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CDH Fray Bartolomé de las Casas

La militarización aumenta la violencia y perpetúa las violaciones a Derechos Humanos y a los territorios de los Pueblos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de septiembre de 2022
Boletín No. 30

  • Las reformas constitucionales en materia de seguridad vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos.

En Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) de los 500 proyectados a nivel nacional. Contará con 3522 efectivos, de 223 000 elementos que forman esa institución y distribuidos en 266 coordinaciones regionales a nivel nacional. Los cuarteles se han instalado en territorios de Pueblos Originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el tren maya, el corredor interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan.

En este contexto, las fuerzas armadas en el estado Chiapas han servido como elementos coercitivos que busca desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio. El Ejército mexicano en el año 2018 implementó un aparato de espionaje, hostigamiento, intimidación y criminalización a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbre (PADUC), incursionando el 18 de febrero del mismo año en la Comunidad de Angel Albino Corzo, municipio de Palenque, Chiapas. El operativo se llevó a cabo, por efectivos militares (38 zona militar, 18 de infantería y la séptima región militar) Policías Federales y Estatales, así como policías ministeriales, quienes bajo el argumento de aplicar la derogada “Ley de Seguridad Interior” tendieron un cerco a la comunidad, les cortaron la energía eléctrica, generando terror contra  representantes de decenas de comunidades.

El pueblo tseltal de Chilón se manifestó el 15 de octubre del 2020, en contra de la construcción del cuartel de la GN que se construyó en su territorio sin su consentimiento, siendo fuertemente reprimidos por Policías Municipales de Ocosingo y Chilón, así como por la Policía Estatal, con el apoyo de la GN, quienes agredieron con piedras, palos, gases lacrimógenos, golpearon a personas y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes además de haber sido torturados, enfrentan un proceso penal injusto por el delito de Motín que da cuenta del sentido represivo del gobierno de Chiapas.

En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios. Lo que da evidencia que como en los noventas la estrategia es fallida. Dentro de los impactos de la violencia esta: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento. Estamos ante un Estado omiso y ante el fracaso de la estrategia militar.

El Gobierno Federal ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Han exhortado al Estado mexicano cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.

Sin embargo, el titular del ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, otorgaron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional de la operación y administración de la GN. Con esta iniciativa el gobierno profundiza la militarización del país, poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio.

En la memoria persiste la forma en que el Ejército mexicano ocupó territorios zapatistas desde 1994, entrenó, financió y ejecutó el plan de contrainsurgencia llamado Plan de Campaña Chiapas 94, creando diversos grupos de paramilitares. No se olvidan las diversas represiones al movimiento social  como en Atenco, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Xoxocotla, las ejecuciones sumarias como Tlatlaya, así como la participación directa en el crimen de Estado que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En el Frayba, expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de las reformas constituciones en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos. Hacemos un llamado para caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestros país.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Amenazas y agresión durante documentación en el Poblado de Nuevo San Gregorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
14 de septiembre de 2022.
Boletín No. 29

•    El gobierno de Chiapas propicia la impunidad y la violencia en los territorios.
•    Destrucción y despojo continúa contra Bases de Apoyo Zapatista. 

La comunidad Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), municipio de Huixtán, es territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en la región Altos de Chiapas, vulnerado por la violencia y bajo un continuo asedio por parte de un grupo agresor, quienes han fraccionado las tierras y despojado el 95% de las tierras que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas , del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hemos documentado de nueva cuenta cómo este grupo actúa con total impunidad, saqueando casas y la escuela autónoma donde destruyen y despojan, lo que constata la omisión y aquiescencia de los gobiernos federal y estatal, donde los grupos delictivos actúan con toda normalidad en el aumento de violencia y agrediendo la autonomía zapatista.

Los hechos de violencia continuada perpetrada el 8 de septiembre de 2022, en la que constatamos el robo de una casa y escuela autónoma, el cual se dio alrededor de las 14:11 hrs., empezó el saqueo por un grupo de personas que robaron los bienes tanto de la casa como de la escuela zapatista donde se llevaron insumos de trabajo para el campo, escolares y para la vida diaria. El saqueo duró cerca de 4 horas.

El 10 de septiembre, al acudir a documentar el asedio, robo y saqueo hacia la casa y escuela zapatista, nuestra estancia fue vigilada; cuando salíamos de la comunidad, al tomar el camino de terracería a la altura de Rancho Alegre, fuimos objeto de agresiones por personas que infirieron agresiones verbales, además trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Lo anterior configura el aumento de la violencia, junto a una búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación.

Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado por el sentido de acumulación y de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Insistimos en convocar a la solidaridad nacional e internacional que exprese el repudio de las agresiones hacia los pueblos en lucha y resistencia, en específico de Nuevo San Gregorio ante la persistente necedad de seguir vulnerado los territorios zapatistas.

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Avispa Midia

Pueblos indígenas registran más del 40% de desplazamientos forzados en México

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: 9,741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2020 cuando se registraron 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes (13), Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó sus observaciones preliminares tras la visita que realizó a México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre pasado.

Entre los hallazgos que destaca la relatora se encuentra que más del 40% de los casos de desplazamiento forzado registrados en el año 2020 afectaron a las comunidades originarias. Aunado a ello, Jimenez-Damary resaltó su preocupación ante la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas.

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Durante su visita a México, la relatora escuchó testimonios de personas desplazadas sobre la dificultad para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, por los retos para obtener la “calidad de víctima”, debido a que a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito.

Jimenez-Damary recibió información que dicho estatus solo es reconocido por las autoridades hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos. “Lo anterior, impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como víctimas deben ser proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas”, enfatizó la relatora.

De acuerdo a las observaciones de la funcionaria de la ONU, existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado. “Por lo tanto, es esencial que el reconocimiento de quienes son desplazados internos no se limite únicamente a los reconocidos jurídicamente como tales por estos mecanismos, sino también a los que no se acogen a ellos o no lo hacen”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio

Por ello, entre los puntos que aborda la relatora se encuentra la solicitud al gobierno federal, con carácter de urgente, para la creación de un registro de víctimas de desplazamiento interno, tanto a nivel nacional como estatal. “Éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, declaró Jimenez-Damary.

De acuerdo a la relatora, la creación de dicho registro permitirá la asignación de presupuesto suficiente para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado al interior de México. “El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, recalcó.

La visita

El objetivo principal de la visita de Jimenez-Damary fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país debido a factores como la violencia, los conflictos agrarios, proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, desastres ambientales, entre otros. Así, la relatora escuchó a víctimas de las comunidades afectadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.

La relatora subraya los testimonios sobre los impactos del desplazamiento en mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

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“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” mencionó Jimenez-Damary en referencia a que fue hasta el año 2019 cuando las autoridades mexicanas reconocieron la existencia del desplazamiento interno en el país.

“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada, que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas”, destacó la relatora, quien durante su visita se reunió con funcionarios federales y estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El caso Chiapas

En el contexto de su visita, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), compartieron un informe para la relatora de la ONU mediante el cual destacaron que desde 2010 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

“Recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y, con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”, resaltan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante el informe enfatizan que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno y menos aún para erradicarlo. “Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, denunciaron las organizaciones.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Foto: Sipaz

También destacaron que las mujeres están expuestas al acoso, la violación y tortura sexual como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan. “Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño”, subrayaron.

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Acerca de la situación de la niñez, las organizaciones señalaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector de la población, pero “se calcula que tres de cada diez de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total”.

Ante esta situación, las organizaciones sugieren a la relatora Cecilia Jiménez-Damaray a que exija al Estado mexicano respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía; implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos, y cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas, entre otros puntos.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

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Red Ajmaq

Visita al Caracol 10 y Nuevo San Gregorio

Compañeras , compañeros y compañeroas del CNI-CIG
Compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional
Compañeras, compañeros y compañeroas que asumieron la Declaración Por La Vida

Compartimos que el día sábado 10 de septiembre personas que integramos la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ y el compañero Raúl Zibechi visitamos a las compañeras y compañeros de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” y decidimos como Red hacer una visita a las familias zapatistas de la comunidad de Nuevo San Gregorio.

Nos movió; acercar nuestro abrazo, escucha, palabra y mirada compañera desde la solidaridad que se encarna al saber de cómo sigue lacerando y desgastando la vida ésta situación de Guerra hacia las familias zapatistas.

La realidad que se vive nos duele mucho y profundamente: sigue la violencia de los invasores y el gobierno en Chiapas no existe, no mira, no oye y no habla.

Pero está vez no vamos a describir hecho por hecho. Eso lo hará Raúl Zibechi y/o el Centro de Derechos Humanos Frayba. Hay algo tremendo que nos cuesta mucho describir, pedimos disculpas por eso. Y es que, no deja de sorprendernos, cómo a pesar del ensañamiento hacia estas familias de Nuevo San Gregorio, en cada compañera, compañero, compañerita y compañerito hay una luz tremenda en sus miradas, una actitud formidable frente al agobio de tres años de violencia. Una insistencia para crear y mantener el trabajo colectivo. Esto nos maravilla y conmueve al ver tanto amor en su seguir y estar siendo zapatistas.

La fotografía que les dejamos es la de Una comunidad que ha quedado en un diseño de cercamiento.

Y en un/ese cachito de tierra, de media hectárea, y en medio de la tormenta, se asoma un pequeñito destello que irrumpe el escalofriante escenario de Guerra: ahí está ese bebe naciendo, esos niños y niñas con miradas de sorpresa, esos jóvenes y jóvenas creando. Hombres y mujeres Zapatistas cuidando con paciencia y esperanza esas semillas para que florezcan, quizás no allí mero, pero si en un otro jardín, en un asfalto, en una maceta y/o una otra montaña. No lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que mientras tanto, la ORCAO, los 40, los líderes criminales y el desgobierno mexicano pretenden avivar el infierno para alcanzar esas flores que siguen convocando a la palabra: a la vida.

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 septiembre 2022

 

Rompiendo Fronteras

–CHILE Chile: Derrota de la política de abajo. Raúl Zibechi en Desinformemonos.

–GLOBAL ESPIONAJE: Con un software isrealí llamado Pegasus se espia a Defensores de Derechos Humanes, periodistas y activistas en más de 25 países del mundo. Visualizing

palestine y TadamunAntimili

–CHILE: Sobre la semana de agitación y solidaridad con presxs anarquistas y antiautoritarixs en el mundo. Y se levanta la huelga de hambre de presos mapuche de Biobio. La zarzamora, Radiokurruf.

Desde el ombligo del monstruo

–CDMX: Se realiza el Festival por la Vida y por las Paz en la UNAM para celebrar la autonomia zapatista. Noticias de abajo

–MÉXICO MILITARIZACION: El mal gobierno mexicano integro a la Guardia Nacional al Ejército para seguir imponiendo la militarización del país y de la policía. Redes.

–OAXACA: Expulsan a refresquera local por saqueo de agua en San Bartolo Coyotepec. Redes.

–PODCAST CHIAPAS: Notifrayba – Desplazamiento forzado, presos políticos y justicia. Frayba.

Música:

¿Quién cuida al pueblo? – Varios artistas

Amapola – no hacen falta banderas

Gato e monte -Nuestro Incendio

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La Comuna y Grieta

Desde la resistencia se celebra el “Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas”

Video: La Comuna

– Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, se exigió en la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM
– Decenas de colectivos y organizaciones respondieron al llamado de estudiantes, profesores y pueblo en general a celebrar la resistencia de los Caracoles Zapatistas.
– Con música, baile, talleres y diversas actividades la lucha zapatista contra el capitalismo resonó en la Ciudad de México.

Colectivo Grieta, 02 de septiembre de 2022
Ciudad de México.- Convocado por estudiantes, profesores, trabajadores y pueblo en general, el Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas se convirtió en un espacio de encuentro y celebración de la resistencia y rebeldía zapatistas. Música, fotografía, danza, entre otras expresiones llenaron de color la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM en la Ciudad Universitaria. Con la presencia del Congreso Nacional Indígena y la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio,  grupos musicales expresaron su solidaridad con las comunidades zapatistas en  una jornada que se prolongó desde las 10  de la mañana hasta las 6 de la tarde, momento en el que la actividad se trasladó al auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, para la proyección del documental ·La Vocera”

Elaboración de mantas como parte del festival. Foto: Colectivo Grieta
Durante el evento, se realizaron diversos talleres, como el de La Otra Salud. Foto: Colectivo Grieta
Decenas de personas participaron en los talleres que se realizaron como parte de la celebración.
El mapeo colaborativo para la resistencia formó parte de las actividades de este festival de abajo y a la izquierda. Foto: Colectivo Grieta
La música hizo sonar la lucha de las mujeres a través de la voz de Marica. Foto: Colectivo Grieta
En la Explanada de la Biblioteca Central de la UNAM resonó el horizonte zapatista de Democracia, Libertad y Justicia. Después de Marica, Zeiba Kuicani & Flores, Leticia Servín,  Soultik, EL Mastuerzo y Argelia Guerrero y León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomo completaron la programación musical y dancística.  Foto: Colectivo Grieta
Diversos colectivos, espacios de producción autogestiva, organizaciones políticas y adherentes de la Sexta organizaron la mercadita, en la que se distribuyeron de manera directa distintos productos, desde alimenticios hasta libros y ropa elaborada artesanalmente. Foto: Colectivo Grieta
En el festival estuvo presente la lucha y resistencia de los pueblos originarios a través del Congreso Nacional Indígena. Foto: Colectivo Grieta.
El recorrido de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno por el país fue rememorado tanto con una exposición fotográfica como con la proyección, horas más tarde, del documental “La Vocea”, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Foto: Colectivo Grieta.
A lo largo del día, miles de personas convergieron, se reencontraron e intercambiaron ideas en el Festival que denunció las agresiones contra las la comunidades zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno. Estas agresiones son orquestadas por los tres niveles del mal gobierno en México en colusión con grupos narco paramilitares. Foto: Colectivo Grieta.
Al cierre de las participaciones musicales en la jornada de lucha y resistencia, León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio celebraron la lucha zapatista por la vida y contra el capitalismo. Foto: Colectivo Grieta
El Alto a la Guerra se escuchó fuerte en Ciudad Universitaria. Foto: Colectivo Grieta
El público asistente disfrutó de diversas expresiones musicales, del soul al hip hop, del rock urbano a los ensambles de danza. El arte se hizo presente en la lucha anticapitalista. Foto: Colectivo Grieta
No morirá la flor de la palabra. La lucecita que las comunidades zapatistas entregaron sigue ardiendo con ternura, dignidad y alegre rebeldía. Las milenarias lavas del Xitle fueron testigo. Foto: Colectivo Grieta

 

 

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Avanzamos mejor si estamos unidos: Familias unidas contra la tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 01 de septiembre de 2022

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

 

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

 

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” sostuvimos los días 27 y 28 de agosto nuestro encuentro como familias víctimas y sobrevivientes de tortura, en este encuentro compartimos memoria, seguimiento de los casos que enfrentan nuestros familiares injustamente privados de su libertad y conocimos la situación actual del país y Chiapas respecto a la tortura como un problema sistémico y estructural.

Aun tenemos familiares que se encuentran privados injustamente de su libertad por delitos fabricados; quienes enfrentan proceso bajo libertad condicionada; procesos de denuncia por el delito de tortura en la que el juez no ha dado apertura a juicio oral y quienes llevan un proceso de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se ha emitido recomendación por el reconocimiento del estado por violaciones a derechos humanos y ser víctima de tortura.

Tenemos claro y sabemos que en muchos lugares de la república existen familias como las nuestras, que luchan por la libertad absoluta de sus presos, a quienes les fabricaron un delito y quienes torturaron para autoinculparse por un delito que no cometieron, con nuestra experiencia de lucha reconocemos que en el estado de Chiapas autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han generado impedimentos al orden jurídico para que logremos justicia pronta y reparación de los daños que nos han ocasionado.

Nosotros hemos denunciado y seguiremos señalando que el Poder Judicial y Fiscalía General y Regionales de Chiapas son cómplices para realizar practicas con violaciones a derechos humanos, en la que se genera un clima de desconfianza a la población en la realización de investigaciones eficientes y eficaces, las fiscalias no investigan, sino que formulan investigaciones a modo para hacer creer a las personas que realmente capturan a delincuentes, la cara real es la criminalización a inocentes.

El estado mexicano en su conjunto cuenta con un poder para realizar estas acciones de manera impune, existe cobijo para permitir estas malas practicas, sin obstáculos, lo que genera un ambiente de injusticia.

En agosto de este año, se designo al nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado al Sr. Guillermo Ramos Pérez, tenemos fe y confiamos en que estas malas practicas sean erradicadas y que el nuevo titular del Poder Judicial de Chiapas vea y sea testigo de las constantes deficiencias en las investigaciones, fabrica de culpables con testimonios prefabricados o inexistentes.

Las y los sobrevivientes, así como sus familias han reflexionado que la tortura es parte de una estrategia del Estado, con métodos claros para generar dolor físico y mental, para generar miedo y terror, romper el tejido social y solidario, intimidar a la población y, como una forma de control, para inhibir acciones de defensa y justicia.

 

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

 

Atentamente:

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”

Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de agosto de 2022.
Boletín No. 28

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

•    Permanece la impunidad del Estado mexicano en casos de desaparición Forzada en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su camino a lado de los pueblos que luchan contra esta grave violación de derechos humanos, por justicia, verdad y memoria de sus familiares desaparecidos.

En Chiapas la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94 , estrategia contrainsurgente implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.

Recordamos a quienes hace 26 años en la zona baja de Tila, Chiapas, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado. Recordamos especialmente la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas se encuentran Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999. Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López , Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate; hechos que continúan impunes.

Actualmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con las mayores cifras.

En los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano. Esta frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio.

Es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado, quien, tras dos años de falta de voluntad política, el pasado 9 de agosto de 2022 instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, lo que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esta demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.

Pese al transcurso del tiempo, y pese a que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que en Chiapas el Estado mexicano promovió el actuar de grupos paramilitares, este sigue negando la verdad, minimizando su responsabilidad, además de omitir la investigación respecto a los hechos de las desapariciones forzadas de los noventa en el marco del Conflicto Armado Interno, y con el mismo patrón de actuación respecto al fenómeno en la actualidad, lo que mantiene la herida abierta en las familias y comunidades que viven la continuidad de la impunidad.

Exigimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, desde el Frayba nos solidarizamos con las víctimas y nos unimos a sus exigencias de verdad y justicia.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Palabra de los 5 de Cancuc a 3 meses de injusto encarcelamiento

Cereso No. 05 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

25/08/2022

 

C. Presidente de la república

C. Gobernador de Chiapas

C. Presidente Municipal

C. Obispo

C. Padre Diócesis de San Cristóbal

C. Defensor de los derechos humanos

C. Fray Bartolomé de las casas

C. Pueblos Creyentes, Modevite, Coreco Concilización

C. Pueblo de San Juan Cancuc

 

Queremos decirles a todas las personas que seguimos en la cárcel 3 meses, es injusto porque no, nos hicimos nada sobre lo que nos acusan.

Analizamos la carpeta de investigación nos dimos cuenta que el delito que nos acusan se trata de muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc, la misma, propia la fiscalía menciona en un oficio que la persona, que la victima que falleció en una patrulla de la policía municipal y en presencia de policías municipales, has el momento no han investigado al director de la policía municipal de San Juan Cancuc y sus policías, ya que hay antecedente que hay un fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc en el mes de noviembre de 2021 y la otra persona es lo mismo muerte bajo custodia.

Por todo esto pedimos nuestra libertad inmediata, que nos investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc.

Que nos acompañen y no, nos dejen solos a pedirnos a nuestra libertad.

 

Atentamente

C. Manuel Santiz Cruz

C. Agustín Pérez Domínguez

C. Juan Velasco Aguilar

C. Agustín Pérez Velasco

C. Martín Pérez Domínguez

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Avispa Midia

Abejas de Acteal condenan liberación de paramilitares y violencia impune en Chiapas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto de portada: CDH Frayba

A 13 años de distancia, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rememoraron el 12 de agosto de 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a los paramilitares presos por su participación en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de los Altos de Chiapas.

“Como sobrevivientes queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre”, afirmaron mediante conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas.

Foto: CDH Frayba

La organización tzotzil reclamó al Estado mexicano la liberación de los autores de la masacre, pues incluso algunos confesaron haber participado en el crimen, así como también fueron identificados por víctimas, lo cual representa una “impunidad avergonzante” por parte de la SCJN.

También reiteraron que estas personas continúan activas y atacan a la organización tzotzil, “ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra Organización”.

Las Abejas de Acteal enfatizaron la denuncia sobre la presencia activa de grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en sus comunidades que nunca fueron decomisadas. “Dichos grupos siguen operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo siguen viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenalhó, como en Pantelhó y municipios vecinos”.

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Un ejemplo de la impunidad con que operan se ejemplifica con la falta de justicia en el caso de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la misma organización asesinado hace poco más de un año. “Su asesinato sólo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no-violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha”, afirmaron mediante comunicado.

Lucha por justicia

Las Abejas de Acteal declararon que, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren introducir el miedo, continúan trabajando para conseguir justicia por la Masacre de Acteal, la cual se mantiene en impunidad en los tres niveles de gobierno.

La organización tzotzil recordó que en marzo de 2005 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que fue admitido en noviembre de 2010. Por ello continúan en la espera del Informe de Fondo de la CIDH “que ordenará al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad”.

Además, reclaman que el Estado mexicano asuma públicamente el desplazamiento forzado, la quema de casas, el robo de pertenencias y “el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la SCJN que han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia”.

Foto: CDH Frayba

Todo esto, rememoraron, aconteció durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo.

Acorde a Las Abejas de Acteal, en dicho plan existió la coordinación entre los tres niveles del gobierno “para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para una salida negociada al levantamiento armado, violando la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas”.

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La organización sostuvo que, en el municipio de Chenalhó, los principales colaboradores de este Plan fue un grupo de paramilitares priístas que se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista de aquel entonces.

Por último, Las Abejas destacaron que han sobrevivido a distintos intentos de división de su organización, “que quisieron rematar con la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la Masacre, de que es posible la justicia en el caso Acteal sin tocarle un pelo al Ejército Mexicano ni a los responsables de la Seguridad Pública que llevaron a cabo los Planes de Campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando”.

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