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Aldama and the Neoliberal Project of Plunder

Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán
Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.
Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.
The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.
Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.
Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.
We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.
- Burguete, Cal y Mayor, Araceli. “Aldama-Santa Marta, Chenalho: Las Aristas de un Conflicto.” Chiapas Paralelo. 2019. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/01/aldama-santa-marta-chenalho-las-aristas-de-un-conflicto/
- Hernandez Navarro, Luís. “Noviembre en Aldama.” La Jornada. 2020. https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/026a2pol
- Hernández Navarro, Luís. “Los Demonios Chiapanecos.” La Jornada. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/04/opinion/016a2pol
- Mariscal, Ángeles. “Si no Hay Reconciliación, que Se Aplique La Ley Contra Civiles Armados Piden En Chiapas.” Pie de Página. 2020. https://piedepagina.mx/si-no-hay-reconciliacion-que-se-aplique-la-ley-contra-civiles-armados-piden-en-chiapas/
- Rompeviento TV. 2019. “Aldama, Chenalhó y los paramilitares: AMLO, Alejandro Encinas y Ernesto Ledesma.” https://www.youtube.com/watch?v=lWOwRiiakzY
(Español) Continuidad de la Iniciativa Mérida en el gobierno de López Obrador
Por Santiago Navarro F
Un informe del congreso de los Estados Unidos, llamado “Evolución de la Iniciativa Mérida, 2007-2021”, reconoce que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los gobiernos que le antecedieron, quienes desplegaron la llamada “guerra contra el narcotráfico”, rechazó considerar como una “guerra” los objetivos trazados en la llama Iniciativa Mérida. No obstante, afirma el documento, “López Obrador respaldó las reformas constitucionales para permitir la participación militar en la seguridad pública durante cinco años más”, siguiendo así los objetivos de la Iniciativa Mérida.
La Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación bilateral, fue lanzada desde Washington en el año 2007 y aún se ejecuta hasta el día de hoy. Hasta octubre del año 2020, el gobierno de EEUU ha desembolsado 3300 millones dólares con este programa, una asociación sin precedentes en materia de seguridad que ha brindado, por parte de EEUU, entrenamiento militar, venta de armas, equipo bélico, como helicópteros y la incidencia en las estructuras encargadas de impartir justicia en México.
Entre otros objetivos, pretendía “desmantelar las redes de las organizaciones criminales”. Además, señala el documento, “el gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a abordar la demanda de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego y divisas a granel hacia México”.
Aunque el propio informe sostiene que los resultados demuestran que no se han cumplido con esos objetivos. “La impunidad por la corrupción pública continúa en México”, afirma el documento.
El informe del 2019 del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS por sus siglas en inglés) estima que, desde 2006, más de 150 mil personas han muerto en México como resultado del crimen organizado. Aunque los datos oficiales del gobierno mexicano alcanzan cifras de más de 250 mil personas muertas durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero, además, las fracciones de los grupos criminales en el territorio mexicano se han fortalecido y han alcanzado una presencia transfronteriza.
Por otra parte, el documento del congreso estadounidense puntualiza que, en lugar de que el gobierno mexicano reforzara a la Policía Federal, que “recibió equipo y capacitación estadounidense, el presidente López Obrador obtuvo la aprobación del Congreso para la creación de una nueva Guardia Nacional (compuesta en su mayoría por militares y ex policías federales)”, abunda el documento.
Esta medida fue asumida mediante un decreto presidencial emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que las Fuerzas Armadas asumirían la función de policía para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. “Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura”, anunció en su momento el mandatario mexicano.
Este cuerpo policiaco de corte militar fue desplegado para asegurar oleoductos, reafirmar el control territorial en áreas de alta criminalidad, pero, sobre todo, para “asegurar las fronteras de México”, remarca el Congreso estadounidense.
Ver También ⇒ Fuerzas Armadas en México tendrán función de policía
Esta medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras
México también reafirmó su compromiso para trabajar con Estados Unidos en los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP y, “crear un grupo de trabajo de alto nivel en materia de seguridad, que incluía la Iniciativa Mérida como parte de los esfuerzos bilaterales”, agrega el informe.
López Obrador está listo nuevamente
Para miles de mexicanos que fueron afectados directa e indirectamente por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que es sinónimo de la Iniciativa Mérida, esta estrategia ha sido un rotundo fracaso. No obstante, advierte el documento del parlamento estadounidense, la administración de López Obrador “ha señalado que está lista para replantear aspectos de nuestra cooperación de seguridad bilateral, lo que podría convertirlo en un momento oportuno para reemplazar la Iniciativa Mérida con un marco de seguridad más amplio que abarque la asistencia para el desarrollo”, aunque no se detalla el rumbo que tomará este acuerdo bilateral.
Según el gobierno estadounidense, su prioridad es “proteger y ayudar a los ciudadanos estadounidenses en México”, ya que México es el destino extranjero más popular para los turistas provenientes de EEUU.
Pero, la propia Oficina de Inspección de la Embajada en la Ciudad de México asegura que la relación México-Estados Unidos se basa en que México es el tercer socio comercial más grande de los EEUU. Es el segundo mercado más grande que absorbe exportaciones estadounidenses y el tercer proveedor más grande de petróleo crudo. En promedio, Estados Unidos intercambia $ 1 millón en bienes y servicios por minuto con México. Estados Unidos es el mayor inversor extranjero de México; más de 18 mil empresas estadounidenses operan en territorio mexicano.
Además, con su política del combate al crimen organizado, en el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de EEUU busca enmarcar a México en su política de ayuda humanitaria en contextos de crisis ambientales y climáticas. “Los desastres naturales, incluidos terremotos, huracanes y erupciones volcánicas, son frecuentes en México y requieren una acción rápida e integral por parte de Misión México para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, abunda el documento.
La estrategia de la “Ayuda Humanitaria” de los EEUU ha sido desplegada en todo el continente americano y está enmarcada en la llamada Estrategia del Teatro 2017-2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala la estrategia presentada en un primer momento por quien fue jefe del Comando Sur, Kurt Walter Tidd.
Con esta estrategia se han llevado a cabo diversos acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y seguridad con los considerados países socios de los Estados Unidos.


















