cuautla cuyo presidente firmó a favor del acueducto) y ahí colocaron el plantón desde donde tuvieron una asamblea en la cual invocaron al Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata.
Una ejidataria de Ayala invitó a sus compañeros a tomar acción ante el atropello. No faltaron los “Zapata vive la lucha sigue”. Ya tienen próxima fecha de asamblea. Hoy aplaudieron después de que un ejidatario dijera que llegarán hasta las últimas consecuencias. Que la historia se repite, y no durarán en repetir lo qu sucedió en 1911, enunció otro ejidatario.
La llegada de la Guardia Nacional a las dos de la mañana al plantón que impedía la terminación del acueducto que conecta el agua con la central termoeléctrica de Huexca —desde hace 4 años en Apatlaco, Ayala, orillas del río Cuautla— es solo un atropello más derivado de y traiciones en tiempos de la autonombrada 4T.
Las 7 traiciones de AMLO y la autonombrada 4T
·A sus compromisos de campaña
El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó su propia palabra. En Yecapixtla, un mitin en mayo del 2014, prometio cancelarlo:
“Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, dijo el político en su caminar por la presidencia.
Ahora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que se inaugura a finales de año.
·Al derecho y la ley como tal
No importa que haya 19 amparos vigentes contra el Proyecto Integral Morelos: 9 por el agua del río Cuautla y contra el acueducto —que con el madruguete entraron a terminar— el cual conecta el agua con la termoeléctrica. 3 son contra el gasoducto, incluidos los de 2 pueblos nahuas: Amilcingo y Atlixco. Uno es contra la termoeléctrica, interpuesto desde 2014 por Huexca.
Primero, Olga Sánchez Cordero titular de Segob mintió desde la mañanera que habían resuelto los amparos vigentes y lo único que hicieron fue sobreseer un amparo negándoles el derecho a los ejidatarios de defender su derecho al agua y canalizar todos los expedientes abiertos sobre el PIM.
Luego, el vocero de la CFE, Luis Bravo, aseguró que no existe ningún impedimento legal para el inicio de las obras ni para el inicio de operaciones “ya que no existe ninguna orden alguna de jueces que lo impida”. Destacó que la obra fue aprobada en una consulta y puso por delante el acuerdo con Asurco.
·A los derechos de los pueblos
La 4T se está brincando por completo el derecho de los pueblos en su extensión dimensional.
