En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.
Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.
En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.
Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.
El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.
“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.
Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama
En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.
Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.
En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.
Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.
El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.
Desigualdad
Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.
Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.
Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.
En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.
Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.
Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.
Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.
En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.
“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.
Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala
El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.
IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.
El 12 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH realizó una visita in situ en el municipio de Aldama, #Chiapas, para dar seguimiento a las #MedidasCautelares MC-274-18 otorgadas en abril del año 2021 a 12 comunidades de este municipio.
De enero del 2021 a la fecha se registró el asesinato de 3 personas y 7 más heridas. En lo que va del año 2022 han sido atacadas en más de 1,000 ocasiones las comunidades, siendo utilizadas armas de grueso calibre en medio de una “disputa territorial” en la que emergen violencias de grupos armados que controlan el territorio a través del terror y ataques sistemáticos contra la población maya tsotsil dejando consigo impactos permanentes y prolongados, tanto individuales como colectivos contra la población civil.
Comitán, Chiapas. 5 de julio. Habitantes de la ciudad de Comitán y comunidades vecinas, organizaciones civiles, así como integrantes de diferentes confesiones de fe, acudieron este martes a la peregrinación por la Paz y la Justicia, convocada por el Pueblo Creyente de la zona sureste. Dentro de sus peticiones están: el cese a la violencia, el respeto a los derechos humanos y justicia para los pueblos y comunidades que están viviendo el desplazamiento forzado.
La actividad comentaron los organizadores, fue convocada a nivel estatal por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, quien en vida fue catequista y defensor de derechos humanos en el municipio de Simojovel e integrante de la Organización Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue presidente de la mesa directiva en el año 2020.
Símbolo que articula las exigencias de paz y justicia en Chiapas.
Un año de su asesinato y la violencia y los grupos armados proliferan junto a la criminalización de las personas defensoras.
A un año del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), las circunstancias de violencia criminal se han agudizado drásticamente, vivimos en un estado convulsionado, contraído en sus funciones gubernamentales y de Estado. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y en medio de un abrazo colectivo, caminamos junto a la familia de Simón Pedro y a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en el horizonte de verdad y justicia en el contexto de la proliferación de grupos criminales en la región de Los Altos, Norte y Selva fronteriza de Chiapas.
Simón Pedro Pérez López nació, creció y vivió en nuevo Israelita, una comunidad al norte del municipio de Simojovel, Chiapas; su nombre deviene del primer apóstol de Jesucristo, Simón Pedro, el pescador, su parentesco no es solo en el nombre sino también en la fortaleza y la palabra. Al igual que el pescador de Capernaum, se dedicó a llevar la palabra de Dios, palabra liberadora que desde su ser indígena, campesino y carpintero, convivio con la práctica de quienes vienen de la tierra; sembrar, cultivar y construir para edificar lo caminos de la paz.
Como hace un año, la violencia se cierne en Chiapas y resuena en la región de Los Altos como nunca antes. La división comunitaria, multiplicación de grupos armados, crimen organizado enquistado en las estructuras políticas, actores difusos ejerciendo el control territorial, político y económico en la región. El 5 de julio del 2021 quisieron borrar con terror, violencia y miedo, la digna voz de los pueblos que se organizan contra la realidad de muerte.
Desde Slumil K´Ajkemk´Op denunciamos enérgicamente y con suma indignación las amenazas de muerte en contra de las y los observadores nacionales e internacionales miembros de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) y la obstaculización de trabajo de defensa de DDHH del Centro de Derechos Humanos, Frayba, por parte de grupos armados de la región.
Estos grupos de corte paramilitar han venido agrediendo, desde 2019, a las comunidades indígenas zapatistas de Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), territorio recuperado pacíficamente en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Debido a la ausencia del Estado mexicano en la solución de este conflicto que pone en peligro la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades indígenas zapatistas de Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), el Frayba instaló campamentos de Brigadas Civiles de Observación con la finalidad de documentar de manera confiable y fidedigna las condiciones de peligro en las cuales los zapatistas sobreviven día con día.
Ahora, las amenazas de muerte por parte de estos grupos armados han alcanzado a las y los observadores de BriCO, obstaculizando así de manera masiva el trabajo de defensa de los DDHH en esta región.
Esta es una situación de extremadamente preocupante, que no debería existir en un gobierno que se dice democrático y que afirma públicamente respetar los derechos humanos.
Desde nuestros territorios insumisos y rebeldes hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional solidaria con los zapatistas, a manifestarse por la vida y en contra de las amenazas de muerte y de las agresiones de los grupos armados.
Exigimos que el Estado mexicano respete la defensa de los Derechos Humanos en conformidad a los acuerdos internacionales que ha firmado y ratificado.
Exigimos cese inmediato a las amenazas de muerte contra las y los observadores de DHH del Frayba.
Exigimos cese inmediato de los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi.
Exigimos investigaciones correspondientes, serias y profundas, a fin de sancionar a los autores de los delitos señalados y de las violaciones a derechos humanos.
Exigimos se garanticen las medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA.
Para más información sobre los hechos ocurridos, consultar aquí:
Cinco observadores de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) se retiraron de la comunidad tsotsil Nuevo San Gregorio, en Chiapas, ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista.
Al parecer, las agresiones vienen de personas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre que buscan desplazar a los zapatistas y apropiarse del territorio.
Los ataques iniciaron en 2019 y, desde entonces, son constantes, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Por ello, el 3 de marzo de 2021, se instaló en la comunidad el campamento de las BriCo.
Sólo en 2022, las brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de cinco familias –27 personas- que habitan Nuevo San Gregorio, localidad perteneciente al territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”.
En las videograbaciones del trabajo de observación, una joven denunció que fue amenazada con ser secuestrada por uno de los ‘invasores’. “Sentí miedo, sentí mucho miedo. Antes podíamos salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos y mis papás, pero desde que empezó el problema ya da miedo. Regresé temblando”.
Los más pequeños plasmaron en dibujos el contexto de la comunidad. “No hay días que no vengan, así como se ve en los dibujos vienen con palos y machetes”, dijo una adolescente. Mientras un niño dijo sentirse muy triste por todo lo que están viviendo.
En el presente informe hacemos énfasis en que los hechos que privaron de la vida a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), ocurridos el pasado 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, van más allá de un acontecimiento aislado. Sostenemos que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con la actividad de defensa de derechos humanos que realizaba desde su pertenencia a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) en medio de un ambiente de continuidad en las acciones de contrainsurgencia traducidas en la proliferación de grupos armados ilegales que buscan el control territorial, así como esfuerzos constantes por acabar con la organización de carácter pacifista instalada en el municipio de Chenalhó.
Hay que sumarle a su trabajo político, social y organizativo, el eclesial que realizaba desde la Parroquia de Santa Catarina, en Pantelhó. Caminar que se encontró en medio de una violencia desbordada en la región de Los Altos de Chiapas y el control territorial ejercido por grupos armados criminales durante los últimos años, junto a una violencia estructural que se vive en el estado la cual ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen como objetivo hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de julio de 2022 Pronunciamiento conjunto
Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Preocupación por posible detención, desaparición o asesinato del defensor de derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales firmantes, condenamos la solicitud de orden de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio de 2022 al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, tal como lo ha afirmado la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en su comunicado. Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos.
El Padre Marcelo Pérez Pérez, defensor incansable de derechos humanos, ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio frente a despojos de megaproyectos, familias víctimas de desplazamiento forzado de pueblos originarios, colectivos de familias de personas privadas de su libertad, así como brindando y facilitando procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El bosque y Pantelhó, lo que ha permitido la disminución de la violencia en estas zonas.
COMUNICADO ANTE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN CHIAPAS Y LA PERSECUCIÓN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LA VIDA
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los-las creyentes de otra denominación religiosa.
A los hombres y mujeres de buena voluntad
A los tres niveles de gobierno.
El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de las y los pobres, y de cuantas y cuantos sufren, son gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos-las discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (cf. Conc. Vaticano II, GS 1).
En nuestro país cada día experimentamos la inseguridad y violencia en nuestras calles, escuelas, comercios y desgraciadamente también en nuestros templos, lugares que nos reúnen como comunidad para el encuentro con las hermanas y hermanos y con Dios.
El asesinato de 3 personas: 1 guía de turistas y 2 sacerdotes Jesuitas, en el Estado de Chihuahua, dentro de un templo católico, nos hacen ver la magnitud del problema que se acrecienta cada vez más.
Desgraciadamente también en nuestro querido estado de Chiapas se ha aumentado en los últimos años esta misma situación de violencia e inseguridad. Recordamos los asesinatos del año 2021: el 5 de julio de Simón Pedro, ex presidente de las abejas de Acteal, del Fiscal indígena Gregorio Pérez, muy cercano a su centro de trabajo; del periodista Fredy López Arévalo; y en 2022: de la señora Paula Ruíz y el mes pasado del presidente municipal de Teopisca, entre otras muchas personas más.
Como Diócesis de San Cristóbal de las Casas nos hemos propuesto seguir construyendo la pastoral de la paz.
