Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de enero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Las Abejas de Acteal a través de sus nuevas autoridades, damos gracias a Dios Padre y Madre por permitirnos estar con vida en este año nuevo. Así también, agradecemos a todos los hombres y mujeres que no se cansan de luchar, a quienes no se les duerme su conciencia y que están al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestro país.

Por eso, en este año nuevo nos sentimos renovados para seguir en la resistencia y luchando por la paz, la justicia y la vida. De esta manera, reafirmamos que vamos a seguir luchando y trabajando en la defensa de la vida, la madre tierra y los derechos humanos, continuando con nuestro método de lucha No Violenta, pues esta es nuestra misión desde que nacieron Las Abejas hace 28 años. Es así que hoy decimos al mundo que nuestra lucha y organización continúan. Y por todo esto, también Las Abejas de Acteal nos adherimos y hacemos nuestra la declaración POR LA VIDA a la que ha decidido convocar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Es por ello también que en este día nos encontramos de nueva cuenta en Acteal, para recordar que la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas brutalmente asesinados, más los 4 bebés quienes fueron sacados del vientre de sus madres por el grupo paramilitar priista de Chenalhó, bajo las órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León el 22 de diciembre de 1997, sigue impune. Es por eso que bajo ningún motivo vamos a olvidar ni abandonar a mitad de camino la búsqueda de justicia y verdad para Acteal. Reconocemos y agradecemos a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal quienes siguen firmes y decididos hasta encontrar una justicia verdadera. Entre ellos están los hijos e hijas de nuestro hermano catequista, jefe de zona y mártir Alonso Vázquez, que se han convertido en su voz y nos siguen mostrando el camino que él inició para seguir denunciando las injusticias que hace el gobierno y salir delante de manera autónoma, sin hacerle el juego al gobierno, resistiendo y no aceptando sus migajas, como el único camino para garantizar que crímenes como el de Acteal no se vuelvan a repetir y se pare verdaderamente la violencia y el sufrimiento del pueblo.

Queremos reiterar que la Solución Amistosa y la disculpa pública que ofreció el Gobierno
Federal no es justicia, y no vemos que por su parte tengan voluntad de hacer justicia, sino que sólo abonan a la división entre los sobrevivientes y familiares que siguen luchando por justicia. Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes que pertenecen a nuestra organización no se han dejado engañar por el gobierno, por lo que no aceptamos el dinero que ofrecieron como reparación del daño causado a las familias de los masacrados, mientras los responsables permanecen impunes y premiados por sus crímenes. Las Abejas no nacieron para buscar beneficios personales. ¿De qué nos sirve tener dinero u obras de infraestructura si en el mundo se sigue asesinando a gente inocente, si los que luchan por defender la vida, la paz, su cultura y su tierra son masacrados, desaparecidos o encarcelados?

Desde Acteal, volvemos a recordarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sigue pendiente la emisión del informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Creemos que la publicación de los resultados de sus investigaciones en el caso es lo único que verdaderamente puede ayudar a que se reconozca la verdad sobre lo que ocurrió y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales, para que este crimen de lesa humanidad no vuelva a repetirse en Chenalhó, en Chiapas ni en ninguna otra parte del mundo.

Es indignante ver en México cómo los poderosos pueden gozar de privilegios e impunidad en el sistema de justicia mexicano. La prueba más amarga es la inmunidad que otorgó la Fiscalía General de la República (FGR) al Gral. Salvador Cienfuegos al decidir no ejercer acción penal contra él. En cambio, cuando un defensor o defensora de derechos humanos, que denuncia y lucha contra las políticas represivas del mal gobierno, es encarcelado, se pide que se le juzgue con todo el peso de la ley. Un ejemplo claro es que el mismo día que la FGR exoneró al Gral. Cienfuegos, estaba acusando y pidiendo pena máxima para Kenia Hernández, defensora de derechos humanos y feminista de Guerrero, cuyo único delito es haber participado en una protesta. Aunque Cienfuegos es responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para la FGR esto no es nada grave. Esto sólo demuestra cómo el gobierno actual le está dando todo el poder al Ejército y, como todas las administraciones anteriores, no tiene ninguna intención de investigar y castigar realmente a quienes son responsables de delitos graves en nuestro país.

También queremos denunciar cómo el mal gobierno en turno aprovecha la pandemia generada por el Covid 19. Por un lado, nos dicen que nos encerremos en nuestras casas, pero sus megaproyectos como la construcción del mal llamado “Tren Maya”, la carretera San Cristóbal-Palenque, o el “Proyecto Integral Morelos y otros, no se han cancelado sino que aceleran su construcción. Ante estos megaproyectos de muerte, nos da gusto que tomando todas las precauciones necesarias, se pueda realizar la 5a Asamblea entre el CNI y el CIG, que se llevará a cabo en la Quinta Piedra, Ejido de Tepoztlán, Morelos, los días 23 y 24 de enero de 2021, pues es muy necesario articular la resistencia a los megaproyectos y continuar fortaleciendo juntos nuestras autonomías, a pesar de la pandemia. Por ello, desde la sede de Las Abejas de Acteal en territorio tsotsil saludamos a nuestras hermanas y hermanos que participarán en esta Asamblea y estaremos atentos a los resolutivos que tomen.

También nos alegra que a pesar de la paralización que existe por la pandemia, el pasado 4 de enero nuestros hermanos del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) hayan podido movilizarse en el municipio de C’ancuc, Chiapas, para repudiar la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional, colocando letreros en varias de sus localidades. Sabemos que la Guardia Nacional es el brazo armado de las empresas trasnacionales que son las únicas beneficiadas con los megaproyectos. Por eso quieren construir sus cuarteles ahí donde han visto que existen pueblos originarios dispuestos a defender su vida y su territorio del despojo que los empresarios quieren hacer, trayendo división a nuestros pueblos, destrucción, contaminación y militarización, abriendo caminos para sus represas y centros turísticos.

Además del avance de las imposiciones de los megaproyectos por parte del gobierno federal, éste ha permitido que los paramilitares ataquen a las luchas y proyectos autonómicos, como es

el caso del reciente ataque armado contra comunidades de bases de apoyo del EZLN en Moisés Gandhi, por parte del grupo paramilitar de la ORCAO el pasado 18, 20 y 21 de enero.

El recuento de la violencia, represión e impunidad que ya hicimos, son sólo ejemplos de muchos otros casos que están ocurriendo actualmente en nuestro país. Podemos darnos cuenta de ellos a través de las denuncias que han hecho otros pueblos, organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México.

Ante todo lo anterior, miramos y pensamos que el sistema capitalista y las acciones políticas y económicas tanto del gobierno en turno como el de los políticos corruptos y los militares, son cada vez más destructivas e inhumanas. Por ello pensamos que urge detener estos planes de muerte, con organización, con acciones concretas porque queremos seguir con vida y porque queremos vivir libres en nuestro propio territorio y queremos vivir sin guerra. ¡Ya basta de destrucción de la humanidad y de la Madre Tierra!

También queremos invitar a todas las personas de buena voluntad a luchar contra los privilegios en el sistema de justicia mexicano y para que se acabe la impunidad, como la que claramente está disfrutando el Gral. Cienfuegos. En lugar de que goce de la inmunidad que le otorgó la FGR, levantemos la voz y exijamos que este militar responsable de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de otros crímenes graves contra la humanidad, sea condenado. Y no nada más Cienfuegos, pues nosotros también hemos demandado la investigación y castigo al Gral. Enrique Cervantes Aguirre, quien es uno de los autores intelectuales de la Masacre de Acteal y responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, que a 23 años de este crimen de Estado, sigue impune.

Lo que proponemos no es cosa sencilla, sabemos que nos estamos enfrentando y luchando para que se castigue a los grandes poderosos y ex gobernantes de México, y sobre todo, a los altos mandos del Ejército mexicano quienes -ya es muy claro- mandan en este gobierno y en el país. Pero, no se nos olvide que somos millones de mujeres y hombres en nuestro país, sólo falta que nos despertemos y que ya no permitamos más impunidad, violaciones a nuestros derechos humanos y burlas a nuestra dignidad.

Quizá nuestra palabra de este día parece inalcanzable porque no es fácil lo que demandamos y deseamos, ¿pero quién lo va a hacer si no luchamos y si no hacemos nada nosotros y nosotras? Con esta nueva directiva recordamos especialmente el compromiso que nuestra organización ha heredado de nuestro hermano Alonso Vázquez Gómez para seguir denunciando las injusticias y construyendo la paz, para seguir resistiendo y luchando contra la violencia, caminando del lado de los pobres y marginados, teniendo en Dios nuestra fuerza, no en el gobierno ni en el dinero.

Y no queremos cerrar nuestra palabra de este día, sin mencionar a nuestro querido Jtotik Samuel en su Aniversario, ya que gracias a él nos despertó la conciencia. Fue él quien nos mostró el camino para defender nuestros derechos como pueblo originario y a defender la vida. Les anunciamos que a 10 años de su ausencia física entre nosotros, realizaremos una jornada de ayuno y oración en su memoria y como agradecimiento de todas sus enseñanzas, por lo que les pedimos que estén pendientes de la convocatoria que sacaremos muy pronto.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, reiteramos que nuestra lucha por la justicia, la paz y la vida continúan.

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias      Gerardo Pérez Pérez

                                                                Presidente       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez       Pedro Pérez Pérez

                                                          Tesorero sub              presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

enero 21, 2021 ~ colectivalazarzamora

Esta semana privadas de libertad del CCP de Chillán, denunciaron la delicada situación sanitaria que se vive en la sección femenina de dicho penal, esto tras generarse un brote de Covid 19, que producto del hacinamiento, las malas gestiones sanitarias y las negligencias institucionales, resultó en el contagio de 22 presas (imputadas y condenadas) que conviven hacinadas en un mismo espacio. Entre las contagiadas se encuentran enfermas crónicas y una adulta mayor con complicaciones.

Esta situación se suma a una seguidilla de hechos nefastos dentro de las cárceles, en lo que podríamos calificar como una profunda crisis del sistema carcelario, en la cual se han incrementado las falencias de este, desde la aparición de la pandemia. De la misma manera el nuevo brote en la cárcel de Chillán, demuestra el fracaso del bullado protocolo de visitas y medidas sanitarias, puesto en marcha desde diciembre del 2020.

Las presas de la cárcel de Chillán hacen un llamado al INDH, a las instituciones sanitarias (MINSAL) y judiciales, a que se hagan presentes en el lugar para proporcionar la atención correspondiente a estas denuncias y velar por el cumplimiento de sus derechos, así como de los tratados internacionales a los cuales esta suscrito el Estado.

El único derecho que se le quita a las personas privadas de libertad es precisamente su libertad de desplazamiento, pero no pierden sus otros derechos”

 Sthefania Walser. Directora Ejecutiva de Leasur.

---

COMUNICADO PÚBLICO DE PRESAS SECCIÓN FEMENINA CCP CHILLÁN

El día 24 de diciembre se levantó la alarma de contagiados en C.C.p Chillán sección varones , pero ese día hubo visita interpenal (mujeres se vieron con sus maridos que tienen aquí mismo en el recinto) y ahí empezó la primera negligencia de Gendarmería, ya que ellos sabiendo que habían sospechosos con Covid-19, teniendo un listado con los varones que se les hizo el pcr, decidieron dar igual esa visita y mientras mis compañeras estaban ahí, llegan los resultados de los exámenes, en los cuales aparecía un varon que estaba en visita, era positivo.

Por prevención mis compañeras pasaron aisladas altiro, sin tener contacto con la población femenina. Dentro de esos días empezaron algunas compañeras a tener síntomas extraños, el paramédico sólo nos decía que era resfriado no se realizaba ningún control nada , hasta que las enfermas cada día eran más.

El sábado 16 de enero realizaron el pcr a todas y el domingo inmediatamente llegaron los resultados, sacando a 12 aisladas que arrojaron positivo, y el lunes llegó una nueva lista arrojando 10 positivas más, en total somos 57 internas y todas vivimos en el mismo dormitorio colectivo, imputadas con condenadas.

Nos trajeron a todas las contagiadas a un anexo aparte de la sección, pero no nos han venido a chequear como corresponde, lo que más preocupante es una señora de 62 años que se encuentra muy mal, no come y le duele su pecho, pero Gendarmería dice que sólo quiere dar lástima. A ella la mantienen dopada todo el día durmiendo, pero lo que ella necesita es estar en el hospital, necesita una atención digna que la examinen completa en que condiciones se encuentra.

Otra negligencia de Gendarmería fue que apenas comenzó la pandemia, separaron a todas las crónicas para protegerlas dejándolas en un anexo por casi 8 meses, pero cuando salió el brote de los varones, sacaron a las aisladas crónicas para habilitar el dormitorio para los contagiados, mezclándolas a ellas con la población, razón por la cual tenemos 4 mujeres crónicas contagiadas, gracias a las ideas de Gendarmería cuando el cuidado debería ser más intenso para ellas, esto existiendo más habitaciones para utilizar, sin embargo decidieron dejarlas junto con nosotras.

Por último nuestra exigencia es que se presenten las instituciones necesarias (INDH y MINSAL) y que nos respondan qué pasará con nosotras y nuestras compañeras que “salieron negativo” ya que estamos todas juntas en un dormitorio muy pequeño, en donde compartíamos ellas (quienes dieron negativo) que ahora también se sienten enfermas, y nosotras, es por esto que necesitamos que se les vuelva a realizar el pcr, y que al terminar nuestra cuarentena podamos a volver a un lugar seguro, donde ya no queden contagiadas.

Queremos prevenir que esto aumente. Sabemos que si hacen el examen nuevamente habrán más contagiadas.-

Presas sección femenina CCP Chillán

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Publicado en la Agencia Latinoamericana de Información el 21 de enero de 2021.

El presidente de Haití Jovenel Moïse y el canciller Claude Joseph anunciaron para este año la elaboración de una nueva Constitución que reemplace a la Carga Magna vigente en el país desde el año 1987. A demanda del ejecutivo, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estableció un calendario maratónico: el 25 de abril se celebraría un referéndum aprobatorio, el 19 de septiembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, y el 21 de noviembre el eventual balotaje, así como los comicios municipales. El gobierno actúa como si la saturación electoral pudiera conjurar el descrédito de un gobierno que hace tiempo ha abandonado la senda constitucional y que constituye a todas luces un gobierno de facto. Jovenel Moïse, quien se ha convertido ante el rotundo silencio de la comunidad internacional en el más flamante dictador de América Latina y el Caribe, busca ahora un blindaje constitucional elaborando una carta magna a su medida y antojo.

Una dictadura sin estridencias

«Nèg banann», el «muchacho de los plátanos», es el apelativo con el que las vastas mayorías populares de Haití conocen al presidente en funciones. Empresario bananero oriundo del noroeste del país, personaje sórdido y deslucido como el resto de los outsider fabricados por los gurús de la derecha continental, ahijado político del ex presidente Michel Martelly -un «bandido legal» como él mismo suele presentarse- y miembro del ultraconservador partido PHTK, Moïse ha sabido sostenerse de pie en medio del tembladeral de la política haitiana, pese a que las primeras exigencias de su renuncia coinciden con la fecha de los comicios que lo llevaron a la presidencia de la nación caribeña.

Tras las resonadas denuncias de fraude y la suspensión de las elecciones del año 2015, el CEP organizó en 2016 unos nuevos y contestados comicios en donde Moïse fue elegido con tan solo 590 mil votos de un padrón de más de 6 millones de electores habilitados, redondeando una participación de tan sólo el 18.1%. Según diversos especialistas y veedores internacionales, la intervención deliberada en el organismo electoral habría desplazado del primer lugar al favorito Jude Célestin y dejado fuera del balotaje al nacionalista de izquierda Jean-Charles Moïse, también aspirante a la presidencia de la República.

Desde julio del 2018, mes del anuncio y la suspensión de los gravosos aumentos al precio de los combustibles, la renuncia del por entonces Primer Ministro provocaría que la Jefatura de Gobierno quedara vacante por largos períodos, habiéndose sucedido cuatro Primeros Ministros en los últimos dos años. Lejos de fungir como un contrapeso a las prerrogativas presidenciales, el último de ellos, Joseph Joute, fue nombrado directamente por Moïse y ni siquiera fue ratificado por el Parlamento, como demanda la Constitución del país.

Por otra parte, las elecciones legislativas que debieron celebrarse en el año 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, hasta que el CEP dio a conocer la última fecha, prevista, con un bienio de demora, para fines de este año. Ante la imposibilidad de renovar los mandatos de los diputados y de dos tercios de los senadores, Moïse decidió cerrar el Parlamento, por lo que desde enero del 2020 gobierno por decreto.

El otro aspecto consustancial a la deriva dictatorial del gobierno tiene que ver con la violencia política. Un decreto presidencial del mes de diciembre instauró una serie de medidas para el «fortalecimiento de la seguridad pública», mientras que otro creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuyos agentes gozan de una inmunidad virtual en el ejercicio de sus opacas funciones.

Hasta el «Core Group», entidad que aglutina a los principales países occidentales que han servido de sostén a los gobiernos del PHTK, calificó a los decretos como reñidos con “ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”, en tanto los actos de oposición y protesta que de ninguna manera pueden encuadrarse como «terroristas» podrían conllevar penas de entre 30 y 50 años.

Se trata de políticas anti-terroristas en un país sin más terrorismo que el estatal o el de los grupos delincuenciales que como el denominado «G9» co-gobiernan el país y aterrorizan los barrios de la capital Puerto Príncipe. La Comisión de Desarme del Estado nacional estima que hay 76 grupos delincuenciales altamente organizados operando -muchos de los cuales han sido armados y financiados por empresarios, parlamentarios y por el propio gobierno-. Uno de estos grupos cometió la masacre de La Saline, un barrio popular de la capital en donde fueron asesinadas 71 personas en noviembre del año 2018. Los funcionarios Fednel Monchery, ex Director General del Ministerio del Interior, y Rigaud Duplan, ex Director Departamental del Oeste, fueron implicados en una investigación policial y debieron renunciar a sus cargos.

El objetivo tácito de los decretos de seguridad, la creación de la ANI y la sucesión de masacres en zonas rurales organizadas o en barrios populares de Puerto Príncipe, no tienen otro objetivo que la represión política más eficaz del movimiento popular que pareció resurgir de sus cenizas desde las llamadas «marchas del hambre» del año 2016, la insurrección masiva de julio del 2018 y el movimiento que desde septiembre de aquel mismo año exige la devolución del desfalco multimillonario de fondos del Estado llegados al país en el marco del programa energético Petrocaribe.

Sin elecciones, con una autoridad electoral elegida unilateralmente por el ejecutivo, sin Parlamento, sin un Primer Ministro constitucional, con el Tribunal Superior de Cuentas amordazado y reducido a órgano “consultivo”, sin presupuesto oficial, con asesinatos selectivos de periodistas y líderes de la sociedad civil –como Monferrier Dorval, antiguo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe-, con milicias y grupos delincuenciales gestionando importantes franjas de territorio nacional, no quedan prácticamente instituciones legales ni autoridades constitucionales que hagan de contrapeso a un gobierno cada vez más represivo y autoritario. El fantasma de la dictadura duvalierista ha dejado de ser sólo un fantasma, y son numerosos los analistas que hablan ya de la casi completa «macoutización» del Estado, en referencia a los «Tonton Macoutes», las célebres milicias del régimen de facto que controló el país durante treinta años. Para despejar cualquier duda sobre la orientación general de la política nacional, el partido de gobierno estrechó sus lazos con Nicolas Duvalier, hijo de Jean-Claude Duvalier, y comienza a considerarlo como posible candidato para suceder a Moïse en la presidencia.

Disputa constitucional, incomodidad internacional

Quizás una propuesta constituyente pueda parecer progresiva y atractiva, a la luz del reciente «Apruebo» chileno, o de las expectativas de reforma que cobran cuerpo y legitimidad en un país como Perú. Pero mientras ambos movimientos constituyentes con claramente progresistas y anti-autoritarios en esencia -el uno post-pinochetista y el otro eventualmente post-fujimorista-, la situación es muy diferente en Haití, dado que la carta magna vigente es la principal conquista del movimiento democrático que en el año 86 interrumpió por fin la dictadura vitalicia de Fracois y Jean-Claude Duvalier y que más tarde decantaría en el portentoso movimiento «Lavalas» que llevaría a la presidencia del país al cura progresista Jean-Bertrand Aristide.

Si a la oleada constituyente neoliberal y multicultural de la década del 90 le siguió el nuevo constitucionalismo latinoamericano de los años 2000, el proceso chileno o eventualmente el peruano pueden verse como procesos diferidos, quizás menos radicales y a escala, de la llamada «primavera latinoamericana». Mientras que el caso haitiano es -en esto como en tantas otras cosas- sui generis y, quizás, anticipatorio de las tendencias del continente, como una suerte de termómetro del avance de las fuerzas neofascistas en la región.

La de Moïse es una dictadura que pretende blindarse constitucionalmente. ¿Blindarse de qué? En primer lugar de un régimen político híbrido, de tipo semi-parlamentario, en el cual, a diferencia de la mayoría de los sistemas políticos de América Latina y el Caribe, coexisten una figura presidencial -el Jefe de Estado- y un Primer Ministro -en tanto Jefe de Gobierno- con un Parlamento con poder de fuego y amplias prerrogativas. En segundo lugar de una Constitución vigente, la de 1987, que pese a sus taras supo cristalizar en su momento buena parte de las aspiraciones democráticas en la inmediata post-dictadura, introduciendo elementos como las políticas de descentralización y ciertas conquistas en torno a la reivindicación de la lengua y la cultura nacional y popular, aún cuando no haya cristalizado las aspiraciones anti-neoliberales de la época.

Esta hidra de varias cabezas fue un diseño institucional tendiente a poner coto a las garantías y poderes ilimitados de los sucesivos presidentes y a limitar la entronización de nuevos autócratas, tras una extensa dictadura de 31 años de duración. Pero el interregno democrático en Haití fue fatalmente breve. Su magro saldo desde el año 1986 ha sido, según el economista y cineasta haitiano Arnold Antonin, “ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz.” Lejos de los barbarismos con que pretende explicarse esta inestabilidad nacional, sus causas deben cifrarse en la frecuente intervención de los países occidentales en los asuntos domésticos, y en la oprobiosa desigualdad que han generado en el país las políticas de liberalización comercial y financiera de los últimos 50 años.

En relación a este, el frente internacional, la posición de los grandes jugadores geopolíticos ha comenzado a cambiar. En 2019, el acorralado gobierno de Moïse supo jugar una carta fuerte: la ruptura de relaciones con la Venezuela bolivariana, el reconocimiento del anodino Juan Guaidó, y completo alineamiento con la política de Donald Trump en la región gran-caribeña. Pese a los costos de esta política suicida para el país en lo que refiere a articulaciones regionales como la CARICOM y Petrocaribe, el gesto de Haití le dió al gobierno de Moïse una suerte de inmunidad internacional que ha sabido administrar. Difícil es no leer el férreo apoyo de la OEA y el Departamento de Estado al esperpento gubernamental como una retribución de favores, pese a que la visibilización de la crisis haitiana en el 2018 elevó los costos internacionales de sostener al gobierno actual. Y pese a que la remoción de instituciones o mecanismos democráticos acentúa dramáticamente la brecha entre el idílico imaginario democrático occidental y la cruda inconsecuencia de los aliados regionales como Haití, Chile o Colombia.

Pero la inapelable derrota de Trump y el ascenso de los demócratas parece obligar a un cambio, siquiera de formas, por lo que aumentan las presiones para una seudo normalización institucional en el país -en esa clave deben leerse los últimos posicionamientos y recomendaciones del Core Group-. El primer hecho de una nueva orientación que aún no ha terminado de cuajar del todo, fue la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra dos funcionarios de gobierno y un líder paramilitar aliado. En el marco de la Ley Magnitsky, estos tres sujetos vieron sus activos congelados y se les prohibió el acceso a la preciada visa norteamericana.

Esto parece dar algunos indicios de las dos principales alternativas de la geopolítica de los Estados Unidos en lo que respecta a Haití: la «normalización por vía institucional» -en la amplia gama de matices que van desde la democracia de baja intensidad, el fraude electoral y hasta una reedición de las ocupaciones internacionales vía las Naciones Unidas- o la profundización del shock represivo, que incluye el refuerzo de la alianza gobierno-grupos delincuenciales, la paramilitarización del tejido social, las nuevas leyes de seguridad y la represión y asesinatos selectivos a opositores. En esta línea, en febrero de 2019 la Policía Nacional de Haití detuvo a un grupo de ocho mercenarios fuertemente armados -cinco ex-marines de los Estados Unidos, dos serbios y un haitiano-, que se suponen parte de una política sistemática de infiltración de fuerzas irregulares extranjeras. Los mercenarios fueron deportados de forma expeditiva vía la Embajada de los Estados Unidos, sin que pudieran ser investigados y juzgados en Haití. En la evaluación y aplicación de estas dos estrategias, pesan, por supuesto, no solo la eficacia relativa de cada método, sino también la «limpieza» relativa de cada uno y los costos eventuales para los Estados Unidos y los organismos occidentales en la arena internacional.

Todo pareciera indicar que Biden y los demócratas están detrás del calendario electoral propuesto por el CEP, tras el relativo fracaso de las políticas seguidas por el Departamento de Estado el último bienio. Sin embargo, el celo está puesto en el simulacro electoral y no en la democracia sustantiva. Por eso la nueva Constitución está siendo elaborada por una comisión secreta, y a casi dos meses del plebiscito que debería ratificarla, se desconoce por completo su contenido.

A la fecha apenas si han circulado algunos trascendidos sobre sus previsibles objetivos: el retorno al régimen presidencialista, la eliminación formal del Senado y la construcción de un Parlamento unicameral, así como una serie de medidas tendientes a ganarse el apoyo de la diáspora como la legalización de la doble nacionalidad. Además, la propuesta cuenta con otro vicio de origen: la Carta Magna actual prohíbe de forma explícita la celebración de mecanismos consultivos para su modificación. Pese a todas estas impropiedades, la OEA y los Estados Unidos se apresuraron a manifestar su apoyo a una iniciativa que probablemente haya salido de sus propios despachos. Por su parte, cada vez más extensos segmentos de la población haitiana exigen la renuncia inmediata de Moïse, en un amplio entramado de organizaciones, clases y sectores que incluye a partidos políticos, movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones territoriales, ONGs, iglesias y hasta cámaras empresariales.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Por Sare Frabes

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Por Santiago Navarro F.

En días recientes de este mes de enero, el segundo año de la pandemia por el virus Covid-19, en los Estado Unidos se dio a conocer que el multimillonario norteamericano Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha comprado a través de la empresa de inversiones Cascade Investments, más de 97 millones 933 mil 925 hectáreas de tierras de cultivo. Gates ahora es el mayor propietario de tierras agrícolas en este país, pero su estrategia abarca el resto de América Latina, África y Asia, hacía dónde ha extendido la misma iniciativa que otra empresa del ramo, Bayer, para “ayudar a los pequeños agricultores y acelerar el desarrollo de tecnologías de vanguardia”.

La multinacional Bayer, quien produce investigación para la industria farmacéutica, mejoramiento de semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética, se fusionó en 2006 con la gigante de las semillas, Monsanto. Las acciones que la familia Gates mantenía en Monsanto antes de ésta compra superaban 500 mil acciones por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses, los cuales también se fusionaron con Bayer.

En su momento, esta multinacional afirmó que la adquisición de Monsanto sería “una gran oportunidad para crear un líder agrícola global (…). Esta transacción unirá las plataformas de Semillas y Tratamientos, Protección de cultivos, Biología y Agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer (…)”, señalaba el comunicado de prensa difundido por la empresa en mayo del 2016.

Actualmente Bayer esta presente en los cinco continentes del planeta y desplega diversas estrategias en torno al sector agroindustrial. Esta multinacional asegura que el 97% de los agricultores del mundo cultivan en menos de 10 hectáreas de tierra, aproximadamente 550 millones de pequeñas granjas en Asia, África y América Latina. Estos agricultores “producen aproximadamente un tercio del suministro de alimentos del mundo y, en los países de ingresos bajos y medios, producen un poco más de la mitad de las calorías consumidas”.

No obstante, Bayer sostiene que estos “pequeños agricultores” necesitan elevar y tecnificar el nivel de su producción para hacer frente al cambio climático y al crecimiento de población. “Como líder mundial en agricultura, estamos en una posición única para ayudar. Es por eso que, para 2030, nos comprometemos a empoderar a 100 millones de pequeños agricultores en regiones en desarrollo mejorando el acceso al conocimiento, productos, servicios y asociaciones agronómicas”, afirma esta empresa.

Ver también: EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

Coincidentemente, cuando los contagios de Covid-19 se expandían en el planeta y hacia la población más vulnerable, en enero de 2020, la fundación de Gates anunció su nueva incursión hacia la agricultura  a través de su estrategia bautizada como “The Bill &  Melinda Gates-Agricultural Innovations LLC”, también conocida como Gates Ag One. Gates Ag One fue creada como una subsidiaria de la Fundación Gates y dirigida por Joe Cornelius, el ex director de desarrollo de tecnología, nutrición y alimentos en Bayer Crop Science. Cornelius, en la década de 1990, también fue Director de Desarrollo Internacional en Monsanto.

La nueva organización de Gates justifica su iniciativa argumentando que todos tienen derecho a vivir una vida saludable y productiva, pero “muchas de las personas más pobres del mundo, aquellas que se ganan la vida con la agricultura, no tendrán esa oportunidad a menos que puedan acceder a las innovaciones necesarias para adaptarse a los desafíos causados por el cambio climático”.

Contrario a ello, el informe llevado a cabo por Navdanya International llamado Puertas a un Imperio Global, afirma que Gates apoya “la agricultura industrial que utiliza el 75% de la tierra mientras que proporciona menos del 20% de nuestros alimentos. A este ritmo, si la participación de la agricultura industrial y los alimentos industriales en nuestra dieta se incrementa hasta el 45%, tendremos un planeta muerto. Y uno sin vida ni alimentos”.

Gates Ag One se presenta como una organización sin fines de lucro que persigue, según el comunicado oficial, promover descubrimientos tecnológicos de alto impacto que puedan ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático para que sean más productivos en una forma resiliente y sostenible. “Sin estas innovaciones, los agricultores se verán obligados a adoptar prácticas cada vez más insostenibles para alimentar a sus familias mientras se enfrentan al cambio climático”, afirma el comunicado de esta iniciativa.

Para lograr estos objetivos, según Gates Ag One, colaborará con un grupo diverso de socios locales, regionales e internacionales, “incluidas universidades, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, gobiernos, organizaciones internacionales y otros, para poner mejores tecnologías a disposición de los agricultores que más las necesitan”.

AgTech Accelerator y la Agenda 2030

Al igual que Bayer, Gates Ag One, sostiene que busca “empoderar a  los  pequeños  agricultores” con estas tecnologías hasta el año 2030, hacia donde se han trazado los 17 objetivos desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, en su programa llamado Agenda 2030. De tal forma que en esta agenda se ha considerado estratégico invertir en los pequeños productores para “Fomentar el progreso y alcanzar las metas de las ODS”, según el Informe de la ONU llamado Transformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

En septiembre del 2018, en Nueva York, durante la reunión con el Secretario General de la ONU, abocada al financiamiento de la Agenda 2030, Bill Gates, subrayó el importante papel que juega la inversión privada, al enfatizar “que las organizaciones filantrópicas también pueden ser socios clave para promover metodologías e instrumentos innovadores para abordar los desafíos en la erradicación de la pobreza. Algunos ejemplos de tales innovaciones incluyen: “subvenciones de desafío” para estimular nuevas ideas; incentivos para reducir el riesgo de inversiones en tecnologías prometedoras, como inversiones de capital en empresas emergentes de biotecnología para prevenir y tratar enfermedades infecciosas”.

También te puede interesar: Consumo de carne y soya en Europa y EUA está vinculado a la deforestación de la Amazonía

En la plataforma de la Fundación Bill&Melinda Gates se anuncia que parte de sus acciones es invertir en un programa de aceleración para la implementación de esta tecnología llamada AgTech Accelerator, que entre otras tecnología trabaja con la modificación genética de semillas y plantas, fungicidas sintéticos entre otros. Los inversionistas que participan financiando este proyecto incluyen a Bayer, Syngenta Ventures, Alexandria Venture Investments, ARCH Venture Partners, Flagship Ventures, Harris & Harris Group, Inc., Hatteras Venture Partners, Mountain Group Capital y Pappas Capital.

“AgTech Accelerator ha reunido a un grupo diverso de constructores de empresas experimentados y exitosos para crear y gestionar la próxima generación de empresas emergentes basadas en las tecnologías centradas en la agricultura más prometedoras del mundo”, dijo Geoff Kneen, Ph.D. de Bayer.

Seún datos de Bayer esta tecnología es uno de los principales agentes de cambio en la actualidad y desde el 2015, “la inversión en tecnología en agricultura, también conocida como AgTech, alcanzó los 4,600 millones de dólares”.

Desde el año 2017, en América Latina, se viene acelerando la tecnificación de la agricultura con celulares inteligentes, computadores y drones para elevar a la productividad a mayor escala, con semillas modificadas genéticamente, con químicos y biología sintética. En Argentina, por ejemplo, se implementa mediante un programa promovido desde el gobierno titulado “AgTech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”. Mientras en Brasil, hasta 2019, ya contaba con mil 125 empresas de AgTech, según el estudio “Radar Agtechs Brasil 2019”.

En México se ha creado una plataforma llamada AgtchMex, la cuál sostiene que, “es una red integrada por 200 emprendedores, productores, investigadores, inversionistas, gobierno y ONGs. Tenemos la misión de acelerar la adopción de la tecnología para impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano. Creemos que no puede ser un esfuerzo en una sola parte de la cadena. La innovación nace de las perspectivas de diversos actores”.

Bayer asume que ya se viene dando esta llamada “revolución tecnológica” y que “ya es una realidad en América Latina, la región que puede ser la principal proveedora de alimentos del mundo. Está conectado por teléfonos inteligentes que ya representan el 60% de los 690 millones de conexiones en redes móviles y por el aumento de la cantidad de drones en campo”.

La multinacional Bayer también puntualiza que estos nuevos escenarios permitirán nuevos mercados. “Estamos realizando pruebas en campos experimentales para hacer evolucionar nuestra cartera”, agrega la multinacional.

El despliegue de su iniciativa se da en diversas geografías del planeta, dónde también trabajan con Cargill, la mayor comerciante agrícola del mundo de productos como soja y carne, responsable de la deforestación en la Amazonía. “No trabajamos solos: el acercamiento a los pequeños agricultores se realiza en colaboración con socios como, Technoserve, Solidaridad y The Bill & Melinda Gates Foundation, particularmente para brindar capacitación y apoyo a estos pequeños productores”, asumieron los directivos de esta multinacional en  la Conferencia del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en 2013.

La fundación Bill & Melinda Gates se muestra optimista y señala que las nuevas inversiones en el desarrollo de productos “pueden ampliar las soluciones disponibles para los pequeños agricultores. Si bien muchos desafíos relacionados con el desarrollo agrícola y el cambio climático se pueden abordar con los enfoques disponibles actualmente, otros desafíos requieren soluciones innovadoras. Con mayores inversiones en investigación y una variedad de otras intervenciones críticas, incluidos enfoques sostenibles para la gestión de la tierra y el agua, seguros asequibles y acceso a los mercados”.

Esta fundación asegura que los pequeños agricultores pueden tener acceso a estás tecnologías para adaptarse al cambio climático. Pero la misma ONU sostiene que son los pobres los que siguen suministrando el 80% de los alimentos a nivel mundial. “En muchos países, la agricultura sigue siendo el mayor empleador y el principal sector económico; es decir, la pobreza rural representa un gran problema y una gran oportunidad al mismo tiempo”, señala la ONU en su informe Trasformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ir a descargar

ROMPIENDO FRONTERAS:
PALESTINA: Especial Palestina en este 2021 Israel da muestras claras de querer exterminar al pueblo palestino.El compañero Armando Soto de la Sexta con Palestina nos narra los más severos acontecimientos.
MIGRACION CENTRO AMERICA: La caravana migrante viene desde Hondurasrompio el cerco militar el 16 de enero por el número de migrantes, el día 17 a toletazos y con gases lacrimogenos contuvo a les migrantes sin importarle la presencia de niñes y bebes. Redes y RedTzikin.
CHILE: 5 compañeras criminalizadas por pedir justicia para Nicole Saavedra. Radio Humedales
AUTONOMIA DIGITAL: Ante los cambios a las politicas de privacidas en redes sociales.Ni Whatsapp, Ni Telegram Ni Facebook, solo eres libre en el software libre.
MUNDO: Julian Assange es propuesto a recibir el premio nobel de la paz.
WALLMAPU MUNDO: Convocatoria a cadenazo para y por la niñez mapuche. Audio convocatoria de La Zarzamora

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
LUCHA POR LA VIDA MORELOS: Rodada y caravana contra la Termo en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. La herencia rebelde de Samir. Por Juan Pérez
MEXICO IMPUNIDAD: Salvador Cienfuegos exonerado, el gobierno de México ha traicionado cientos de miles de victimas y devuelto el trono a narco Salvador Cienfuegos. ZonaDocs
GUERRERO MEXICO: Familias de los 43 normalistas de ayotzinapa se quejan de la información a cuenta gotas que reciben por parte de las instituciones militares. Se deslindan de Felipe Cruz ex vocero de los 43 que ahora se descara como candidato a diputado prurinominal. Somos el medio y Prensa Ayotzi
CHIHUAHUA Cd JUAREZ: Jornada de protesta y de memoria a un año de a el impune asesinato de Isabel Cabanillas la mujer, madre, hija, compañera, amiga, artista, muralista, diseñadora, activista por los derechos de las mujeres y los migrantes. Hijas de su Maquilera Madre.
YUCATAN, CDMX, Y 20 CIUDADES MAS: Rodada por Justicia para Jacinto #NiUnaBiciBlancaMas
Rodada por el asesinato del ciclista Jacinto Leon Guzman más de 20 ciudades dicen, #NiUnaBiciBlancaMás. Instalan placa en CDmx frente a casa de gobierno de Yucatán.
MICHOACÁN: Organización de Mujeres Autodefensas, han sido víctimas de asesinato, secuestro y ya no están dispuestas a tolerar más violencia, tomaron las armas contra carteles del crimen organizado. Sin Embargo
CHIAPAS: Normalistas de la escuela rural Mactumacza aportan comida a les compañeres de la coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.COordinadora de Desplazados.

MÚSICA
Cumbia Palestina – Orkesta Popular San Bomba
Madre Espérame que Vuelvo – Frekuente #PrensaOpal
Viva Zapata – Acosta

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Por Renata Bessi

Sorry, this entry is only available in Mexican Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

---

 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

(Español)

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

 

---

Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.