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Somos el Medio

Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán

La comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque armado en el predio comunal El Caracol. Marcos Aguilar Rojas fue asesinado y Gabriel Aguilar resultó herido mientras realizaban labores comunitarias. Organizaciones exigen protección urgente y justicia para la comunidad tepehuana–wixárika.

Por Mario Marlo | Somos el Medio

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025.— La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó que el 26 de noviembre se registró un ataque armado en el predio comunal El Caracol, en la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. El hecho dejó como saldo el asesinato de Marcos Aguilar Rojas y heridas de gravedad en su familiar y compañero de comunidad, Gabriel Aguilar Rojas.

De acuerdo con testimonios, ambos comuneros se encontraban retirando ganado que había invadido territorio comunal cuando fueron atacados a balazos. Las personas responsables fueron identificadas como parte de un grupo que ha mantenido conflictos con la comunidad por la posesión del predio. Marcos murió en el lugar y Gabriel fue trasladado para recibir atención médica urgente.

Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán
En la imagen aparece Gabriel Aguilar Rojas (segundo de derecha a izquierda) durante una reunión en Casa Jalisco en 2018. Foto: Mario Marlo / @mariomarlo

El ataque se registró en El Caracol, un predio comunal que la comunidad ha defendido colectivamente durante décadas ante múltiples intentos de despojo. Azqueltán sostiene un proceso de autonomía y un sistema propio de justicia y seguridad que, pese a su reconocimiento oficial, ha sido reiteradamente vulnerado por agresiones armadas, amenazas y la invasión ganadera realizada por actores externos.

La Red TDT y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) señalaron que estos hechos forman parte de un patrón prolongado de violencia contra la comunidad tepehuana–wixárika. Enfatizaron que el Estado mexicano debe garantizar la vida de las personas defensoras del territorio y asumir su responsabilidad en la protección del pueblo de Azqueltán, que enfrenta un riesgo permanente.

Las organizaciones demandaron que las autoridades del estado de Jalisco investiguen los hechos de manera inmediata y sancionen penalmente a los perpetradores. También insistieron en que se brinde atención médica especializada a Gabriel Aguilar y que el cuerpo de Marcos Aguilar sea entregado dignamente a su familia. Asimismo, exigieron medidas colectivas de protección y acciones concretas que avancen hacia el reconocimiento y titulación definitiva de los bienes comunales.

San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena conformada por pueblos tepehuanos y wixáritari que habitan el territorio desde tiempos ancestrales. Con base en un título virreinal de 1733, la comunidad reclama la restitución de 45 mil hectáreas que les pertenecen. Durante más de dos siglos han enfrentado procesos de invasión de tierras, presencia de ganaderos mestizos, amenazas, violencia y desapariciones.

Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán
Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. Foto Mario Marlo / @Mariomarlo

Te recomendamos leer este reportaje relacionadoTepehuanes y wixárikas de San Lorenzo Azqueltán en lucha por su autonomía

El problema se agravó con la creación de ejidos que fragmentaron el territorio comunal y permitieron el avance de actores que buscaron apropiarse de las tierras. Sin embargo, la comunidad ha sostenido su proceso organizativo y en 2013 declaró su autonomía, reconocimiento que fue validado por el Estado de Jalisco en 2015. Desde entonces, tepehuanos y wixáritari han reforzado la defensa de su territorio y sus prácticas culturales.

El asesinato de Marcos Aguilar Rojas y la agresión contra Gabriel Aguilar representan un nuevo episodio de violencia en una larga historia de despojo. Las organizaciones alertan que la situación exige una intervención urgente y eficaz para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad de la comunidad.

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Avispa Midia

25N en Oaxaca: protestas denuncian “tres años de terror” en el gobierno de Salomón Jara

Texto y fotos: Rocío Heredia | Avispa Midia

En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.

Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.

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Noticias de Abajo ML

Noticias de Abajo 25/11/2025

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Rompiendo fronteras:  

Bolivia: El presidente Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Ambiente y agua, poniendolo bajo control de intereses capitalistas y extractivistas. Colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana manifiestan su preocupación. Fuente: Mongabay

Israel: No cesa de usar la violencia, bombardeos en Syria, Libano y Gaza contra poblaciones civiles por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, medio oriente bajo la violencia colonial. Fuente: Resumen latinoamericano

Chile: Brutalidad policial en contra de miembros de comunidades Mapuche de Ercilla, sostenido el clima represivo por el Estado Chileno. Fuente: Radio Kurruf

PRESXS POLÍTCOS: Evento por la libertad de Mumia Abu Jamal y en homenaje a Carolina Saldaña, ambos periodistas que luchan por los derechos de todas y todos. Fuente: Amigos de Mumia México

Desde el ombligo del monstruo 

OAXACA: Gobierno Estatal de Oaxaca clasifica comunidad perseguida como “Foco Rojo” lo cual pone en riesgo a activistas, comuneras y comuneros organizados por la libertad de sus perseguidos. Fuente: Observatorio Memoria y Libertad

Chiapas: Libres, los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos desde 2022. Cientos de indígenas han pasado por las cárceles de Chiapas por cargos fabricados. Fuente: Desinformemonos

Michoacán: Muere comunera por heridas de bala e indebida atención de hospitales de Michoacán. Roxana Valentín Cárdenas, comunera de San Andrés Tziróndaro, perdió la vida por heridas de bala y una indebida atención en hospitales de Michoacán, luego de que un grupo armado agrediera una movilización de comunidades purépechas por el 46 aniversario de la defensa de la tierra en Santa Fe de la Laguna. Fuente: La Cooperacha, Consejo Supremo Indígena

CDMX, XOCHIMILCO: Amenazas de muerte ponen en alerta a activistas en el sur de la Ciudad, el acoso contra  el periodista Max Negrete ha aumentado. Desde el martes 18 de noviembre, el periodista comunitario, Max Emiliano Negrete González, recibió tres mensajes con amenazas de muerte, a través de la red social Instagram, por parte de cuentas recién creadas, sin fotografías de perfil y con nombres que hacen alusión a un daño a la integridad y vida del periodista. Fuente: Articulo 19

FORO INFORMATIVO: LOS PELIGROS DE LA MINERÍA EN LOS PUEBLOS ÑUU SAVI, NAHUA E INGIWA 

Los Peligros de la Minería en los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Inwiga, busca abrir un espacio de análisis, diálogo y acción colectiva, por lo que nos reuniremos con el objetivo de: Analizar de manera colectiva los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería en los territorios de los pueblos Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa y construir estrategias conjuntas que fortalezcan su defensa y la continuidad de la vida comunitaria.

ZONA TECNOACRATA

Modelos de lenguaje de Iinteligencia Artificial rechazan nuevos paradigmas y favorecen est status quo, validando discursos que se basan en el consenso y no en la realidad, dicha razón es la causa de respuestas falsas, justificar con argumentos falsos su sostenimiento de la realidad.

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Avispa Midia

Colectividades denuncian impulso gubernamental para expansión minera en México

Por Aldo Santiago | Avispa Midia

En portada: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén Del Pozo Mendoza, inauguraron oficialmente la XXXVI Convención Internacional de Minería “La Minería Unida por México”, Acapulco 2025.

Organizaciones sociales, comunidades y académicos integrantes del colectivo ¡Cambiémosla Ya!, quienes se articulan para exigir reformas profundas a la Ley Minera en México, acusan que funcionarios de la Secretaría de Economía, además de incumplir por más de dos años en su obligación legal para expedir un nuevo reglamento, derivado de las modificaciones efectuadas en mayo del 2023, actualmente están contemplando “reanudar la exploración a mayor escala” de la actividad extractiva.

Mediante comunicado, la colectiva denunció que, durante la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería, efectuada el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, prometió que, para el año 2026 se reanudará la exploración minera a mayor escala. En el mismo evento, el secretario prometió agilizar permisos para la industria con el objetivo de reducir tiempos administrativos y facilitar la inversión en nuevos proyectos mineros en el país.

En su discurso, Ebrard enunció que dichas decisiones derivan de las actuales tensiones geopolíticas entre las cuales se encuentran el difícil acceso a minerales y su procesamiento, situación que “evidentemente es una prioridad del más alto rango”. Aunado a ello, el titular de Economía destacó que el impulso al que se compromete el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” responde a la necesidad de “garantizar los minerales que México necesita para ser competitivo y que necesita el Plan México”, en referencia al portafolio de inversiones, nacionales e internacionales, por 277 mil millones de dólares anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en enero del 2025.

El secretario Ebrard señaló que, dentro de la inversión extranjera directa contemplada en México ya se cuenta con proyectos que alcanzan un monto de casi 41 mil millones de dólares. Incluso, para subrayar el compromiso del gobierno federal con la industria, refirió que el jefe de Coordinación de Actividades Extractivas de la secretaría de Economía, Fernando Aboitis, actúa como si fuese miembro de la Cámara Minera de México (Camimex).

El titular de Economía, Marcelo Ebrard durante su participación en la Convención minera.

Ante ello, el colectivo ¡Cambiémosla Ya! denunció lo que califica como “gran irresponsabilidad” en el actuar de los funcionarios de Economía, ya que acusan que la dependencia cedió a los chantajes de la industria minera y omiten “su responsabilidad en la tarea de fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción”.

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La Vía Campesina

La Via Campesina Firmly Rejects UN Security Council Resolution 2803 on Gaza

(Bagnolet: November 24, 2025) In the face of UN Security Council Resolution 2803 (2025), it becomes unmistakably clear that what is being offered to the world as a “framework for stability” is, in fact, one of the gravest international interventions imposed on Palestine in decades. Rather than ending the genocide, the resolution reorganizes it into an administrative project; rather than halting ethnic cleansing, it embeds it within the structures of multilateral legitimacy. At its core, the resolution places Gaza under an international trusteeship that converts the Israeli occupation into a formalized internationalized occupation, designed to fracture Gaza from the West Bank and to erase the Palestinian people’s inalienable right to self-determination.

Since the so-called ceasefire came into effect on 10 October 2025, Israel occupation has continued its campaign of killing with impunity. More than 312 Palestinians have been killed in Gaza during this period, according to the Palestinian Ministry of Health, while the West Bank has been subjected to an unprecedented wave of settler terrorism. UN monitoring has recorded over 260 settler assaults in October alone, the highest monthly figure since documentation began in 2006,turning villages, farms, and entire communities into daily targets of coordinated violence. This reality exposes the ceasefire as nothing more than a tactical pause that enables the reconfiguration of the assault rather than its end.

Behind its humanitarian language, Resolution 2803 is, in essence, an Israeli-designed project endorsed through the Security Council to formalize a new regime of control over Gaza. It replaces tanks with “stabilization forces,” replaces military checkpoints with “international mechanisms,” and replaces direct colonial domination with an “administrative peace” that entrenches the system of control rather than dismantling it.

First, by placing Gaza under an “International Stabilization Force” with broad coercive powers, the resolution imposes a new form of international trusteeship that strips Palestinians of the ability to govern their land, borders, reconstruction, and security. This is substitution of one occupying authority with a consortium of powerful states. It is occupation with a diplomatic face.

Second, the resolution reframes the core of the Palestinian struggle from resistance against a settler-colonial regime to a “security problem” requiring technical management. In doing so, it removes the political heart of the Palestinian question and converts Gaza into an administratively governed territory rather than an integral part of an occupied homeland. This logic absolves the Israeli occupation of its responsibilities, recasts the colonized as a source of instability, and reproduces the very violence it claims to resolve.

Third, Resolution 2803 advances a strategic project to separate Gaza from the West Bank by creating distinct governance, security, and administrative systems. This fragmentation entrenches the geographic and political division imposed by the occupation and aims to liquidate the unified territory and unified people that international law clearly recognizes. It revives the long-standing colonial formula: divide the land, divide the people, weaken the struggle.

Fourth, the resolution’s reference to a “pathway to a Palestinian state” is politically hollow and deliberately misleading. A state without sovereignty over borders, water, land, airspace, and reconstruction is not a state, it is a managed enclosure. It turns the dream of liberation into a bureaucratic arrangement that leaves Palestinians with the form of statehood but none of its substance.

Fifth, by replacing active bombardment with an internationalized apparatus of control, the resolution shifts genocide from its military phase to an administrative phase. Under the guise of stabilization, reconstruction, and oversight, the same power dynamics persist: domination over land, control over movement, and suppression of political agency. This is not peace, it is the re-engineering of violence.

La Via Campesina asserts that this resolution does not open a horizon for justice. It inaugurates a new chapter of imposed governance designed to subdue a people who have resisted expulsion, starvation, and systematic destruction. Gaza is being turned into a laboratory for global “security solutions” that serve geopolitical interests rather than the rights of the people who live on that land.

We also call upon all countries, especially those whose peoples have endured colonization, occupation, or imposed trusteeship, to reject this resolution at the UN General Assembly and to stand firmly with the Palestinian right to self-determination. Their historical experience makes their voice essential in confronting this new colonial framework.

We therefore call on social movements, workers’ unions, peasant organizations, feminist movements, and allies worldwide to:

  1. Reject all forms of international trusteeship over Gaza, and oppose converting the Israeli occupation into any multilateral or “stabilization” regime.
  2. Demand an immediate, unconditional end to the siege, the occupation, and all mechanisms of ethnic cleansing in Gaza and the West Bank.
  3. Ensure unrestricted entry of humanitarian aid and immediate access for international and local journalists to document the situation without censorship or political control.
  4. Intensify global Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) against the Israeli apartheid system and the corporations profiting from land theft, displacement, and destruction of agriculture.
  5. Hold the Israeli occupation fully accountable for war crimes, crimes against humanity, and genocide, and call for effective international sanctions on political, military, and economic actors responsible.
  6. Support Palestinian peasants, women, fishers, and workers, who remain at the frontline of defending land, life, and food sovereignty.

Gaza is not a “security file.” Palestine is not a territory to be administered. It is a homeland fighting for liberation.

La Via Campesina International

For land, for life, for food sovereignty and with the people of Palestine until full liberation.

This post is also available in Español and Français.

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Avispa Midia

Mujeres indígenas en Brasil denuncian la COP30 como farsa climática

Mientras la COP30 promete soluciones climáticas, mujeres indígenas de Brasil denuncian la cumbre como una farsa que excluye sus voces y encubre la violencia y el despojo en sus territorios. Su lucha por la demarcación “ahora” se revela como la verdadera clave para la justicia climática.

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El Fogón de las Palabras

El Fogón de las Palabras: Mi bello horizonte. Cooperativa Nuevo Horizonte. Petén, Guatemala

La cooperativa Nuevo Horizonte fue creada en 1998 por mujeres y hombres ex combatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en el Petén, Guatemala.

En este programa escucharemos las voces de algunxs de ellxs, así como de las y los jóvenes que nos comparten cómo ha sido para ellxs nacer y crecer en esta comunidad creada gracias al trabajo y la lucha de sus madres, padres, abuelas y abuelos: “un puñado de hombres y mujeres guerrilleras y luchadoras por una sociedad distinta”.

Más información aquí.

(Descarga aquí)  

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Nantik Meche

Podcast: Desapariciones forzadas en Chiapas

Este podcast nos acerca a la crisis de desapariciones forzadas en Chiapas y en específico a la lucha de familiares de 7 habitantes de San Cristóbal que este 23 de noviembre cumplen un año de haber sido desaparecidos.

(Descarga aquí)  
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Cumbre de los Pueblos

COP 30, Belém: Declaration of the Peoples’ Summit

We, the Peoples’ Summit, gathered in Belém do Pará, in the Brazilian Amazon, from 12 to 16 November 2025, declare to the peoples of the world what we have accumulated in struggles, debates, studies, exchanges of experiences, cultural activities and testimonies, over several months of preparation and during these days gathered here.

Our process brought together more than 70,000 people who make up local, national, and international movements of indigenous and traditional peoples, peasants, Indigenous Peoples, quilombolas, fisherfolk, traditional peoples who live from sustainable forest extraction, shellfish gatherers, urban workers, trade unionists, homeless people, babassu coconut breakers, terreiro peoples, women, the LGBTQIAPN+ community, young people, Afro-descendants, the elderly, and peoples from the forest, the countryside, the peripheries, the seas, rivers, lakes, and mangroves. We have taken on the task of building a just and democratic world, with buen vivir/ bem viver/ good living for all.

We are unity in diversity.

The advance of the extreme right, fascism and wars around the world exacerbates the climate crisis and the exploitation of nature and of peoples. The countries of the Global North, transnational corporations (TNCs), and the ruling classes bear the main responsibility for these crises.

We salute the resistance and stand in solidarity with all peoples who are being cruelly attacked and threatened by the forces of the US empire, Israel and their allies in Europe. For more than 80 years, the Palestinian people have been victims of genocide perpetrated by the Zionist state of Israel, which has bombed the Gaza Strip, forcibly displaced millions of people and killed tens of thousands of innocent people, mostly children, women and the elderly. We totally repudiate the genocide perpetrated against Palestine. We offer our support and solidarity to the people who bravely resist, and to the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement.

At the same time, in the Caribbean Sea, the United States is intensifying its imperial presence. It is doing so by expanding joint operations, agreements and military bases, in collusion with the extreme right, under the pretext of combating drug trafficking and terrorism, as with the recently announced “Southern Spear” operation. Imperialism continues to threaten the sovereignty of peoples, criminalising social movements and legitimising interventions that have historically served private interests in the region. We stand in solidarity with the resistance of peoples under imperialist or resource-grabbing attacks in Venezuela, Cuba, Haiti, Ecuador, Panama, El Salvador, Colombia, the Democratic Republic of Congo, Mozambique, Nigeria, Sudan, and with the emancipatory popular projects of the peoples of the Sahel, Nepal and around the world.

There is no life without nature. There is no life without the ethics and the work of care. That is why feminism is central to our political project. We place the work of reproducing life at the centre, which is what radically differentiates us from those who want to preserve the logic and dynamics of an economic system that prioritises profit and the private accumulation of wealth.

Our worldview is guided by popular internationalism, with exchanges of knowledge and wisdom that build bonds of solidarity, struggle and cooperation among our peoples. True solutions are strengthened by this exchange of experiences, developed in our territories and by many hands. We are committed to stimulating, convening and strengthening these processes. Therefore, we welcome the announcement of the construction of the International Movement of People Affected by Dams, Socio-Environmental Crimes and the Climate Crisis.

We began our People’s Summit by navigating the rivers of the Amazon, which, with their waters, nourish the entire body.

Like blood, they sustain life and feed a sea of encounters and hopes. We also recognise the presence of enchanted beings and other fundamental beings in the worldview of indigenous and traditional peoples, whose spiritual strength guides paths, protects territories and inspires struggles for life, memory and a world of good living.

After more than two years of collective construction and holding the People’s Summit, we affirm:

  1. The capitalist mode of production is the main cause of the growing climate crisis. The main environmental problems of our time are a consequence of the relations of production, circulation, and disposal of goods, under the logic and domination of financial capital and large capitalist corporations.
  2. Peripheral communities are the most affected by extreme weather events and environmental racism. On the one hand, they face a lack of infrastructure and adaptation policies. On the other hand, they face a lack of justice and reparations, especially for women, young people, impoverished people, and people of colour.
  3. Transnational corporations, in collusion with governments in the Global North, are at the centre of power in the capitalist, racist and patriarchal system, being the actors that most cause and benefit from the multiple crises we face. The mining, energy, arms, agribusiness and Big Tech industries are primarily responsible for the climate catastrophe we are experiencing.
  4. We oppose any false solutions to the climate crisis, including in climate finance, that perpetuate harmful practices, create unpredictable risks, and divert attention from transformative solutions based on climate justice and the justice of peoples in all biomes and ecosystems. We warn that the TFFF, being a financialised programme, is not an adequate response. All financial projects must be subject to criteria of transparency, democratic access, participation and real benefit for affected populations.
  5. The failure of the current model of multilateralism is evident. Environmental crimes and extreme weather events that cause death and destruction are becoming increasingly common. This demonstrates the failure of countless global conferences and meetings that promised to solve these problems but never addressed their structural causes.
  6. The energy transition is being implemented under capitalist logic. Despite the expansion of renewable sources, there has been no reduction in greenhouse gas emissions. The expansion of energy production sources has also become a new space for capital accumulation.
  7. Finally, we affirm that the privatisation, commodification and financialisation of commons and public services are directly contrary to the interests of the people. In this context, laws, state institutions and the vast majority of governments have been captured, shaped and subordinated to the pursuit of maximum profit by financial capital and transnational corporations. Public policies are needed to advance the recovery of states and tackle privatisation.

In the face of these challenges, we propose:

  1. Confronting false market solutions. Air, forests, water, land, minerals, and energy sources cannot remain private property or be appropriated, because they are common goods of the people.
  2. We demand the participation and leadership of peoples in the construction of climate solutions, recognising ancestral knowledge. The multidiversity of cultures and worldviews carries ancestral wisdom and knowledge that states must recognise as references for solutions to the multiple crises afflicting humanity and Mother Nature.
  3. We demand the demarcation and protection of the lands and territories of indigenous peoples and other local peoples and communities, as they are the ones who guarantee the survival of the forest. We demand that governments implement zero deforestation, end criminal burning, and adopt state policies for ecological restoration and recovery of areas degraded and affected by the climate crisis.
  4. We demand the implementation of popular agrarian reform and the promotion of agroecology to guarantee food sovereignty and combat land concentration. Peoples produce healthy food to feed the people, in order to eliminate hunger in the world, based on cooperation and access to techniques and technologies under popular control. This is an example of a real solution to confront the climate crisis. There is no climate justice without land back in the hands of peoples.
  5. We demand the fight against environmental racism and the construction of fair cities and living peripheries through the implementation of environmental policies and solutions. Housing, sanitation, water access and use, solid waste treatment, afforestation, and access to land and land regularisation programmes must consider integration with nature. We want investment in quality public and collective transport policies with zero fares. These are real alternatives for tackling the climate crisis in peripheral territories around the world, which must be implemented with adequate funding for climate adaptation.
  6. We advocate direct consultation, participation, and popular management of climate policies in cities to confront real estate corporations that have advanced the commodification of urban life. The city of climate and energy transition should be a city without segregation that embraces diversity. Finally, climate financing should be conditional on protocols that aim at housing permanence and, ultimately, fair compensation for people and communities with guaranteed land and housing, both in the countryside and in cities.
  7. We demand an end to wars, we demand demilitarisation. That all financial resources allocated to wars and the war industry be redirected to the transformation of this world. That military spending be directed towards the repair and recovery of regions affected by climate disasters. That all necessary measures be taken to prevent and pressure Israel, holding it accountable for the genocide committed against the Palestinian people.
  8. We demand fair and full compensation for the losses and damages imposed on peoples by destructive investment projects, dams, mining, fossil fuel extraction, and climate disasters. We also demand that those guilty of economic and socio-environmental crimes that affect millions of communities and families around the world be tried and punished.
  9. The work of reproducing life must be made visible, valued, understood for what it is – work – and shared by society as a whole and with the state. This work is essential for the continuity of human and non-human life on the planet. It also guarantees the autonomy of women, who cannot be held individually responsible for care, but whose contributions must be taken into account: our work sustains the economy. We want a world with feminist justice, autonomy and participation of women.
  10. We demand a just, sovereign and popular transition that guarantees the rights of all workers, as well as the right to decent working conditions, freedom of association, collective bargaining and social protection. We consider energy to be a common good and advocate for the overcoming of poverty and energy dependence. Neither the energy model nor the transition itself can violate the sovereignty of any country in the world.
  11. We demand an end to the exploitation of fossil fuels and call on governments to develop mechanisms to ensure the non-proliferation of fossil fuels, aiming for a just, popular and inclusive energy transition with sovereignty, protection and reparation for territories, particularly in the Amazon and other sensitive regions that are essential for life on the planet.
  12. We fight for public financing and taxation of corporations and the wealthiest individuals. The costs of environmental degradation and losses imposed on populations must be paid by the sectors that benefit most from this model. This includes financial funds, banks, and corporations in agribusiness, hydrobusiness, aquaculture and industrial fishing, energy, and mining. These actors must also bear the necessary investments for a just transition focused on the needs of the people.
  13. We demand that international climate financing not go through institutions that deepen inequality between North and South, such as the IMF and the World Bank. It must be structured in a fair, transparent, and democratic manner. It is not the peoples and countries of the global South that should continue to pay debts to the dominant powers. It is these countries and their corporations that need to begin to pay off the socio-environmental debt accumulated through centuries of imperialist, colonialist and racist practices, through the appropriation of common goods and through the violence imposed on millions of people who have been killed and enslaved.
  14. We denounce the ongoing criminalisation of movements, the persecution, murder and disappearance of our leaders who fight in defence of their territories, as well as political prisoners and Palestinian prisoners who fight for national liberation. We demand the expansion of protection for human and socio-environmental rights defenders in the global climate agenda, within the framework of the Escazú Agreement and other regional regulations. When a defender protects the territory and nature, they protect not only an individual, but an entire people, benefiting the entire global community.
  15. We call for the strengthening of international instruments that defend the rights of peoples, their customary rights and the integrity of ecosystems. We need a legally binding international instrument on human rights and transnational corporations, which is built on the concrete reality of the struggles of communities affected by violations, demanding rights for peoples and rules for corporations. We also affirm that the Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) should be one of the pillars of climate governance. The full implementation of peasants’ rights returns people to their territories, directly contributing to their food security, soil care and the cooling of the planet.

Finally, we believe that it is time to unite our forces and face our common enemy.

If the organisation is strong, the struggle is strong. For this reason, our main political task is to organise the peoples of all countries and continents. Let us root our internationalism in each territory and make each territory a trench in the international struggle. It is time to move forward in a more organised, independent and unified way, to increase our awareness, strength and combativeness. This is the way to resist and win.

“Peoples Of The World: Unite!”


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Los Muros

¿A quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

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