El martes pasado organizaciones se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estadode Chiapas, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras de territorio en contra de quienes, denuncian,se han fabricado sistemáticamente delitos. Exigen la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco defensores de San Juan Cancuc.
José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. “A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un comunicado, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022.
De acuerdo con la organización, su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El juzgado que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional.
“Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente”, denuncia Frayba.
El Frayba ha solicitado en tres ocasiones el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.
Los 5 defensores de Cancuc
Denunciaron también la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.
Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc.
Posteriormente fueron entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, “quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes”, explica Frayba en el comunicado.
Durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, nuevamente fueron aprendidos tras abrir unasegunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5. Esta situación “atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba”, según la organización.
El día 01 de junio de 2022, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al juzgado de control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.
A lo largo del juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del juzgado.
“Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años”, sostiene Frayba.
La organización hace un llamado para que los “jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos”.
También hemos visto cómo se conecta la memoria y el dolor.
Brigadista Civil de Observación
29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas.
Un movimiento de construcción de la Paz
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de derechos humanos que se vive en Chiapas.
Tras el ¡Ya Basta! del 1 de enero de 1994, la reacción del Estado fue la violencia militar y paramilitar. Desde 1995, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94[1], cuyo objetivo fue acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creando paramilitares. Las consecuencias de este plan, dirigidas principalmente en contra de poblaciones civiles fueron desastrosas, originando acciones de violencia y terror que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.
El 28 de febrero de 1995, el Obispo Samuel Ruiz García, hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para detener la guerra contra las comunidades zapatistas. Su llamado dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz y más tarde, en junio de 1998, se crearon las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), que a 29 años se mantienen como una muestra de solidaridad del mundo hacia Chiapas. Siguen siendo un mecanismo que desde abajo ha logrado un contrapeso a la violencia ejercida contra los pueblos que resisten en Chiapas; rompen el cerco de la desinformación, documentan de primera mano y disuaden agresiones.
Desde su creación han participado más de 11.000 personas de 73 nacionalidades; el Frayba ha sido apoyado por 760 colectivos solidarios que promovieron el proyecto y prepararon a las personas observadoras; 146 campamentos fueron instalados en comunidades de Chiapas con una duración desde un año, hasta más de 2 décadas, como es el caso del que está actualmente en la comunidad de Acteal.
En el último año y medio, han participado 128 brigadistas muy diversas, como en años anteriores hay más participación de mujeres y cada año se suman más personas trans o no binarias: las edades van desde los 20 hasta los 69 años.
Actualmente la espiral de violencia nacida con el paramilitarismo se ha profundizado y complejizado. Los grupos armados se diversificaron y su categorización se vuelve cada vez más difícil de definir por la opacidad en la que se desarrolla su actuar. Frente a ello el Estado sigue siendo omiso, cuando no promotor o parte de dicha violencia.
En este contexto, se mantienen 3 campamentos: se mantiene el de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó -región Altos de Chiapas-, un segundo en Casa Betania Santa Martha, municipio de Salto de Agua, y el campamento 4 de agosto instalado en la Comunidad de Agua Clara, Palenque -ambos en la región Norte del estado-. En ellos las BriCO mantienen la observación y documentación de la situación de los derechos humanos en la región.
El trabajo realizado desde el proyecto BriCO forma parte inherente de la acción de defensa y promoción integral de los derechos humanos y de los pueblos originarios, por ello hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de violencia y derechos humanos que se vive en Chiapas, y seguir fortaleciendo la lucha de los pueblos por la vida con el mismo respeto que a lo largo de 29 años se ha conservado. Hoy mas que nunca su solidaridad nos sostiene.
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Hoy nos encontramos conmemorando, una vez más, los terribles acontecimientos que sucedieron en esta tierra hace 26 años y dos meses, donde les fuera arrancada la vida, del modo más cruel, a nuestras 45 hermanas y hermanos mártires, y a los 4 bebés a quienes violentaron aún dentro del vientre de sus madres, en un operativo ejecutado por paramilitares priístas y cardenistas de Chenalhó; planeado, financiado, protegido y encubierto con la coordinación contrainsurgente de los tres niveles del gobierno criminal y cuyos responsables siguen en la total impunidad.
Hoy, de nuevo los sobrevivientes de la Masacre de Acteal y demás miembros de nuestra organización, amanecimos ayer con la zozobra de escuchar numerosos disparos de armas de uso exclusivo del ejército en las inmediaciones de esta Tierra Sagrada. Hoy, de nuevo vimos los patrullajes por tierra y aire de los militares que no resuelven ni intervienen para parar la violencia.
Sólo que esta vez no se trata del Plan de contrainsurgencia Chiapas 1994. Esta vez, se debe a los enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado que se disputan el control de nuestra región, así como desde 2021 grupos parecidos imponen su ley en la zona fronteriza con Guatemala, como documentan nuestras compañeras y compañeros de la Red TDT (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes”) en un valioso informe que presentaron este mes, cuyo nombre describe también perfectamente lo que estamos viviendo hoy en Chenalhó y Pantelhó: el “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”.
Como si no valiera el sufrimiento de los ya 10,000 desplazados que han tenido que huir de la violencia en Chiapas desde que iniciaran las peleas por la plaza entre distintos grupos del crimen organizado en 2021, el gobierno no hace justicia sino que se alegra cuando los pueblos nos enfrentamos entre nosotros mismos, garantizando que se haga mayor la violencia y sigan impunes todas las ejecuciones, masacres, feminicidios, desplazamientos forzados, torturas, cobros de derechos de piso, amenazas, violaciones, desapariciones, persecución a los periodistas que dicen la verdad y a las organizaciones de derechos humanos. Y con su remilitarización de Chiapas, sólo ha aumentado la violencia, la violación a los derechos humanos de los hermanos migrantes centroamericanos, la prostitución y el consumo de droga y alcohol alrededor de los puestos militares.
En nuestros municipios de Chenalhó, Pantelhó y Simojovel hay muchísimas armas. Están las armas de los paramilitares de fines de los años noventa, que hoy se encuentran libres y nunca fueron desarmados, sino al contrario, fueron premiados y siguieron siendo pagados por el gobierno. Además, se han formado en muchos casos, nuevos grupos de apoyo armado con el dinero de candidatos y funcionarios de los partidos políticos activos en nuestras comunidades. Y también hay nuevas armas que han entrado a las comunidades, financiadas por distintos cárteles de narcotraficantes. Y es con la ayuda de todas estas armas que hoy seguimos acumulando el número de personas ejecutadas, asesinadas por balas perdidas, y resguardando desplazados, en un despliegue diario de terror y miedo, que las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos están aprovechando en Chiapas y el resto del país, para imponer sus megaproyectos y hacer sus negocios, muchas veces aliados a los narcos y sicarios, deshaciéndose así de las defensoras y defensores de la tierra, el territorio y la Vida.
Es así que hoy, más que nunca, entendemos y nos hacemos eco de las exigencias de nuestras compañeras y compañeros de la Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula (fundadores del CNI) que siguen repeliendo ataques de comandos armados como el que sufrieron el pasado primero de febrero, mientras que la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado de Michoacán solapan y protegen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero criminalizan a la Guardia Comunal de Ostula.
Es por eso que todas Las Abejas hoy le mandamos nuestro aliento a todas y todos los que están sufriendo por estas tremendas injusticias, como los hermanos y hermanas zapatistas de la región autónoma de Moisés y Gandhi (del Caracol Patria Nueva, ubicado en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas) que el pasado 11 de febrero resistieron más de cien disparos de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), provenientes de las comunidades 7 de febrero y San Antonio Las Flores, a una distancia de 150 metros del poblado, donde de por sí se encuentran desplazadas, desde el pasado 19 de enero, 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyas casas y pertenencias fueron destruidas y forzadas a huir de su comunidad La Resistencia, atacadas por un grupo de más de 40 integrantes de la ORCAO, quienes portaban armas de fuego, machetes y palos y permanecen protegidos por el gobierno, impunes por causar este despojo y desplazamiento forzado. Exigimos el cese de estos ataques armados a nuestros hermanas y hermanos zapatistas y justicia para las familias desplazadas.
También queremos seguir enviando ánimo y apoyo a nuestras hermanas y hermanos desplazados de Frontera Comalapa y Chicomuselo, así como a todos los familiares de las personas ejecutadas y desaparecidas en esta guerra cruel.
Y también recordamos especialmente a los familiares y compañeros de nuestro maestro, hermano defensor y comunicador comunitario Samir Flores, en el Quinto Aniversario de su asesinato que también sigue impune. Nosotros sabemos que la única línea de investigación que no ha querido seguir el gobierno, la que involucra su papel de defensor de la tierra y el agua de los pueblos contra la imposición del Proyecto Integral Morelos, es la verdadera causa de que lo hayan eliminado, precisamente en vísperas de la amañada consulta que organizó López Obrador para aprobar la construcción del gasoducto en su tierra.
Y es la misma razón por la que el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos originarios de México, de nueva cuenta es mutilado de la propuesta de ley indígena que acaba de enviar el Presidente al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, con la que Andrés Manuel López Obrador quiere aparentar que hace justicia a los pueblos indígenas y afro-mexicanos reconociéndonos como sujetos de derecho, después de la traición que nos hicieron los tres poderes de gobierno, que en el año 2001 garantizaron que no se llevara a la Constitución lo que se había pactado en la Mesa de Diálogo sobre Derechos y Cultura Indígena con el EZLN y los Pueblos Indígenas de toda la república mexicana. La nueva iniciativa de ley es engañosa y mañosa porque está llena de mentiras y falsedades. Por un lado nos quieren dar y reconocer el derecho a ser sujetos, titulares de los derechos, pero por otro lado, el gobierno federal nos quiere seguir quitando legalmente nuestras tierras, que nos pertenecen, incluso antes de que la corona española otorgara a nuestros pueblos la cedula real de posesión y devolución de las tierras que les quitaron a nuestras abuelas y abuelas. Así mismo, en la iniciativa de la nueva ley, el Presidente de la República quiere lavarse las manos como Herodes, diciendo que las empresas o particulares son las responsables de hacer las consultas a nuestros pueblos. El señor Presidente está siendo incongruente con sus discursos. No está a favor de nuestros pueblos, nada de que primero los pobres, “devolverle al pueblo lo robado” encubre el verdadero interés que es entregar al gran capital lo poco que nos queda de nuestras tierras y territorios. Le recordamos al gobierno que con ley o sin ella, reconocidos o no en la Constitución como sujetos de derecho, seguiremos siendo sujetos de nuestras historias, haciendo ejercicio de nuestra ley interna comunitaria mal llamada por el poderoso como “Usos y costumbres”. Nuestra autonomía y libre determinación la seguiremos ejerciendo como lo hemos hecho antes y después que llegaron los españoles.
En días pasados se cumplieron exactamente 28 años de que se firmaron los acuerdos de San Andrés, de donde salió la propuesta de la entonces Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), que contenía las reformas mínimas a la Constitución Mexicana con las que estuvieron de acuerdo el EZLN y numerosas organizaciones indígenas independientes del gobierno, que luego nos conformamos como Congreso Nacional Indígena (CNI), para reglamentar el acceso de los Pueblos Indígenas a los derechos que ya se nos reconocían internacionalmente en el Convenio 169 de la OIT, que aunque México ha firmado, han sido violados sistemáticamente en nuestro país con todas las reformas estructurales neoliberales y aún peor en el sexenio de López Obrador. Pues como sabemos, AMLO ha sacado adelante, cueste lo que cueste, los Megaproyectos del Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Proyecto Integral Morelos, destruyendo irreversiblemente reservas de la biósfera, despojando bienes comunales y ejidos a su paso, reordenando los territorios de nuestros pueblos a la lógica de los grandes capitales, criminalizando o eliminando a todos los que se oponen a estos planes.
Prueba de ello es que sólo en este mes de febrero, se sostuvieran las órdenes de aprensión contra 17 habitantes de la localidad de Puerto Madera, Oaxaca y se condenó a 46 años de prisión, una multa y pago millonarios al defensor oaxaqueño David Hernández Salazar por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. Exigimos que se revoque esta absurda sentencia y que se desistan de la causa penal 446/2022 para devolver la tranquilidad a los compañeros que tienen órdenes de aprensión, cuyo único delito ha sido defender sus tierras para que no sean despojados por el Parque Industrial y el Megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que en total lleva ya 52 hermanos indígenas ayuuk y binniza imputados penalmente.
Es el colmo que, además de rasurar la Ley Cocopa, el gobierno de López Obrador, quitando toda mención al derecho de los pueblos indígenas a propiedad, la gestión y cuidado de sus tierras colectivas y territorios, además quiere que le agradezcamos que le entregue en charola de plata a las empresas que quieren despojar y contaminar nuestro territorio, el financiamiento y la organización de las consultas necesarias para obtener el consentimiento de los pueblos en la entrega de sus recursos. De la misma manera como hace años organizó un “ritual para pedirle permiso a la Madre Tierra” para ultrajarla adecuadamente en la construcción del Tren Maya. Exigimos que, si se aprueban estas reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, por lo menos se garantice el derecho a una verdadera consulta a los pueblos, de acuerdo a lo que estipula la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y no de la forma mañosa como se han organizado este tipo de consultas para el consentimiento del despojo a los indígenas y campesinos que hemos visto en este sexenio.
Pedimos especialmente por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que han sido víctimas nuevamente del hostigamiento y el desprecio del gobierno federal, que, como hizo con nosotros, intenta dividirlos, teniendo ahora como interlocutores a un pequeño grupo de cuatro familiares, que fueron convencidos para favorecer los intereses de la familia Abarca y la banda delictiva Guerreros Unidos, si quieren dar con el paradero de sus hijos. Le pedimos al Dios de la vida que siga sosteniendo su digna lucha por encontrar a sus hijos y encontrar y castigar a los verdaderos responsables de su desaparición, caiga quien caiga.
Y con las fuerzas que nos quedan, nutridas de la gracia que nos regalan nuestros Mártires, para resistir en estos tiempos de tribulación, seguiremos denunciando todos los esfuerzos que sigue haciendo el mal gobierno para dividir a las organizaciones en resistencia contra la injusticia, la mentira y la impunidad y pidiendo a nuestro Dios Creador, Formador, Padre-Madre que nos fortalezca en nuestra lucha por la verdadera justicia y la construcción de nuestra autonomía y el ejercicio de nuestra libre determinación como pueblo tsotsil, desde nuestra forma de vida y de lucha que es la No-violencia.
Por eso les pedimos a quienes nos han apoyado y acompañado de distintas maneras durante todos estos años a seguir exigiendo con nosotras Las Abejas de Acteal que se publique ya el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como vía para iniciar la rectificación del río de impunidad en el que tenemos tantos años teniendo que navegar. Que la CIDH se desista ya de las posibles dudas que tiene o que el Estado mexicano le ha sembrado por sus falsos argumentos y acciones falsas y engañosas.
¡Alto a la violencia! ¡Cese al fuego entre grupos criminales rivales en nuestros pueblos!
¡Justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes de Amilcingo, Morelos y todos los ejecutados y desaparecidos por defender la tierra y la paz!
¡Alto a los ataques armados contra el pueblo organizado y la sociedad civil!
¡No más desplazamientos forzados, justicia para todas las familias desplazadas de Chiapas!
¡Alto a la criminalización de los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y la Vida!
¡Garantía constitucional a una verdadera consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos en cualquier asunto que los afecte!
¡Alto a la guerra contra el pueblo Palestino!
¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, que evite futuras masacres en Chiapas, México y el mundo!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.
El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.
A lo largo del año y hasta la fecha, la población civil ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, bajo escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse. Además, resulta de gran preocupación el fenómeno de la desaparición. Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza.De acuerdo a la documentación que sirve de fundamento al presente informe, los grupos criminales desarrollan varias estrategias para conseguir el control del territorio. Se documentaron enfrentamientos generalizados y recurrentes, vigilancia permanente, ocupación física de parcelas privadas que incluso vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras; entre otras. De igual manera, los grupos se abocan al control de la población : a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, con estrategias de persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.
La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.
A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.
Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas
Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.
Las consecuencias del terror, del control de los cuerpos, mentes y territorios son terribles para la población. Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con que destino. Sin embargo, podemos afirmar que la combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han arrojado al desplazamiento forzado interno a al menos 7,500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023. En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.
Las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada en la región frontera de Chiapas producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria. La evaluación de estos impactos puede ser problemática a primera vista en la medida en que no son agentes estatales quienes están violentando directamente los derechos humanos. A su vez, de momento no hay un reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (o Conflicto Armado no Internacional) en la zona. Sin embargo, sí existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado.
Ante este panorama, las formas de intervención estatal han sido ante todo de omisión, aquiescencia y en algunos casos de colaboración. Ante la indefensión generalizada derivada de la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada, la población en repetidas ocasiones ha reclamado la urgente intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En contraste, ha sido a su vez la inacción y connivencia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad del estado lo que ha llevado a que haya demandas por parte de la población civil exigiendo su retirada de ciertos lugares.
De hecho, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta nacional e internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A quienes suscribimos la Declaración por la Vida
A las personas de buen corazón
Hace unos días nos enteramos, al igual que muchxs de ustedes, del ataque realizado a nuestrxs compañerxs bases de apoyo zapatista del GAL La Resistencia, perteneciente a la Región Autónoma Moisés y Gandhi, Caracol 10 [1], por parte de la agrupación de corte paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Sabemos bien que no es la primera vez que ésta organización criminal ataca a nuestrxs compañerxs y que es una estrategia que viene de mero arriba, que es parte de la guerra integral de desgaste para intentar frenar la autonomía y la organización de nuestrxs compañerxs. La acumulación por despojo se basa en la violencia y muerte. Pero sabemos, al igual que ustedes, que en estos tiempos de avaricia y poder quien se organiza por y desde la autonomía y lo común va por algo más grande: la vida. Mientras allá arriba se pelean las migajas del producto de la falsa democracia, llamada elecciones, abajo se abona y cuida la raíz de una vida que abrigará generaciones, comunidades y pueblos; de la destrucción que dejan los de arriba se reconstruyen paisajes de vida con dignidad y valentía.
Ante estos ataques queremos expresar nuestra indignación y digna rabia. Desde nuestro corazón colectivo decimos firmemente que nuestrxs compañerxs zapatista no están solxs, que si tocan a unx nos tocan a todxs. Hacemos un llamado a la Sexta y a todxs lxs compañerxs solidarixs a que se sumen a esta indignación y al llamado de cese inmediato de los ataques hacia nuestrxs compañerxs zapatistas.
¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas!
¡Alto a la guerra integral de desgaste!
El pasado 19 de enero de 2024 fueron desplazadas forzadamente 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran diez niñas y niños. El desplazamiento fue cometido por un grupo de más de 40 integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) quienes portaban armas de fuego, machetes y palos.
Durante la agresión fue destruida la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas de lámina y madera, quemaron libros de los promotores de educación, además de robar una tienda. La comunidad fue despojada de diversos bienes materiales: animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar.
De acuerdo con la información recibida, el día 17 de enero del 2024 la comunidad fue amenazada. El grupo agresor llegó al poblado zapatista de La Resistencia, portando palos y machetes. En este momento manifestaron que las BAEZLN tenían dos días para abandonar sus viviendas. En la misma región, el 19 de enero de 2024, 54 personas de la ORCAO de Sacrificio La Esperanza llegaron a quemar un potrero de las BAEZLN del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo.
Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado Mexicano. Por información recibida en esta oficina, documentamos que el 14 de enero de 2024 el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista “Arcoíris” ubicada en el entronque carretero Cuxuljá.
Recordamos que las agresiones de la ORCAO hacia el EZLN han sido una constante en la zona de Moisés y Gandhi, lo que ha ocasionado una continuidad de violaciones graves a derechos humanos en la región como son desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio.
El 5 de mayo de 2022la comunidad La Resistencia fue desplazada forzadamente en un ataque similar, dado a conocer por este organismo. El día 23 mayo de 2023, Jorge López Sántiz BAEZLN vecino de Moisés y Gandhi fue víctima de una agresión armada que puso en grave riesgo su vida.
Exigimos al Gobierno Federal y del estado de Chiapas:
Se garantice el respeto al territorio de las BAEZLN, a su libre determinación y autonomía, así como a una vida libre de violencia
Se realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia y adoptar acciones encaminadas a la reparación del daño y a iniciar un proceso de justicia.
Solicitamos que accionen de manera urgente a las siguientes autoridades:
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de México amlo@presidencia.gob.mx
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.
Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].
Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.
Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.
El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.
En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024 Boletín No. 03
El Pueblo Creyente artesano de la paz
13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel
El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.
La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes, jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.
Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.
A todas las personas solidarias les invitamos a crear:
-Gráfica a partir de su talento y creatividad para exigir la libertad de nuestro compa José.
-Un video corto solidarizándose desde sus territorios y exigiendo la libertad de José Díaz.
